Comunicadores del Sur

8.5.2021

Docentes, familias y sindicatos se movilizaron ante la muerte de tres trabajadores de la educación en las últimas 24 horas a causa de Covid. Hicieron responsable al Gobierno de Fernández que no garantiza la vacunación masiva mientras los laboratorios siguen amasando fortunas y a Larreta que insiste con una presencialidad en la Ciudad que se lleva la vida de trabajadores.

La bronca estalló en las escuelas. Semaforazos, ruidazos, asambleas que terminaron con un bocinazo en Jefatura el viernes 7 de mayo a las 18:00, porque en las últimas 24 horas fallecieron tres trabajadores de la educación. Una de ellas, vice directora en la escuela 24 de Flores.
Marilina Arias, del Consejo Directivo de Ademys, denunció al respecto: “No queremos que nuestras escuelas se transformen en un lugar donde hay que hacer abrazos y ponernos una cinta negra para despedir a nuestros seres queridos, a nuestras compañeras. Estamos en medio de la Justicia y un DNU y nadie nos consulta nada, nadie sabe nada, ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Se necesita la vacunación urgente de todos los docentes y familias. Es inentendible a esta altura que las ganancias de los grandes laboratorios valgan más que las vidas de las familias”.
Federico Puy, docente de UTE del Normal 5 de Barracas, a metros donde ayer falleció un auxiliar de portería, dijo: “Estamos exigiendo urgente que el laboratorio de Hugo Sigman de Garín sea de utilidad pública y se liberen las patentes. Cada día que pasa que esto no se hace sufrimos una desgracia más en nuestras escuelas. Acá hay responsabilidad política de los gobiernos que no toman las medidas que hay que tomar. El 12 vamos a unirnos junto a las trabajadoras de enfermería. Con fotos y carteles con nuestros nombres de aquellos que perdimos en la pandemia. Son muertes evitables”.

7.5.2021

Por Julieta Azcárate

Contagios y muertes por Covid-19. Pobreza estructural, falta de agua, de vivienda. Desalojos violentos y falta de asistencia del Estado. Problemas que existen hace tiempo, pero que con la pandemia se agudizaron. Hablamos con referentes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, que reclaman respuestas urgentes del Gobierno.

Colchones apilados y algunas pocas pertenencias se acumulan en un rincón de la Villa 31, cerca de un complejo de viviendas construidas por el Gobierno de la Ciudad. Pertenecen a una de las familias que fueron desalojadas por haberla ocupado, por no tener dónde ir. Luego del desalojo de la policía, vuelven a quedar en la calle.
“Ahora estoy en la calle. Me quedé sin trabajo, sin casa, estamos viendo si nos quedamos en la casa de algún vecino. Nadie se quiere hacer cargo. Me quedé sin trabajo porque hoy empezaba, y no pude ir porque me dijeron que tenía a toda la policía enfrente de mi casa. Nos vinimos acá por necesidad y me dejaron en la calle de nuevo”, cuenta a La Izquierda Diario Liz, vecina que fue desalojada hace algunos días de un complejo habitacional ocupado.
La falta de vivienda es uno de los problemas estructurales de la Villa 31, como de todas las villas y barrios populares de la Ciudad más rica del país. Este problema viene hace años, sin embargo se agravó con la pandemia, junto a la agudización de la crisis sanitaria y económica.
Esta situación crítica ya se llevó la vida de cientos en de vecinas y vecinos de estos barrios, como Ramona Medina, de la Garganta Poderosa, o de hace unos días Teodora Olloa, por Covid-19.
Esto se suma a la creciente pobreza y pérdida de empleos durante la pandemia. Muchas familias se quedaron sin trabajo, sin poder pagar un alquiler y también sin asistencia del Estado.
Silvana y Eduardo, referentes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, denunciaron esta situación y expresaron el reclamo que vienen haciendo al Gobierno porteño:
“Después de un año, la situación es lamentable. Tenemos casos de covid que aumentan día a día, no tenemos asistencia por parte del Gobierno de la Ciudad, se cortó la asistencia alimentaria a los comedores, se cortó la asistencia a los casos estrechos, y de los elementos de higiene que llegaban. La asistencia estatal es nula”, denuncia Silvana. En esta situación de crisis económica, las familias no llegan a comprar ni alcohol en gel, ni barbijos, ni lavandina.
Por eso reclaman que les restituyan y aumenten la asistencia estatal alimentaria, sanitaria y que los vacunen. La ayuda, solidaridad y acompañamiento vienen de los propios vecinos y organizaciones del barrio: “Muchas familias se quedaron sin trabajo, están asistiendo a comedores comunitarios, están pidiendo ayuda a organizaciones sociales. La asistencia llega de parte de las organizaciones, vecinos y referentes organizados, y el Gobierno que es el Estado no garantiza las cosas mínimas de higiene. Ahora estamos exigiendo la vacunación, que nunca llegó a los barrios populares”.
Eduardo, por su parte, reclama que les garanticen las cuestiones básicas a quienes que se tienen que aislar por coronavirus: “El vecino o vecina con covid no tenía la opción de aislarse en un hotel. Tenía que volver a su casa, que podía ser una habitación de cuatro por cuatro, donde comparte baño y cocina con otras familias que están alquilando, y eso es un foco de infección en el barrio. Entonces exigimos que se garanticen hoteles donde se aíslen los vecinos que así lo soliciten. Y también se tienen que garantizar los alimentos e higiene, sino no van a cumplir el aislamiento porque no pueden”.
Ambos denuncian, a la vez que, continúan los problemas de falta de agua que había el año pasado, cuando estuvieron un mes sin agua. Aún hay manzanas que tienen problemas.
Respecto al tema habitacional, hace largo tiempo que vienen organizados y reclamando porque se garantice el derecho a una vivienda digna de los vecinos y vecinas del barrio. Denuncian que el Estado garantiza los desalojos, con policías y órdenes de allanamientos, pero no se encarga de que las familias no queden en la calle sin nada. Les dan subsidios miserables, que no les alcanzan para pagar un alquiler.
“Hoy en día este barrio tiene predios que están puestos para subasta pública. En esos predios, nosotros pedimos que se construyan más viviendas. La realidad es que la ley de urbanización que nos hicieron solo prevé viviendas para el sector del bajo autopista, donde habían familias que fueron relocalizadas en estos complejos, que se construyeron desde 2017 en adelante. Nosotros queremos que construyan más viviendas porque falta población por relocalizar. Falta la población inquilina, los desgloses de familias; hay familias que son históricas en el barrio y hoy lamentablemente sus hijos no pueden acceder a una vivienda y tienen que estar alquilando o viviendo hacinados en las casas de sus padres. Hay 1040 viviendas construidas nada más, que se construyeron solo para el bajo autopista, no se pensó en el resto de la población”.
Hay muchas familias que con la pandemia se quedaron sin trabajo, fueron desalojados y quedaron en la calle, y no les quedó otra opción que ocupar. El subsidio habitacional que les dan es de sólo 8 mil pesos. No les alcanza ni para un alquiler: “¿A qué alquiler se puede acceder hoy en día con esa plata, en esta situación económica? Los están dejando prácticamente en la calle”, denuncia Silvana.
Eduardo agrega: “Acá estamos en un proceso de urbanización hace más de cuatro años, van para cinco. Hicieron un censo entre 2016 y 2017, que ya quedó muy atrás y no hay reclamo para hacer el desglose familias. En el barrio se hicieron solo 1.000 viviendas, cuando acá en el barrio la ley 3343, que fue una ley de hace diez años de urbanización, hablaba de 2.000 viviendas. El Gobierno de la Ciudad ya ofrece menos, y estamos en una crisis habitacional porque ya somos más de 50 mil vecinos y vecinas que vivimos en el barrio”.
Sin embargo, el Gobierno porteño está lejos de dar respuesta a esta situación crítica que viven las familias de los barrios populares. Por el contrario, viene impulsando la venta de terrenos públicos como en Costa Salguero y los grandes negociados con las empresas constructoras, mientras miles siguen hacinados y en la pobreza, sin una vivienda digna. Así lo muestran en sus relatos Silvana y Eduardo y la realidad cotidiana de miles en la Ciudad.
Las vecinas y vecinos de los barrios populares, junto a las organizaciones sociales, continúan de pie y alzando su voz para reclamar al gobierno que garantice sus derechos básicos.

7.5.2021

Por Walter Córdoba*

El referente social recuerda a Teodora Olloa, cocinera del merendero Juana Azurduy de la villa 31 de Retiro, a días de su fallecimiento por COVID 19, el 3 de mayo. El reclamo más vigente que nunca de la necesidad de incluir a los y las trabajadoras comunitarias en las prioridades de la campaña de vacunación.

Hace unos días perdimos a Teodora al frente de la pandemia, luchando contra el hambre.
Teodora Olloa cocinaba para 70 familias en el merendero Juana Azurduy de la villa 31 de Retiro. Se nos fue otra compañera, otra luchadora, otra mujer solidaria que pese a sus propios problemas de salud, se ponía de pie para sostener la alimentación de las familias de su barrio.
Al principio preparaban viandas que se distribuían desde el merendero, pero cuando la segunda ola se puso brava, los más jóvenes empezaron a ir puerta a puerta entregando la comida a cada familia, y era Teodora quien coordinaba esa distribución.
Sabía muy bien dónde vivía cada uno, cuántos chicos había en cada casa, dónde estaban los aislados y dónde los adultos mayores. Ella era una mujer muy comprometida, porque sabía que la necesidad erap y sigue siendo, muy grande.
Incluso estando internada en sus últimos días en el Hospital Fernández, no dejaba de enviar WhatsApp y preguntar, preocupada, porqué había nuevas familias que pedían un plato de comida para llevar a su mesa.
Pero todo esto al gobierno de Larreta no le parece un trabajo esencial que merezca un lugar de prioridad dentro del calendario de vacunación.
En efecto, junto con el dolor que sentimos por la pérdida de nuestra compañera luchadora y solidaria, sentimos mucha bronca, porque este gobierno parece no oír los reclamos populares y nos deja al final de la fila.

Hace varios meses que las organizaciones sociales le venimos solicitando al gobierno porteño vacunas para quienes realizan todos los días un trabajo esencial de cuidado comunitario en los barrios populares. Sin embargo, pareciera ser que no sabe, no oye, no ve, o no le importa.
Pareciera ser que en la Ciudad de Buenos Aires las vidas de los sectores populares no valen.
“Los vecinos” siempre son los que pertenecen a un determinado sector y los rostros, las historias y las vidas de los sectores populares tienden a pasar desapercibidas y a no estar incluidas en la lista de prioridades, como si hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Teodora Olloa tenía 59 años, vivía en la Villa 31 con su marido, dos hijas y tres nietos en una vivienda demasiado pequeña para todos, luego que el plan de “urbanización” vinculado al negociado inmobiliario llegara al barrio y fueran desalojados de su casa que estaba ubicada en el sector Bajo Autopista.
Comenzó a trabajar en los comedores y merenderos de la zona hace siete años. Tenía un rol de coordinación en el merendero Juana Azurduy, y a su vez colaboraba y cocinaba para otro comedor de la zona.
Quienes compartían con ella las labores cotidianas destacan, además de su solidaridad y compromiso, su lado más amoroso, recordando cuando le cocinó ese ceviche, la comida preferida de una de ellas, en el día de su cumpleaños.
Por la memoria de Teodora Olloa, que se suma a la de Víctor “El Oso” Giracoy, Ramona Medina, Agustín Navarro, Víctor Ávila, Pedro Condorí, Salvador Benítez y Carmen Canaviri, una larga lista de trabajadores comunitarios fallecidos durante la pandemia.
Las organizaciones sociales vamos a seguir reclamando que el gobierno porteño reconozca nuestras voces y oiga nuestros reclamos: vacunas y reconocimiento para las personas que trabajan en el cuidado comunitario de los barrios populares. Cocineras, promotores en salud, educación, género.
Una inmensa red viene sosteniendo el tejido social, golpeado por la crisis de los años macristas, y ahora golpeado por la crisis producida por la pandemia, en su primera y segunda ola, tanto en su faceta sanitaria como económica.
Las organizaciones sociales sabemos que nadie se salva solo, es por eso que venimos redoblando esfuerzos y desplegando un trabajo local y territorial esencial.
Estamos presentes donde el Estado no llega: en las postas sanitarias, en el acompañamiento de aislados, orientando a los vecinos según los protocolos, en la distribución de insumos, en la asistencia alimentaria, en los apoyos escolares para los pibes y las pibas a los que el gobierno les negó sus notebooks y no les otorgó conectividad, en las consejerías de género ante la violencia machista y en la infinidad de tareas y urgencias que cubrimos a diario.
En la Legislatura se aprobó recientemente un proyecto de ley que promueve la vacunación prioritaria contra el coronavirus para quienes realizan trabajo de cuidados comunitarios en los barrios populares.
Estamos esperando que el gobierno porteño oiga por fin nuestros reclamos, o al menos cumpla con la reciente ley sancionada y vacune, en forma rápida y efectiva, a quienes todos los días arriesgan su vida en favor de sostener y cuidar a la comunidad en su conjunto.
Cuidemos a quienes nos cuidan. No podemos seguir siendo los últimos de la fila.

*Referente de Somos Barrios de Pie CABA, consejero del CESBA y secretario de Bienestar Social de la UTEP.

6.5.2021

Este jueves 6 de mayo, a las 13, Jóvenes de Pie y Movimiento Sur realizarán una clase pública en el Obelisco y en el Ministerio de Educación de la Ciudad para reclamar que se tomen medidas urgentes para solucionar el grave problema de conectividad que está dejando sin la posibilidad de estudiar a miles de pibes y pibas en todo el país.

Reproducimos convocatoria:
“Parece que el gobierno no sabe que la educación virtual no existe en los barrios populares y que tampoco existió durante el 2020, el tiempo que duró la cuarentena estricta.
Recientemente el Gobierno Nacional anunció la entrega de 633.000 netbooks a chicos y chicas de todo el país. Medida que consideramos necesaria pero no suficiente, ya que recién la primera entrega será de 80.000 equipos en julio y no resuelve la conectividad.
La semana pasada fue publicado el estudio “Efectos sociales del escenario Covid-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” elaborado por la Defensoría del Pueblo, que recoge datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El mismo arrojó que casi la mitad de los hogares situados en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron déficit de conectividad en internet, además de falta de computadoras durante el año pasado. Un 43,8 % de hogares de villas de la Ciudad no contó con computadora, a la vez que un 45,9% de los hogares no contaron con servicio de internet.
Los pibes y pibas de los sectores más humildes también necesitan estudiar y prepararse para el futuro. El 60% de nuestra juventud es está por debajo de la línea de pobreza y su única esperanza es poder formarse para poder conseguir un empleo en el futuro que los saque de la marginalidad a la que esta realidad insensible los condena.
Nuestras exigencias son:
– Acceso libre y gratuito al WiFi en las barriadas populares.
– Entrega de dispositivos (netbook) para poder estudiar. No hay futuro sin educación.
– Aumento de becas y eliminación de requisitos burocráticos innecesarios.
– ¡Allí donde hay cursada, que sea en condiciones seguras! Arreglo de todas las instituciones educativas y provisión de alcohol y kits sanitarios para docentes y estudiantes.
¡Que ningún pibe ni ninguna piba se quede afuera durante la pandemia! ¡La educación en nuestro país debe ser pública! ¡Estudiar no es un privilegio y sin conectividad no hay Educación!
¡QUEREMOS ESTUDIAR!
#QueNadieSeQuedeAfuera

5.5.2021

Por Hernán Cortiñas y Virginia Espeche

Este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional le dio la razón a Larreta. Acto seguido, el Consejo Federal de Educación dictaminó por mayoría especial que en las zonas de “alarma epidemiológica” las clases debían ser virtuales. ¿En qué quedamos? Un tire y afloje con los docentes y familias como convidados de piedra.

Este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional le dio la razón a Larreta. Acto seguido, el Consejo Federal de Educación dictaminó por mayoría especial que en las zonas de “alarma epidemiológica” las clases debían ser virtuales. Por su parte, la conducción del sindicato mayoritario UTE-Ctera convocó con un flyer vía Whatsapp al doceavo paro consecutivo sin haber impulsado ningún plenario general resolutivo desde el comienzo de la medida de fuerza. La docencia delibera en las escuelas y quiere hacer escuchar su voz junto a las familias y estudiantes, tomando el ejemplo de salud en Neuquén que transformaron su lucha en una causa popular y triunfaron superando a la burocracia y poniendo en jaque al Gobierno.

Justicia y Gobierno: Dime con quién andas y te diré quién eres

La Corte Suprema de Justicia, por vía virtual y desde sus cómodos sillones cobrando más de 10 veces el sueldo de un docente y sin tener que pagar ganancias, falló a favor de Larreta y las clases presenciales, reconociendo la autonomía de la Ciudad para decidir en materia educativa. En su argumentación se basaron en la resolución de febrero del Consejo Federal de Educación que tiraba abajo el semáforo epidemiológico y delegaba a cada jurisdicción la facultad de definir la suspensión o no de la presencialidad.
Con anterioridad, los jueces de la Cámara de Apelaciones porteña ya habían avalado las clases presenciales. López Alfonsín, Perugini y Macchiavelli, vinculados a la mesa judicial del PRO, no llegaron ahí solos. Fueron votados por Cambiemos, los radicales y todo el bloque del Frente de todos. Sólo el Frente de Izquierda se opuso.
Esta casta judicial, que nada tiene que ver con las necesidades de docentes, familias y estudiantes, desoye los reales reclamos de miles de escuelas que, a través de distintas iniciativas y en el marco del paro, expusieron la situación que se vive en las escuelas en medio de una crisis sanitaria, económica y social muy profunda. A la necesidad de suspender temporalmente las clases presenciales, suman la exigencia de conectividad y dispositivos gratuitos, IFE/becas de $40 mil para las familias y estudiantes sin ingresos, licencias pagas y, centralmente, un plan de vacunación masivo ya, basado en la declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience de Garín. Sobre estas cuestiones de fondo nada dicen.
En síntesis, jueces y funcionarios, con acuerdos e internas con los gobiernos de turno, se arrogan la potestad de decidir sobre la vida, la salud y la educación. No están en las escuelas ni conocen la realidad de estudiantes y familias. Solamente aportan a la disputa electoral entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y sus falsas preocupaciones por la educación o la salud. Sobre alimentación saludable y de calidad, internet gratuito, ingresos económicos de emergencia y vacunación, ni una palabra, ni dictamen, o fallo. Es una justicia de clase.
Ahora en un nuevo capítulo de la novela electoral Trotta anunció que el Consejo Federal de Educación dictaminó por mayoría especial, sin los votos de CABA y Mendoza, que en las zonas de “alarma epidemiológica” las clases debían ser virtuales acatando lo dictaminado en el DNU presidencial, y modificando lo que habían definido en febrero de este mismo año. A su vez, ayer mismo lanzó con bombos y platillos la distribución de computadoras que recién incluiría 80.000 dispositivos en julio, un número insignificante ¡a un año y medio del comienzo de la pandemia!
Desde un principio, llamamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en las maestras y maestros que, junto a la comunidad de sus escuelas, se organizan para decidir cómo seguir en una situación sanitaria crítica que requiere medidas de emergencia de fondo. Uniendo nuestros reclamos a los de otros trabajadores y trabajadoras que no quieren resignarse a vivir con migajas, ellos son las mamás y papás de nuestras escuelas. Ninguna expectativa en que los jueces y políticos, que viven alejados de la realidad de las mayorías, decidan por todos los que hacemos funcionar el sistema educativo.

UTE: Paros por flyer y WhatsApp, un método para que la lucha pierda sentido

A nivel sindical, las cosas no son muy diferentes. La conducción del sindicato
mayoritario UTE-Ctera, convocó con un flyer vía Whatsapp al doceavo paro consecutivo sin haber impulsado ningún plenario desde el comienzo de la medida de fuerza. La integración de la conducción al Gobierno nacional, que a su vez tiene conflictos internos en torno a qué medidas se toman o no previo a la negociación de Guzmán con el FMI, impone un corset a la lucha educativa. No quieren que se discutan los problemas de fondo que no se terminan en la General Paz, como el hecho de que 6 de cada 10 chicos son pobres, o que no hay derecho a la educación con una suspensión de presencialidad que no garantice dispositivos y conectividad. Mucho menos permite cuidarse a las familias que no tienen trabajo o que viven en la precariedad, ya que tampoco se pone en la mesa de discusión la necesidad de un nuevo IFE de $40.000 en medio de esta segunda ola de contagios.
La conducción de UTE tiene intereses propios, y es el enfrentamiento político contra Larreta en un año electoral. Por eso nada ha hecho contra Trotta mientras van más de 59 muertes evitables de docentes en el país por coronavirus y ninguna medida ha llamado la CTERA a nivel nacional, no solo contra la presencialidad en CABA, sino tampoco por la medida de suspensión a secas que dictó Alberto y que deja a miles de niñas y niños y jóvenes de la provincia sin acceso a la educación virtual. Es más necesario que nunca, que la conducción rompa con el Gobierno nacional y libere las fuerzas de nuestra herramienta gremial.
Cuando la bronca y el malestar empezaron a multiplicarse en las escuelas, sobraban motivos para convocar a espacios de deliberación de docentes y comunidad educativa, junto a otros sindicatos como Ademys y Camyp que llamaron a impulsar medidas de paro. Las fuerzas están, hay que organizarlas alrededor de un plan decidido democráticamente desde las escuelas. Los paros de 24 horas por WhatsApp, sólo crean incertidumbre y desorganización. No se dispuso de ningún mecanismo de consulta, mucho menos hay claridad de cómo se van a enfrentar los descuentos más allá de un formulario sólo para afiliados. La conducción del sindicato que nuclea a millones a nivel nacional, que tiene diputados nacionales, que maneja caja de obra sociales, pretende que los descuentos de hasta 16.000 pesos que aplicó el GCBA a muchas compañeras maestras, madres, sostén de hogar, se costeen sólo con un bolsón. ¿A qué se destinan los cientos de pesos que todos los meses aportamos al sindicato? ¿Por qué no se destina siquiera el aporte sindical de estos meses a cada docente que recibió descuentos por paro?
Están transformando una lucha que puede nuclear los reclamos del conjunto de la comunidad educativa por la salud, la educación y el trabajo, en un aval gremial para quedarse solos en casa y ser meros títeres del juego electoral de los dos gobiernos.
Como parte de la multicolor de UTE y oposición en el sindicato no podemos dejar pasar ese mecanismo de avisos que desgastan el cumplimiento efectivo del paro. Por eso una de las más importantes resoluciones de la asamblea abierta de Ademys es el llamado a la docencia, a UTE-CTERA y a todos los sindicatos que se oponen a estos ataques a la educación, a poner un pie una Asamblea Unificada de todo el gremio docente para deliberar la continuidad del plan de lucha.