Comunicadores del Sur

31.3.2021

Por Juan Borges

El padre de la víctima habló y analizó las audiencias del juicio que se está llevando adelante en el cual se encuentran acusados agentes de Prefectura.

Jorge Rego, padre de la víctima, dialogó sobre el juicio que se está llevando adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 en el cual se encuentra señalados agentes de Prefectura por el homicidio de su hijo. Se espera que las audiencias de debate continúen durante el mes de abril.
En este marco, la querella y la fiscalía señalan a Pablo Brítez por la calificación de “autor material del homicidio agravado” para el que se prevé la pena de prisión perpetua. Mientras que los uniformados Axel Díaz Guevara, Javier Fernández, Cristian López, Lucila Carrizo, Rubén Viana y Mariano Paredes serán juzgados por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
¿Cómo se fueron desarrollando hasta ahora las audiencias realizadas?
Jorge Rego: La primera fue realizada por zoom y las demás presenciales en el juzgado. La realidad es que estamos bastante conformes de cómo viene el juicio. Ya declararon los imputados López, Díaz Guevara y Viana. El testigo que presencio todo atestiguo y fue el testimonio más importante para nosotros.
¿La declaración del jefe de prefectura fue clave?
Jorge Rego: Si también declaro el jefe de Prefectura que estaba a cargo del operativo cuando lo mataron a Bocha y declaro que los imputados estaban fuera del lugar que se les había asignado. Eso los compromete bastante. Declaro que ellos no estaban para realizar control vehicular, que esa no era su función asignada sino para prevenir en la zona. Además, declaro que los prefectos acusados no le notificaron que le habían disparado al Bocha. De hecho, informaron que “había sido una noche tranquila”. Al otro día cuando se enteró del hecho dio los nombres de todos los implicados en el hecho.
¿Qué otros testimonios fueron importantes para la querella?
Jorge Rego: También declaro el de balística, quien perito el arma homicida de Pablo Brítez. Además, refuto la teoría del abogado defensor del homicida quien sostenía que el imputado disparo la primera detonación pero que los demás balazos fueron involuntarios. El perito balístico comprobó que todos los disparos fueron voluntarios. También un testimonio clave fue el médico forense quien realizó la autopsia que dejo en evidencia que a Bocha lo mato el segundo balazo que ingreso por su espalda dañando todos sus órganos internos refutando la teoría de la defensa del homicida que sostenía que había fallecido por el impacto del choque de la camioneta Partner contra un poste de luz.
El prefecto López compañero de Brítez mintió en su declaración, pero acepto que habían escondido las vainas de los disparos. Pero por suerte las demás vainas las encontró balística cuando peritaron el lugar.
¿Qué sigue en las próximas etapas de juicio?
Jorge Rego: Durante el mes de abril van a seguir las audiencias. Faltan declarar todavía Rubén Viana, que ya declaro una parte. También Lucila Carrizo y Javier Fernández que todavía no declararon y además falta el asesino de Pablo Britez que en todas las audiencias no levanta la mirada, mira al piso. Debe ser la culpa de semejante barbaridad que cometió. Confiamos en que habrá justicia.

31.3.2021

Al cumplirse un nuevo aniversario del incendio del taller textil clandestino donde murieron seis personas migrantes víctimas de la explotación laboral, de trabajar, vivir y comer en el mismo lugar, se realizó un gran acto por justicia y para que el lugar sea un espacio de memoria.

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil clandestino que funcionaba en la calle Luis Viale, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó la vida de cuatro niñes, un adolescente y una mujer embarazada.
Sus nombres: Juana Villca Quispe de 25 años de edad, Wilfredo Quispe de 15, Elías Carbajal Quispe de 10, Rodrigo Quispe Carbajal de 4, Luis Quispe de 4 y Harry Rodríguez Palma de 3 años.
No era el primer incendio que ocurría en ese lugar, pero la desidia patronal, junto a las condiciones de extrema precariedad y explotación impuestas en el taller clandestino, habilitaron la repetición del siniestro.
En junio de 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal N° 5 condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, a trece años de prisión por reducción a la servidumbre, y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.
Sin embargo, en mayo de 2019 los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños, del Juzgado Criminal y Correccional Nro 27.
El juez Baños dictó el sobreseimiento de los empresarios por considerar que no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el lugar.
El fallo, derivado sobre todo de la “sospechosamente pobre actuación de la fiscal Betina Vota”, señalan desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, “no sólo desconoce la clara vinculación de ambos con el taller -al punto que eran también dueños del inmueble- y las declaraciones de testigos en el juicio que dicen que Fischberg visitaba el taller, sino que además constituye un monumental incentivo a la tercerización en talleres textiles de estas características”.
En otras palabras, a partir de este fallo las marcas pueden subcontratar a talleres clandestinos sin ningún riesgo legal.
Además, el fallo de Baños ordena restituir el inmueble a Fischberg y Geiler. No obstante, desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, junto a otras organizaciones sociales y gremiales de trabajadores textiles y costureros, reclaman la expropiación del inmueble para convertirlo en un espacio de memoria y contra la explotación laboral.
Más información: https://juicioluisviale.wordpress.com/

31.3.2021

Por La Retaguardia

Eugenio Veppo, autor de la muerte de Cinthia Choque y de haber dejado gravemente lesionado a Santiago Siciliano, ambos agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado este mediodía a 9 años y 3 meses de prisión por homicidio simple y lesiones graves. La querella del viudo de Cinthia había pedido 15 años; la fiscalía cinco años y la defensa la absolución. Veppo seguirá preso y fue inhabilitado para conducir por 10 años.

Unas horas antes de escuchar lo que finalmente fue su condena a 9 años de prisión, Eugenio Veppo dijo hoy que estaba arrepentido y que nunca imaginó que podía causar este hecho. Suele suceder: quienes tienen este tipo de situaciones por conducir a excesiva velocidad, creen que a ellos nos les va a pasar.
Aquel 8 de diciembre de 2019, Veppo conducía su Volkswagen Passat a 132,75 kilómetros por hora, un 90% más que la velocidad permitida. En la Av. Figueroa Alcorta y Tagle, Palermo, atropelló a Cinthia Choque, quien perdió la vida, y a Santiago Siciliano, que recibió graves heridas. Ambos estaban trabajando como agentes de control de tránsito del Gobierno de la Ciudad. Veppo no se detuvo y abandonó el auto con las ventanillas bajas en las cercanías del Hospital Fernández
Uno de los momentos más emotivos del juicio fue la declaración de Siciliano como testigo. Santiago declaró en detalles las consecuencias que le dejó el hecho y que le cambiaron la vida por completo. Entre esa situación dolorosa, contó la cantidad de cirugías que tuvo que atravesar. Una declaración rodeada de dolor, de angustia, de tristeza. Describió más de ocho operaciones.
Romina Dellagiovanna manejaba un remis esa madrugada. Recordó aquella jornada con mucha precisión: “Veo un auto que viene zigzagueante, cuando me pasó me sacó cinco cuadras de distancia. Cuando me pasa, sigue pasando autos. Yo venía a 70 kilómetros por hora”. La testigo refirió que más adelante vio algo volar: eran los carteles del puesto de control de tránsito en el que fueron arrollados Choque y Siciliano.
El abogado Andrés Gramajo, quien representa al esposo de Cinthia, Christian Iñigo, había descalificado durante su alegato al perito de parte de la defensa, quien poco menos que acusó a las víctimas de ser culpables. “Fue canallesco y vergonzoso. Hay que tener mucho estómago para hacerlo. Porque achacarles a los agentes de tránsito Cinthia y Santiago la responsabilidad de su propio atropello, aduciendo una irregularidad, sin precisar cuál es, es de una bajeza inusitada. Reprocharle al propio Santiago, que está presente en este juicio, haber sido irregular en el desempeño de su función…, cuyo único objeto es sembrar algún tipo de duda y enmascarar la conducción de Veppo, esto es de una bajeza absoluta e inusitada”, señaló Gramajo.
El fiscal Fernando Klapenbach había solicitado una pena 5 años y 10 meses de prisión. La acusación fue por homicidio culposo agravado en concurso ideal con el de lesiones culposas agravadas. La condena, si bien no cubre la expectativa total de la familia y amigos de Cintia y Santiago, resultó en ese contexto positiva.

30.3.2021

Producto de la crisis económica y la imposibilidad de readaptar las salas con la adecuación edilicia para reabrir sus puertas, el cine emblemático del barrio porteño de Belgrano, cerró sus puertas definitivamente.

Producto de la crisis económica y la imposibilidad de readaptar las salas con la adecuación edilicia para reabrir sus puertas, el cine emblemático del barrio porteño de Belgrano, cerró sus puertas definitivamente.
Su construcción se realizó en los años 40, y fue una referencia cinematográfica de la zona norte de CABA que trascendió décadas y generaciones. Su enorme recinto con platea, pullman y súper pullman, presidida por su fachada art decó de superficie curva y escaleras de mármol, ya no volverán a funcionar.
Los vecinos han iniciado una campaña por la reapertura de las salas y crearon cuentas en Instagram y Facebook con el nombre “Salvemos el cine General Paz”, donde se llama a “los vecinos/as, cinéfilos y todos/as aquellos amantes del arte a unirnos para que el cine mantenga sus puertas abiertas”.
Los motivos del cierre de la conocida sala del barrio de Belgrano, ubicado en la esquina de Cabildo y Rivera y con capacidad 1.500 espectadores, tienen que ver con la imposibilidad de adaptarse a los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de coronavirus.
Una situación similar estaría viviendo el Cine Arte Multiplex, de Cabildo al 2800, el cual tras habilitarse el ingreso del público en los cines aún no reabrió sus puertas.

30.3.2021

Desde las Consejerías de Vivienda advierten que desde el año pasado agentes uniformados y de civil de la Policía de la Ciudad vienen persiguiéndolos y hostigándolos, pero el último viernes recibieron directamente al teléfono de la organización una llamada del Área de Planificación de Servicio de la fuerza porteña buscando obtener información sobre la posible realización de una asamblea. Incluso el domingo se acercaron al lugar previsto para la actividad 3 patrulleros, pidieron datos y fotografiaron a los presentes.

Reproducimos comunicado:
DENUNCIAMOS PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD HACIA LAS CONSEJERÍAS DE VIVIENDA
A horas del vencimiento del decreto que suspende algunos desalojos, congela el precio de los alquileres y renueva automáticamente los contratos de alquiler, es lógica el alza de la lucha y los espacios de debate y decisión de inquilines para que sus derechos no sean vulnerados.
En el caso de nuestra organización, las Consejerías de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido más de 300 consultas y estamos actualmente acompañando un número de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulmón, autogestivo y nos consideramos independientes del estado.
Ya desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas.
Si bien nunca naturalizamos esto e intentamos darle un freno a través de diversas estrategias, vemos con preocupación que a horas de vencer el DNU 320 y cuando más imperiosa es la necesidad de lucha y organización, la persecusión se ha agudizado. El viernes pasado hemos recibido un llamado al celular de la organización, del Área de Planificación de Servicio de la policía de la ciudad, queriendo obtener información de si realizaríamos nuestra asamblea del domingo y en qué lugar. Obviamente, fue información que no brindamos. Sin embargo, el domingo, día de la Asamblea, se presentaron 3 patrulleros en el lugar (de la Comisaría 4B), sin que éste figurara en ninguna difusión pública. Se le tomaron los datos a un compañero de la olla popular como “garantía” que no se realizaría una Asamblea de vivienda en ese lugar. Sin que esto fuera suficiente, desde una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación, personal del GCBA mantuvo la guardia y comenzó a fotografiar a las personas presentes en el lugar, hecho por el cual se lo expulsó, ya que no contaba con ningun argumento que avalara estas prácticas persecutorias.
Denunciamos categóricamente estos intentos de intimidación, la organización y la lucha no son delito. Delito es espiar y perseguir al pueblo que demanda por sus derechos incumplidos. No nos van a doblegar y no vamos a tolerar más situaciones de este tipo. Las fuerzas represivas del gobierno de Larreta intentan, mediante el hostigamiento, impedir que avancemos con la fuerza de les de abajo, mientras miles de familias son desalojadas y muchas más vendrán si el estado no da respuesta después del vencimiento del DNU.
Se agradece máxima difusión, repudio y contar con la adhesión en un grito unánime contra el espionaje y el amedrentamiento contra organizaciones populares.
NI UN PASO ATRÁS
ABAJO LA PERSECUSIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
TIERRA Y VIVIENDA DIGNAS YA !