Comunicadores del Sur

20.12.2021

Por Agustina Ramos

Distintas organizaciones involucradas en el programa «Veredas Limpias» denunciaron que este tipo de trabajo se verá modificado porque el programa vivirá una reconversión hacia proyectos productivos y temen que se desarticulen las cooperativas.

Seina, Mariela y Marilú son trabajadoras de La Milagros, una cooperativa con 120 personas que mantiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para llevar adelante el programa «Veredas Limpias» desde 2006, una política que corre el riesgo de ser desarticulada, según denunciaron organizaciones involucradas.
A las 8 de la mañana, las mujeres y algunos hombres de La Milagros se presentan a trabajar con remera blanca, pantalón azul, gorra, zapatos para la tarea y rastrillos en el marco de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) para limpiar las veredas, plazas y parques de barrios populares como Villa Lugano, Villa Soldati, Bajo Flores y Barracas.
Su labor es «muy importante», especialmente para sus trabajadoras, quienes gracias a la cooperativa pudieron terminar el secundario, lograr una independencia económica y conjugar el trabajo con el cuidado de sus hijas e hijos, según cuentan.
Sin embargo, distintas organizaciones involucradas en Veredas Limpias denuncian que este tipo de trabajo se verá modificado porque el programa vivirá una reconversión hacia proyectos productivos y temen que se desarticulen las cooperativas además de desconocer lo que ocurrirá con los insumos y maquinaria necesarios.
«Ellos no tienen una visión de mejorar, sino de precarizar más aún. De hecho, la Ministra (de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore) nos dijo que esto es como el ‘Potenciar Trabajo’, un plan. Nosotros le dijimos: mirá esto no es un plan, es un trabajo. Los compañeros tienen vacaciones, hay un presentismo», dijo Seina Gómez, de 28 años, bajo la sombra de un árbol en una plazoleta de Barracas que la resguarda a ella y su hijo del sol incendiario de diciembre en la ciudad.
Hace 10 años, cuando Seina tenía 18 y estaba terminando el secundario ingresó a trabajar en la cooperativa de trabajo La Milagros, perteneciente a la organización Barrios de Pie.
«Para mí fue como mi primer empleo joven. Estaba contentísima. En ese momento era 800 pesos el sueldo, me acuerdo. Para mí era un montón porque de mínima me podía solventar los gastos. Mi grupo familiar estaba compuesto por mi mamá que es soltera y mis dos hermanas; entonces ahí ya me podía comprar mis cosas y ayudar también en mi casa», contó la mujer para quien la cooperativa le permitió terminar el secundario y proyectar estudiar una carrera.
Cuando ingresó se codeaba con compañeras y compañeros más grandes, lo cual fue «todo un desafío».
«Los compañeros decían: ‘Ay estos jóvenes seguro que no van a durar ni dos semanas’. Entonces era demostrar que estaban equivocados, que los jóvenes también podemos ser responsables con el laburo», explicó Seina, que un año después de comenzar a trabajar pasó a ser jefa de cuadrilla.
Actualmente, se la «trata de rebuscar» vendiendo también zapatos por internet en los momentos libres que tiene entre el trabajo y cuidar a su hijo para poder llegar a fin de mes.
«Si realmente el gobierno tiene la intención de mejorar este programa que sea eso, mejorar. Para eso que construya una mesa de trabajo con nosotros que justamente somos los que venimos siguiendo esto«, reclamó Seina, militante de Barrios de Pie.

La Milagros

La Milagros está compuesta por 120 personas que trabajan de 8 a 12 limpiando veredas, plazas y parques a partir del programa «Veredas Limpias» y perciben un sueldo de 14.700 pesos mensuales, con un contrato que se renuevan cada 12 meses.
El 80% de sus integrantes son mujeres y la mayoría es sostén de hogares, por lo que algunas de ellas tienen permitido llegar entre 10 y 15 minutos más tarde, un horario contemplado para que puedan llevar a sus hijas e hijos a la escuela.
«Siempre en las crisis un montón de compañeras son las que laburan en los comedores, son promotoras de género, de salud. Ante esa situación nosotros abrimos la cooperativa como una herramienta de trabajo y que las compañeras puedan trabajar», describió Seina.
Mariela Cardozo, de 32 años y vecina de Villa Lugano, comenzó a trabajar en los inicios de la cooperativa, en 2012, y hoy es supervisora, un rol que implica recorrer las cuadrillas, tener reuniones semanales con las y los coordinadores para ver cómo se encuentran los equipos, además de encargarse de tareas administrativas.
Sobre sus inicios recordó: «En ese momento yo estaba soltera, tenía una nena de un año y fue una gran ayuda como intervención social».
Por ese entonces le había costado conseguir un trabajo porque estaba terminando el secundario y cursando un embarazo, además de que se había separado y vivía una situación económica complicada.
«Estaba en una relación tóxica y me costaba salir de eso. Yo dependía de mi pareja y en eso las reuniones, la compañía y el laburo me ayudaron mucho. Me hicieron abrir los ojos y valorarme como mujer. Así pude sostenerme yo y a mi hija», contó Mariela sobre la cooperativa y la organización de la que forma parte.
Marilú Mereles, de 36 años y de Barracas, también comenzó a trabajar en la cooperativa luego de separarse de una pareja y estando a cargo de su hija de tres años.
En ese entonces, siete años atrás, era madre soltera y ahora volvió a estar en pareja, tiene dos niñas de 10 y 4 años y «por suerte» -aseguró- consiguió vacantes para llevarlas a escuelas con jornada completa.
Del trabajo valoró que «son cuatro horas».
«La mayoría somos madres, que mientras se van los chicos a las escuelas nosotras trabajamos acá. Llegamos al mediodía y hacemos cosas o buscamos a los chicos también. Nos da esa posibilidad», explicó.
«Esto te hace crecer, no te hace sentir sola. Te hace sentir que vos podés tener tu propio trabajo», insistió Marilú, sentada sobre las raíces de un árbol y a la sombra porque los zapatos que usa son «duros» como para conversar parada.
«Es muy importante para nosotros este trabajo. Por eso la preocupación es bastante. Sería muy triste perderlo. Por más que cobremos muy poco, llevamos algo», concluyó..

19.12.2021

Un subcomisario y cuatro oficiales acusados de encubrimiento
Por el crimen del joven futbolista de Barracas Central ya hay 14 efectivos de la Ciudad de Buenos Aires detenidos. Entre ellos, tres por homicidio calificado y el resto por encubrimiento.

El juez que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, ordenó la inmediata detención de 5 miembros de esa fuerza de seguridad acusados de encubrimiento del homicidio, informaron este domingo fuentes judiciales.
La decisión del juez Martín Del Viso recayó sobre un subcomisario y cuatro oficiales que participaron del procedimiento inmediatamente posterior a los disparos contra la víctima y sus tres acompañantes, y que se sospecha plantaron pruebas para encubrir a sus tres compañeros que luego quedaron presos por el asesinato.
En un fallo de 14 páginas, el magistrado hizo parcialmente lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de ocho efectivos a los que acusó de “encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica”.
Para el juez, cinco de los ocho señalados por la fiscalía “habrían alterado los rastros y pruebas” en la escena del crimen para encubrir a sus tres compañeros que habían disparado contra Lucas y sus amigos
“A tenor de lo valorado, entiendo que las circunstancias relatadas no pueden ser neutralizadas con cautelares de menor intensidad que la detención de los imputados, medida que al menos de momento se rebelan como necesarias, idóneas y proporcionadas en este estado de la investigación”, sostuvo el juez.
Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado querellante, destacó esta tarde que hay “14 detenidos” por el caso dado que en la causa ya había tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado y otros seis por el encubrimiento.

De Vaca Muerta a Dock Sud: el extractivismo al palo
Por Fernando Luna y Nicolás Juymatan

El último gran derrame en Vaca Muerte vuelve a mostrar cómo trabaja el modelo de explotación petrolera. Las consecuencias sociales y ambientales son proporcionales a las divisas que se fugan del país.

Solemos escuchar la palabra “accidente” cuando las empresas producen derrames de productos, pero lejos está de un hecho súbito y sorpresivo como lo es la definición de accidente. En la cuenca neuquina el modelo de explotación petrolera lleva al límite los recursos con el afán de explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Hace unos años cuando las empresas se volcaron a la extracción no convencional, debido al aumento del barril de petróleo, comenzaron a exigir más “garantías” para los nuevos pozos de no convencionales. Recordemos que si algo le sobra a las empresas petroleras son “garantías”. La primera ley que llevó al Congreso el gobierno de Alberto Fernández, en aquel lejano diciembre del 2019, fue la “Ley de Solidaridad Social y reactivación económica”. Dicha ley, que fue aprobada, ajustó a los jubilados y estableció la reducción de las retenciones a las petroleras y mineras de un 12% a un 8%. Era el primer gesto y reverencia del nuevo gobierno a las grandes petroleras y mineras.
Durante la era macrista, y en el auge de los anuncios de Vaca Muerta, el gremio petrolero bajo la dirección de Pereyra comenzó una férrea defensa de la necesidad de modificar los convenios de trabajo para que las empresas puedan contratar en mejores condiciones. El llamado convenio Vaca Muerta, firmado en el 2017, fue un mazazo a las conquistas de los trabajadores.
Dicho convenio no solo bajaba salarios, sino que aumentó la flexibilidad laboral en el más amplio sentido, reduciendo personal y cambiando condicionas de trabajo, lo que implicó en el primer año de convenio casi una muerte por mes, y decenas de lesiones menores. Las consecuencias también se expresaron en las noticias de derrames e incendios, que se sumaban a la triste tasa de fatalidades, en el primer año ocho trabajadores fallecieron. Se trata de una política de conjunto que solo favorece a las grandes petroleras con el argumento de favorecer las inversiones y así tener más recursos para pagar la deuda al FMI. Las principales empresas, en el 2019 facturaban un promedio de $700 millones por día, el equivalente a tres presupuesto provinciales.
En una industria de márgenes de ganancias obscenos, el criterio capitalista de explotación se lleva a los extremos. Aranguren, el ícono de los CEOS y ex Ministro de Energía, alardeaba que tenía en operaciones 97 por ciento de la capacidad instalada en la refinería que comandaba en Dock Sud, Avellaneda. En general, las industrias trabajan con un promedio del 75 por ciento de capacidad instalada en producción. Esto permite tener espacio para los mantenimientos, cambios de equipos etc. Por el contrario, aumentar la producción de dicha capacidad exige aumentar el mantenimiento, hasta el punto de casi hacerlo en línea. El resultado es obvio.
Pero esto no es todo. Para quienes no conocen, el barrio en el que se encuentra esta misma refinería es conocido como Villa Inflamable. Se imaginarán por qué. Las napas están tan contaminadas con hidrocarburo que el agua que sale de ahí se puede prender fuego. La refinería de Shell en Dock Sud también fue vanguardia al traer desde Holanda su planta de Cocker (carbón de petróleo) que los vecinos de Villa Inflamable llaman “la catedral del cáncer”. Es una mega estructura que alcanza los 101 metros de altura y que fue traída a la Argentina porque fue declarada ilegal en el país del norte por sus efectos sobre la población lindante. Básicamente contamina de polvo de carbón de petróleo todo lo que está a su alrededor. El polo petroquímico de Dock Sud Avellaneda, cuna del kirchnerismo en el conurbano, ha sido eje de denuncias, investigaciones, causas judiciales por la contaminación. Pero gobierno tras gobierno solo le han dado continuidad a este modelo empresarial, y renovando las licencias medio ambientales sin cuestionamientos alguno.
Volviendo a tierras patagónicas, en el derrame de Vaca Muerta, ya se sabía que se había superado el caudal de operaciones. Los organismos oficiales que deberían controlar y exigir son una trágica broma de mal gusto. No existen controles para la prevención, como tampoco recursos destinados para la contención y atención de emergencias. Para tomar magnitud del desastre ocurrido: Los 3200 metros cúbicos declarados por Oldelval equivalen a casi 90 (noventa) camiones cisterna. Cada camión cisterna de combustible puede transportar hasta 36 metros cúbicos.
La foto viral de la pelopincho como medida de mitigación frente a un derrame es la mejor muestra de la preocupación de las empresas y el gobierno por el ambiente y la vida. Añelo, la puerta de entrada a Vaca Muerta, solo tiene una sala de primeros auxilios. Una emergencia médica debe ser trasladada a Neuquén, casi 200 km. Los que están en esa primera línea de fuego son los trabajadores petroleros, las comunidades y la flora y la fauna de la zona. Nuestros sindicatos también deben tomar posición y pronunciarse frente a estos hechos lamentables, no puede ser que se traten los temas ambientales como si no tuvieran nada que ver con nuestro ámbito laboral.

Cambio de matriz energética

El capitalismo no planifica en función de las necesidades de las poblaciones, sino en función de cómo mantener su maquinaria productiva en movimiento como sea. Esto está llevando al medio ambiente al punto de no retorno, como se viene advirtiendo hace varios años.
Para salir de esta situación es necesario cambiar los métodos de producción y la matriz energética. En este último punto, se debe girar a energía renovables. Desde las bancadas del Frente de Izquierda Unidad, se presentó un Proyecto de ley para la nacionalización de la industria petrolera bajo control de los trabajadores. Esto tiene como finalidad principal dos puntos, por un lado tener control de los recursos no renovables y sus ganancias, y por el otro, con parte de esas ganancias que hoy se fugan del país, invertirlas en nicho de energías renovables, que generaría nuevos puestos de trabajo, y valor agregado de tecnologías.
Hoy las multinacionales extraen recursos y ganancias que fluyen libremente al exterior, dejándonos terribles consecuencias ambientales y económicas para las futuras generaciones. El gobierno de Alberto Fernández quiere avanzar en la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que busca profundizar una legislación acorde a los intereses de las grandes multinacionales del petróleo. Los trabajadores petroleros junto a las comunidades locales y organizaciones ambientales somos los únicos que estamos realmente interesados en poner fin a esta situación que nos lleva a un callejón sin salida.
Ahora en Chubut las voces comienzan a escucharse y a ganar las calles, organizándose contra la megaminería y el reciente fallo del gobierno de Arcioni. Ese es el camino, el de la organización.

16.12.2021

La Ciudad decidió enviar a su Guardia de Infantería y los organizadores de la protesta temieron represión. Además, denunciaron al máximo tribunal por negarse a tratar los pedidos de nulidad de las condenas que pesan sobre la dirigente social.

El Frente Milagro Sala comenzó este miércoles una protesta con «acampe y vigilia» frente a la Corte Suprema de Justicia en reclamo de la libertad de la dirigente social, bajo un estricto control de la Policía de la Ciudad que montó un cordón alrededor de los manifestantes. La protesta continuará hasta este jueves sobre la calle Talcahuano.
El coordinador nacional de Tupac Amaru Alejandro Garfagnini denunció que la Policía de la Ciudad realizó «provocaciones» a los manifestantes a través del despliegue de Guardia de Infantería, y advirtió desde sus redes sociales que los manifestantes «esperaban represión de un momento a otro».
Por su parte, el referente de Quebracho, Fernando Esteche, también compartió imágenes del operativo policial en las inmediaciones del Palacio de Justicia y expresó: «¿En serio creen estos payasos que pueden contra la voluntad del Frente Milagro Sala?».
La organización que pide por la libertad de Sala denunció en un comunicado que la Corte Suprema «se niega desde hace años a tratar una inédita cantidad de nulidades y a revisar el fallo que condenara a Milagro y las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru por el Poder Judicial digitado a dedo en Jujuy por Gerardo Morales y la familia Blaquier».

Incidentes

La Policía de la Ciudad amenazó a manifestantes que se encontraban en el acampe por la libertad de Milagro Sala. Alejandro “Coco” Garfagnini, vocero de la organización Tupac Amaru, denunció que la Policía de Larreta provocó incidentes en la vigilia frente a los Tribunales por la libertad de la referenta. “La Infantería se metió adentro de las columnas, con policías no identificados de civil, tratando de secuestrar mochilas de compañeros”, aseguró el militante.

15.12.2021

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, cuestionó hoy la obligatoriedad de pasantías para alumnos del último año de la secundaria de los colegios privados y estatales porteños a partir del ciclo 2022, por considerar que la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta es para «reemplazar trabajadores».

El funcionario nacional le advirtió a Rodríguez Larreta que «un estudiante es un estudiante, eso tiene que quedar claro».
Seguidamente, manifestó que no cree «en las pasantías» y dijo que ese tipo de herramientas solo logran «reemplazar trabajadores», cuando -indicó- en realidad «la función del sistema educativo es formar jóvenes y no reemplazar trabajadores».
Así se pronunció el titular de la cartera educativa nacional sobre la medida que recientemente anunció el jefe de Gobierno porteño junto a la ministra de Educación local, Soledad Acuña, que alcanza a 29.400 chicos de 442 establecimientos de la Secundaria.
Por otra parte, al ser consultado sobre la discusión de las partidas educativas dentro del Presupuesto, el funcionario del gabinete de Alberto Fernández afirmó que para quienes están en política «el debate es uno de los instrumentos fundamentales», por lo que pidió «evitar caer en la tentación del debate masticado como el de Twitter».
Respecto a la ampliación de las Becas Progresar, Perczyk aseguró que se trata de «una inversión enorme» y puso de relieve que el Presidente haya tomado «la decisión de invertir en nuestros chicos y chicas de 16 y 17» y para que «todos terminen la escuela secundaria».
El ministro se expresó de esta forma sobre las nuevas Becas Progresar destinadas a jóvenes de 16 y 17 años, con el pago de $5.677 mensuales en 12 cuotas, que se implementa a través la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Educación.
En ese marco, Perczyk aseguró que «los programas de becas escolares tienen que acompañar la rutina y consolidación» del estudio de «los chicos y las chicas para que se sientan seguros» en el proceso de formación.
A la vez, consideró que la importancia de que «todos los chicos vayan a la escuela, es una mirada de largo plazo», tras considerar que «en las primarias nos falta mejorar el aprendizaje, solo discutimos la tecnología, hay un problema de inclusión y de rutina», subrayó el titular de la cartera educativa.

15.12.2021

Por Martín Suárez

En septiembre del 2020, el Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña le arrebató la administración a la comunidad educativa. «Claramente la intención era meter a sus proveedores y negocios amigos dentro del establecimiento», aseguran los padres.

Pasó un año y tres meses. En el medio, el confinamiento producto de la pandemia. Las familias de la Escuela N°4 Álvarez Thomas habían comenzado un plan de contingencia para que los estudiantes no se quedaran sin computadoras luego de la interrupción intempestiva del Plan Sarmiento que dejó a miles de alumnos sin dispositivos para poder estudiar en sus casas. Habían entregado varias «compus» que consiguieron por sus propios medios; tenían en mente aprovechar el confinamiento para diagramar las obras de un gimnasio para la escuela, al tiempo que continuaban entregando viandas para la comunidad educativa con mercadería comprada por la cooperadora y elaborada en su propio comedor. Una vez retornada la presencialidad, quedaron paralizados los cursos y talleres artísticos, las obras, y los proyectos que tenían en mente.
En septiembre del año pasado, sin mediar palabra, el gobierno porteño decidió intervenir la cooperadora y suspender cada uno de esos proyectos. Desde las familias, aseguran que la persecución de la ministra de Educación Soledad Acuña y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cooperadora de esa escuela del barrio de Agronomía, comenzó a fines de 2017, cuando Acuña decidió el recorte del Plan Natación para los estudiantes, en la pileta que la cooperadora construyó con fondos propios a principios de los ‘70. En aquella ocasión, las familias se movilizaron y judicializaron la causa. Finalmente, la decisión de la ministra fue revertida por un fallo favorable a la cooperadora en primera instancia y más tarde ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Como es costumbre de las autoridades porteñas, la funcionaria se negó a cumplir el fallo.
Semanas después, Acuña decretó la intervención de la cooperadora. El argumento principal para llevar adelante esa medida fue que los honorarios pagados a una abogada por el litigio que mantenía con el Gobierno de la Ciudad, fueron abonados con dinero de la cooperadora. La intervención a cargo de la funcionaria Teresa Patronelli, que no ha dado un solo informe sobre lo actuado y nunca respondió los pedidos de reunión realizados por las madres y padres, este viernes llega a su fin.
“Luego de 15 nefastos meses de una injusta y arbitraria intervención, este viernes se termina y las familias podemos recuperar el espacio que nos corresponde en la escuela que es nuestra cooperadora”, destaca a Tiempo Paula Insaurralde, integrante de la cooperadora del Álvarez Thomas. “Esta intervención fue la respuesta política del Gobierno de la Ciudad al juicio que la comunidad le ganó por el uso de la pileta. Estamos felices por recuperar la cooperadora y el tiempo perdido. Fueron 15 meses de no hacer nada bueno por la escuela, 15 meses de no tener ni un libro nuevo, ni material didáctico, ni actividades con las y los chicos; 15 meses de violencia hacia la comunidad educativa, que no se asistió ni se ayudó a ninguna familia que necesitara recursos o acompañamiento para poder mandar a sus hijos a la escuela”, desarrolla Insaurralde.
Desde la cooperadora aseguran que uno de los objetivos principales del gobierno porteño fue desorganizar a la comunidad educativa del Álvarez Thomas y desarticular la «coope», que es considerada un ejemplo por el resto de las escuelas que intentan organizarse en torno a su forma de trabajo. “Durante estos 15 meses las familias cuidamos minuciosamente con muchas dificultades e impedimentos nuestro comedor, uno de los pocos autogestionados que hay en las escuelas porteñas. Claramente la intención del gobierno era meter a sus proveedores y negocios amigos dentro del establecimiento”, remata Paula.
Si bien para las familias de la escuela la intervención fue interminable, cabe destacar que este tipo de vericuetos suelen extenderse mucho más en el tiempo. Si duró sólo 15 meses fue por el reclamo constante de las y los integrantes de la cooperadora que contaban con todo el apoyo de las familias de la escuela. La reunión asamblearia se realizará este viernes 17 de diciembre a las 8:45 en la escuela ubicada en la calle Terrada 3983 y contará con la presencia de la comunidad para acompañar la elección de las madres y padres que retomarán, nuevamente, la conducción de la cooperadora escolar.
“Volvemos con mucha expectativa luego de soportar esta intervención fraudulenta, violenta y sin argumentos. No pudieron demostrar nada de lo que dijeron ni han presentado un informe. Una vez que retomemos el control vamos a ver con qué nos vamos a encontrar después de la gestión que realizó el gobierno porteño”, explica a Tiempo Yamila Mathon, integrante de la cooperadora. “Toda esta situación no ha hecho otra cosa que fortalecernos, cuando la intención de Acuña era partir a esta comunidad. Ahora es momento de seguir con nuestro comedor autogestionado, con recuperar los fondos que siguen en el Banco Ciudad que lo conseguimos con el aporte de las familias, queremos construir finalmente el gimnasio y por supuesto hacer uso de nuestra pileta”, agrega Mathon.

Historia y organización de las familias

La organización de la cooperadora del Álvarez Thomas provoca la admiración de quienes conforman movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales. La asociación cooperadora posee una pileta, que construyó con fondos propios a principios de los ’70; autogestiona un comedor para casi un millar de alumnos y alumnas de nivel inicial y primaria; y dicta actividades extracurriculares: taller de radio, de fotografía profesional, taekwondo, teatro, básquet, fútbol, etc. Cuenta con un fondo común de inversión de 24,5 millones de pesos, dinero que usa como garantía para sus trabajadores y trabajadoras, y que iba a ser destinado a la construcción de un gimnasio propio. Durante la pandemia, entregó decenas de computadoras a estudiantes de su comunidad, donadas por terceros.

Desfinanciamiento de las cooperadoras en pandemia

El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es un aporte económico que el gobierno porteño transfiere a las cooperadoras escolares de las escuelas públicas de gestión estatal.
En mayo de este año, la cartera que conduce Acuña, publicó la resolución 2021-114-GCABA-SSGEFYAR, que era un refuerzo económico extra, bajo el título: “Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria”. De acuerdo a lo informado, la Ciudad iba a invertir alrededor de 120 millones de pesos distribuidos a cada cooperadora En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 840 escuelas públicas que cuentan con una cooperadora escolar, y, de acuerdo a lo comunicado por el ejecutivo porteño, el reparto de dinero fue con montos que iban de 200 a 330 pesos por cada estudiante y por única vez en el año. Más preciso: para una escuela con mil estudiantes que recibió 330 pesos por cada alumno por única vez, el Gobierno porteño invirtió apenas $1,83 por día por cada estudiante para la adquisición de insumos contra el Covid.