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El Gobierno porteño avanza en la adquisición de minibuses eléctricos que recorrerán el microcentro

27.05.2024

Con el objetivo de comenzar un proceso de descarbonización en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño impulsa una licitación pública para la contratación de un sistema de minibuses eléctricos, los cuales están pensados para que realicen un recorrido a lo largo de la zona conocida como el Casco Histórico.

Se trata de 12 unidades que unirán Retiro con Parque Lezama intentando mejorar la conectividad interbarrial que fue modificada a partir de las obras de puesta en valor realizadas en 2022. Estas habían provocado el traslado de las líneas de colectivos que transitaban entre ambas zonas sobre las calles Perú, Chacabuco, Bolívar y Defensa, al Metrobus 9 de Julio y al Metrobus del Bajo.

El circuito que realizarán los nuevos vehículos constará de 36 paradas que, según informaron, estarán distribuidas una cada tres cuadras aproximadamente. En este sentido, los microbuses recorrerán un total de 12,3 kilómetros: 7,3 kilómetros a la ida y 5 kilómetros a la vuelta. Un trayecto que, se estima, hará en 97 minutos, consigna Infobae.

Entre las particularidades de este nuevo sistema, las autoridades de CABA destacaron que sus rodados serán piso bajo y adaptados para personas con movilidad reducida, por lo que será accesible para todas las personas. Además, son carácter innovador, ecológico y funcionan sin emisiones, lo que incorpora a la Ciudad una nueva manera de moverse fomentando la transición tecnológica.

También señalaron que los microbuses brindarán mayor accesibilidad a las personas que se encuentran en zonas con bajo nivel de servicio de transporte y ofrecerá una modalidad para el traslado de personas que será de carácter complementario a los medios de transporte ya existentes, como subtes, trenes y colectivos.

De acuerdo a los cálculos realizados sobre su capacidad, se estima que este transporte a 500.000 pasajeros anualmente. Asimismo, con el objetivo de generar oportunidades de acceso a empleo, el servicio se prestará con el 100% de conductoras mujeres.

“Junto con la Subsecretaría de la Mujer dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad, se otorgarán becas a las mujeres aspirantes para que puedan obtener su licencia”, comunicaron desde la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a este proceso de licitación como un paso que los acerca uno de los objetivos de su gestión, que tiene que ver con la movilidad sustentable. “La descarbonización del transporte público es uno de los objetivos que tenemos, con varias opciones en las que estamos trabajando, como la electrificación progresiva y la creación de circuitos que se recorran con buses eléctricos y trazas vinculantes através de tranvías. Este minibus es el primer paso y buscamos vincular el Casco Histórico de la Ciudad cuidando el medio ambiente y ante el cambio climático para que todos podamos vivir mejor”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, se expresó en la misma línea y añadió: “La movilidad sustentable es el camino hacia un futuro más limpio. Con el minibús eléctrico, Buenos Aires tiene la posibilidad de revitalizar su Casco urbano con una alternativa sostenible y sin emisiones. La movilidad eléctrica no es solo una tendencia global; es una necesidad urgente en la lucha contra el cambio climático y la contaminación urbana y Buenos Aires puede liderar el proceso a nivel regional”.

Así será el recorrido que conectará Retiro con Parque Lezama:

● Ida: desde Av. Elvira Rawson De Dellepiane y Av. Brasil, por Av. Elvira Rawson De Dellepiane, Av. Juan De Garay, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Uspallata, Ituzaingó, Piedras, Av. Brasil, Perú, Av. Belgrano, Av. Presidente Julio A. Roca, Moreno, Piedras, Esmeralda, Bartolomé Mitre, San Martín, Marcelo T. De Alvear, Esmeralda, Arenales, Crucero Gral. Belgrano, hasta Juncal.

● Vuelta: desde Juncal y Crucero General Belgrano por Juncal, Maipú, Av. Santa Fe, Maipú, Chacabuco, Av. Brasil, hasta av. Elvira Rawson de Dellepiane.

Denuncian irregularidades en el programa de reciclado en el Barrio Padre Carlos Múgica

24.05.2024

En 2018 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley No 6.129 que establece en sus lineamientos principios de justicia ambiental y tiene por objeto la reurbanización e integración de los barrios 31 y 31 Bis con el resto de la Ciudad de Buenos Aires y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones de la Ley No 3.343.

El programa ATR es uno de los ejes del proyecto de reurbanización, respecto a la recuperación de basura y el reciclado. En el mismo se encontraron fallas administrativas respecto a la estructura, se observó que las coordinaciones de las Gerencias Operativas, las áreas de gestión de recursos humanos, presupuesto, administración, asuntos legales y evaluación carecen de formalización, es decir no hay protocolos ni manuales de procedimientos en la base de la estructura.

Respecto a esto el auditor general Lisandro Teszkiewicz señala que “Tanto el programa ATR como la Ley de Basura Cero que también auditamos años anteriores, proponen soluciones mágicas frente a una realidad ni siquiera cuentan con una gestión transparente ni regulación interna”.

Entre otras cuestiones, no se encuentra establecido cómo se configura la relación entre el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CeDEL) y las empresas. Además, en su planta física carece de ventilación en el baño para personas con discapacidad, presenta humedad en cielorraso, vidrios rotos, ventanas bloqueadas que no ventilan, artefactos de luz mal instalados entre otros incumplimientos.

En referencia a la gestión de recursos humanos, en su “Manual CeDEL” no están identificados quienes se encargan de la recolección, además la nómina de personas no coincide con el listado de transacciones. Por otro lado, carece de instrumentos para realizar actividades diagnósticas, no hay equipo de trabajo, no determinaron criterios utilizados para la selección en la oferta de cursos de capacitación y formación, ni actividades de inserción.

Respecto a esto el auditor de Unión por la Patria resalta que “no se sabe que sucede cuando los trabajadores no pasan el periodo de prueba en los puestos que ofertan, no hay criterios establecidos para abordar situaciones relacionadas con la violencia laboral, ni para las tareas de mejoramiento, saneamiento, retiro y traslados de residuos áridos”.

En relación a la recolección de basura se detectaron debilidades del sistema de registro de la coordinación de cooperativas. Figuran dos empresas contratadas McKinsey y Deterra, pero en la base de datos, entregada en una planilla Excel, no hay registro de la cantidad de materiales disponibles para la venta, no dice quién realizó la fiscalización de las acciones de limpieza y recolección de las cooperativas, en otros términos, no hay una trazabilidad de qué ocurre con la basura.

Ante la ausencia de documentación física que da cuenta de la efectiva realización de la inspección, es otorgada una plantilla de Excel. El auditor general concluye que “esta planilla al poder ser modificada, debilita la integridad y confiabilidad del sistema de supervisión y monitoreo de la prestación. Por otro lado, que no haya un registro de la trazabilidad de la basura, demuestra la poca intención de Macri por brindar transparencia respecto a la urbanización de uno de los barrios populares más emblemáticos de la Ciudad, por ejemplo, contratando empresas tercerizadas, cuando tenemos cooperativas que funcionan muy bien, es la evidencia empírica que demuestra el verdadero interés en hacer negocios privados en vez de mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos”.

Rige el paro nacional docente en todos los niveles educativos

23.05.2024

Hoy jueves, los docentes de todo el país llevan a cabo un paro nacional de 24 horas en protesta por la falta de respuesta a sus demandas salariales y laborales. Los principales gremios docentes, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los sindicatos nucleados en la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

La huelga representa un fuerte reclamo del sector educativo por mejoras salariales y laborales, así como por un mayor financiamiento para la educación pública. La falta de respuesta del Gobierno a las demandas de los gremios llevó a decidir esta medida de fuerza que afectará a todos los niveles educativos del país.

El principal motivo del paro es el estancamiento de las negociaciones salariales con el Gobierno. Los docentes exigen una recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional, que no se concretó desde diciembre de 2023. Según los gremios, el salario inicial de los docentes se encuentra muy por debajo de la línea de pobreza, llegando en algunos casos a estar debajo de la línea de indigencia.

Ante este panorama, el paro docente afectará a todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el universitario. Esto incluye a las escuelas primarias y secundarias, técnicas, institutos de educación superior y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los sindicatos señalaron que la medida de fuerza será “muy contundente” y tendrá un alto impacto en la educación pública del país.

En cuanto a los colegios privados, la situación es diferente. Aunque el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se sumó a la convocatoria del paro, su adhesión no es representativa en términos de cantidad de afiliados. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) indicó que la mayoría de los colegios privados abrirán sus puertas y continuarán con el dictado de clases programado.

Además de la recomposición salarial, los docentes exigen financiamiento adecuado para las escuelas y universidades públicas, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares y programas educativos. También piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y el cese de los despidos en el sector educativo.

Villa 15: ordenan al Gobierno porteño a garantizar el agua potable, cloacas y desagües pluviales

22.05.2024

La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso al agua potable y al servicio de desagüe pluvial y cloacal en un sector de la Villa 15. Es por un reclamo de los vecinos y vecinas del lugar, que además de no contar con conexión al agua potable sufren permanentes desbordes cloacales e inundaciones producto de la falta de desagüe. El fallo responde a un amparo presentado por los propios vecinos y vecinas, y también ordena que AYSA realice un estudio bacteriológico sobre el estado del agua.

La medida cautelar fue dictada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrado N°6, que hizo lugar a la acción de amparo presentada por los delegados y delegadas de la Manzana N°32 del barrio, en conjunto con el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP). La denuncia original data del mes de marzo del 2021 y fue el corolario de un proceso de organización y reclamo de los y las vecinas del barrio ante la falta de respuesta a los pedidos formales presentados ante diversas instancias del Gobierno porteño.

“Nuestro reclamo comenzó en el año 2017 cuando un grupo de vecinos y vecinas plantearon la problemática de la falta de agua. No había presión suficiente para que se llenaran los tanques y, en otros casos, el agua estaba sucia y no se podía consumir. El exámen bacteriológico que realizamos en ese momento determinó que no era apta para consumo ni para higiene”, cuenta Vanesa Espínola, delegada barrial y vecina de la Manzana 32, uno de los sectores más grandes del barrio ubicado en Villa Lugano. “Recién en 2022 se aprobó una obra de infraestructura de agua que en su mayoría está terminada, pero aún no se realizaron las conexiones ni el examen de potabilidad”, agrega Espínola.

Sobre esa obra en particular se basa uno de los puntos ordenados en la resolución del juez Lavié Pico, que en su cautelar ordena al GCBA que “arbitre los medios necesarios para que AYSA realice en el plazo de 10 días el correspondiente estudio bacteriológico”, como paso previo necesario para “culminar con las conexiones domiciliarias”. Según consta en la resolución del juez, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño sostuvo en la causa que las obras del tendido de agua potable ya se encuentran finalizadas y que “una vez realizado el estudio acerca de la potabilidad del agua por parte de la empresa, se realizarán las correspondientes obras de conexión”.

Los vecinos y vecinas rechazaron esa afirmación en la causa, punto que acompañaron por un informe del Centro de Salud y Acción Comunitaria del barrio ubicado dentro de Villa Lugano, que entre otras cosas asegura que las obras del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) atañen a la “colocación de caños maestros en espacios comunes” y que las conexiones existentes “son informales y algunas pasan por dentro de los desagües cloacales”. “La presión no es continua, el servicio se interrumpe frecuentemente, el agua no cumple con las condiciones de agua segura, está visiblemente sucia y con olor”, precisa el informe.

El segundo punto en que se centra la resolución del juez es el de los desagües pluviales y cloacales. En este sentido, Lavié Pico intimó al GCBA para que en el plazo de 30 días elabore y presente “un proyecto de obras de infraestructura que aseguren el servicio”. Leonel Bazán, abogado de CEJIP, detalla en este sentido que la Manzana 32 “no recibe agua potable, sufre constantemente los desbordes del servicio cloacal que es muy precario, e inundaciones en los pasillos y viviendas porque no hay desagües pluviales”.

La situación fue especialmente crítica durante los años de pandemia de Covid-19. “Transitamos todo el proceso con esta problemática, por lo que nuestra salud se vio expuesta a la falta de agua y a la dificultad para cumplir con las medidas de prevención”, advierte Espínola. Mediante el amparo de 2021, de hecho, los vecinos y vecinas consiguieron entonces que se garantizara el acceso al agua potable a través de la instalación de camiones cisternas en el barrio, como medida provisoria antes de las obras.

“No obstante, la obra sufrió reiteradas interrupciones y demoras en su ejecución y, a la fecha, todavía no se han realizado las conexiones domiciliarias al servicio. A su vez, pese a que fue reclamado desde el principio, el IVC nunca dio respuestas a los pedidos de que se realicen obras para la prestación de los servicios de cloaca y desagüe pluvial”, advierte el CEJIP en este sentido. Ante esta situación, en abril de este año los amparistas volvieron a presentarse en el marco de la causa para reclamar respuestas, lo que aceleró la resolución del juez Lavié Pico.

Para Espínola, el fallo no es otra cosa que “el fruto de tantos años de organización y reclamo”. Es que tanto las protestas como la acción judicial son sostenidas dentro del barrio por una organización de delegados y delegadas elegidos en asamblea. “Poder contar con esta medida judicial después de tantos años significa una gran satisfacción y alegría, porque todo esto tiene que ver con nuestra salud y con nuestras condiciones de vida”, señala la delegada. En el medio, los vecinos y vecinas reclaman ahora que se restablezca la mesa de trabajo que funcionó con el Ministerio durante 2023 y que, aseguran, se cortó en los últimos meses. “No se volvió a convocar para seguir trabajando en todo lo que falta, no se los escucha y no se les da respuesta”, alerta Bazán.

En conjunto con los y las delegadas y la Defensoría del Pueblo porteña, la CEJIP realizó un relevamiento dentro de la manzana que arrojó que allí viven 566 familias integradas por un total de 1.498 personas. De ese total, 747 son mujeres, 547 niños, niñas y adolescentes, 52 adultos mayores y 32 personas con discapacidad. En ese relevamiento se consultó a los vecinos y vecinas sobre su situación de salud en relación a los déficits en el acceso a servicios esenciales, y 103 personas “manifestaron haber contraído enfermedades vinculadas a la ingesta de agua no apta para el consumo humano”.

En la Semana Internacional de la Seguridad Vial el Gobierno porteño reforzará los controles el tránsito

21.05.2024

El Gobierno porteño lanzó medidas en la Semana Internacional de la Seguridad Vial. Se realizó por primera vez la campaña “Mayo Amarillo” junto con el lanzamiento del Plan de Ordenamiento del Tránsito para mejorar la movilidad en CABA, indicaron desde la Ciudad y señalaron que mueren más de 100 personas por año en accidentes de tránsito.

De acuerdo a los datos porteños, actualmente las infracciones que más congestión generan son la ocupación de carriles exclusivos y dársenas de carga y descarga, y parar en doble fila.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que el Cuerpo de Agentes de Tránsito realiza operativos en puntos estratégicos los 365 días del año como controles integrales; controles de alcoholemia y drogas, velocidad permitida; control de ciclovías con agentes en bicicleta y estacionamiento; reordenamiento de tránsito en esquinas claves, eventos y obras.

“Los problemas de tránsito son múltiples en la Ciudad porque está cruzada por autopistas, por avenidas, por vías de tren que suelen generar graves hechos viales. Por eso poner pasos bajo nivel y viaductos es tan importante. También tenemos faltas que hacen a la vida cotidiana que nos llevan a implementar medidas”, dijo Macri, acompañado por el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua.

Las medidas anunciadas serían el inicio del plan de Ordenamiento que anticipó el jefe porteño por redes sociales. “El objetivo es un cambio cultural. El primer paso fue terminar con los cortes en la avenida 9 de Julio y en el Congreso. Ahora se presentan medidas para mejorar la circulación, acortar tiempos de viaje y evitar accidentes graves”, explicaron desde el Gobierno porteño y sumaron estadísticas: “En la Ciudad de Buenos Aires fallecieron 111 personas en 2022 en 107 siniestros viales. Casi un 44% de estas víctimas tenían entre 15 y 34 años. Y 9 de cada 10 fueron peatones, motociclistas y ciclistas”.

Jorge Macri explicó que el distrito tiene identificados “35 cruces donde se generan accidentes graves. Diecisiete de ellos los estamos empezando a intervenir y cambiar. Cuando estacionamos donde no se puede, lo que hay es una falta de cumplimiento de las normas. No hay nadie que no sepa que estacionar en doble fila está prohibido. Poner agentes de tránsito es necesario, pero vamos a cambiar, vamos a sumar agentes de tránsito en motos y no tanto caminando. Porque la moto agiliza mucho, ya que ni siquiera hace falta que se haga una multa. Tocan la sirena y advierten. Por eso es clave recuperar el respeto por el otro. Esta convivencia requiere de nuestra presencia pero también hace falta el compromiso de la gente”.

También señaló el problema que plantean los giros en avenidas desde el centro hacia la izquierdea. Dijo que “hay que tratar de evitarlos porque algunas de esas avenidas tienen tres carriles y en la misma esquina hay una parada de colectivo, un auto parado en el medio para girar y queda un solo carril. Ahí se puede generar una nueva congestión. Y además hay riesgo para el peatón. El 30% de los giros a la izquierda los vamos a eliminar. Son una serie de situaciones que estamos estudiando para ordenar el tránsito”. También agregó que “hay algunas avenidas en las que no se puede estacionar, que son de flujo rápido y nosotros ponemos los contenedores de basura en la calle en lugar de la vereda. Entonces somos parte del problema. Ya identificamos 300 de esos contenedores. En Plaza Francia, hay 4 o 5 de los grandes que deberían estar sobre la vereda. Eso complejiza mucho el tránsito y lo vamos a solucionar”, detalló Jorge Macri.

Para concientizar sobre conductas indebidas, como primeras medidas se suman agentes de tránsito en moto y se refuerza el control en grandes avenidas y calles. Se ordenan las inmediaciones de hospitales. Luego se seguirá con escuelas, bancos, empresas transportistas, paradas de colectivos, y lugares de carga y descarga.

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