12.06.2024
Vecinos y vecinas de los barrios de Chacarita y Barracas se encuentran en estado de alerta ante el proyecto del Gobierno de la Ciudad de colocar en espacios públicos “módulos carcelarios” para alojar presos ante la superpoblación en comisarías y alcaidías que produjo una sucesión de fugas.
“Si se fugaron presos de lugares que tienen de 16 a 26 detenidos, ¿cómo podemos confiar en que van a controlar un lugar que va a tener muchos más?”, eso se preguntan vecinos y vecinas de los barrios de Chacarita y Barracas en los que el Gobierno porteño comenzará a instalar “módulos carcelarios” para paliar la crisis de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías, que en abril se tradujo en cuatro fugas en el lapso de dos semanas. Y sostienen, además, que los módulos en verdad son “cárceles container” con condiciones “inhumanas” y advierten que no fueron consultados sobre la medida de forma previa al anuncio.
Los alrededores del Parque Los Andes amanecieron ayer martes con ruidos de grúas y camiones. Cargados en los acoplados, cuatro módulos container aparecieron sobre Jorge Newbery para luego ser ingresados en el predio de la Comisaría Comunal N°15, sobre la calle Guzmán y Concepción Arenal, en la que hay detenidos alojados. Cuarenta días después del anuncio oficial del GCBA, los que viven en la zona vieron materializarse el primer paso para la instalación de los módulos.
Según informó el Gobierno porteño, los containers se colocarán, de forma articulada, en los playones o estacionamientos de tres comisarías: la 15 de Chacarita, la 12 de Ramallo al 4398, de Saavedra, y la 4D de California 1850, en Barracas.
“Ver de cerca esos módulos da mucha más impresión todavía. Uno lee el proyecto oficial y advierte en seguida que es infrahumano lo que proponen, no parece estar muy en el orden de los derechos humanos”, dice Débora Engel, integrante de la organización Amparo Ambiental Chacarita, que comenzó a tratar el tema en reuniones en las semanas posteriores al anuncio. “No se trata de que no queramos presos en nuestro barrio. Lo que rechazamos son las condiciones en las que lo quieren hacer. Creemos que así no se resuelve la situación de la sobrepoblación”, advierte la vecina.
Según la información oficial, los módulos a instalar son 57, divididos en tres grupos de 19 a distribuir entre los tres predios. Allí se alojarán a 300 detenidos, a razón de seis personas por container. Cada uno de los módulos cuenta con seis colchones en tres camas cucheta, mientras que en la parte central de la estructura habrá un pequeño espacio con mesas y bancos de metal para el almuerzo. El lugar estará rodeado por “rejas perimetrales de alta seguridad”, según informa el Ministerio de Seguridad. El anuncio de los módulos fue acompañado por el de la construcción de una nueva alcaidía central y la concreción de las obras de un nuevo penal en Marcos Paz.
“No entendemos el porqué de la ‘genialidad’ de poner módulos carcelarios, teóricamente provisorios, hasta que terminen Marcos Paz. ¿Por qué no los ponen directamente allá?”, se pregunta por su parte Cecilia, vecina de Barracas, barrio en el que también están organizados para rechazar el proyecto. “No tiene ningún sentido tener cárceles desparramadas en zonas urbanas cuando lo que siempre se busca es justamente lo contrario: que las cárceles salgan de la urbe”, añade.
En el caso de Barracas, los módulos se instalarán en una zona que, según advierten los vecinos y vecinas, funcionan dos colegios, dos clubes, una iglesia y un geriátrico. En los alrededores también hay centros de inclusión social, conocidos como “paradores”, para personas en situación de calle. Los barraquenses ya vienen denunciando el mal funcionamiento de esos centros. Aseguran que las personas sufren maltratos, problemas de inseguridad, robos y hechos violentos que alteran también la vida del barrio, y son ellos mismos los que terminan ayudando a las personas expulsadas de esos lugares.
“Con todo eso nos demuestran que no pueden controlar este tipo de lugares porque a las personas las terminamos auxiliando nosotros. Y una cárcel no puede manejarla gente que no está capacitada. Si se fugaron presos de lugares que tienen de 16 a 26 detenidos, ¿cómo podemos confiar en que van a poder controlar un lugar que va a tener muchos más?”, sostiene Cecilia.
Aunque la crisis de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías viene ya desde el año pasado, ganó la mirada de la agenda pública cuando a principios de abril se produjeron cuatro fugas en sólo la primera quincena del mes. Los hechos ocurrieron en comisarías y alcaidías de San Telmo, Caballito, Balvanera y Villa Urquiza, todas preparadas sólo para recibir detenidos transitorios. En todas ellas se registraba un exceso de la capacidad para albergar presos al momento de las fugas. Según los números oficiales, al día de hoy hay alrededor de dos mil detenidos en lugares con capacidad para cerca de mil, en el marco de una Ciudad sin servicio penitenciario propio.
Las cifras también indican que más del 95 por ciento de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales, dato que le sirve a la administración porteña para sostener su pedido a Nación para que se lleve a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal, reclamo que incluso suscitó cruces públicos entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la ministra nacional, Patricia Bullrich. Finalmente, la ministra participó del anuncio de la instalación de los módulos carcelarios, lo que pareció indicar el fin de esas asperezas.
Tanto en Barracas como en Chacarita coinciden en señalar que no fueron consultados en ningún momento sobre la instalación de los módulos en sus barrios. “No fuimos convocados como vecinos en términos de la participación ciudadana que nunca se cumple. Recién en estos días logramos obtener una reunión con la Junta Comunal pero no tenemos fecha”, advierte Engel. En las últimas semanas las agrupaciones de los dos barrios estuvieron en contacto para organizar actividades en común.
En Chacarita, al conflicto por la instalación de los módulos se le suma la situación del predio en el que serán colocados. La manzana en la que funciona la comisaría y un centro de monitoreo incluye el terreno en que desde hace trece años está prevista la realización de un polideportivo, uno de los principales reclamos de Amparo Ambiental Chacarita. “De todo el predio sólo nos quedó el terreno para hacer el polideportivo. De concretarse, hoy quedaría enmarcado por una comisaría, un centro de monitoreo y ahora los módulos de detención, un espacio muy lindo para hacer deportes…”, ironiza, para cerrar, la vecina de Chacarita.
