Comunicadores del Sur

27.8.2021

Por Prensa FOL

En el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de la ciudad de Buenos Aires se organizó la Comisión de Vivienda, donde en el intercambio de experiencias y saberes crece la solidaridad y se generan herramientas para enfrentar de manera colectiva serios problemas estructurales en los barrios populares.

El déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires golpea cada vez más fuerte a los sectores populares, afectando a miles de personas tanto por la falta de vivienda como por la calidad de las mismas. En las villas y barrios populares sus habitantes sufren la falta de servicios básicos como agua, luz, gas, y muchas veces se dificulta el acceso de ambulancias y bomberos.
El problema habitacional no es nuevo en la ciudad más rica del país. Han transcurrido décadas de gobiernos que no sólo no han dado una solución concreta a la población vulnerable, sino que favorecen a los negocios inmobiliarios. En muchas ocasiones dejando el triste saldo de desalojos, personas en situación de calle, y la avanzada en la construcción de torres para viviendas, comercios y shoppings.
Tal como sucedió ayer, en la Legislatura porteña, al dar media sanción al acuerdo entre IRSA y el Gobierno porteño para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el Río de la Plata, en Costanera Sur.
Frente a esta situación, las organizaciones sociales se unen y conforman espacios como coordinadoras, donde toman las mejores herramientas de lucha y se forman para brindar apoyo y solidaridad.
“Estamos en la Comisión de Vivienda FOL CABA y en una coordinadora, donde nos enteramos y tomamos contacto con situaciones de desalojo, colaboramos con la personas en situación de calle, entre varias cosas que hacemos”, expresa Balby.
Balby explica cómo trabajan en la Comisión, la cual está dividida en cinco sub comisiones: desalojos, urbanización, administración, nexo género y vivienda, y autogestión.
“En la subcomisión que es Desalojo estamos en contacto con las personas que tienen desalojos por algún motivo y con el FOL o algún vecino hacemos el seguimiento. Lo primero que hacemos es solidarizarnos, si necesita mercadería le llevamos y podemos recibir donaciones como frazadas, ropas. Hace tiempo en la calle Virrey Ceballos una casa de 20 familias se quemó y estuvieron en la calle y después encima llovió, así que los vecinos ayudaron a que estén en una carpa. En un lapso de 10 días nos solidarizamos con mercadería y junto con varias organizaciones acompañamos ese proceso en el que los vecinos se unieron e hicieron una marcha a Pavón y Entre Ríos (Ministerio de Gestión y de Acción Social). Ahí tuvieron una mesa de dialogo donde pudieron conseguir algo.
Urbanización está relacionado con la infraestructura, que es lo que está pasando en las villas. Tenemos la 1-11-14, la Oculta, Retiro, la 21-24. En las villas suele pasar que alquilan y de un día para el otro los sacan, como no hay ley ni reglas entonces ahí vamos acompañando a las vecinas y vecinos que se acercan. También vamos cuando hay problemas de agua, de luz
Hace poco acompañamos unos abuelitos desalojados hasta que se logró que se los deje en su lugar.
En Administración trabajamos con el tema del subsidio habitacional. Un grupo de compañeras se encarga de asesorar a las personas en situación de calle, nos ocupamos de que tengan todos los papeles, si no llegaran a poder completar el informe social que quizás es lo más difícil nos encargamos de guiarlas y de ponerlas en contacto con una asistente social.
En el caso de Nexo Vivienda Géneros ahí se ocupan dos compañeras de tomar lo que la comisión de géneros nos pasa para subsidios y esas compañeras se encargan exclusivamente de lo que ya aprobó géneros y acompañamos hasta que salen de Pavón y Entre Ríos con el cheque o tarjeta de subsidio habitacional en la mano.
En Autogestión estamos trabajando con el MOI – Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, una organización social, política y territorial por la vivienda y el hábitat popular, que son especialistas en alquileres colectivos, viviendas colectivas, nos están formando en eso. Intercambiamos con ellos, nos dan su experiencia y nosotros nos hacemos presentes en las movilizaciones conjuntas.
Hicimos hace poco un recorrido en sus viviendas cooperativas en Ciudad. Fuimos, observamos, miramos, aprendimos para un futuro, quien dice no tengamos una cooperativa de vivienda FOL, como hay en Florencio Varela”, dice contenta Balby.
La compleja situación habitacional de muchas y muchos vecinos empuja a buscar soluciones y la forma que encontraron las y los integrantes del FOL es la organización colectiva.

26.8.2021

Por Ma. Daniela Yaccar

Tras la designación como director de la escuela Tomás Santa Colona de un apologista de la dictadura, el gatillo fácil y la misoginia, los padres, maestros y representantes de los gremios docentes hicieron un abrazo simbólico a ese colegio para reclamar al Gobierno de la Ciudad la revocación del nombramiento

Patricia Romero eligió para su hijo la Escuela Nº 2 Tomás Santa Colona, del distrito escolar 8, en Parque Chacabuco, por una razón: la conforma «una comunidad pequeña y tranquila», de 120 alumnos y siete docentes. Pero esta semana la tranquilidad se terminó. El nuevo director de la institución es Gustavo Albónico, un hombre que en sus redes ha defendido la dictadura militar, se ha pronunciado a favor del gatillo fácil, ha pedido el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. «No permitamos que esto embarre y ensucie esta hermosa escuela», expresa preocupada Patricia, micrófono en mano, en un abrazo simbólico este miércoles por la tarde en las puertas del establecimiento. Padres y docentes de los gremios Ademys y UTE-CTERA pidieron al Ministerio de Educación porteño la revocación del nombramiento.
En mayo, Albonico había sido designado para el mismo cargo en la Escuela Nº 6 Manuel Dorrego, del distrito escolar 10, en Saavedra, y el rechazo de padres y maestres había motorizado su renuncia. «Cambié a mi hijo de una escuela grande y lo traje a esta porque tiene el concepto de unidad y diversidad. Nos sentimos avasallados«, dice a Página/12 Patricia, que hacía un rato había tenido un debate con otra mamá. «Ella me decía que esas declaraciones forman parte de su vida personal. Le respondí que no puede decir eso: él es el que tiene que guiar a mi hijo en el camino durante ocho horas en la escuela. Si le plantea un abuso, un bullying… ¿cómo lo va a interpretar este director?«, agrega la mujer. «Indignación, incertidumbre, inseguridad, pena»: esos son los sentimientos que comunican algunos de los papás presentes en la movilización. En el abrazo se ven también niños y niñas que recién salen de estudiar. Las maestras de la escuela, temerosas, no quieren hacer declaraciones.
El Ministerio se desliga del asunto de los nombramientos argumentando que son automáticos, por acto público; pero para los docentes la cuestión no pasa por ahí. «La comunidad educativa y los sindicatos ya se habían manifestado en torno a este personaje. El Ministerio debería haber tomado cartas en el asunto. Abrir un sumario, una investigación respecto a sus declaraciones, incompatibles con la conducción de una escuela, y que eso desemboque en alguna sanción«, explica la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín. «Que él haya continuado con la posibilidad de ejercer un cargo de conducción quiere decir que el Ministerio no tomó las medidas necesarias para que no acceda», concluye.
Entre las publicaciones de Albónico en redes sociales se encuentra un tuit que, en abril, adhería al hashtag AbranLasEscuelas con el «detalle» de que la foto era la de la Escuela de Mecánica de la Armada. Además, se rió de una violación, se pronunció a favor del cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres y defendió el gatillo fácil, en la mayoría de los casos a través de retuits. Su cuenta ahora está inactiva. Para los gremios, sus posturas atacan el estatuto docente. En mayo, cuando tuvo que dejar el colegio de Saavedra, fue designado como vice de la escuela 10 del distrito 9, Manuel Láinez, un cargo que al parecer no ejerció.
Toda la protesta en su contra transcurrió con Albónico dentro de la escuela en su segundo día de trabajo. En un momento quedó solo junto al personal de limpieza, cuando las docentes, la vicedirectora y los chicos ya se habían retirado. Patricia dice que al asumir se comportó como «dueño y señor»: «ni pasó por la Supervisión» antes de sentarse en su escritorio. Ingresó, dicen, acompañado por un funcionario. El día del abrazo no habla de manera oficial con la prensa. Le comenta en off a un periodista que no va a dejar el cargo, que trabaja en la educación hace 30 años. Que le hacen esto por «anti-k» y que no puede ser que se arme semejante revuelo por unos tuits, a los que, como se ve, aún defiende. En las baldosas de la calle Santander 1150 hay pegadas unas fotocopias con letras negras con una leyenda en rechazo al nombramiento. Un auto estacionado enfrente que detrás tiene pegados calcos de Seineldín y una virgen despierta curiosidad entre les manifestantes: ¿sería el vehículo del nuevo director? El auto se retiró antes que Albónico.
Otra madre que toma el micrófono es Mariana Bermejo, titular de la cooperadora escolar. Para ella, la designación está «completamente en contra de los valores democráticos y de derechos» que siempre defendió la institución. También es oradora Alejandra Varela, directora de la escuela durante 11 años, hasta que comenzó la pandemia. «¿Cómo va a transmitir el espíritu del diseño curricular y la ESI pensando de tal manera?», pregunta. Hasta aquí, la Escuela Nº2 «llevó a la práctica todo lo que el ministerio de Educación pide trabajar: la palabra, el diálogo, la defensa de derechos, la igualdad y el trabajo con ESI», puntualiza Varela a este diario. Ahora toda esa tarea queda en la incertidumbre.
Matías Zalduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE, manifiesta: «Enseñamos la memoria, la verdad y la justicia. No podemos tolerar al frente de las escuelas a una persona que haga apología de la última dictadura, la misoginia y la violencia. Nunca más es nunca más«. Lee un saludo de Taty Almeida. Los gremios presentaron a la Legislatura porteña este miércoles una declaración para que el cuerpo repudie las expresiones de Albonico e inste a la cartera que encabeza Soledad Acuña a intervenir en el conflicto. Por otro lado, este martes, una reunión entre padres, docentes y dirigentes sindicales con el supervisor del distrito, José Sánchez, derivó en un acta que plasmó la disconformidad con el nombramiento. Al respecto, Varela subraya que el tema no puede quedar en manos de la Supervisión del distrito.
Desde el Ministerio ya indicaron que no tomaran ninguna decisión respecto de Albónico. «No sólo no queremos que esté al frente de nuestra escuela: no puede ser que vaya pasando de escuela en escuela. Eso tiene que ser porque tiene respaldo del Ministerio o algún lado de poder. Una persona así no puede estar a cargo de ninguna escuela», sentencia Bermejo.

26.8.2021

Este jueves 26 de agosto se reunieron la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura Porteña para tratar las masacres de Cromañón y del taller clandestino de Luis Viale.

El encuentro comenzó a las 17, en el marco de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional del Parlamento porteño, en tanto que las organizaciones de familiares y sobrevivientes dieron una conferencia de prensa a las 16.30 en las puertas de la Legislatura, en Perú 160.
La Legislatura porteña realizó este jueves una reunión con familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de Cromañón, en la que murieron 194 personas en un boliche; y de Luis Viale, donde fallecieron una mujer y cinco niños por el incendio en un taller textil clandestino; para abordar los proyectos que buscan que ambos edificios sean expropiados y convertidos en «centros de memoria».
El primer proyecto
El primer proyecto plantea que el edificio del boliche de la zona de Once, propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio- sea expropiado para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad».
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
El 30 de diciembre del 2004, unas 194 personas, en su mayoría jovenes, murieron al quedar atrapadas dentro del local bailable, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado, durante un recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.

El segundo proyecto

Los proyectos fueron presentados en 2021. Foto: Analia Garelli
El segundo expediente, que está impulsado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, destaca «el interés por preservar el sitio» a partir de «connotaciones afectivas y racionales».
«Las primeras están relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación«, agrega la iniciativa.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las «habitaciones», en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
El 30 de marzo del 2006 se desató un incendio en la planta superior por un desperfecto eléctrico y causó la muerte a seis personas que no pudieron escapar por el humo: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años.

25.8.2021

Por Nicolás Milli

En el acto estuvieron Larreta, Bullrich y Lousteau. A Macri prefirieron no mostrarlo. Apuntó hacia los bolsillos del empresariado e inversores, simuló empatía por la difícil situación laboral de los jóvenes y confrontó con el oficialismo alrededor de los privilegios, de los que ella y su clase social también gozan.

A menos de 20 días de las primarias legislativas, Vidal se mostró este miércoles encabezando un acto en Parque Patricios. Habló de impuestos, de la situación de los jóvenes y polarizó con el Gobierno, hablando de privilegios, libertad y súper poderes. También hizo demagogia con la apertura de escuelas, prometió derogar la Ley de alquileres y recuperar los fondos de coparticipación que se disputan con el gobierno nacional, entre otras cosas.
En lo que fue un discurso para distintos sectores del electorado de la Ciudad de Buenos Aires, “la leona” intentó diferenciarse del gobierno nacional pero también de las otras listas que competirán dentro de Juntos por el Cambio. Buscando capitalizar los años de ese espacio político siendo oficialismo en el distrito, le pidió a los porteños que con su voto “acompañen esa forma de ser y de trabajar que va más allá de un apellido”. Sobre su discurso, varios señalaron un tono más duro y de menor moderación que el que venía ensayando.
Podría decirse que fueron dos los ejes principales del acto. Uno, las 23 “propuestas” que su espacio plantea para llevar al Congreso, y el otro, la confrontación con el Gobierno nacional alrededor de los tópicos de siempre, como los privilegios, los muertos en pandemia, la apertura de escuelas y la “libertad”.
Algunas de las propuestas de campaña incluyen distintos tipos de exenciones impositivas para quienes “creen” empleo, sobre todo para los empresarios que contraten jóvenes. Es decir, fondos estatales para los “costos” empresarios a la hora de contratar jóvenes. Vale tener en cuenta que más del 70 % de les jóvenes trabajan en condiciones de precarización en el país. El gobierno de Juntos por el Cambio y el de Vidal entre 2015 y 2019 no solo no revirtieron esta realidad estructural sino que la profundizaron. También prometió que promovería una exención del monotributo para este sector, como si fuera una solución para quienes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y se encuentran muchísimas veces en una relación de dependencia velada.
En el mismo tono planteó que buscará que en el Congreso se sancione una normativa que otorgue más “garantía de estabilidad fiscal” a inversores. Esto es, medidas que garanticen una mayor rentabilidad para los sectores del capital financiero que especulan y exigen reformas estructurales en contra de las mayorías trabajadoras y pobres.
Citó al economista Martín Tetaz para promover “independizar el Banco Central”, como supuesta medida para “bajar la inflación”, una muestra clara de demagogia, siendo parte de una fuerza política que prometió bajar la inflación y se fue con uno de los picos de los últimos años.
Apuntó también contra la Ley de Alquileres, prometiendo derogarla y demostrando que no solo tiene demagogia para los sectores populares, sino también muestras de pleitesía a los más poderosos de la burguesía. La propuesta de derogar una ley que, con todas sus limitaciones implicó algunas mejoras para millones de inquilinos, siempre rehenes de las grandes inmobiliarias, deja en claro la orientación política de Vidal.
Además de estos ejes, gran parte del discurso se ocupó a confrontar con el gobierno nacional. El escándalo en la quinta de Olivos y el debate en torno a la presencialidad escolar fueron algunos de los temas elegidos para polarizar. Volvió también sobre la discusión con el oficialismo por la coparticipación de los fondos de Ciudad, denunciando que fueron “sacados de manera injusta e intempestiva”.
La ex gobernadora optó por hacer énfasis en los privilegios ligados a la política: “Siempre que miramos para el lado de los privilegios, está la política” señaló, intentando hacerle el daño restante al gobierno nacional por el escándalo del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez.
La crítica a Alberto Fernández es válida: mientras hacía eje en la responsabilidad individual y empoderaba a las policías en el peor momento de la pandemia, gozaba del privilegio de poder incumplir las medidas de aislamiento (que a muchos jóvenes les costó la represión, el verdugeo e incluso la desaparición, como en el caso de Facundo Castro, entre otros más).
Pero Vidal habla como si no perteneciera a la misma casta política que representa los intereses de los dueños del país y las multinacionales, al tiempo que recibe sus “vueltos” y prebendas, a través de todo tipo de negociados pero también de los altos salarios y dietas que nada tienen que ver con la de cualquier trabajador. Habla como si no hubiera salido a la luz que una dirigente de su espacio, Elisa Carrió, también hizo un cumpleaños con 70 personas en plena pandemia.
El uso de un tono más confrontativo con el oficialismo, de grieta, Vidal apunta a consolidar a su núcleo duro de votantes además de tratar de contener lo que pueda escapársele por la vía de López Murphy en la interna, o con los candidatos con un discurso más de derecha como Milei.

25.8.2021

El 30 de diciembre de 2004, el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once, se incendió durante un recital de la banda Callejeros. Esa noche fallecieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Un año y tres meses más tarde, el 30 de marzo de 2006, hubo otro fatídico incendio: el del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, donde falleció una mujer embarazada y cuatro menores de edad. Ambos hechos tienen distintos puntos en común: fueron masacres que pudieron haberse evitado.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de ambos hechos esperan que la Legislatura porteña trate dos proyectos de expropiación de los edificios donde sucedieron las masacres. De esta forma, podrían convertirse en espacios de memoria, y dejarían de estar en manos de los mismos dueños de siempre.
Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, explicó en diálogo con Notas que la recuperación de los edificios es, por un lado, “reparatorio hacia familiares y sobrevivientes” y, por el otro, un hecho de bien “para la Ciudad y para el país”. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, añadió.
Uno de los dos proyectos, el vinculado a la masacre de Cromañón, plantea la expropiación del boliche cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que al momento del incendio, y quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber sido considerado como responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.
Para Silvia, “Levy es una persona peligrosa para el barrio, para la ciudad, y para cualquier pibe y piba”, ya que “no era simplemente alguien que tenía el lugar, sino que tomó decisiones contra la vida de las personas”.
Algunos ejemplos podrían ser las puertas de seguridad con candados, la construcción de canchas en los techos que obstaculizaban la ventilación, o el funcionamiento de un taller clandestino encontrado durante una inspección ocular. “Levy representa el mal para este barrio. Tenía un prostíbulo que nosotros hemos denunciado”, recordó Silvia.
Según Bignami, Levy “realmente representa muchas cosas malas, sin hablar de que apenas le devolvieron el inmueble tapió por dentro las ventanas. No sabemos lo que está haciendo, y también han pasado cosas en el espacio del santuario desde que él se hizo cargo. Es tremendo, es un acto muy fuerte de impunidad que lo tenga él al edificio”.
Actualmente los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen un santuario en la calle Bartolomé Mitre, un pequeño rincón de la ciudad lleno de murales y objetos de las víctimas fatales que es sistemáticamente vandalizado. «La protección del santuario debería ser tarea de la Comuna 3, pero se ocupan cuando nosotros denunciamos”, dijo Silvia, que agregó que “siempre dicen que son las personas que viven en la calle, a veces es simplemente mugre, y otras veces directamente tapan los murales, es difícil pensar que es gente de la calle».
El edificio donde funcionó el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, sigue en manos de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron sobreseídos en el marco de la causa que condenó a los capataces del lugar, que recibieron una pena de 13 años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte.
Las víctimas -todos migrantes de Bolivia- vivían en el galpón incendiado, y eran explotadas laboralmente junto con otras 61 personas (25 de ellos eran menores de edad). Sus jornadas comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las dos de la madrugada, los sueldos eran la cuarta parte de un salario correspondiente a una jornada de ocho horas y nunca se pagaban a la fecha prometida. En la planta baja del taller estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. Arriba dormían adultos y menores separados por telas y tabiques.
Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre y miembro de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, dijo a la agencia de noticias Télam que están «decididos a pelear por la expropiación del galpón a los dueños, que son los mismos del 2006, porque este caso quedó impune, entonces no queremos que vuelva a ocurrir allí otra masacre».
“Buscamos que el lugar sea un espacio para las próximas generaciones, para nuestros hijos, que tengan donde organizarse y capacitarse porque las víctimas de Luis Viale eran todos inmigrantes bolivianos que no sabían nada sobre los derechos ni a quién recurrir”, completó.
Este jueves a las 15 horas, miembros de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale y del Movimiento Cromañón, junto a personalidades distinguidas de la lucha contra la violencia institucional como Nora Cortiñas o Emilia Vasallo, participarán de una reunión ad hoc de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.
Ese día, las organizaciones se concentrarán frente al Parlamento para seguir exigiendo que el tratado de los proyectos de expropiación avancen en la Comisión de Derechos Humanos. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, concluyó Bignami.