Comunicadores del Sur

20.05.2024

El cierre de escuelas y la fusión de establecimientos educativos como escuelas y jardines de infantes en la Ciudad se han normalizado. Hace más de una década que las diferentes gestiones macristas implementan esta modalidad ante la fuerte demanda de miles de familias que exigen vacantes en la educación pública. Esta decisión política pone en riesgo la continuidad pedagógica de miles de chicas y chicos y afecta la organización de las familias.

Si bien la gestión de Horacio Rodríguez Larreta será recordada como la que más instituciones escolares cerró e intentó cerrar entre 2016 y 2023, como los 14 secundarios nocturnos, o el cierre de al menos cinco jardines maternales; el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, a pocos meses del inicio de su gestión, retomó el mismo camino que su antecesor.

La comunidad educativa del jardín N°3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, resiste el cierre de su jardín que, según lo informado por las autoridades porteñas el pasado 25 de marzo, cerrarían las salas de 4 y 5 del turno de mañana. Las familias junto a legisladores porteños presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil.

Tras el aviso de cierre, las familias denunciaron hostigamiento por parte de la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel, aseguran que recibieron llamados que si no aceptaban el pase a otro jardín iban a perder sus vacantes.

“Los directivos nos informaron que las salas iban a cerrar tanto en el turno mañana como el turno tarde, y que teníamos que elegir a qué escuela iban a ir nuestros hijos. Situación que vivimos cuando ya habían empezado el 26 de febrero, o sea, durante el primer mes que es de adaptación, que es donde todos los nenes y las nenas empiezan a conocer la escuela”, señala Susana Moreno, mamá de Román que asiste al jardín.

Algunas familias aceptaron el cambio de escuela pero la mayoría resistió el cierre del jardín. “Nosotros hicimos todo un trámite de inscripción en el mes de octubre del año 2023, posterior confirmación en diciembre del año 2023, posterior reconfirmación en febrero, previo al inicio de clases, y en ningún momento nos informaron ni que la escuela ni que esas salas iban a cerrar”, agregó.

Susana denunció que “las familias empezamos a recibir todo el tiempo llamadas telefónicas preguntándonos a qué escuela habíamos decidido mandar nuestros hijos, que ya nos habían asignado una vacante en otra escuela; recibimos correos con las mismas indicaciones, todo el tiempo mensajes en los contestadores diciéndonos las mismas cosas, o sea, un hostigamiento constante para que nos cambiemos”.

A un padre lo convencieron de firmar diciéndole que la madre de su hijo ya había firmado, lo cual era mentira. “Ante semejante atropello, algunas madres se pusieron en contacto con mis compañeros docentes de la agrupación 9 de Abril, y luego con las abogadas y abogados del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), con quienes presentamos una acción de amparo colectivo contra el GCBA por vulnerar los derechos de estos chicos”, contó la diputada porteña del FIT Alejandrina Barry.

La causa fue radicada en el Juzgado de 1ra instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 23, a cargo del Dr. Francisco Javier Ferrer, quien solicitó los expedientes administrativos correspondientes a los reclamos realizados por las familias del jardín, y que se informe sobre el posible cierre de las salas, los antecedentes de hecho y derecho, si se informó a los padres de dicha situación al momento de solicitar la vacante del año 2024, entre otros puntos.

“Esta es un pelea de mucho tiempo que venimos realizando con mi compañera Myriam Bregman y Patricio del Corro, y el colectivo Vacante para Todos, obteniendo fallos que nos daban la razón de que el Gobierno de la Ciudad no otorgaba las vacantes necesarias para todos los chicos, sobre todo en la zona sur de la Ciudad e instaba a que construyeran las escuelas necesarias. Mientras seguimos peleando por más vacantes creemos que este es un paso importante en evitar que los chicos y chicas pierdan su derecho a estudiar y que se siga exigiendo al Gobierno que resuelva la situación”, agrega Barry.

Además, las familias denuncian que la supervisión del distrito escolar número 5 informa que el jardín ya cerró y esconde las vacantes cuando cientos de familias piden un lugar en la educación pública. “La supervisión tiene el manejo de las vacantes, y cuando alguien pregunta por la escuela le dicen que ya está cerrada, que no toman vacantes, con lo cual eso no debería ser así porque el jardín está abierto y habilitado, los chicos están yendo y se pueden inscribir durante todo el transcurso del año”, explica Samantha Bonet, mamá de Túpac, que asiste al jardín.

“Lo que estamos haciendo ahora es tratar de informar a otras familias que el jardín sigue abierto y que sus hijos pueden anotarse para evitar que el Gobierno argumente falta de inscriptos y que la escuela siga abierta”, continúa Samantha.

Ante la solicitud del Dr. Ferrer el Gobierno porteño negó el cierre de cualquier sala que tuviera inscriptos. Argumentó que las inscripciones en línea sufren una baja año a año debido a la baja de la tasa de natalidad en la Ciudad.

Ante estos argumentos, la abogada del CeProDH, Agustina Ferro, manifestó que lo dicho por el GCBA “es totalmente falaz, la crisis de vacantes surge desde la implementación del sistema de inscripción en línea. Desde entonces toda la información relativa a las vacantes queda bajo la llave del mismo GBCA que desmantela la educación pública en favor de las instituciones privadas, vulnerando el derecho a la educación de los pibes, como así también el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación”.

17.05.2024

La tarifa de subte en la Ciudad de Buenos Aires costará $ 574 desde hoy viernes. La suba se confirmó luego de que la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4, Elena Amanda Liberatori, dejara sin efecto la medida precautelar que había frenado el aumento. En consecuencia, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) aplicará el nuevo cuadro tarifario publicado el jueves 9 de mayo en el Boletín Oficial.

El juzgado tomó la decisión luego de que el Gobierno porteño y SBASE presentaran la documentación requerida en el marco de la medida precautelar que había paralizado el aumento.

Por esa razón, desde hoy rige la nueva tarifa de Subte y Premetro, que será de $574 y $200,90, respectivamente. En tanto, los jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis. Además, continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente.

Según explicaron fuentes oficiales, con el objetivo de minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se modificó el cuadro tarifario y se pospuso la implementación del tercer tramo hasta el 1° de agosto. De esta manera, el segundo tramo comenzará a regir el 1° de junio y será de $650 para el Subte y $227,5 para el Premetro. El primer tramo implica un incremento de casi el 360%.

A partir del tercer tramo, se establecerá una tarifa diferenciada por SUBE sin nominalizar. Así, quienes tengan la tarjeta registrada pagarán $757 el Subte y $264,95 el Premetro. De lo contrario, abonarán $859,07 y $300,67.

“Del análisis de los costos de explotación, conforme art. 28 de la Ley 4472, se ha detectado una desactualización de las tarifas del servicio SUBTE, generada por un sostenido crecimiento en los costos de explotación al mismo tiempo que se mantienen vigentes las políticas tarifarias destinadas a los usuarios de menor poder adquisitivo (integración SUBE) y para quienes utilizan el Servicio SUBTE con frecuencia”, argumenta la resolución con la que el Gobierno porteño explicó las razones del incremento.

“Desde la última recomposición de precios dispuesta, esto ha repercutido en la ecuación económico-financiera de la actividad, con potencialidad para afectar la calidad y eficiencia del servicio. Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad, seguridad y modernización del Servicio SUBTE”, justifica la resolución, emitida el 8 de mayo y oficializada un día después.

“Con este nuevo cuadro tarifario se busca lograr una mayor graduación en la aplicación de los aumentos, postergando los montos que representan mayor esfuerzo de los usuarios por resultar más onerosos”, añade finalmente la argumentación del Gobierno porteño que da sustento al nuevo monto que deberán pagar los usuarios de este servicio de transporte.

Hasta ayer, cada viaje tenía un costo de $ 125 para el subte y $ 43,75 para el premetro.

16.05.2024

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana finalizó las obras de repotenciación y renovación de luminarias en Caminito, el emblemático atractivo turístico de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en el barrio de La Boca. Los trabajos incluyeron la instalación de 77 nuevas luminarias, 3 nuevas columnas de hierro y 17 proyectores.

Además, se reemplazaron 17 luminarias preexistentes por unas nuevas de mayor potencia lumínica y se reemplazaron 39 lámparas de las farolas originales. Estas obras de refuerzo mejoran la iluminación no solo en Caminito sino también en los alrededores, teniendo en cuenta la circulación de turistas que hay a diario.

“Seguimos sumando luminarias y renovando farolas en todos los barrios porteños, porque consideramos que la buena iluminación es una variable central para mejorar la seguridad de la Ciudad. Este es un eje principal dentro de las tareas de mantenimiento urbano”, expresó Ignacio Baistrocchi, ministro de la cartera.

Caminito es uno de los paseos más emblemáticos de la Ciudad, un atractivo imperdible para quienes la visitan. Con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud. Pisar Caminito es asomarse a los orígenes de Buenos Aires.

15.05.2024

Un gran número de enfermeros y enfermeras de los hospitales porteños volvieron a salir a las calles para reclamar por su inclusión en la carrera profesional y por mejores condiciones laborales. Fueron alrededor de diez gremios y sindicatos del sector que, en el marco del Día Internacional de la Enfermería celebrado este 12 de mayo, protestaron frente a la cámara de apelaciones y más tarde en la Legislatura de la Ciudad.

Todo el sector público en general, pero particularmente la salud, atraviesa una fuerte crisis provocada por la falta de presupuesto. “Se dieron de baja contratos de personal de distintas áreas, no hay renovación de equipamientos, y los insumos están escaseando cada vez más”, dijo Cristian Acosta, licenciado en enfermería e integrante del SITRE.

“Pero sin lugar a dudas el no reconocimiento de nuestra profesión es clave para precarizar aún más todo el sistema sanitario. Jorge Macri nos prometió que iba a incluirnos en la carrera profesional pero a cambio apeló el fallo de la justicia que ordena la equiparación salarial”, agrega.

La Ley 6.035 que regula las “relaciones de empleo público de los profesionales de la salud de la Ciudad” fue modificada a fines de 2018 por la Legislatura porteña. Actualmente reconoce 24 profesiones de la salud, entre las que se encuentran: odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas. Pero deja afuera a las y los licenciados en enfermería, que quedaron incluidos en el escalafón del personal administrativo. A punto de cumplirse seis años de la exclusión de la carrera profesional, el lunes pasado se movilizaron para que el Gobierno porteño los reconozca como profesionales de la salud.

Son alrededor de 6000 licenciados y licenciadas en enfermería de la Ciudad que deben ser reincorporados a la carrera profesional. “Hoy un enfermero o una enfermera de la Ciudad en promedio está ganando 700 mil pesos de bolsillo. Si estuviéramos dentro de la carrera profesional un sueldo de ingreso está promediando los 950 mil pesos, a eso habría que sumar la antigüedad, jerarquía, especialidad, área crítica, entonces la diferencia en algunos casos duplica el ingreso que hoy tenemos”, explica Acosta.

Desde la agrupación Hospitales de la Ciudad de ATE, aseguran que la desinversión en el sistema sanitario trae serias consecuencias directamente relacionadas con la atención a las y los pacientes. “En el Hospital Durand estamos viviendo en carne propia el abandono por la falta de presupuesto, nosotros estamos en la ciudad más rica del país y no podemos entender por qué nos falta personal, por qué falta equipamiento e insumos, y por qué contamos con una terapia pediátrica desmantelada por falta de traumatólogos, de enfermeros, y de aparatología”, señala Luis Ortiz, delegado del Durand.

La situación del hospital del barrio de Caballito es quizá, una de las más críticas. Entre varias de las problemáticas que denuncian aseguran que, además, hay lugares de trabajo que son utilizados como depósito. “Tenemos una sala de cirugía cardiovascular usada como depósito porque también nos faltan profesionales, nos falta el cuerpo de enfermería. La verdad que venimos padeciendo y luchando con esto desde el gobierno anterior y ahora se va a profundizar porque actualmente no tenemos ni calefacción por falta de gas”, agrega Ortiz.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de prensa de la Federación de Profesionales, manifestó que “Cada vez que se necesitó de la enfermería socialmente estuvimos en la primera línea: en la pandemia, con el brote histórico de dengue, siempre ahí, firmes, cuidando, abrazando. Por eso la comunidad nos valora, no así el poder político en la ciudad más rica de la Argentina”.

En el mismo sentido, Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de la Asociación de Licenciados en Enfermería, destacó las situaciones de inseguridad que sufren a diarios los profesionales de la salud, en especial las y los enfermeros. “Tenemos mil violencias cotidianas: nos recortan días de descanso, no nos pagan los módulos que son horas extras a $ 1400 pesos la hora, estamos inseguras en los hospitales, como lo vivimos en el Fernández con un abuso sexual a plena luz del día, o la falta de personal generalizado, y de enfermería en vacunatorios que ya no aguantan más”.

14.05.2024

En una nota dirigida a la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, los vecinos y vecinas aseguran que el objetivo de este proyecto de ley es “amortiguar el efecto nocivo que tuvo en nuestra población la sanción del Nuevo Código Urbanístico en el año 2018, mediante la Ley N” 6.099”.

“El presente proyecto retoma el proyecto presentado en el año 2022 bajo expediente 2998-2022. Es resultado de un proceso de organización que fuimos llevando adelante hace ya más de un año los vecinos y vecinas del barrio de Villa Ortúzar como respuesta al vertiginoso desarrollo de obras de construcción de edificios en la zona. Este fenómeno está afectando crecientemente nuestra calidad y estilo de vida, empeorando día a día todos los indicadores de habitabilidad y ambientales de nuestro querido barrio”, plantearon los vecinos.

En la defensa del proyecto, los ciudadanos de la Comuna 15 repasan que el 6 de diciembre de 2018, los legisladores del oficialismo aprobaron la Ley N° 6099, que sancionó el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente vigente.

El nuevo Código Urbanístico (CUr) desde su origen (2018) y hasta su última reforma (2020), resultó en “un aumento indiscriminado de la constructividad en varias zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”: “Si bien el mismo tuvo diversas resistencias en ese momento por parte de distintos colectivos, colegios profesionales y actores sociales y políticos, a causa de las restricciones generales producidas mediante las medidas de ASPO y DISPO del año 2020, el impacto real en cada uno de los barrios de este cambio de norma se comenzó a visualizar recién durante el año 2021”.

“En nuestro barrio el Nuevo Código Urbanístico estimuló fuertemente el desarrollo de nuevas construcciones, ya que el mismo brinda fuertes incentivos al mercado inmobiliario de grandes inversiones, por el desmesurado aumento de la constructibilidad que el mismo ha generado. En la actualidad, en simultáneo, y como nunca antes habíamos visto, hay en Villa Ortúzar al menos 56 edificios en construcción y al menos 80 casas bajas en venta, que, es importante señalar, ya no se ofertan como casas sino como terrenos o lotes para el desarrollo de edificios”, indicaron los ciudadanos de la Comuna 15.

De esta forma, explicaron el cambio de paradigma que implicó el actual Código: “El motivo del “boom” inmobiliario en nuestro barrio es claro: antes de la sanción del Nuevo Código Urbanístico se podía obtener una ganancia pequeña por demoler una vivienda para volver a construir una nueva ya que, la cantidad de metros cuadrados vendibles no era tan alta, razón por la cual la incidencia del precio del terreno en la ecuación total era relativamente alta. El beneficio de construir edificios bajos resultaba de todos modos rentable para emprendimientos medianos, y el barrio crecía a un ritmo sostenible. En cambio, con el nuevo CUr y las modificaciones realizadas en la normativa urbanística, se ha incrementado fuertemente la constructibilidad, así como también se ha pasado de zonas de uso residencial, a zonas de mixtura de usos altas o medianas. Esta situación implicó un estímulo para llevar adelante los procesos de “renovación urbana e inmobiliaria” para extraer y poder capitalizar el aumento del valor del suelo generado por el aumento de la capacidad constructiva permitida”.

De este modo, “la cantidad de obras en simultáneo tiene impactos tangibles: baja presión del agua; cortes de electricidad en épocas de bajo consumo (cuando no hace ni calor ni frío); constante ruido de martillos neumáticos, palas retroexcavadoras, etc., que exceden el nivel de decibeles que puede soportar el oído humano; constantes vibraciones por las tolvas y bombas de hormigón; polución ambiental por las partículas de polvo en suspensión en el aire y en todas partes (lo que trae complicaciones respiratorias a muchos vecinos y muchas vecinas)”.

En esta línea, los vecinos aseguran que “se prevén impactos a futuro: edificios de más altura implican menor circulación de aire, una alteración a la flora y la fauna del barrio y, con la llegada de más gente a vivir, menos espacio de estacionamiento, menos espacio verde por habitante (contamos solo con dos plazas de una manzana cada una), más cantidad de habitantes por centro de salud de cercanía, más problemas con las vacantes escolares (Ortúzar es un barrio que no tiene jardines escolares, y tiene pocas escuelas primarias). Los altos edificios dificultan el contacto directo con la luz solar, provocando deficiencias en materia de vitamina D, que el cuerpo produce por la exposición directa a los rayos solares”, concluyen.