Comunicadores del Sur

5.8.2021

Trabaja en el hospital Fernández, se trata de Adriana, quien tiene patologías crónicas producto de años de trabajo en condiciones insalubres. El miércoles 4 de agosto, realizó una protesta en la puerta del hospital con sus compañeros, recibiendo el apoyo de los pre-candidatos del Frente de Izquierda Unidad, quienes se hicieron presentes en el lugar.

El Gobierno de la Ciudad le bloqueó el sueldo a Adriana de 60 años, quien es enfermera hace 37 en el hospital Fernández, porque no reconoce la licencia que le indico su médico. Nos contó sobre su lucha de hace años, ya que 10 años atrás, también fue parte de las listas negras del Sutecba y cesanteada en esa oportunidad. Al principio de la pandemia salió en los medios denunciando que no había elementos de protección personal y exigiendo los mismos para todos los trabajadores del hospital. Hoy debería estar pensando cómo disfrutar su próxima jubilación y cuidar su salud después de haber dedicado toda su vida al cuidado de otros. En vez de eso, tiene que enfrentar a las autoridades del Gobierno de Larreta porque le bloquearon el sueldo.
Adriana nos contó: “En junio del año pasado, por una lesión en el hombro se me fracturaron 2 dedos de la mano izquierda. Mi médico de cabecera fue el que me atendió y sabe que desde hace tiempo vengo sufriendo enfermedades óseas. En toda la pandemia solicité atenderme con él, era muy difícil poder conseguir un turno, ya que todos estaban abocados a la misma. Mientras, continuaba haciendo reposo como me había indicado y pedía médico por el teléfono que tenemos disponible los franqueros con ese fin. Cada vez que llamaba me decían que tenía que esperar en mi domicilio y que el médico iba a venir. Entre junio del 2020 y marzo del 2021, el médico nunca vino. Entonces decidí asistir al hospital Fernández, nosocomio en el cual trabajo, allí me atendieron los traumatólogos. Me dieron el diagnóstico, tengo osteoartritis, es una patología que debilita los huesos, los vuelve quebradizos y afecta a todo el cuerpo. A tal punto que por un mínimo esfuerzo o mal movimiento mis huesos se pueden quebrar, como ya me paso en mi mano izquierda. Sufro de dolores constantemente”.
Y agregó: “Con los estudios en mano y el diagnóstico del traumatólogo del hospital, fui a la oficina de personal para solicitar una licencia, pero me dijeron que tengo que usar la aplicación MIA, la cual no funciona para llamar al médico a domicilio. Tuve que asistir al hospital Rawson, donde me examinaron 2 médicas, quienes me trataron agresivamente, leyeron mal los certificados médicos donde constaba el diagnóstico y no tuvieron en cuenta la indicación de reposo. Desconocieron el diagnóstico y las indicaciones, en consecuencia, no puedo cobrar los 6 meses de licencia médica”.
La aplicación MIA fue impuesta por el Gobierno de la Ciudad para que el personal del área administrativa, técnicos, profesionales de la salud, docentes, entre otros, soliciten mediante la misma, las licencias por maternidad, enfermedades, etc. Las y los trabajadores que acompañaron a Adriana, decían que esa aplicación no acepta los certificados, no acepta las licencias, todo en perjuicio de las y los trabajadores.
Continúa relatando con indignación: “Cuando llegás a cierta edad la jefatura ya no te quiere, te empiezan a mandar de un lado a otro. Eso pasa con todos los compañeros que están hace años trabajando. Todo este manoseo, perjudica a la psiquis de las y los trabajadores. No somos descartables. Se debe respetar a las personas que dejamos la vida en el hospital. Entré al hospital con la columna sana, y ahora tengo protusiones y dolores insoportables en las costillas por haber levantado años y años a los pacientes con los camilleros, pasamos a los pacientes recién operados a la cama entre el camillero y yo. Lo que tengo es una enfermedad profesional”.
En la puerta del hospital Fernández, ese mediodía, Adriana fue acompañada por trabajadores autoconvocados de otros hospitales de CABA, Luis Zamora y por los pre-candidatos del FITU: Alejandrina Barry, Gabriel Solano y Laura Marrone. Se realizó una asamblea donde denunciaron situaciones similares y también persecución a los que luchan por los derechos de las y los trabajadores del hospital.
Claudia Ferreyra, enfermera del hospital Rivadavia de la agrupación Marrón, también estuvo presente en el Fernández. En su caso, tuvo que volver a trabajar con una sola dosis de la vacuna contra la covid-19, a pesar que tiene asma grave y su neumonólogo le recomendó seguir de licencia. Denunció: “Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad y al ministerio de trabajo de la Nación dirigido por Claudio Moroni, que quitó la resolución 4, obligando al personal de salud a volver a trabajar de manera presencial en vez de tomar nuevos compañeros. Está lleno de nuevos compañeros enfermeros recién recibidos que podrían iniciar su carrera en los hospitales. Sin embargo, obligan a los viejos trabajadores, a los que dejamos la vida en los hospitales a continuar trabajando sin respetar nuestros derechos y sin importarles nuestra salud”. Agregó: “Recordemos que estas medidas se toman en todo el país por disposición del Gobierno Nacional que autorizó revocar el artículo 4 del DNU, el cual brindaba el derecho a la licencia para aquellas personas que se encuentren cursando un embarazo o tienen enfermedades de riesgo

4.8.2021

Dirigentes del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina Ammar junto a la diputada Victoria Montenegro realizarán este miércoles una reunión abierta frente a Legislatura porteña para promover la derogación del artículo contravencional que criminaliza la oferta de sexo en la vía pública y debatir sobre la violencia policial a la que están expuestas por la vigencia de esta normativa.

“En el contexto de pandemia esta problemática se agudizó y en el barrio de Constitución, una de las principales zonas de trabajo sexual callejero de la Ciudad, las contravenciones hacia trabajadorxs sexuales casi se triplicaron”, dijeron de Ammar en un comunicado.
El sindicato citó además datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad según los cuales “en el 2019 hubo 175 contravenciones por supuesta infracción al artículo 96 y en el 2020 la cifra ascendió a 458”.
La población más afectada “es el colectivo travesti trans migrante” que en reiteradas ocasiones es víctima de “detenciones arbitrarias, cacheos y violencia por identidad de género”, agregaron.
Montenegro es autora de un Proyecto de ley presentado en marzo pasado que busca derogar el artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional de CABA, que sanciona “con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos” a quien “ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”.
“El 5 de julio, Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, también sufrió violencia física, verbal y fue detenida de manera arbitraria por la policía mientras defendía a un grupo de trabajadorxs sexuales trans que estaban siendo hostigadas en el barrio de Constitución. Horas más tarde la liberaron gracias a la articulación entre trabajadorxs sexuales y aliades de AMMAR”, dijeron.
La actividad se llevará a cabo a partir de las 11:00 frente a la Legislatura Porteña y también participarán “representantes de distintos organismos defensores de derechos”.

2.8.2021

Más de 100 familias y 175 niños y adolescentes continúan resistiendo en la toma de La Containera, en la Villa 31, llamada La Fuerza de las Mujeres, sosteniendo su lucha por tierra para vivir y vivienda digna. Sin respuesta de los gobiernos y sufriendo las bajas temperaturas más el permanente hostigamiento policial.

“El único abrigo que tenemos es el abrazo de nuestros hijos”, nos decía Alicia, vecina de la toma “La fuerza de las mujeres”, en la Villa 31, que ya lleva más de 30 días resistiendo y organizándose por una solución definitiva a su problema habitacional. No se puede permitir que 175 niños y mujeres con sus familias tengan que dormir entre bolsas de nylon con 6 grados junto a sus hijos. Como denuncia Andrea: “La única respuesta que tenemos son las amenazas de los policías que están acá: si nos pasa algo hacemos responsable al gobierno. Somos mucho más fuertes y vamos a estar hasta el final”.
Además del hostigamiento de la policía, denuncian que hubieron otros aprietes: les sacaron el plato de comida a 16 familias del comedor al que asistían diariamente que son parte de la toma, y echaron a los varones de las cooperativas de barrido para las que trabajaban.
Una de las mentiras que fogonean los medios y desde la fiscalía para alentar el desalojo, es que “el predio era clave en el avance de la urbanización e iba a estar destinado a una escuela para integrar al barrio”. Es completamente falso, existen dos instituciones y se construyeron a metros del lugar. Además, en el proyecto de urbanización ese predio estaba destinado a parquización y espacios verdes, que si se destinaron las partidas nunca se ejecutó, mostrando la gran estafa de esta urbanización que rechazan los vecinos.

Violencia es también no tener una vivienda digna

Desde “la fuerza de las mujeres” fueron respondiendo a las acusaciones recibidas. El terreno era un basural lleno de ratas, que limpiaron para sacar los escombros con los que se lastiman los niños cotidianamente. Desde el propio comedor que responde a la SISU (Secretaria de Integración Social y Urbana), impulsan firmas para decir que tienen a la Villa 31 en contra. Pero el apoyo que reciben cotidianamente, tanto de vecinos del barrio como de organizaciones solidarias, dice lo contrario.
Ante todas estas adversidades, «la fuerza de las mujeres» la sacan de apoyarse entre ellas, que vienen construyendo día a día y de la solidaridad recibida. La conquistaron organizándose para sacar el conflicto hacia afuera, hicieron videos convocando a la prensa y a las organizaciones y se rodeó de apoyo. Haciendo cartas a los ministerios de Hábitat y de la Mujer y Diversidades, contando su situación.
El mismo Ministerio que recortó todas las partidas presupuestarias para asistencia a mujeres en situación de violencia, hoy les ofrece unos subsidios, algo no muy distinto a los “habitacionales’’ que quiere otorgar el Gobierno de la Ciudad. Las mujeres vienen dejando muy en claro que no necesitan planes ni subsidios, para extender esta situación 6 meses más. El reclamo es tierra para vivir, vivienda y trabajo, y que se abra una mesa de diálogo para que sus hijos tengan un lugar donde vivir, pero también acceso a la salud, que también son derechos que les vienen siendo vulnerados.

El problema de la tierra

Acá las responsabilidades son claras: el Gobierno de la Ciudad de Larreta no garantiza vivienda y trabajo genuino en la ciudad más rica del país, que es también la más desigual. Pero ante el problema habitacional no hay grieta, como sucede en el conurbano donde gobierna el peronismo y el Frente de Todos, y tienen las mismas respuestas represivas ante las tomas de tierra, como pasó en Guernica, donde desalojaron para que construyan un country o en las tomas de Los Ceibos, La Unión en Rafael Castillo.
Tampoco hay que irse al conurbano para ver como coinciden en sus políticas expulsivas. El gobierno de la ciudad hizo negocios para beneficiar a sus amigos y especuladores, rematando más de 40 hectáreas de terrenos del estado para el negocio inmobiliario. Ahora hay que recordar que fueron también los legisladores y diputados del Frente de todos en la ciudad los que ayudaron con sus votos a que salgan esas leyes.
Los terrenos de la Villa 31, comprenden los predios de YPF, ferroviarios y portuarios. Donde se encuentra la toma, históricamente fueron terrenos fiscales. Ahora corresponden a la Ciudad pero se encuentran en disputa con Nación para hacerse de las tierras más cotizadas de la ciudad, que hasta el 2019 correspondieron a Nación. Sin embargo, en la Villa 31, durante los 12 años de gobierno kirchnerista, tampoco se dio respuesta a esta problemática, mientras la población de la villa se duplicó, como lo hubiera sido un plan de urbanización serio con real participación de sus habitantes en la toma de decisiones.
Esta puja viene teniendo como rehenes al conjunto de los habitantes de la 31, incluidos las vecinas y vecinos de la toma. Pero la respuesta al problema habitacional es la que dan los propios vecinos y vecinas cuando se organizan como lo vienen demostrando. La única forma de conquistar su derecho a la tierra y a la vivienda digna es confiando en sus propias fuerzas, uniéndose a otros sectores que están en lucha, sin depositar confianza en ningún gobierno, que tienen sus propios intereses completamente ajenos a los sectores populares.

1.8.2021

El jefe de Gobierno porteño dispuso para agosto una serie de cambios y rotaciones de funcionarios en su gabinete. Entre ellos el del vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, responsable de la política represiva y de todas las brutalidades cometidas por la Policía de la Ciudad.

El enfrentamiento en las PASO se acerca. La interna de “Juntos” se daría entre Santilli y el neurocientífico Facundo Manes, candidato de la UCR. Por eso es que Larreta determinó su salida del cargo en el Gobierno de la Ciudad.
Santilli es responsable de la gestión del Gobierno de la Ciudad de conjunto; se trata del distrito más rico del país en cuanto a recursos, pero está lleno de personas en situación de calle. Es responsable, específicamente, de la política represiva y de todas las brutalidades cometidas por la Policía de la Ciudad
Mientras el cargo de vicejefe quedará desierto, en Justicia y Seguridad asumirá Marcelo D’Alessandro, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro del área.
Según un comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo organigrama es el siguiente:
• Secretaría de Innovación y Transformación Digital: Fernando Benegas deja su rol y lo reemplaza Diego Fernández, quien hasta la fecha lideraba la Secretaría de Integración Social y Urbana.
• Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: Tomás Galmarini queda a cargo del área que conducía Diego Fernández. Antes se desempeñaba como subsecretario de Integración Social y Económica dentro del mismo ministerio.
• Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión: Patricio Avellaneda deja la titularidad y asume Facundo Carrillo, quien hasta ahora era secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.
• Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal: Julia Domeniconi asume como secretaria y deja la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
• Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas: Sebastián Fernández asume el cargo del organismo, en el que era director general de Administración y Liquidación de Haberes.
• Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: Maximiliano Corach deja ese cargo y asume Sergio Constantino, hasta ahora titular de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores. Además, la Subsecretaría pasa a ser Secretaría.
• Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Salud: Será conducida por Milagros Maylin y se traslada del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a la esfera de la cartera sanitaria.
• Ministerio de Gobierno: Maximiliano Corach asume como subsecretario en el Ministerio de Gobierno.

31.7.2021

Por Julieta Azcárate

El jefe de Gobierno porteño ya había anunciado la vuelta a clases presenciales en su totalidad al regreso del receso de invierno, y para este lunes confeccionó un protocolo que elimina la distancia de 1,5m en las aulas. No hay nuevas medidas para la prevención y el cuidado por el COVID-19.

Luego de anunciar la vuelta a la presencialidad total en las escuelas porteñas al retorno del receso de invierno, desde el Gobierno porteño presentaron un protocolo que elimina la distancia de 1,5m para prevenir el contagio de COVID-19.
Como el plan es que vuelvan todos los años y grados completos, de manera gradual, para que puedan entrar todos los estudiantes en las aulas, fue eliminado de los protocolos del Ministerio de Educación porteño el distanciamiento necesario de 1,5m.
Las burbujas, en lugar de ser grupos separados de no más de 15 estudiantes, pasan a ser nuevamente los grados o años completos, y asistirán en días y horarios como lo hacían previamente a la pandemia, de lunes a viernes.
El protocolo oficial señala, de manera paradójica, que los 1,5 metros de distancia no serán serán obligatorios dentro de las aulas, pero sí entre los distintos cursos, por ejemplo durante los recreos.
También estipula que los docentes que estén a cargo de más de un curso deberán “extremar las medidas de seguridad, tales como mayor distanciamiento respecto de los estudiantes, evitar la circulación por el aula, entre otras”. Es decir, a los docentes se les “carga” con la responsabilidad individual de mantener la distancia y cuidados, algo que desde los protocolos oficiales se incumple. Y por la circulación entre las aulas: ¿cómo hacen las y los docentes que tienen más de cinco cursos para “no circular entre las aulas”? Todo muy coherente.
A su vez, el protocolo mantiene la “ventilación cruzada” como medida preventiva, a pesar de las bajísimas temperaturas de pleno invierno y con escuelas como en Soldati, que no cuentan con calefacción.
Por su parte, desde el Gobierno nacional, el ministro Trotta cuestionó al gobierno porteño, diciendo que “tienen que cumplir la norma y no pueden retomar la presencialidad total sin distanciamiento”; sin embargo, no hay ninguna medida al respecto, y en lugares como Provincia de Buenos Aires, Kicillof determinó también la vuelta a la presencialidad hace semanas atrás, cuando hay muchas escuelas que no tienen las condiciones ni los recursos.
Al mismo tiempo, en el protocolo se ratifica que las y los estudiantes y docentes de riesgo que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, dejan de estar exceptuados de asistir a clases, y la asistencia presencial pasa a ser obligatoria.
Vuelven también los comedores escolares: desde el 17 de agosto se habilitará su funcionamiento en los espacios cerrados con un 50% de su ocupación, y las burbujas podrán comer al mismo tiempo, pero con “2 metros de distancia entre ellas”. Desde el Gobierno dicen “estar preocupados por la vuelta de los comedores”, sin embargo no mostraron ninguna preocupación cuando suspendieron la entrega de canastas alimentarias durante el receso, lo que fue denunciado por la comunidad educativa y la candidata a diputada porteña, Myriam Bregman.
El plan ya anunciado de vuelta a la presencialidad total comienza este lunes 2 de agosto para los últimos dos años del nivel secundario, y el 9 de agosto para los primeros años. Mientras que, el 17 de agosto, lo harían el nivel primario, modalidad especial, escuela para adultos, nivel superior no universitario y los centros de formación profesional. Finalmente, el 23 de agosto se sumarían los chicos de nivel inicial.
Según las y los trabajadores de la educación, en estos protocolos queda en evidencia un enorme desconocimiento de la realidad de las escuelas porteñas. Exigen que se garanticen las pautas y normas de cuidado para evitar contagios, internaciones y muertes evitables, y hay un fuerte repudio de las decisiones arbitrarias del Gobierno porteño, que pone en riesgo la salud y la vida de niñas/os, jóvenes y trabajadores. Denuncian que una gran parte de las y los docentes no recibieron la segunda dosis de la vacuna, y los chicos y sus familias continúan estando en riesgo.
No es casual que estos anuncios del Gobierno porteño, se dan en pleno comienzo de la campaña electoral.