Comunicadores del Sur

20.4.2021

Con este fallo queda sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos de la ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad.

Un juez del fuero Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña en el litigio por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y envió el expediente a la Corte Suprema, medida que deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno Nacional.
De este modo, la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo ordena a la Ciudad que suspenda las clases presenciales hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la cuestión de fondo.
El fallo, que lleva la firma del juez federal Esteban Furnari, deja sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos de la ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad y que había sido avalada el domingo en una resolución por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña.
El lunes, la Procuración del Tesoro de la Nación había pedido la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial que suspendía las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires para mitigar la posibilidad de contagios de coronavirus ante un escenario de crecimiento exponencial de los casos.
La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo ordena a la Ciudad que suspenda las clases presenciales hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la cuestión de fondo
El planteo de la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Furnari, quien hoy se expidió.
Con el fallo de Furnari quedan suspendidas las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno nacional en su DNU, hasta que la Corte Suprema de Justicia se exprese al respecto.
Tras declararse competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito, la Corte anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión.
El fallo del domingo, a favor de la presencialidad en los colegios, generó el rechazo de los gremios docentes porteños, que convocaron ayer a un paro con alto acatamiento en las escuelas de gestión pública de la ciudad y actividad dispar en los establecimientos privados.
La disputa por la presencialidad se centró en el ámbito judicial tras un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario que el domingo avaló la vuelta a las aulas pese al decreto que ordenaba volver a la virtualidad en el AMBA frente a la exponencial suba de contagios de coronavirus.

19.4.2021

En el marco de la huelga que hoy desarrollan los docentes de UTE y Ademys, los docentes privados de Sadop, los judiciales de Sitraju y los estatales de ATE Capital, Daniel Catalano, calificó de «golpe blando» la decisión de Larreta de desconocer el DNU de Alberto y cuestionó a los jueces: «Que se presenten a elecciones en lugar de hacer estas cosas que generan debilitamiento institucional».

El secretario General de ATE Capital, Daniel “Tanito” Catalano, se refirió a la huelga que hoy realizan los gremios de la Ciudad tras el fallo que ordenó continuar con la presencialidad escolar y desconoció el DNU que disponía las medidas sanitarias: «El paro de hoy es de estatales, docentes y judiciales porteños. Paramos para garantizar la salud», aseguró Catalano.
Vale aclarar que la huelga de hoy la desarrollan los docentes de UTE y Ademys, los docentes privados de Sadop, los judiciales porteños del Sitraju y los estatales de ATE Capital.
En declaraciones, el dirigente sindical agregó: «Larreta está haciendo una desestabilización sobre el gobierno de Alberto Fernández. La sociedad no necesita un golpe blando».
E insistió en el concepto: «Esto es un golpe blando de Larreta a Alberto».
Además cuestionó a los jueces porteños que tomaron el asunto aun sabiendo que el Gobierno de la Ciudad había presentado su amparo ante la Corte Suprema por un tema de competencia: «Que los jueces se presenten a elecciones en lugar de hacer estas cosas que generan debilitamiento institucional».
Respecto de las presiones que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría hacer pesar sobre quienes vayan a la huelga, Catalano disparó: «Laburamos por $38.000. ¿Más presiones que eso?».

19.4.2021

Por Werner Pertot

Los legisladores porteños del FdT destacaron que la medida dictada por Marcelo López Alfonsín, María de las Nieves Macchiavelli y Laura Perugini para habilitar las clases presenciales en CABA no pasa «un test de constitucionalidad».

El bloque de Legisladores del Frente de Todos anunció que pedirá el juicio político a los tres camaristas que firmaron un fallo que le permitió a Horacio Rodríguez Larreta desafiar el DNU de Alberto Fernández que ordenaba dar clases en modalidad virtual por dos semanas. Los legisladores advirtieron que el fallo que ordenó que haya clases presenciales no pasa un «test de constitucionalidad», a lo que se suma la controversia sobre la jurisdicción –es un fallo del contencioso porteño que trata algo que corresponde al contencioso federal–, y reclamaron a los jueces que se «hagan responsables» por las consecuencias que puede tener su decisión en términos sanitarios.
Después de haber logrado mantener abiertas las escuelas con un fallo porteño, en la sede del gobierno porteño las expectativas estaban puestas en la Corte. Un alto funcionario de la Ciudad dijo a este diario que sería bueno que los jueces de la Corte fallen en días y no en meses. «Ya solo el traslado a las partes, son cinco días», se quejaba. De todas formas, por ahora el statu quo funciona a favor del gobierno porteño.
Mientras el gobierno nacional despliega su estrategia judicial, los legisladores del Frente de Todos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño a las juezas María de las Nieves Macchiavelli –hermana del secretario de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli–, y Laura Perugini y al juez Marcelo Lopez Alfonsin. En el comunicado calificaron el fallo de «arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad». «Los miembros del tribunal deberán hacerse responsables ante los habitantes de la ciudad y del país en su conjunto por el grave riesgo en que nos han colocado a todos y todas. El fallo de los jueces denunciados avasalla competencias constitucionales, demostrando un alevoso mal desempeño y un desconocimiento inexcusable del derecho», indicaron.
No fueron los únicos que los denunciaron: también se presentó la ONG Nace un Derecho, quien destacó que los jueces firmaron el fallo de forma digital mientras mandan a los docentes y a los alumnos a trabajar y aprender de manera presencial.
La legisladora Claudia Neira advirtió que el fallo «es un escándalo jurídico que pone en riesgo la salud de porteños y porteñas».
Su compañera de bloque Laura Velasco indicó que en la sentencia «priorizaron la estrategia electoral de Larreta en un momento de grave crisis sanitaria y con argumentos carentes de sentido en una situación institucional grave».
Por su parte, la legisladora María Bielli remarcó que el fallo «muestra que la Justicia prioriza, frente a la grave crisis sanitaria, la especulación política de Rodríguez Larreta».
En tanto, el diputado Matías Barroetaveña indicó que «la decisión del Ejecutivo de dar curso al fallo de la Justicia de la Ciudad es una aberración y demuestra el poco respeto por las instituciones y por la República que tanto pregona en los medios de comunicación». Según pudo saber este diario, en el gabinete de Larreta nunca dudaron sobre si aplicar o no el fallo, pese a la controversia sobre si podía dictar una cautelar sobre una medida nacional. «Larreta juega la personal poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas y todos, y será responsable de las consecuencias de esa estrategia», remarcó Barroetaveña.
En tanto, el senador Mariano Recalde recordó que la misma sala «que falló en forma exprés a favor de la Ciudad es la que en el último año no respondió 43 amparos de familias que reclaman una vacante en la escuela pública. Rápidos con Larreta, lentos con la gente».
El dirigente del PTS Patricio Del Corro también recordó que esa sala es «la misma que autorizó tarifazos del subte aunque demostramos que pasaban como gastos cenas de lujo de los gerentes». Y la legisladora Alejandrina Barry rememoró que «el juez López Alfonsín, en 2020 cuando era juez de primera instancia, rechazó una cautelar que presentamos para evitar que se instalen 80 mil parquímetros. Como premio, lo ascendieron a juez de Cámara». Desde la izquierda cuestionaron a las otras fuerzas opositoras que votaron los pliegos de esos jueces en agosto del año pasado. La diputada Myriam Bregman advirtió que «si la jueza Macchiavelli es parcial para definir asuntos de la Ciudad, ¿para qué la votaron todos hace siete meses? No hay que votarle las leyes a Larreta… Sus jueces no nacen de un repollo».

19.4.2021

Con un dictamen favorable de la Procuración, el Máximo Tribunal va a pedirle al Gobierno de Fernández una opinión sobre el amparo presentado por Larreta.

La Corte Suprema de Justicia se declaró este lunes “competente” ante la medida cautelar presentada el viernes por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que solicita la suspensión del decreto de Alberto Fernández que impide las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 30 de abril.
Este lunes la Corte recibió un dictamen de la Procuración General de la Nación, según el cual el los supremos son “competentes” para decidir en conflictos entre la Ciudad y la Nación.
Ahora la Corte enviará al Poder Ejecutivo Nacional le texto de la medida cautelar para que el Gobierno dé su opinión sobre los argumentos esgrimidos por Larreta en torno a la inconstitucionalidad del DNU. Cuando Nación responda el Máximo Tribunal podrá decidir. Según diversas versiones, si todo ocurre con rapidez, esta misma semana la Corte podría estar fallando tanto sobre la suspensión del decreto presidencial como sobre la cuestión de fondo, es decir si es o no inconstitucional el mismo DNU.

19.4.2021

Ya comenzaron a verse las señales de las represalias que sufren los docentes por adherir a una o a otra decisión judicial, respecto a la presencialidad durante las próximas dos semanas, que quedó suspendida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo -241-APN-PTE-, en el marco de la Emergencia Pública Sanitaria declarada por la Ley 27541.

Tal es el caso de dos docentes de la Escuela ORT -Mariana Sampaíño y Violeta Sznaider- con diez años de antigüedad en la institución, que fueron despedidas el viernes pasado, por sumarse a los distintos pedidos de virtualidad que realizaron los docentes y sus organizaciones sindicales de la ciudad.
Desde SADOP Capital rápidamente salieron a exigir “la inmediata reincorporación de las docentes despedidas de la Escuela ORT” y agregaron que “en el contexto de una pandemia que azota al mundo y a nuestro país el establecimiento decidió “incumplir el marco legal de protección del trabajo y su estabilidad” disparó el gremio de los docentes privados que se amparó en “el decreto 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional que establece la continuidad pedagógica por medios virtuales hasta el 30 de abril.
ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina. Tienen nivel primario, secundario y terciario y concretó dos despidos en medio de la polémica desatada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Porteño. “La Escuela optó por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acción que es antidemocrática, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa”, se quejó también el sindicato UTE, quien intervino en el caso.
Hasta el momento, no se ha hablado de descuento de los días que los docentes se ausenten a las aulas en Ciudad, algo que suele advertirse en otras situaciones, pero en éste carácter de excepción, se espera que no sea otra represalia que vaya en contra de los trabajadores docentes, que han tenido una tarea clave en toda la pandemia, tanto en tiempos de virtualidad como de presencialidad.