Comunicadores del Sur

19.4.2021

Durante la tarde del domingo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió que una Sala de la Cámara de Apelación del Poder Judicial porteño -a pesar de no tener competencia- lo habilite mediante un fallo exprés a insistir con la presencialidad en establecimientos escolares en la Ciudad. Cinco sindicatos docentes, estatales y judiciales iniciaron medidas de fuerza reclamando que se cumpla el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial que instauró la virtualidad escolar por 15 días en el AMBA. “La salud y la vida son prioridad”, sentenciaron. El gobierno nacional inició acciones judiciales y una abogada denunció por sedición a Rodríguez Larreta.

Medidas de fuerza

Los sindicatos docentes UTE, Ademys y Sadop, de estatales ATE Capital y de judiciales Sitraju paran este lunes contra el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que busca sostener la presencialidad en las escuelas.
“En este gravísimo contexto nos organizamos para seguir peleando para defender la salud y la vida”, plantearon desde Ademys.
“Si la justicia viola la constitución, paramos en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmaron por su parte en un comunicado conjunto el gremio docente UTE y ATE Capital, que representa a los auxiliares de la educación en los establecimientos porteños.
Por su parte, en el ámbito de la educación privada, Sadop Capital anunció que también parará. “No se va a tolerar que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas”, especificaron.
“El Sindicato insiste en que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández tiene fuerza de Ley, y por éste se suspende la asistencia a las aulas y la vuelta a la virtualidad en el AMBA, en el marco de la Emergencia Sanitaria provocada por la segunda ola de COVID-19”, aseguraron.
Por su parte el Sitraju, gremio de las y los judiciales de la Ciudad, cuestionó el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña y acusó a los jueces de “vulnerar el Estado de Derecho”.

El fallo exprés

De forma virtual este domingo los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, frenaron mediante un fallo la suspensión de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala 4 es conocida como “la sala amarilla” por su afinidad política con el PRO. El dato más evidente es que una de las juezas, Nieves Machiavelli, es hermana de Eduardo Machiavelli, secretario general del PRO y Secretario de Ambiente del Gobierno porteño.
Otro de los jueces de la sala, Marcelo López Alfonsín, está investigado en la justicia federal por un caso de corrupción junto con Hernán Lombardi, cuando ambos eran funcionarios de De La Rúa. Lombardi fue ministro de Turismo de la Alianza e Interventor de la Administración de Parques Nacionales (APN), y Marcelo López Alfonsín, presidente de Parques Nacionales, y quedaron involucrados por su firma en un contrato millonario para la compra de la propiedad “Estancia San Nicolás”, de 10.624 hectáreas en la provincia de San Luis, que luego no se realizó. Allí se evaporaron alrededor de un millón y medio de dólares.
El expediente por el que surge el fallo de este domingo fue iniciado por un amparo presentado por dos organizaciones civiles: Abramos las escuelas y el Centro de Estudios en Políticas Públicas.
La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Nidia Karina Cicero, respaldó en la mañana del domingo la solicitud de la medida cautelar. Lo hizo admitiendo que esa cámara es incompetente en el tema. “Los tribunales locales resultan incompetentes para intervenir en el juzgamiento de la cuestión aquí concernida”, escribió. Sin embargo, argumentó luego que el tema de las clases presenciales era de “extrema relevancia” y carácter “urgente”, lo que autorizaría al tribunal a “dictar una medida cautelar aun sabiéndose incompetente”.
El miércoles pasado, Cicero había adelantado su opinión escribiendo en Twitter “No corten las clases. Basta de chicos deprimidos y sin escuela”.
Cicero le pidió a los camaristas que dieran una respuesta mediante una especie de per saltum, es decir directamente, sin devolver el expediente al juez de primera instancia que al recibir el caso lo rechazó por cuestiones de procedimiento, es decir que aún no había tratado el reclamo en sí.
El fallo de la Sala 4, además, no le solicita informes al Estado y no lo hace parte. Uno de los camaristas sugiere que habría que hacer algo más que notificarlo. Pero queda ahí.

“Estrago jurídico”

A última hora del domingo, después de demorarla varias veces, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta celebró en conferencia de prensa: “Mañana tenemos clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y los chicos tienen que ir a la escuela como la semana pasada”, afirmó en un discurso cargado de eslóganes de campaña.
Además, también sobre la medianoche, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires -cartera a cargo de Soledad Acuña- envió correos a su base de datos de familias pidiendo que que se organicen para que una sola familia lleve varios chicos, lo cual dañaría aún más el criticado protocolo de “burbujas” implementado en la educación porteña.
“Lo que hicieron es un estrago jurídico, están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte”, declaró el presidente Alberto Fernández en el programa del periodista Roberto Navarro.
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, indicó que “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
El gobierno nacional inició varias acciones judiciales. Por una parte, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro, avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción. Mediante estas acciones legales se pretende anular el fallo incompetente de la Sala 4 y restablecer la vigencia del DNU.
Por otra parte, una abogada denunció por atentado a la salud pública y sedición al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich.
La denuncia fue presentada la misma noche del domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos. En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
Llegado el mediodía de este lunes, la Corte Suprema de la Nación se declaró competente para tratar la presentación de Larreta sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Corte Suprema resolvió que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU es de su “competencia originaria”. Corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de 5 días.

19.4.2021

A partir de eso pasaron dos horas más con intensa difusión hasta que lograron conseguirle una. Horacio Rodríguez Larreta dijo en conferencia de prensa que es «muy consciente de la situación sanitaria».

Se trata de Belén Massei, maestra de la escuela 20 DE 13. Estaba internada en el Sanatorio «Dr. Julio Méndez» de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) donde según informaron desde Ademys ya no hay más camas.
Se pidió traslado a otro centro de salud pero no fue fácil encontrar cama disponible. Fue gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo que se pudo conseguir un lugar para Massei.
Este drama ocurrió en medio del tironeo judicial que se generó por la negativa del Gobierno de la Ciudad de respetar el Decreto de Necesidad y Urgencia que se emitió a raíz del rebrote de la pandemia, con variantes del virus más contagiosas y más agresivas, como es el caso de la llamada «cepa Manaos».
Al igual que el 86 % de los docentes de la Ciudad, Belén Massei no se encuentra vacunada.

18.4.2021

Mientras el gobierno de la Ciudad insiste en rechazar las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno nacional para amainar la segunda ola de contagios, que incluye en la batería de medidas la suspensión -por quince días- de las clases presenciales, la comunidad educativa de la Ciudad está de luto. Es que este domingo se conoció la muerte, por coronavirus, Marcelo Becker, quien se desempeñaba como docente en la Escuela Técnica N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires.

“El día de la fecha nos enteramos del fallecimiento del compañero docente Marcelo Becker por COVID 19. Con 30 años de antigüedad en la docencia actualmente trabajaba en la técnica 35 DE 18 como MEP de alumnos de 1° año y de 3° dando Electrónica y Tecnología de control”, expresó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a través de un comunicado.
La noticia de la muerte de Becker se supo horas después de que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad dictara a favor de continuar con las clases presenciales. A la espera de la resolución de la Corte Suprema y, también, del fallo de la Sala IV de Apelaciones porteña, representantes de la comunidad educativa lamentan la pérdida de otro compañero y exigen medidas concretas por parte del Gobierno de la Ciudad para cuidar la salud y la vida de los y las docentes.
“Desde UTE lamentamos la perdida de docentes en ejercicio de la cátedra y cumpliendo con la presencialidad obligada por el Ministerio de Educación de la Ciudad y abrazamos a toda su familia, amigos y compañeros”, expresaron en el documento.
“Convocamos a toda la comunidad educativa a una Jornada de Duelo y volvemos a reafirmar que la suspensión temporal de clases presenciales es una medida necesaria e imprescindible para bajar los niveles de circulación del virus y no tener que lamentar más muertes evitables”, añadieron.
En esa misma línea, desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) indicaron que «en este gravísimo contexto epidemiológico, se requieren políticas restrictivas para cuidar la salud y la vida».
Y agregaron: «El incremento en 412 % de los casos positivos en las escuelas en el último mes, llegando a 5006 casos, evidencia la crítica situación. La suspensión de las clases presenciales es una medida indispensable para disminuir la circulación comunitaria».

18.4.2021

Mientras los contagios crecen exponencialmente, aumenta la pobreza, la precarización y la desocupación, los aumentos en la Ciudad no paran, a partir del domingo 18 comenzarán a regir las nuevas subas en peajes y subterráneos.

A partir de este domingo se aplican aumentos en los precios de los peajes de las autopistas porteñas y en los pasajes de los subterráneos de la Ciudad, siendo el segundo ajuste en lo que va del 2021, en medio de la segunda ola de contagios de covid-19 que vienen creciendo exponencialmente, al igual que la pobreza y la desocupación: un combo explosivo para las grandes mayorías.
En los peajes de las autopistas, la suba será del 25% y se sumará al incremento de 55% que se aplicó en enero. La actualización afecta a las concesiones de la empresa AUSA (estatal), como Perito Moreno, 25 de mayo, Illia y el Paseo del Bajo.
Con excepción del Paseo del Bajo, se aplican tarifas diferenciales en horarios pico que, de lunes a viernes, se considera entre las 07:00 y las 11:00 y de 16:00 a 20:00, en ambos sentidos. Los sábados, domingos, feriados y días no laborables con fines turísticos, el horario pico se extiende de 11:00 a 15:00 en sentido provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido al centro.
El cuadro tarifario publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, establece que los peajes para los automovilistas serán:
Autopista 25 de mayo/Perito Moreno: los autos pagarán $ 148,22 en horario pico y $ 104,63 en horarios corrientes (costaban $ 118,58 y $ 83,70, respectivamente).
Autopista Illia/Retiro II/Sarmiento/Salguero: $ 61,03 en horario pico y $ 43,59 durante el resto del día (se pagaba $ 48,83 y $ 34,88, respectivamente).
Peaje Alberti: $ 41,85 en hora pico y $ 33,13 en otros horarios. Antes se pagaban $ 33,48 y $ 26,51.
En el Paseo del Bajo, donde no se permite la circulación de vehículos livianos, la tarifa es plana durante todo el día y para todo tipo de vehículos pesados. Desde mañana, pagan $ 135,63 frente a los $ 108,50 previos.
En subte deberá pagarse $ 30 a partir de este domingo. Con respecto al aumento de tarifas en el subte, nada es destinado para el mantenimiento y limpieza del sector.
Desde este domingo, las tarifas de los subterráneos y el Premetro vuelven a aumentar luego de la suba aplicada en marzo.
A partir de este 18 de abril viajar en subte costará $ 30 (contra los $ 25,50 previos). El incremento es del 17,65% y se suma al 21,4% que habían aumentado en marzo.
Para el Premetro, la tarifa pasa de $ 9,10 a $ 10,70, lo que implica un aumento del 17,6%.
En el caso del subte, los viajeros frecuentes pagarán menos cuanto más usen el servicio. Entre el viaje número 21 y el 31 mensual, la tarifa bajará a $ 24. A partir del viaje número 31 del mes, el boleto costará $ 21 y para quienes realicen más de 41 traslados mensuales será de $ 18.
Los aumentos y tarifazos continúan en alza junto a los contagios en la Ciudad, los cuales fueron más de 3000 el viernes pasado y el Gobierno de Larreta no propone soluciones inmediatas para que la crisis sanitaria y económica no la sigan pagando las y los trabajadores.

16.4.2021

La fiscal Laura Monti señaló que se trata de un conflicto de competencia “originaria” del máximo tribunal. Un revés para Alberto Fernández.

La procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa iniciada este viernes por la ciudad de Buenos Aires, que solicitó que se declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días.
La opinión de la Procuración, que no es vinculante para la Corte, no se pronunció sobre si el decreto es constitucional, sino solo a la competencia. Monti sostuvo que el planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es de “competencia originaria” de la Corte, como lo son los planteos entre provincias o entre una provincia y la Nación.
La decisión de la Procuración contradice las declaraciones del presidente este viernes. Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que brindó luego de reunirse con Rodríguez Larreta, afirmó que la Corte no era el tribunal competente para decidir esta cuestión.
En el dictamen, Laura Monti indicó que “toda vez que, en el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”.
El Gobierno de la Ciudad presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto 241 que suspendió las clases presenciales en el AMBA del 19 al 30 de abril por la suba de casos de coronavirus en esa región.
El Gobierno de Larreta se muestra preocupado por las clases, pero realizó una apertura irresponsable de actividades, no invirtió en el sector de salud y la estructura edilicia en el área educativa es desastrosa, como denuncian los docentes. Ni el oficialismo, ni la oposición patronal están dispuestos a tomar medidas de fondo para evitar la circulación del virus, aumentar los presupuestos de salud, y garantizar medidas económicas para las mayorías populares.