22.4.2021
Por Walter Córdoba*
Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie de Capital Federal, analiza la situación sanitaria de la Ciudad y la insistencia de Horacio Rodríguez Larreta de mantener abiertas las escuelas en plena segunda ola de coronavirus.
…“La escuela no contagia”, “El aula más peligrosa de todas es la que está vacía”…
En la Ciudad de Buenos Aires los ánimos están caldeados. En el pico más alto de contagios de la mayor crisis sanitaria que se tenga memoria, el Jefe de Gobierno porteño decide desafiar el último decreto presidencial que suspende, entre otras medidas, la presencialidad escolar durante el lapso de quince días, entre el 19 y el 30 de abril, en el epicentro de circulación del virus: el AMBA.
Vía política, mediática y judicial, Larreta ha decidido por estos días confrontar de lleno con el Gobierno Nacional, y con ello, abandonar cierto perfil moderado o dialoguista que venía cultivando durante la gestión de la pandemia.
Las clases presenciales se reanudaron en CABA hace dos meses. En ese momento había un promedio semanal de 639 casos positivos diarios. En la última semana ese promedio alcanzó los 3018 casos por día.
Es claro que la situación epidemiológica es muy grave y que el sistema de salud porteño se encuentra verdaderamente al límite de su capacidad de atención.
Con respecto al punto central de la polémica, sobre la necesidad de interrumpir las clases presenciales en las escuelas, existen algunos indicadores creados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, que se están utilizando en distintos lugares del mundo, como por ejemplo Alemania, donde se define: “un riesgo alto de transmisión en las escuelas cuando los casos nuevos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días es superior a 200”.
Actualmente, en CABA esta cifra alcanza los 1.150 casos. Según este indicador la suspensión de las clases presenciales estaría justificada por cinco.
Más allá de juzgar la medida en sí misma, una medida que tomó el ejecutivo nacional, entre otras, con el fin de disminuir la circulación de personas durante un lapso determinado de 15 días mientras se avanza simultáneamente en la campaña de vacunación y que se encuentra entre las opciones adoptadas por muchos otros países del mundo, desde Francia y Alemania, hasta Paraguay, Uruguay o Chile, lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que con casi 60 mil compatriotas fallecidos por COVID y con el mayor pico de contagios que hemos registrado hasta el momento, definitivamente no es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente.
Soledad Acuña habló en estos días sobre “la desazón” de los chicos por no ir a la escuela.
Los sectores populares somos los primeros en reconocer y valorar la importancia fundamental de la escuela pública en nuestro país.
Si vamos a hablar de cuidados y de responsabilidad del Estado en la educación de los chicos, es necesario puntualizar sobre algunos aspectos que se encuentran un poco más allá de las consignas publicitarias y un poco más acá de la realidad cotidiana de las familias que se encuentran al sur de la frontera.
En el distrito más rico del país el presupuesto educativo viene disminuyendo año tras año, se suspendieron en el 2015 el Plan nacional “Conectar Igualdad” y el Plan local “Sarmiento”, que suministraban notebooks para los estudiantes y durante el año pasado, no se invirtió en equipamientos y conectividad, amplificando la desigualdad entre los alumnos de las escuelas del sur y del norte de la Ciudad.
La Universidad Popular Barrios de Pie realizó una encuesta sobre 1.000 hogares del sur de la Ciudad donde se indagó acerca de la continuidad educativa de los niños y jóvenes durante el 2020.
La encuesta arrojó cifras alarmantes que hablan por sí mismas: el 80% de los y las estudiantes del sur de la CABA tiene poca o nula conexión a internet.
Respecto a la disponibilidad de dispositivos tecnológicos en los barrios populares, el 72,1% tienen entre cero y un dispositivo por grupo familiar: el 58,8% cuenta con un solo dispositivo que se comparte entre los miembros de la familia y el 13.3 no tiene ningún dispositivo.
Sólo el 25,4% cuenta con un dispositivo para realizar sus tareas escolares.
A más de un año que se suspendieron por primera vez las clases presenciales por las necesidades sanitarias, el gobierno porteño no entregó todavía ni una sola computadora.
A pesar de las consignas de alto impacto emocional que pronuncian Larreta y Acuña por estos días delante de las cámaras, no es necesario retrotraerse demasiado lejos para señalar lo contradictorio y vacío de sus discursos.
El presupuesto educativo 2021 de la Ciudad es el más bajo de toda su historia. En los últimos 5 meses se han realizado recortes que rondan el 70% en el área de infraestructura escolar, tanto en lo referido a la construcción de escuelas nuevas como a refacciones.
En enero de este año, se conoció otro importante recorte sobre el Plan Sarmiento: se quitaron 371 millones de pesos de este programa y se los destinó en forma de subsidios a la escuela privada.
Todos estos recortes sobre la escuela pública los ejecutaban Larreta y Acuña mientras se mostraban muy preocupados durante el verano por el inicio del ciclo lectivo y el regreso a las clases presenciales.
Cuando se apagan las cámaras, los sectores populares sabemos muy bien que en la Ciudad de Buenos Aires la brecha de acceso y oportunidades es injustamente grande.
Sin embargo, tanto la salud como la educación son derechos que deben garantizarse para todos y todas por igual.
Los movimientos sociales en conjunto con las comunidades educativas, seguiremos reclamando a Larreta y Acuña que asuman su responsabilidad respecto a la educación de nuestros pibes y pibas, y en paralelo, seguiremos construyendo redes comunitarias en cada barrio para sostener la escuela pública.
En contextos de pandemia, de vulnerabilidad social y de abandono del Estado, son las mujeres quienes mayoritariamente siguen sosteniendo los hogares y las comunidades.
Madres, hermanas, cocineras, trabajadoras de la educación y militantes sociales seguirán organizando los reclamos al gobierno porteño para que garanticen el derecho social a la educación, mientras continúan día a día en sus trincheras, realizando tareas esenciales muchas veces no reconocidas.
*Coordinador de Somos Barrios de Pie Capital y consejero del CESBA