Comunicadores del Sur

3.1.202

Por Irina Hauser

La denuncia penal de Grabois detalla tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y apunta contra una política aplicada en conjunto por el gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y el sistema judicial. También pide el juicio político de la fiscala Celsa Ramírez, que intentó vincular a la UTEP con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar el espionaje.

El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidió el juicio político de la fiscala porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. También se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organización porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Hace tiempo que ciertas fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires escrutan con obsesión la venta callejera en algunos barrios y en particular a la comunidad senegalesa que, además, suele ser blanco de feroces despliegues de violencia institucional. Para hacerlo, y satisfacer una persecución funcional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y al macrismo, se esfuerzan en usar o distorsionar figuras penales. Eso les permite retener las causas judiciales que, en realidad, están destinadas a tramitar en la Justicia Federal, ya sea en Comodoro Py o en el fuero penal económico. El hecho es que en una de esas investigaciones, en la puerta de un depósito de mercadería, fue fotografiado un hombre con una campera que tenía la inscripción “MTE-UTEP” (Movimiento de Trabajadores Excluidos y Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y se convirtió en el puntapié para que la fiscala Ramírez ordenara seguimientos y tareas de inteligencia sobre la organización sindical, cuyo nombre original es Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La denuncia de Grabois dice que mandó agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la CABA.
“Dichas acciones fueron realizadas con el único fin de amedrentar a La UTEP como así también a vendedoras y vendedores ambulantes”, dice la denuncia. Ramírez, precisa, “se valió de las facultades que su calidad de fiscal le proveen para hacer un uso arbitrario del poder que le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la economía informal”. Además de señalar una violación a la ley de inteligencia y abuso de autoridad, la denuncia de Grabois advierte sobre actos discriminatorios, “a partir de la racialización” de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscalía se refiere como de “rasgos africanos”, como si las características físicas y el color de piel –además– fueran un factor de relación con el delito.
El caso
El comienzo de la causa a cargo de Ramírez fue una denuncia de una apoderada de la empresa Nike, por falsificación de la marca. La fiscala invocó el artículo 289 inciso 1 del Código Penal que no es exactamente lo mismo, sino una figura que se usa para falsificación de sellos y patentes. Lo hizo para retener el expediente, porque la violación a la ley de marcas es un delito federal que ella desde los tribunales porteños no puede investigar. También le puso asociación ilícita, un comodín que se usa con frecuencia ante la falta de precisiones y para agravar el escenario penal. Además, en el fuero federal la jurisprudencia indica que estos casos son desestimados, no se considera que haya delito. La base es un dictamen de la ex procuradora Alejandra Gis Carbó que señala que en la actividad de venta callejera no puede haber engaño porque es ostensible que las características de la mercadería no se corresponden con las etiquetas.
Este diario accedió a parte del expediente donde figura la imputación:
* Un párrafo general dice que se investiga “una organización que desde al menos el 12 de febrero de 2021 de manera coordinada en forma permanente e ininterrumpida se dedica a gestionar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público…” y que se apunta a la “responsabilidad” de “un grupo de personas cuya identidad hasta el momento se desconoce, quienes, previo acuerdo de voluntades y distribución de roles, de forma coordinada e ininterrumpida, dispusieron lo necesario para gestionar el ingreso al país de forma irregular, tanto de personas provenientes en su mayoría de Senegal, como así también de distintos productos de indumentaria y accesorios presumiblemente apócrifos”.
* Un tramo específico sobre la UTEP detalla textualmente: “Se investiga el vínculo existente entre los miembros de la organización delictiva aquí investigada con el personal de la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sita en la calle Pedro Echagüe 1265, quienes en el mes de diciembre de 2020 les proporcionaron múltiples elementos, como ser de higiene, a los vendedores ambulantes de la zona de Once y Avellaneda, a quienes, además, acompañaron en sus manifestaciones”. Agrega que en la puerta del predio “se ha comprobado la presencia de personal policial” “manteniendo un comportamiento no acorde a la función”. Quienes conocen la actividad de la UTEP y del comedor, saben que se entregan viandas para los detenidos de la Comisaría 1ª, en San Juan y Entre Ríos.
Con todo eso, Ramírez dispuso hacer inteligencia y también un allanamiento en la UTEP. Las fotos en el expediente muestran, entre otras cosas, las colas de la gente que va al comedor comunitario. La denuncia de Grabois señala la preocupación por la información recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habría seguido las actividades de la organización desde diciembre de 2020. “Las acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podrían ser indicativas de ninguna acción criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la economía popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando múltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, económicos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona”, advierte.

Criminalización

En los últimos años varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecución selectiva de la Policía de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio Público de la Defensa porteño señaló la multiplicación creciente de operativos y la acción desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como víctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensoría del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una política que aplican en forma complementaria el gobierno porteño, su policía y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ramírez.
En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representación de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. “La criminalización de la organización sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado dé respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es”, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organización, se han duplicado esfuerzos en la “tarea humanitaria” para “dar respuesta a necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, inclusión de liberadas/os, asistencia a víctimas de violencia institucional, de violencia de género, atención psicológica y de la salud integral”. Por eso, sostienen, su labor está protegida por los estándares internacionales de protección de defensores/as de derechos humanos.

Espionaje

“Las tareas investigativas que mandó a hacer Ramírez en UTEP no tienen ningún fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con una campera con una inscripción de un gremio en la entrada de un depósito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasión en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes», dice el abogado Nicolás Rechanik, quien hizo la denuncia.
Luego, el escrito indica dos cuestiones elementales: la ley 25.520 exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. “Las acciones realizadas por UTEP no constituyen ilícito alguno”, afirma. La norma requiere que se trate de actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio, derechos garantías o instituciones de gobierno, de lo contrario se trata –como argumenta la denuncia en este caso– de una violación a la privacidad y la intimidad. Como queda a la vista, las formas de espiar no sólo aparecen vinculadas a una política de Juntos por el Cambio sino que toman todas las formas posibles. Eso sí, las trabajadoras y trabajadores, así como la estructuras que los amparan, son un blanco predilecto.

30.12.2021

Por Adrián Figueroa Díaz

Los familiares todavía reclaman que el local ubicado en Bartolomé Mitre al 3000 sea un Espacio Integral para la Memoria, pero el macrismo porteño bloquea sistemáticamente los proyectos en ese sentido.

Diecisiete años después de las 194 muertes que sacudieron la vida política, social y cultural del país, la historia del boliche República Cromañón está lejos de ser un caso cerrado. Culminadas las cuatro instancias judiciales, sancionadas algunas responsabilidades políticas y cobradas las penas de empresarios y músicos, hay cuentas pendientes que por las que los sobrevivientes y familiares luchan aún. La más emblemática es la propiedad del local de Bartolomé Mitre al 3000, que el 30 de diciembre de 2004 se convirtió en escena del crimen.
Los familiares de las víctimas piden la expropiación de ese inmueble. El gobierno de la ciudad y el oficialismo en la Legislatura porteña se la niegan. El reclamo empezó con un proyecto de ley de 2019, un año después de que la Justicia devolviera las llaves del lugar al empresario Rafael Levy, titular de la offshore propietaria de ese sitio.
Ese proyecto perdió estado parlamentario a instancias del oficialismo de Juntos por el Cambio, que lo dejó caer. “Lo dejaron caer por la cobardía de decirnos que ‘no’ en la cara”, consideró Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt y referente del Movimiento Cromañón que aglutina a sobrevivientes y deudos.
Desde hace años hay dos grandes grupos de familiares, el que representa Bignami y el que encabeza Nilda Gómez, Familiares por la Vida. Las organizaciones tienen ópticas diferentes pero son coincidentes en la necesidad de que el ex República Cromañón sea un Espacio Integral para la Memoria.
Caído el estado parlamentario de aquel proyecto, este año se presentó otro de expropiación y patrimonialización. Pero hasta ahora, la jugada del oficialismo macrista es la misma.
Las excusas del gobierno porteño
La excusa que los legisladores que responden a Horario Rodríguez Larreta les dieron a los familiares es el costo económico, el precio, el dinero que le demandaría a la Ciudad tomar y responsabilizarse por ese espacio.
“Dicen que el proyecto no avanza por la plata. O sea, la misma razón por la que ocurrió Cromañón, que demostró la corrupción y la connivencia entre el Estado y los empresarios. El gobierno porteño prefiere cambiar baldosas y canteros de la calle Corrientes en vez de preservar la memoria de ese lugar”, criticó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez y titular de Familiares por la Vida.
Pero también hay otra cuestión inherente a Juntos por el Cambio: “Son coherentes en seguir protegiendo a los empresarios”, agregó Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Mientras tanto, Levy, quien le había alquilado al fallecido Omar Chabán, sigue siendo dueño de esa propiedad que, a su vez, es parte de otras cuatro que le pertenecen y que son fruto de un juego de toma y daca entre tres de las cinco sociedades offshore de las que también es titular.
“Hay una decisión del gobierno de la ciudad de no avanzar en ninguna expropiación. Priorizan el negocio inmobiliario y, en el caso de Cromañón, es obscena la protección a los empresarios por encima de recuperar ese espacio para la conciencia”, cuestionó la diputada.
“No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”
Nilda Gómez indicó que el proyecto impulsado por los familiares “se basa en la experiencia de otras víctimas anteriores a nosotros, que hicieron un camino apoyado por la sociedad: las Madres de Plaza de Mayo”.
Por esa lucha, explicó, “se logró que hubiera espacios de memoria para que no se vuelva a cometer un genocidio. Nosotros queremos un sitio de memoria para que ningún gobierno vuelva a caer en la ineficiencia y corrupción que mató a nuestros hijos”.
Silvia Bignami sumó una cuestión simbólica no menos importante: “No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”.
Al respecto, hay entre algunos un debate abierto, si el lugar debe ser declarado como espacio ‘de la conciencia’ o ‘de memoria’, que son los vinculados al terrorismo de Estado. Se trata de un matiz que deberá resolverse.

La esperanza de que intervenga el Estado nacional

La iniciativa tiene el apoyo de varios bloque opositores pero la correlación de fuerzas les es adversa. Y ante este escenario, no sería arriesgado pensar que este proyecto correrá la misma suerte que el anterior.
En rigor, en 2008 hubo un intento de expropiar y “resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la ciudad”. No prosperó. Por entonces, el jefe de gobierno era Mauricio Macri.
Si otra vez el oficialismo en la Legislatura hace que el nuevo proyecto duerma el sueño de los justos, la esperanza está en que el gobierno nacional intervenga.
“Tienen la obligación de proteger y patrimonializar ese inmueble. Podrían hacerlo como lo hicieron con (la confitería) El Molino. Es algo que se puede resolver”, propuso Bignami.
Por lo pronto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está trabajando con los familiares en ir reconstruyendo las historias. De alguna manera, apoya el posicionamiento de los familiares sobre la expropiacion. Montenegro admitió tener “esperanzas” en que la Casa Rosada dé una señal más contundente.
La última vez que familiares y sobrevivientes hicieron este pedido al gobierno nacional fue el año pasado, en la marcha por el 16º aniversario. Dejaron una carta en Balcarce 50 pidiéndole al presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto. Este año no harán lo mismo porque aún resta la respuesta a aquella nota.

30.12.2021

Por Facundo Nívolo

«Miles de pibes y pibas vimos cadáveres. La noche del 30 de diciembre del 2004 los vimos. Vimos cientos y cientos desperdigados a la salida del boliche, de un estacionamiento, en las entradas de los hospitales. Fracasó el Gobierno de la Ciudad, que era kirchnerista, porque habilitó un lugar inhabitable pero también uno de los lugares con más aforo de la Ciudad. Fracasó el Gobierno nacional porque la Policía Federal recibió las coimas para no controlar nada. Fracasó el sistema de salud, de emergencias, la gestión de riesgos ni existía. Fracasó el gobierno macrista que asumió después y debía sanarnos, y a lo largo de estos años los suicidios de sobrevivientes se cuentan por decenas. Fracasó el Gobierno nacional que fue kirchnerista, macrista, frentetodista, porque sino no estaría redactando esto. En un instante de tiempo donde todo falló, y donde se falló para favorecer el lucro, la coima, aparecieron como siempre los más heridos. Las personas más tiroteadas, las drogadictas como nos dijo la derecha, las malas madres como dijeron los medios, los ‘sin-futuro’, porque así nos tenía el sistema a los pibes de aquella época. Los que no valíamos nada, hicimos el acto más grandilocuente que puede existir: saber que la muerte está ahí en frente y así y todo, dejar la vida por otrx».

«Cromañón nos pasó a todxs» es la consigna que levantan sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón. Y porque nos pasó a todes, desde El Grito del Sur invitamos a sobrevivientes a que nos compartan sus relatos de aquella noche del 30 de diciembre de 2004.
Miles de pibes y pibas vimos cadáveres.
La noche del 30 de diciembre del 2004 los vimos. Tenían las caras de nuestros amigos y amigas, caras de personas que se les parecían, caras como las nuestras. Vimos cientos y cientos desperdigados a la salida del boliche, de un estacionamiento, en las entradas de los hospitales. Vimos gente viva y, que al cabo de unos minutos, efectivamente pasó a ser un cadáver. Se nos murieron al lado o en los brazos.
Pasaron diecisiete años en los que hicimos lo que pudimos con lo que vivimos. Las familias hicieron lo que pudieron con lo que perdieron. Y perdieron ni más ni menos que el proyecto medular de la vida de una familia argentina, que son sus seres queridos.
No hubo más adolescencia esa noche, ni más beso de buenas noches. Como el capítulo en que Bart robó un jueguito en un supermercado y entonces Marge decide no darle el beso de buenas noches y cantarle una canción porque se da cuenta que su hijo ya no era el niño que creía. A nosotrxs nos pasó lo mismo. Solo que no robamos, sino que nos robaron. Nos robaron, de mínimo, un pedazo de nuestra vida que debía ser hermoso y lo reemplazaron por una película de terror.
Fracasó el Gobierno de la Ciudad, que era kirchnerista, porque habilitó un lugar inhabitable pero también uno de los lugares con más aforo de la Ciudad. O sea, un error grosero no verlo. Fracasó el Gobierno nacional porque la Policía Federal recibió las coimas para no controlar nada. Fracasó el sistema de salud, de emergencias, la gestión de riesgos ni existía. Fracasó el gobierno macrista que asumió después y debía sanarnos, y a lo largo de estos años los suicidios de sobrevivientes se cuentan por decenas. Fracasó el Gobierno nacional que fue kirchnerista, macrista, frentetodista, porque sino no estaría redactando esto.
La justicia sanciona a la velocidad de los noticieros cuando hay intereses en juego de monopolios mediáticos, o de corporaciones alimentarias o de cualquier poderoso, pero resulta que para impartir la reparación de los juicios a las familias, pasan 17 años y seguimos igual: en la nada. Para cajonear nuestra historia no hay división de poderes. Los ejecutivos de todos los colores, los legislativos y judiciales se dan la mano mientras algún pie empuja nuestra historia abajo de la alfombra.
Somos los nietos y las nietas de Plaza de Mayo no reconocidos. Le pifiamos porque caímos en Plaza Miserere, una especie de Triángulo de las bermudas de los derechos humanos. A veces pienso qué hubiera pasado si la tragedia de aquella noche hubiera sido un 7 de noviembre, quizás sería mejor fecha para recordar porque la verdad que al borde de fin de año nadie tiene ni ganas de marchar ni hacer homenajes. Ni cuento los homenajes que se hacen tipo 10 u 11 de la mañana, te parte el rayo de sol ahí nomás en la placita. Pobre gente la que lleva flores a los monumentos, algunos más estructurados, otros más improvisados, algún muralcito, lo que venga. En la Matanza, en Munro, en Gerli, en Caballito.
Otra cosa que se me ocurre es qué hubiera pasado si en vez de Aníbal Ibarra la tragedia le hubiera caído a un Larreta. ¿Hubiéramos tenido un acto de reconocimiento en la Casa Rosada? Quizás no, tampoco. Porque nosotrxs no “caímos en la lucha”, así textual. Seguíamos la única lucha que para nuestra generación existía en ese momento, que era el rock que te decía las cosas en la cara. Para el momento, para nuestra edad, para nuestra tribu, era nuestra lucha. Pero no, no garpamos del todo.
Finalmente, somos como un apéndice lejano del diciembre del 2001, del 26 de junio del 2002. Pobre Maximiliano Kosteki. La verdad es que si no lo mataban en el Puente Avellaneda, estoy seguro que hubiera venido a Cromañón a ver a Callejeros con nosotrxs. Estoy seguro eh. La misma especie somos. Seguro que si Darío Santillán hubiera venido, hubiera hecho lo mismo que hizo en la estación. Que es básicamente lo que hicieron cientos y cientas de chicas que salieron vivas, pero volvieron a entrar porque ya no se trataba solo de su propia vida. O sí, quizás la vida de los otros y las otras que fueron a salvar, constituía en parte también su propia vida.
Son infinitas las personas que volvieron y se dejaron para salvar a otrxs. Son infinitas en cantidad e infinitas en la dimensión de su humanidad. En un instante de tiempo donde todo falló, y donde se falló para favorecer el lucro, la coima, aparecieron como siempre los más heridos. Las personas más tiroteadas, las drogadictas como nos dijo la derecha, las malas madres como dijeron los medios, los «sin-futuro», porque así nos tenía el sistema a los pibes de aquella época. Los que no valíamos nada, hicimos el acto más grandilocuente que puede existir: saber que la muerte está ahí en frente y así y todo, dejar la vida por otrx.
Quizá si hubiera sido en otra fecha, quizá si hubiera sido bajo el signo de otro gobierno, quizás porqué diría Sui Generis. Quizás hubiéramos merecido un acto, un homenaje, una ley de reparación digna, que nos reconozcan, que nos paguen el psicólogo, que reivindiquen de alguna forma. La generación Cromañón. Hicimos lo que pudimos, hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotrxs. Con infinitos errores, hay algo de lo que perseguimos que aún está guardado en las letras de esas canciones. Pero sobre todo, su máxima expresión radica en los últimos suspiros de cada chico que volvió a entrar a Cromañón para salvar una vida más y otra, hasta olvidarse de la suya y fundirse en la oscuridad.

30.12.2021

Por Florencia Ferioli

Adrián Matassa, Cristian Gómez y Maximiliano Tasca fueron fusilados por la espalda el 29 de diciembre del 2001 por el policía Juan de Dios Velaztiqui, en la estación de servicio ubicada en la esquina de Gaona y Bahía Blanca, en un contexto de profunda crisis política, económica y social. La masacre movilizó al barrio, conmovió al país y tuvo un fuerte impacto mediático. El asesino falleció en febrero del 2021, a los 82 años, cumpliendo prisión domiciliaria en la casa de su hija en Berazategui. En conmemoración por los 20 años de la Masacre, se organizó una jornada por su memoria exigiendo “Basta de violencia institucional”.

La jornada conmemorativa comenzó a las 17 con la inauguración de la señalización en la esquina de la estación de servicio donde fueron fusilados los chicos. Al grito de “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía” inició la marcha de las antorchas desde la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde se llevó a cabo a las 19 una misa en conmemoración de los pibes. La marcha comenzó a las 20 y culminó en la Plaza del Corralón, ubicada en Gaona al 4600.
“Floresta está a favor de la vida, basta de violencia policial’ –se escuchaba por el micrófono– mientras mueran pibes en manos de la policía los pibes no van a estar tranquilos”. El escenario estaba ubicado al costado del mural pintado por familiares y por vecinos del barrio, con las caras de los chicos y acompañado de la leyenda “Basta de violencia institucional”.
Las familias tomaron la palabra en el acto del cierre. Elvira, mamá de Cristian, fue quien encabezó el acto. Con su hija Graciela a su costado izquierdo, agradeció al barrio por el apoyo y por seguir recordando, teniendo siempre presente a los chicos. Sostuvo que es necesario seguir generando espacios para no olvidar. Destacó lo movilizador que resultó para ella la jornada y recordó a Cristian, con esa sonrisa enorme y alegre.
Con un discurso lleno de emoción y de anécdotas, cerró recordando: “Cristian era un canto a la vida, vivía riendo, muy solidario, amiguero, su amor por la música era enorme. Todo eso nos dejó. Pero le cortaron todo proyecto de vida. Él decía que a los 30 años iba a sentar cabeza y no lo dejaron lamentablemente”. Con la voz entrecortada Elvira sostuvo: “estoy acá con más fuerza que nunca, él me acompaña todos los días”.
Silvia, la mamá de Maxi, también agradeció a los presentes: “nos han mantenido con fuerza y energía. Los chicos nos iluminan permanentemente, sin ellos no podríamos estar así, con estas ganas y con este deseo de seguir luchando y de sufrir, porque se sufre mucho cuando nos enteramos que matan a otro chico. Se sufre porque desde los primeros años tratamos de buscar este camino, esta huella que dejaron los chicos por la no violencia.”
Silvia cada vez que puede les pide a los policías que no sean rápidos para el gatillo, que tienen que ser humanos. Junto a su nieto Tomi, enredados en un abrazo fuerte y afectuoso, decía: “esa cicatriz que tenemos sigue estando pero se curó el agujero, que no es de bala pero si de dolor. Nosotras estuvimos paradas en un precipicio y ahí nos preguntamos: ¿Qué hacemos? ¿Damos un paso para adelante y nos morimos de tristeza con ellos? ¿O un paso hacia el costado y decidir vivir? Tenemos tantos hijos en el barrio que nos dicen ‘¡Vamos, ustedes pueden mamuchas!’”.
En representación de la familia Matassa, la tía de Adrián también deslizó palabras de agradecimiento: “gracias a All Boys y al barrio, a todos por acompañar siempre. Es algo que uno lleva dentro del corazón y no lo vamos a olvidar nunca”.
Una vez concluidas las palabras de las familiares, fue momento de musicalizar el festival. El freestyler llenó de sonido la Plaza del Corralón y luego llegaron los tambores de Cafundó, mientras el ritmo invadía el barrio para que las y los vecinos del barrio bailaran.

29.12.2021

Lo dictó el juez penal Alejandro Ferro, de la justicia porteña. La medida ya fue apelada por la mamá del menor, al considerar que existen pruebas suficientes para su procesamiento. En tanto, la defensa del imputado solicita la revinculación a través de un juzgado civil.

Compartimos gacetilla de prensa:
Con 7 años de edad Martín reveló abusos sexuales, golpes, amenazas de muerte por parte de su progenitor. Se lo contó a su madre porque “ya no podía más de tanto en el cuerpo”. La madre hizo la denuncia penal.
El juez Alejandro Ferro, del Juzgado en lo Criminal N° 36 quiere archivar la causa en la que se obstruyeron sistemáticamente las pruebas:
* Pericia psicológica al niño: Tradujeron como “problemas familiares” los indicadores psicológicos y emocionales de abuso sexual infantil.
Se usó el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), descreyendo del testimonio de la mamá que fue a quien el niño relató el abuso.
Le aplicaron a Martín el inexistente Síndrome de Falsas Memorias (SFM). Esto significa que si en el futuro puede declarar no le van a creer alegando que alguien del entorno “contaminó” sus recuerdos.
* Pericia física al niño: Una médica de un hospital público constató indicadores físicos de abuso sexual crónico. Lo registró en la Historia Clínica. Nunca la llamaron a declarar.
El Cuerpo Médico Forense negó las lesiones observables constatadas por la médica del hospital público, por la perito de parte y por una tercera especialista forense en abuso sexual. El juez no citó a declarar a ninguna de las tres.
* Pericia al imputado: No se realizó. El imputado se negó a que le hagan las pericias psicológica y psiquiátrica. El Juez se lo permitió.
Se solicitó al Juez que desarchive la pericia psiquiátrica de la otra causa por abuso sexual que tiene el imputado. Nunca se desarchivó.
Este 22 de Diciembre el juez dictó un sobreseimiento escandaloso que evita nuevas pruebas y no está firme.
Además, el progenitor de Martín fue imputado y sobreseído en 2004 en otra causa por abuso sexual a su hija mayor de una pareja anterior, cuando la niña tenía dos años y medio. En aquel abuso, pese a contar con pruebas físicas y una pericia psiquiátrica que manifestaba tratarse de “una personalidad hipernarcisista con rasgos perversos”, fue sobreseído.
Siempre lo defiende la abogada Elsa González, quien sería miembro de APADESHI, organización conocida por defender pedófilos usando el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y por amedrentar a profesionales que trabajan en abuso sexual infantil (ASI).
El imputado tiene antecedentes de abuso sexual a otro menor.
MARTÍN (nombre que se utiliza para resguardar la identidad del menor) sufrió abuso sexual x parte de su progenitor. MARTÍN ya habló, su cuerpo también habla de lo que sufrió.
La revinculación con abusadores es una tortura, una nueva victimización y un acto de violencia contra el niño.
NO A LA REVINCULACIÓN DE LAS NIÑECES CON SUS ABUSADORES.
El Poder Judicial tiene que dejar de ser un lugar de impunidad, secretos, silenciamiento y violencia. Necesitamos actos de justicia que sea reparadores.
Ahora lxs responsables de cuidar a Martín son el Juzgado Civil N° 25. Jueza Marcela Sommer Defensoría N° 7. Defensora de Menores Carolina Paladini.
#JuicioYCondenaAlAbusadorDeMartin.
#SiempreHayMásDeUnaVictima.
#AbusoSexualEsTortura.
A Martín lo cuidamos entre todas y todos.