24.3.2021
Por Mariana Carabajal
A los Centros Integrales de la Mujer les ofrecieron aumentar el presupuesto de 2019 en 12%.
La Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, no brinda patrocinio jurídico integral a víctimas de violencia de género. En los Centros Integrales de la Mujer (CIM), los dispositivos que tiene el gobierno porteño en cada comuna para dar asistencia por esa problemática, solo pueden dar patrocinio jurídico en denuncias de violencia pero por decisión de la Dirección General de la Mujer no pueden hacerlo en otras cuestiones civiles como el reclamo por alimentos, un divorcio y otras necesidades asociadas ni tampoco en las denuncias penales derivadas del mismo contexto de maltrato. Los CIM se encuentran trabajando al límite: 9 de los 15 que hay en la Ciudad están conveniados con ONG y reciben el mismo presupuesto desde setiembre de 2019 para alquiler, gastos administrativos y contratación de profesionales. Recién el viernes 12 de marzo les ofrecieron un incremento de apenas el 12 por ciento –cuando la inflación fue del 30,5 por ciento en 2020, según los índices del propio gobierno porteño–. El déficit presupuestario es de arrastre y este año se profundiza: en cuatro años les dieron solo un 39 por ciento de aumento contra una inflación acumulada de 277 por ciento entre enero de 2017 y febrero de 2020–. Esto da cuenta da la poca importancia que tienen las mujeres víctimas de la violencia de género para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y la desvalorización hacia las profesionales que dan un servicio especializado.
Los CIM que gestiona el gobierno porteño tienen, en su mayoría, graves problemas edilicios: o están cerrados por deficiencias en su infraestructura o no cuentan con un espacio de intimidad para que las mujeres puedan relatar sus historias de violencias. Y no hay ninguno en los barrios más populares de la Ciudad. Desde la oposición, organizaciones feministas y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad reclaman que el patrocinio sea integral, que se otorgue ayuda económica a las víctimas, y se cree un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, –como en Nación y en la provincia de Buenos Aires– para jerarquizar al área, concentrar la agenda que está fragmentada en distintas secretarías y direcciones, y transversalizar la perspectiva de género en toda la gestión. En cambio, el jefe de Gobierno porteño creó recientemente una Unidad para la Igualdad de Género, que depende de Jefatura de Gabinete, sin competencia en el tema de violencia machista ni en políticas para la diversidad sexual, y a cuyo frente designó a Marisa Bircher, una especialista en Comercio Internacional, que –entre otros cargos— fue secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria durante la Presidencia de Mauricio Macri.
“Hemos presentado proyectos para que se declare la emergencia en violencia de género en la Ciudad para que exista un presupuesto extraordinario para que haya políticas públicas efectivas, que se aumente la cantidad de CIM y se ofrezca el patrocino jurídico integral”, puntualizó a este diario la diputada de la Ciudad Laura González Velasco, del Frente de Todos. “El foco de la intervención en los CIM está sobre todo en lo referido a atender situaciones de violencia, principalmente una vez sucedida o denunciada la situación. Hay poca prioridad de la arista preventiva y de garantía de derechos en la gestión del Gobierno”, cuestionó en diálogo con Página/12 Guadalupe Santana, de Mala Junta-Vamos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad también presentó varios proyectos en la Legislatura para darle racionalidad al tratamiento de este problema.
Para tener un acercamiento a la magnitud de la problemática se pueden analizar las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación: en el ámbito de la Ciudad un total de 30.919 niñas, adolescentes, jóvenes y adultas afectadas por situaciones de violencia doméstica denunciaron a agresores varones entre 2017 y 2019 en ese organismo, que funciona en Lavalle 1250 los 365 días del año, las 24 horas. Esto configura un promedio de poco más de 10.306 mujeres atendidas por año. Siete de cada diez víctimas tenían vínculos de pareja con el agresor. El 43 % del total tenía riesgo alto o altísimo de volver a atravesar situaciones de violencia. El 99 por ciento de los legajos que se abrieron fue derivado a la Justicia civil y el 89,5 por ciento a la penal, por lo que la mayoría fue derivada a ambas. En ese período de tres años se registraron en la Ciudad 21 femicidios.
Patrocinio gratuito limitado
En diciembre de 2015, tras el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, con un fuerte reclamo social contra la violencia machista y su expresión más extrema, los femicidios, la Legislatura porteña aprobó una reforma a la Ley 1688 –una norma del 2005, de prevención de la violencia familiar y doméstica, que define acciones para la asistencia integral de sus víctimas— para ampliar la cantidad de CIM y garantizar que haya al menos uno por comuna. Actualmente son 15, uno por comuna, de los cuáles 9 están gestionados por ONG con convenios con el gobierno porteño y seis los maneja la Ciudad.
La ley establece que los CIM “se ocuparán de la atención, el seguimiento y la recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes de la violencia sufrida y la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado”. También deben articular y coordinar con distintas jurisdicciones y con la justicia y el Ejecutivo para encontrar la mejor salida en cada caso.
Uno de los primeros problemas es que no se ofrece un patrocinio jurídico integral. Si la mujer en el contexto de violencia sufre lesiones o amenazas, los delitos más frecuentes, en esas situaciones, no la pueden acompañan legalmente en la Justicia por orden de la Dirección General de la Mujer. Entre 2018 y el segundo semestre de 2020, el Servicio Médico de la OVD constató lesiones en 4.419 mujeres que relataron violencia física por parte de su pareja o ex pareja en ese organismo: 36 por ciento de las lesiones, se ubicaban en el rostro, 47 por ciento tenía antecedentes de lesiones físicas producto de situaciones de violencia.
“Los patrocinios existentes no solo son escasos sino que están fragmentados pues solamente atienden las denuncias de violencia”, objetó el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, en relación a las limitaciones impuestas desde el gobierno de Larreta a los equipos jurídicos de los CIM.
En los CIM tampoco pueden brindar patrocinio jurídico gratuito si la mujer tiene que reclamar alimentos al agresor o concretar un divorcio, todas circunstancias comunes en esos contextos.
Centran su atención a víctimas de violencia de género en especial en contextos de pareja o ex pareja: realizan entrevistas de orientación, ofrecen grupos de ayuda mutua, psicoterapia individual, asesoramiento legal, y patrocinio jurídico, para las denuncias de violencia, con las limitaciones antes mencionadas. También acompañan y orientan en relación a la asistencia social como el pedido de subsidios, de vacantes escolares, el ingreso al refugio, si fuera necesario.
“Los CIM son insuficientes. La ley dice que tiene que haber uno cada 50.000 mujeres en cada comuna y en algunos casos, ya son necesarios dos. Además, están muy distantes de los barrios populares. Sobre todo se necesitan en el sur de la Ciudad, que es donde tenemos la mayor parte de las denuncias de violencia de género que llegan a la OVD”, advirtió la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujer, Laura González Velasco.
En el territorio de la Ciudad también dan patrocinio jurídico gratuito para casos de violencia un programa piloto que depende la Defensoría General de la Nación, la Procuración de CABA, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Facultad de Derecho de la UBA, y el Colegio Público de Abogados, entre otros lugares. La oferta nunca alcanza.
La articulación con Nación, te la debo
La Ciudad además, no está articulando con Nación en este tema: solo incorporó a diez mujeres al Programa Acompañar, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género de Nación. Es decir, hasta el sábado 13 de marzo –fecha en que fue recabada la información–, el gobierno de la Ciudad, solo había detectado una decena de mujeres en riesgo de violencia de género que requerían asistencia económica. El ingreso al Acompañar depende de cada jurisdicción, que tiene que cargar los datos en un sistema on line del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, donde se verifica la información y si está ok, se pide al ANSES que se pague la prestación, que consiste en una ayuda económica por seis meses renovables del equivalente a un salario mínimo. Frente a esta situación desde el Ministerio de Mujeres de Nación se están evaluando alternativas para firmar convenios con otros organismos nacionales o del Poder Judicial que tengan espacios de asistencia a mujeres en la CABA para habilitar más bocas de ingreso al Programa Acompañar y garantizar su acceso. Hasta el momento el gobierno porteño tiene habilitadas solo dos Unidades de Acompañamiento (UDA) para toda la Ciudad. Las organizaciones sociales y de mujeres reclaman falta de difusión y de acceso al “Acompañar” en el ámbito porteño. “Lo lógico sería que los CIM sean UDAs del Acompañar”, dijo una fuente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.
Bajo presupuesto y precarización laboral
“La Dirección General de la Mujer viene teniendo múltiples limitaciones a la hora de abordar una política pública con la integralidad, la urgencia y la magnitud que la problemática y que los tiempos exigen. Además, resaltamos la falta de recursos con que cuenta. Por ejemplo, sus trabajadorxs han denunciado las nuevas formas de precarización laboral, a través de la figura de Asistencia Técnica, donde incorporan personal sin derechos laborales, ART y que tienen que pagarse sus propios monotributos. Es la forma de contrato laboral más precaria. A su vez, denuncian la demora de los pagos. Tampoco tienen derechos laborales las trabajadoras que son ingresadas como “Locación de servicios” y pueden estar 6 años bajo esa figura”, dice Santana.
Las ONG que gestionan los 9 CIM conveniados no reciben aumento en el presupuesto asignado desde setiembre de 2019, situación que ha generado que profesionales formadas y con experiencia en el tema, opten por otros trabajos mejor pagos. Paradójicamente, durante el ASPO quienes sostuvieron la asistencia fueron los CIM a cargo de ONG, al principio con atención remota, con los propios celulares y computadoras del personal. No todos los CIM “propios” de la Ciudad funcionaron, por distintas razones.
En una reunión convocada el viernes 14 de marzo, de manera virtual, con referentes de las ONG conveniadas, Jazmín Lerner, subsecretaria de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario –de quien depende la Dirección General de la Mujer–, les ofreció un aumento presupuestario de apenas el 12 por ciento, casi tres veces menos que el índice inflacionario del último año. Cada ONG recibe anualmente 13 cuotas de 307.000, un monto con el cual mensualmente tienen que cubrir el salario de las profesionales que conforman el equipo interdisciplinario, el alquiler del lugar donde funcionan, gastos administrativos y servicios. En la reunión plantearon que no les alcanza y tampoco el incremento ofrecido. Para recibir un monto equivalente al que se les otorgó en 2017, cuando empezaron los convenios, teniendo en cuenta la inflación acumulada, la cuota debería rondar los 900.000 pesos. Esa fue la primera reunión a la que fueron convocadas las ONG por parte del Gobierno porteño en un año y tres meses, lo que refleja desinterés por el tema. Se habló en el encuentro de que tal vez cierre uno de los CIM conveniados porque se acaba el contrato con la ONG a fin de mes y la Ciudad no lo renovaría.
Organizaciones de mujeres que trabajan territorialmente en la temática advierten que en algunas comunas no pueden articular con los CIM en el acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
La Dirección General de la Mujer de la Ciudad tiene otros subprogramas específicos como por ejemplo, para atender a sobrevivientes de violencia sexual, pero no les ofrece ningún tipo de patrocinio jurídico. “El programa Noviazgos Violentos, sólo tiene dos trabajadoras. El programa que trabaja con varones que ejercen violencia tienen un equipo muy chico e instalaciones que no están en condiciones para trabajar”, apunta Santana.
El refugio Mariquita Sánchez, que depende de la Ciudad, brinda alojamiento a mujeres en situaciones críticas de violencia. Hace tiempo que tiene problemas de infraestructura y de personal en condiciones precarizadas. Además, se cuestiona que le quiten el celular a la mujer que ingresa, con el argumento de protegerla del agresor, pero esa política la aísla de sus vínculos familiares y de amistad, tan importante para sostenerla en esa circunstancia extrema. Se debería apuntar a colocar dispositivos duales –o tobilleras– en los agresores para monitorear que cumplen con las restricciones perimetrales más que encerrar a las víctimas e impedirles trabajar y seguir con su vida cotidiana. Al 31 de enero, el gobierno porteño había pedido al Ministerio de Justicia de Nación apenas un centenar de esos dispositivos de seguridad.
Políticas fragmentadas
El reclamo de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el organigrama del gobierno porteño se amplificó el último 8M, desde las organizaciones de mujeres que trabajan en la Ciudad.
El organigrama institucional local para llevar adelante políticas públicas específicas vinculadas a “mujeres, géneros y diversidad”, está fragmentado en:
1. La Dirección General de la Mujer, que se inserta en la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar y comunitario, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
2. La Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural que, a su vez, depende de Vicejefatura de Gobierno. Y que cuenta con sólo 11 personas a cargo, según informó recientemente su titular.
“Las intervenciones de diversidad son más que nada una cáscara vacía con muy poco presupuesto. Ergo no hay una política real de diversidad para modificar las condiciones de vulnerabilidad específica que vive la población LGBTI+ en la CABA, y mucho menos la población travesti y trans en particular”, cuestionó Santana. Además, señaló que el “Plan Integral de Acceso al Trabajo” es un mail para enviar currículums y, como mucho, si alguna vez responden, ayudan a que puedas hacer un CV.
Cambios necesarios
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó en la Legislatura varios proyectos que apuntan a darle racionalidad al sistema: por un lado, que el patrocino que se brinde a través de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) sea integral. Por el otro lado, una iniciativa que establece la obligación para el Estado porteño de brindar una prestación económica específica para las mujeres e integrantes de colectivos no binarios víctimas de violencia de género, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, por un año –con posibilidad de extender por ese mismo plazo—y que no sea inferior a un salario mínimo. “Las mujeres que logran empezar a salir de la violencia necesitan rearmarse para enfrentar muchos desafíos. No alcanza con ofrecerles un refugio de tránsito, deben poder acceder a un nuevo hogar, así como conseguir un empleo, cuando lo necesiten”, dice el proyecto en sus fundamentos.
En la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, de la Legislatura porteña está en tratamiento otro proyecto de la Defensoría del Pueblo para crear un registro único de casos de violencia de género, para que se unifique y se coordine mucho mejor la tarea de la justicia, las fuerzas de seguridad y los distintos organismos del Ejecutivo que tienen que intervenir en la atención a las víctimas. Tampoco hay un registro único a nivel nacional.
“Tenemos en la Ciudad el Centro de Justicia de la Mujer, inaugurado hace muy poquito tiempo, que está haciendo un trabajo interesante pero que todavía no da abasto y no es demasiado conocido inclusive, entonces, en general, se siguen receptando las denuncias en la OVD. Lo que estamos planteando es que necesitamos un Ministerio de Mujeres, Géneros, y Diversidad Sexual. No tenerlo significa una desjerarquización de un área que es absolutamente clave. También pedimos que se reglamente la Ley Micaela para que se implemente en los tres poderes del Estado, en todos los organismos públicos. Y que se dicten correctamente las leyes de educación sexual integral, con presupuesto adecuado, la 26250 –nacional– y la 2110 de la Ciudad de Buenos Aires que cumplen 15 años”, agregó la diputada del Frente de Todos, Laura González Velasco. También la Defensoría del Pueblo propone la creación del Ministerio.
Otro de los proyectos impulsados por la Defensoría apunta a introducir una modificación al Código Fiscal para eximir del pago de ABL a beneficiarios de la Ley Brisa, norma que otorga una reparación económica para niñes hijes de mujeres víctimas de femicidio.
Sin políticas habitacionales
Otro problema en la Ciudad de Buenos Aires es que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ofrece salidas al problema habitacional: las mujeres se quedan en una convivencia bajo el mismo techo con un violento muchas veces porque no tienen adonde ir. «La situación en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es dramática, nos encontramos con que una mujer que denuncia violencia de género y necesita un subsidio habitacional tiene que demostrar que está en situación de calle inclusive cuando se trata de jefas de hogar con niñes a cargo”, apunta Luci Cavallero, socióloga, docente UNTREF, e integrante del Colectivo NI Una Menos y del Grupo de Investigación Intervención Feminista (GIIF) de la UBA. Cavallero cuestionó que el subsidio que ofrece el gobierno porteño es de $5000 cuándo hoy el costo de una habitación es de más de $10.000 por mes, además de los requerimientos y tardanzas burocráticas para su tramitación. “Esto se suma a la nula perspectiva de género en las urbanizaciones de las villas donde muchas veces las denuncias por violencia de género no son consideradas a la hora de la titularidad de las casas otorgándoselas a los violentos. Hay que agregar la precariedad económica y el endeudamiento de las inquilinas que se encuentran en condiciones de indefensión a la hora de negociar con dueños e inmobiliarias, cada vez con exigencias más abusivas en términos de requisitos y de precios de los alquileres. Muchas de estas situaciones desembocan en desalojos y llevan directamente a más gente viviendo en la calle. Una situación como la de la niña Maia y su familia condensa de manera dramática la vulneración de derechos que implica la precariedad habitacional. Cuando desde los feminismos venimos diciendo que la casa no es un lugar seguro esto se debe traducir en políticas habitacionales con perspectiva de género como núcleo básico contra las violencias económicas y machistas» agrega Cavallero.
Informe de la OVD
Un informe de la atención de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema muestra la siguiente distribución del lugar de procedencia de las denunciantes durante el período de ASPO por la pandemia de Covid entre el 20 de marzo y el 16 de agosto de 2020:
* 46 por ciento proviene de 4 de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, ubicadas mayoritariamente en el sur porteño y donde están los barrios más empobrecidos: Comuna 4 –incluye los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya–, 15%; Comuna 8 –Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano–, 12%; Comuna 1 –Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución–, 10%, y Comuna 7 –Flores y Parque Chacabuco –, 9%. Estas proporciones no varían con las registradas para el año 2019.
* Las 11 comunas restantes acumulan 48%, con valores que no superan 7% cada una.
* Y un 3% de las personas afectadas proviene de localidades ajenas a la Ciudad de Buenos Aires (y no se dispone de datos para 3% de los casos).
En ese período de 150 días de ASPO, los Equipos Interdisciplinarios de la OVD atendieron un total de 1.755 casos, con un promedio de 12 por día, una cifra casi tres veces menor al año anterior, cuando el promedio diario llegaba a 32. Se sabe, durante el ASPO, las denuncias en la justicia por violencia de género bajaron en las distintas jurisdicciones, aunque se triplicaron las llamadas y consultas al 144, probablemente por las mismas condiciones de encierro doméstico obligado por la pandemia de covid-19.
