Comunicadores del Sur

9.3.2021

En el marco de la jornada de lucha y visibilización en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sindicatos, organizaciones políticas y sociales de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa frente a la Legislatura porteña, en la que llevó adelante la lectura conjunta a un documento que reproducimos a continuación.

Las organizaciones convocantes expresamos con preocupación el estado de situación de las mujeres y personas LGBTTI+ trabajadoras de la CABA. Este 8M paramos y exigimos respuestas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Las mujeres y personas LGBTTI+ padecemos desigualdades estructurales en torno al trabajo, que se han visto profundizadas y agudizadas durante la pandemia y requieren de políticas públicas urgentes para erradicarlas. La desocupación en la CABA es uno de los problemas centrales y la inserción laboral de les jóvenes es un tema que debe estar en agenda. Especialmente, para las mujeres jóvenes de la Ciudad, donde las cifras de desempleo son aún más alarmantes. Al tiempo que dentro de la población de jóvenes asalariadxs, 3 de cada 10 están en situación de precariedad laboral.
La tercerización en el GCBA es un problema acuciante porque genera mayor precariedad en las condiciones de trabajo, así como la instalación del teletrabajo sin regulación clara con el gasto extra de servicios recayendo en trabajadoras.
¡Los salarios de les trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza! Exigimos al Estado de la Ciudad que el trabajo estatal sea valorado en su magnitud. Es urgente la recomposición salarial y pase a planta de todas las personas contratadas bajo modalidades precarias. La precariedad laboral se acentúa aún más en la población travesti y trans, donde las jóvenes viven en casi un 90% de la prostitución/trabajo sexual. Exigimos la implementación del cupo laboral travesti-trans en la administración pública de la Ciudad, en cumplimiento de la ley 4.376.
Sabemos también que el trabajo de casas particulares es uno de los sectores que más afectó la emergencia sanitaria en la CABA y que, en su gran mayoría, son mujeres desarrollando estos trabajos. En el tercer trimestre de 2020, hubo una fuerte reducción de las ocupadas en esta labor (38 por ciento en la comparación interanual).
En su discurso de apertura de sesiones legislativas, Larreta habla de modificar las desigualdades estructurales pero sólo propone «capacitaciones» para que las mujeres puedan acceder a trabajo con derechos. Como si el problema fuera nuestra falta de capacitación.
La principal dificultad que afrontamos son las tareas de cuidado que recaen sobre nosotras: el trabajo no pago que nos impide dedicarnos a tareas remuneradas y que se traduce en mayor carga mental y en una sobrerrepresentación en los índices de pobreza y precariedad. Esto se profundizó con la nueva vuelta a clases y los horarios partidos y reducidos. Más logística, más viajes que dependen de nosotras. La escasez de servicios de cuidado públicos y/o en los lugares de trabajo vulnera aún más a las mujeres que nos ocupamos de las tareas de cuidado. A los cuidados de los infantes le sumamos la falta de políticas públicas para transitar una vejez digna, cuya consecuencia es que los cuidados de adultes mayores recaigan en las mujeres jefas de hogares. La falta de derechos redunda en multiplicación de tareas hacia nosotras, quienes debemos sostener multiplicadas y solapadas las jornadas de trabajo – cuidado por eso, en la Ciudad también necesitamos un sistema integral de cuidados.
Si algo puso en evidencia la pandemia, fue la esencialidad del trabajo comunitario: las trabajadoras de los comedores y merenderos comunitarios, las educadoras populares, las promotoras de salud y de género sostienen diariamente una red de cuidados en los barrios populares de la ciudad sin reconocimiento salarial ni institucional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las compañeras de las organizaciones sociales se sostuvieron en la primera línea cuidando a su comunidad en condiciones de extrema precariedad ante el desamparo del Estado.
En este sentido, demandamos el reconocimiento del trabajo comunitario en salud, en asistencia alimentaria, en educación popular y en promoción y prevención en violencia de género que realizan fundamentalmente adelante por mujeres, travestis, lesbianas y trans y cumple una función primordial en el cuidado de la vida de adultxs mayores, mujeres en situaciones de violencia, niñes y jóvenes. Garantizar alimentos, escucha, acompañamiento, sostén generando espacios de promoción de derechos resulta esencial. Este trabajo que lleva décadas invisible debe ser reconocido, valorado y remunerado por el Estado. Por eso, exigimos la sanción de la Ley Betty de promotoras territoriales.

Paramos en defensa de la educación pública

La vuelta a clases presenciales vulneró aún más el derecho de les trabajadores de la educación, un sector ampliamente feminizado. Se triplicaron las jornadas laborales, con formato mixto (virtual y presencial), y no están garantizadas las medidas sanitarias mínimas. Además, somos también las mujeres quienes nos ocupamos de llevar a les niñes a las escuelas. Ahora con las jornadas cortas y rotativas es aún más complejo compatibilizar trabajo remunerado y no remunerado.
A ello se suma el ya histórico problema de falta de vacantes para les niñes principalmente en el nivel inicial en la escuela pública, lo que se extiende al resto de los niveles. En la actualidad, además, la situación se agrava con la demora en la asignación de micros escolares que para quienes ingresan a primer grado o preescolar.
Durante la pandemia, desde las organizaciones sociales se sostuvieron espacios de educación no formal que se encargaron de garantizar el acceso al derecho a la educación en los sectores populares. Queremos la incorporación de esas experiencias al sistema educativo formal a través del reconocimiento del trabajo que llevan adelante, fundamentalmente, mujeres educadoras populares.
Larreta también se refirió a la violencia por razones de género y defendió los dispositivos existentes en la Ciudad. Sin embargo, sabemos que estos son insuficientes, sólo están pensados para mujeres cis, tienen poco despliegue territorial, no trabajan desde la integralidad ya que son espacios tercerizados que dependen de distintas ong o asociaciones civiles y sus trabajadoras carecen de derechos laborales mínimos. Les trabajadores de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad (DGM), hace años que vienen exigiendo condiciones laborales dignas. Están contratades bajo convenios de asistencia técnica, tienen sueldos por debajo de la canasta básica, no cuentan con paritarias, ni con ART. Exigimos condiciones laborales dignas para estxs trabajadorxs y más y mejores dispositivos para el abordaje de las violencias por razones de género. Las líneas de CABA para denunciar funcionan de modo deficiente. Los CIMs, refugios y casas de medio camino están en pésimas condiciones habitacionales. La falta de equipos y condiciones de infraestructura para el funcionamiento de los CIM redunda en una atención mínima que impide el acceso a derechos.
Además, no se piensan como políticas integrales ya que no se combinan con acciones de ingreso al trabajo, de solución habitacional o coordinación con otros ministerios y/o áreas estatales. Es necesario poner el foco en la promoción de derechos y en el trabajo como garantía de autonomía.
Las promotoras territoriales contra la violencia de género trabajan en cada barrio de la Ciudad desde la prevención de la violencia, el acompañamiento y la promoción de derechos garantizando un enfoque integral para construir vidas libres de violencia machista. Su tarea es invisibilizada por la CABA y es porque exigimos el reconocimiento salarial e institucional de las promotoras en los diversos territorios en donde desarrollan sus tareas y en articulación con los ámbitos de los CIM.

Paramos por derechos para la diversidad y una agenda de géneros para la CABA

La población LGBTTI no forma parte de la agenda en la CABA. Eso explica la falta de perspectiva que tiene la Ciudad. Sólo existe una Dirección General de «Convivencia en la Diversidad», con escasxs trabajadores y casi sin recursos propios.
Exigimos políticas reales: aumento de presupuesto, mejor estructura que articule las políticas llevadas adelante (aumento de organigrama), integralidad en las respuestas. Un buen inicio sería la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Ciudad para, al menos, estar a la altura de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Las problemáticas habitacionales en la ciudad son estructurales y se expusieron con mayor fuerza en la pandemia. Quienes más sufren estas problemáticas son las mujeres y disidencias, que enfrentan mayores dificultades para acceder a alquileres formales o informales, lo que repercute y se vincula con otras dimensiones de su mayor vulnerabilidad. El 65% de las travestis y trans viven en habitaciones de hotel, en pésimas condiciones y con alquileres muy caros. Abusan de los cobros por su identidad de género y porque no tienen trabajos formales. Es por eso que exigimos la emergencia habitacional travesti y trans.
Mientras el GCBA enarbola dentro de sus ejes de campaña la política de integración de los barrios populares, estos procesos vienen avanzando, en muchos casos, de manera parcial y sin contemplar la participación específica de mujeres y disidencias en la definición de los procesos. Más aún, se viven situaciones como el desalojo de Norma Castillo de 79 años o la del Hotelito en la Villa 31, que exponen con toda crudeza la política represiva del poder ejecutivo, donde la policía de la ciudad intentó desalojar a las mujeres y familias víctimas de violencia de género que habían encontrado resguardo en medio de la pandemia en un edificio de viviendas vacíos del GCBA. Es necesaria una perspectiva feminista de las urbanizaciones, que pongan la vida y no la especulación inmobiliaria y los negocios en el centro.
La pandemia demostró aún más la centralidad de la salud pública para la reproducción de la vida y el cuidado de nuestro pueblo. En este contexto, fueron claves les trabajadores de la salud, especialmente les enfermeres. La enfermería es un sector sumamente feminizado, donde se invisibilizan las permanentes tareas que llevan adelante. Es por eso que exigimos que se reconozca la enfermería como carrera profesional, luego de la degradación de la carrera que se llevó adelante en 2018 por parte del oficialismo y que abrió las puertas a una mayor precarización laboral.
También exigimos que todo el personal de salud de la CABA se encuentre vacunado contra el COVID, lxs trabajadorxs de la salud de la CABA siguen dejando sus vidas en la lucha contra la pandemia mientras en otras jurisdicciones ya están inmunizades.
Es indispensable que el plan de vacunación se lleve a cabo a través del sistema público y no se privatice a través de obras sociales y prepagas. ¡Ni las vacunas ni la salud son un negocio!
Durante la pandemia el sistema de salud demostró sus falencias y fueron las promotoras de salud comunitaria quienes garantizaron el acceso a la información y promovieron los cuidados comunitarios para que las consecuencias fueran menos. Exigimos el reconocimiento institucional y económico de las tareas que realizan las compañeras a través de la incorporación de las promotoras de salud a los ámbitos de los CESAC y Hospitales públicos.
En el discurso de apertura de sesiones legislativas Larreta anunció que va a ampliar las contravenciones en la CABA para perseguir la venta ambulante. Tal como viene haciéndolo en el barrio de Once donde hace un año murió Beatriz, fruto de una persecución. Sabemos que hasta que no se produzca el traspaso de los delitos nacionales a la CABA, las contravenciones son uno de los focos para desplegar su política de hostigamiento y violencia contra les más vulnerables que se ganan el mango en la vía pública.

Firmas:
Ni Una Menos Red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24 y Zavaleta
Red de redes y asambleas feministas CTA Ciudad – Secretarías de Géneros CABA
AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro)
SUTEPA-Secretaría de Igualdad de Género Seccional Capital ATE Capital ATE Legislatura Mala Junta – Vamos
Abriendo Caminos La Dignidad en Movemos Espacio Puebla en Movemos
Frente Germán Abdala en Movemos
Liberación Popular
Nuestramérica Frente de Mujeres Evita CABA Partido Comunista Revolucionario
Partido del Trabajo y el Pueblo
Corriente Clasista y Combativa CABA
Partido Comunista CABA
Géneros Micaela García / Grupo Bicentenario
Centro Cultural El Sueñero
La Sublevada – Nuevo Encuentro CABA FOL – Regional Capital
La Mateada, consejería popular feminista
La Colectiva, corriente política y social
Frente de Géneros y Diversidad de Peronismo Militante
El Hormiguero
Somos barrios de pie / Marea
Victoria Montenegro – Legisladora porteña
Alma Fernández – Casa de Diana y Lohana
Ofelia Fernández – legisladora porteña
Lucía Cámpora – legisladora porteña
Maru Bielli – legisladora porteña
Laura Velasco – legisladora porteña

5.3.2021

Organizaciones de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.

Asociaciones de inquilinos de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.
En un comunicado conjunto expresaron: “desde hace meses que organizaciones de inquilinos de todo el país venimos solicitando reunirnos con el ministro para aportar miradas y propuestas para garantizar el derecho a la vivienda y a un alquiler justo de todos los inquilinos.”
“Creemos que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo, y que tanto el decreto 320 como la reciente reglamentación del registro de los contratos en AFIP son medidas positivas. Pero también estamos convencidos que en el tiempo transcurrido se debió haber avanzado con políticas que permitieran ir transformando las condiciones de alquiler en la Argentina. Es urgente hacerlo, y más aún en un momento crítico como la pandemia de COVID 19. La propuesta del Ministro Ferraresi de un plan de construcción de viviendas a tres años es interesante pero no coincide con esta urgencia que tienen las familias más endeudadas que son más del 30% de la población inquilina”, señaló Maxi Vittar, referente de Inquilinos Córdoba.
El texto enumera las principales preocupaciones de las organizaciones:
• Nos preocupa la situación de endeudamiento de muchísimos inquilinos. Las condiciones económicas apenas empiezan a despuntar tras más de un año de pandemia. El impacto real en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo llevará tiempo. No es factible pensar que miles de inquilinos que han perdido su trabajo o visto disminuir drásticamente sus ingresos hoy puedan afrontar el pago de los aumentos más las deudas, aún en 12 pagos.
• Nos preocupa que al día de hoy sigamos sin organismos de control a los cuales recurrir y que puedan intervenir efectivamente ante situaciones de abuso o incumplimiento de la ley. Sin organismos gubernamentales de control los inquilinos seguimos indefensos frente al sector inmobiliario, que actúa impunemente.
• Nos preocupa que tampoco se hayan puesto en funcionamiento aun los espacios de mediación del Ministerio de Justicia. ¿Piensan hacerlo en menos de un mes, el tiempo que falta para que pierda vigencia el decreto? Todo parece indicar que los desalojos serán una realidad cotidiana.
• Nos preocupa que sigan diciendo que “la construcción de viviendas será la solución”. No puede ser la única respuesta. ¡Necesitamos alquilar de forma justa ahora! ¡Necesitamos que el Estado ponga un freno a la especulación inmobiliaria ya!
“Estamos solicitando una reunión con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para abordar estas cuestiones. Las organizaciones de inquilinos venimos construyendo una agenda de demandas y propuestas y queremos que se nos escuche”, explicó Roberto Díaz de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
Las agrupaciones de inquilinos demandan:
1- Extensión del decreto 320/2020 hasta que se recupere la situación económica;
2- Desendeudamiento en 24 cuotas;
3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas;
4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como se hizo en varios países de Europa, esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura;
5 – Reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social;
6- Incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC; 7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad;
8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as;
9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa.
“En esta crisis de la pandemia COVID se puso de relieve la solidaridad de millones de argentinos que pusieron el hombro para entre todos poder superar esta difícil situación que nos tocó vivir. Pero también se pudo ver el egoísmo de algunos pocos que siempre están viendo qué ventaja sacar. El sector inmobiliario ve en la crisis una oportunidad para maximizar sus ya exorbitantes ganancias y opera en consecuencia. En los últimos meses vienen imponiendo alzas desmedidas de precios de los alquileres, en pos de presionar para concluir la vigencia del decreto 320 y derogar la Ley de Alquileres. Es un sector poderoso y no reconoce límites”, concluyó Germán Schierff de la Asociación Platense de Inquilinos.
Asociaciones firmantes: Inquilinos Córdoba – Asociación de Inquilinos Rosario – Inquilinxs Santa Fe – Inquilinxs Santiago del Estero – Inquilinos Tucumán – Asociación Inquilinos/as de Mendoza – Unión Inquilinos Salta – Inquilinos Lomas de Zamora – Alquiler Justo Lanús – Inquilinos Unidos Vicente López – Frente de Inquilinos de Morón – Inquilinos Avellaneda – Inquilinos de Quilmes – Inquilines Mar del Plata – Inquilinxs Tres de Febrero – Unión de Inquilinos Buenos Aires – Asoc. Platense de Inquilines – Inquilinos Entre Ríos – Inquilinos Jujuy – Unión de Inquilinos Rionegrinos – Inquilinos x Nuestros Derechos CABA – Protección de Inquilinos Ushuaia – Inquilinos San Martín

5.3.2021

La diputada del PTS-FIT denunció además la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo. También se refirió a la medida del gobierno nacional y al acuerdo de Cambiemos y la oposición peronista en la Legislatura.

Esta semana el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó que no extenderá el DNU que prohibía los desalojos y aumento de alquileres. Será el 31 de marzo. El funcionario presentó como alternativa la nueva Ley de Alquileres y el registro de los contratos, que no solucionan el problema estructural de la vivienda.
La diputada del PTS-Frente de Izquierda Unidad criticó hoy la medida en sus redes sociales. “Se intenta naturalizar la medida o compensarla con la promesa de construcción de viviendas, pero es un enorme golpe a las familias trabajadoras y para nada “natural””, dijo.
Entonces denunció la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo.
Bregman además se refirió a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde la precaria situación habitacional de miles de familias convive con cientos de miles de vivienda desocupados y los negociados inmobiliarios.
En ese marco criticó los acuerdos entre Cambiemos y la oposición peronista que favorecen a las constructoras, como las rebajas impositivas aprobadas a fin de año.

4.3.2021

El 2 de marzo una integrante de las Consejerías de Vivienda fue desalojada junto con sus dos hijas menores, en el barrio de Once. “Por adeudar sólo 2 meses de alquiler y sin importar la presencia de menores, la existencia de un DNU o que el mundo atraviesa una pandemia sin precedentes, la dueña del inmueble inició un juicio por intrusión, cuya carátula mentirosa sostuvo el Juzgado Civil N° 67”, afirman desde las Consejerías.

Reproducimos comunicado de las Consejerías:
El drama de Analía es el de cientos de familias y personas inquilinas y habitantes de espacios recuperados que, a pesar de estar aún presente la amenaza del COVID, son expulsades de las tierras y viviendas que habitan. La semana pasada hemos sido testigues de 2 desalojos; el miércoles, de 22 familias en un conventillo en la Boca, y el jueves el de una mujer y sus 8 hijxs en la Villa 31, lo cual generó un amplio repudio por haberse demostrado que las fuerzas represivas actuaron sobre niñes y detuvieron a la madre. Hace menos de un mes, la compañera del MTR 12 de Abril Belén Guevera, estuvo presa varias semanas luego de un desalojo similar. Aquí se demuestra a las claras los límites del DNU 320 y sus prórrogas como herramienta para suspender los desalojos durante la pandemia. Mucha gente (en especial mujeres y disidencias principalmente migrantes) recibió expulsión, criminalización y represión, pero de solución habitacional ni hablemos. Otro punto sin grieta en quienes gobiernan en todo el país priorizando la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda digna.
A partir de hoy, Analía y sus hijas quedarían en situación de calle si no fuera por la solidaridad de les de abajo. El gobierno nacional no hace políticas para realmente terminar con los desalojos, mientras que Larreta, Migliore y Corach sostienen subsidios habitacionales que no alcanzan para pagar ni siquiera una pieza.
En el discurso presidencial de ayer, se hablan de 264.000 soluciones habitacionales a través del Plan Casa Propia. Esto es una falacia, ya que los municipios y provincias deben adherir, lo cual en algunos lugares como CABA no va a suceder. Además, los fondos para financiar algunos de los programas que componen el plan, depende de “gestos de los ricos”. El gobierno plantea que será gracias a la Ley de Blanqueo que se reavivará la construcción de vivienda para la clase trabajadora. Sin poner una sola cláusula en la ley aprobada por unanimidad en el Senado la semana pasada, es lógico pensar que inversores millonarios tenderán a poner sus dólares sin declarar en vivienda especulativa y no en vivienda necesaria y adecuada para ir descontando el enorme número de 4.000.000 de viviendas que representan hoy el déficit habitacional en el país.
Luego del discurso de Fernández, Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación) se encargó de desperdigar el dato que no habrá prórroga del DNU 320. Esto hará que a partir de abril se descongelen los precios de los alquileres (seguramente habrá importantes alzas, sin contar que el aumento de la renta fue de un 62% en 2020, todo un tarifazo). Además, no es dificil prever una ola de desalojos, y la imposibilidad de pago de miles de iniqulinxs que llevan acumuladas cuantiosas deudas, dada la falta de trabajo (sobre todo en el sector informal/precarizado) durante la pandemia.
A días de un nuevo 8M, creemos que es sumamente importante poner en la agenda de lucha de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y mujeres nuestro derecho al acceso a tierra y vivienda digna y definitiva. Hay que cortar con las lógicas privatistas y expulsivas llevadas adelante con total conocimiento y complicidad de los gobiernos de turno. Alquileres que no aceptan chicxs, aumentos indiscriminados cuando no tenemos laburo (y si lo tenemos es con peores condiciones y salarios que los varones cis), violencia psicológica y sexual en los lugares que nos vemos forzades a habitar, vivir en malísimas condiciones sanitarias cuando además recaen sobre nosotres las tareas de cuidado, sostener la convivencia con un violento ante falta de soluciones habitacionales y económicas de urgencia para quienes sufren violencia machista (lo cual muchas veces deriva en femicidios).
Parece difícil y lejano, pero sabemos que con lucha y organización todo es posible. ¡No bajemos los brazos! Queda mucho por pelear, hasta llegar a la tierra para vivir y producir, hasta la vivienda digna y definitiva.

4.3.2021

La medida de fuerza es por 24 horas. Metrodelegados sostienen que la decisión de la empresa lleva a una mayor exposición al contagio de coronavirus.

Trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) de la Línea B de subterráneos realizaban este jueves un paro de 24 horas “en repudio al rompimiento de las burbujas sanitarias» en el contexto de pandemia de coronavirus.
«La empresa de manera intransigente y no entendemos bien porque decidió romper todas las burbujas sanitarias, esto no llevó una mayor exposición al contagio de coronavirus por eso está medida que continuará toda la jornada de hoy», explicó el dirigente sindical Daniel Erviti.
«Tenemos varios compañeros positivos y lo que queremos es además mayor frecuencia, y que se incorpore personal o se haga el corrimiento necesario para cubrir lo que haga falta», añadió.
Además, dijo que «al usuario tampoco se lo protege, y a esto se suma el tema del asbesto que tampoco fue resuelto», tras puntualizar que «en la línea B ya tenemos un compañero fallecido con el tema del asbesto y también hay otro que tiene cáncer terminal de pulmón».
«Reclamamos también mayor protocolo, elementos de sanidad. El Gobierno de la Ciudad tampoco se hace cargo de la parte que le corresponde» que es «llevar a cabo los controles y no los vienen haciendo», indicó.
Por su parte, la empresa Metrovías afirmó en un comunicado de prensa que la medida de fuerza que afecta el servicio de la Línea B es «sorpresiva e injustificada».
«El reclamo sorpresivo y desmedido responde a la negativa del personal del área de tráfico de dicha línea de implementar el nuevo diagrama según el cual suman tan sólo una hora más de trabajo por semana con su correspondiente tiempo de descanso», agregaron desde Metrovías.
Del mismo modo, señalaron que «este mismo cronograma ya se aplican las restantes cinco líneas de la red, sin ningún tipo de riesgo para usuarios o trabajadores ya que fue diseñado en el marco del protocolo Covid implementado desde que se decretó la pandemia».
Por otra parte, la empresa agregó que «de manera paliativa hemos convocado personal jerárquico para intentar reanudar el servicio en la medida que sea posible».