Comunicadores del Sur

21.1.2022

Por Diego Moneta

En septiembre de 2014, tras asesinar a Jon Camafreita y poco antes de que se leyera el veredicto en su contra, el ex cabo Martín Alexis Naredo se fugó. Tres años después se entregaría en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich esperando ser favorecido.

Este viernes se cumple una década del asesinato de Jon Camafreita, de 18 años, en manos del ex cabo de la Policía Federal Martín Alexis Naredo. Dos años después sería condenado a prisión perpetua pero profugaría hasta 2017. En ese entonces, se entregó apelando a que con Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el poder podría salir beneficiado.
La madrugada del 21 de enero de 2012 Naredo y Juan Carlos Moreyra, jefe del operativo y ambos de la Comisaría 8° de Balvanera, Once, fueron convocados como refuerzo por una pelea entre jóvenes en la Plaza Mariano Boedo. En el trayecto intentaron detener a Jon y a Franco Rojas, de 14 años, que cruzaban corriendo la Av. Independencia a más de 200 metros de los disturbios, por considerarlos “sospechosos”. Lo hicieron con el móvil a contramano, a pesar de que éstos no iban armados ni implicaban riesgo alguno.
Moreyra persiguió al menor hasta la esquina, mientras que Naredo alcanzó a Camafreita a mitad de cuadra y le disparó en la cabeza, lo que le provocaría la muerte cuatro días después en el Hospital Ramos Mejía. Rojas fue trasladado a la Comisaría en patrullero. El cabo Naredo argumentó que, en combate cuerpo a cuerpo, el joven le quiso manotear el arma, por lo que había sido accidental, y le bastó para salir en libertad. La familia desmintió esa versión, en parte porque veinte días atrás uno de sus primos había sido asesinado por otra fuerza de seguridad, en este caso el Centro de Operaciones de Tigre.
El juez de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires Pablo Ormaechea dispuso que los peritajes los lleve a cabo personal de Gendarmería Nacional. No obstante, documentación y ropa de Jon, que estaban secuestradas, habían desaparecido, lo que retrasó el avance de la causa. En paralelo, Delia Castro, la madre, denunciaba el fusilamiento y se acercaba a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En septiembre de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº23, con votos de Héctor Magariños y Pablo Jantus y la disidencia de Javier Anzóategui, condenó a Martín Alexis Naredo a prisión perpetua por homicidio calificado. Las pericias probaron que disparó con el arma apoyada en la sien del joven, que estaba arrodillado contra la persiana de una ferretería. Tanto la querella, representada por María del Carmen Verdú, como el fiscal Ariel Yapur solicitaron esa pena. Fue inhabilitado a ejercer cargos públicos y a portar armas y se ordenó investigar la responsabilidad de Moreyra y otros efectivos por la detención ilegal del menor. Naredo, que se hallaba trabajando en la Municipalidad de La Matanza, fue exonerado y Moreyra cesanteado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de María Cecilia Rodríguez.
Pocas horas antes del veredicto, Naredo pidió retirarse a través de su abogado, alegando que se sentía mal, y sin ninguna medida restrictiva se fue. Verdú y la fiscalía pidieron a los jueces que lo arresten y quede a disposición del tribunal hasta la lectura del mismo, pero fue rechazado. Una semana después lo declararon en rebeldía y dictaron orden de captura con búsqueda de Gendarmería. Se entregó el 7 de noviembre de 2017 en la sede del Ministerio, con una carta dirigida a la entonces titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich en la que explicaba su decisión por la confianza en que ella y Mauricio Macri lo defendieran.
El ex cabo apostaba a que el poder judicial, disciplinado por el gobierno de Cambiemos, lo favoreciera. Aún no se había dado el abrazo de Macri con Luis Chocobar. Sin embargo, los recursos interpuestos no prosperaron. El año pasado la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena y continúa detenido.

21.1.2022

Miguel Ángel Juárez trabaja como peón de limpieza en la línea C del subterráneo. El 13 de noviembre fue golpeado salvajemente por la policía porteña y detenido durante dos días. La empresa concesionaria no reconoce lo sucedido y lo despidió. Sus compañeros están exigiendo su reincorporación.

El trabajador de 38 años, que vive con su familia en el Barrio Zavaleta, denunció públicamente que ese sábado 13, cuando la policía realizaba un procedimiento en una vivienda cercana a su domicilio, intervino al ver cómo la policía hostigaba a menores de entre 3 y 5 años. Pero la respuesta que recibió por defender a los niños fue una fuerte golpiza de parte de los policías, producto de la cual perdió el conocimiento. Al acercarse a la comisaría a denunciar este hecho, lo trasladaron a un Hospital, para luego volver al destacamento del barrio y leerle un acta donde se lo acusaba de delitos inventados por la misma fuerza. Al negarse a firmarlo, lo esposaron y trasladaron a la Comisaría 4C de La Boca, donde permaneció incomunicado hasta el día 15 del mismo mes.
Posteriormente a esa situación de violencia por parte de las fuerzas represivas, vino la violencia laboral. Emova (ex Metrovías), a pesar de saber lo que le había pasado a Miguel Ángel, tomó la decisión de despedirlo. Sus compañeros están exigiendo la reincorporación y no descartan posibles medidas de fuerza si la empresa no retrocede en el despido.
Esta es una situación más donde se ve claramente la política represiva, con golpizas y causas inventadas, de la policía hacia la juventud trabajadora en los barrios populares. A lo que además se suma una patronal a la que no le importan las vidas de sus trabajadores y sus familias cuando su único objetivo es seguir amasando fortunas.

21.1.2022

Por Ramiro Giganti

Oscar Escobar, quien lleva tres años buscando justicia por su hijo Camilo, estuvo presente en el programa Patas En La Brea en FM La Tribu. Allí comentó la actualidad de la causa. El 10 de enero de 2019 Camilo Escobar había ido a una casa en el barrio de Caballito a comprar flores de marihuana, donde fue asesinado por un presunto comprador que, tras anunciarse como policía, lo asesinó de un balazo en el tórax.

Tras pedir la apertura de la feria para avanzar durante el verano, Oscar espera la audiencia para el próximo 1° de marzo donde se va a contemplar la utilización de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Ese pedido les venía siendo negado pero su defensa lo contrapuso con el ejemplo del caso de las molotov al diario Clarín donde se incorporaron inmediatamente las imágenes de las cámaras en las inmediaciones.
«El asesino fue a buscar al testigo fundamental sin conocerlo, y lo llevó en moto desde Chacarita a Caballito, sin llevar casco y sin chapa patente. Yo les preguntaría a todos estos chicos que trabajan la calle qué pasa si van sin casco en la moto. Esos son los hechos concretos: hay una desidia muy grande de parte del juzgado que en realidad, me parece a mí, que tiene que ver con toda una red impresionante de encubrimiento que no afecta solo al juzgado sino que afecta mucho más arriba», comentó Oscar.
«El testigo fundamental hizo un croquis calle por calle, cuando lo fueron a buscar en la moto y marcó cerca de su casa todos los domos que había y eso está aportado en el expediente», sostuvo confirmando la cantidad de información presentada para poder avanzar en la investigación a pesar de la inacción en el juzgado, «De menor a mayor empezamos por decir desidia, después incumplimiento de los deberes de funcionario público y por último connivencia o complicidad. Para los que somos ya grandes creemos que es lo último», agregó.
También repasó anécdotas con carga emotiva al hablar de su nieta de 7 años, hija de Camilo. «Yo no me sentía bien y mi nieta le rezó al papá para que el abuelo no se enferme».
Consciente de la necesidad de acciones colectivas Oscar se solidariza y acompaña otras causas, durante la entrevista recordó a Luciano Arruga de quien se están por cumplir 13 años de su desaparición forzada seguida de muerte. «Nos estamos preparando para ir a la marcha de Luciano Arruga que he ido siempre pero ahora me toca ir también como víctima».
«La única herramienta que tenemos es la participación y encontrar medios como ustedes que nos ayudan y luchan contra esa hegemonía criminal que son los medios masivos. Porque es una hegemonía criminal que crea subjetividades terribles, de consumo de individualismo y de violencia terrible».
Oscar habló de la estigmatización que sufrió por parte del juez quién justificó su inacción por la ilegalidad en relación al consumo de marihuana. «El señor juez, preso de sus subjetividades, me dijo «pero su hijo estaba en un negocio ilegal» ah bien, entonces ya lo sentenciaron y lo mataron».
En distintos momentos de la entrevista Oscar insistió en la necesidad de incluir, no solo a las imágenes, sino el ADN del asesino. «Tenemos una audiencia el 1 de marzo por el tema de la utilización de las imágenes y vamos a presionar para incorporar los insumos para hacer el ADN. Teniendo el ADN es muy posible llegar al asesino», concluyó.
La causa 5698/2019 descansa en el juzgado 50 a cargo del juez Carlos Bruniard quien se declaró incompetente para resolver este tipo de homicidios pero aun así permanece en la causa. «Yo no hablo ni de la integridad moral o si es buena o mala persona. Lo que sí con seguridad puedo afirmar es que no es idóneo para estar donde está».

19.1.2022

Por Juan Manuel Astiazarán

Las declaraciones de la ministra muestran el clasismo sin filtro del PRO. Sus dichos discriminatorios y reaccionarios despertaron un masivo repudio de la comunidad educativa y de un amplio arco político. Desde el Frente de Todos aprovecharon y salieron fuerte al cruce asegurando que “nunca es tarde para volver a la escuela”, pero las palabras no pueden maquillar la dura realidad educativa de un país cogobernado por el FMI y con una pobreza infantil que alcanza el 63%.

Las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recorren las páginas de los diarios y las redes sociales. Según su visión, clasista y discriminatoria por donde se la mire, los chicos que no pudieron revincularse a la escuela desde la pandemia “seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa, cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar”.
La frase no sorprende si se toma de quien viene. Para quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires no es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. Pero pese a eso, no deja de llamar la atención la “soltura” para expresar un pensamiento tan reaccionario sin ningún tipo de filtro, que desnuda la concepción de Acuña acerca de los estudiantes que terminan “cayendo” en la educación pública. Un nuevo episodio de la ministra más odiada, que lejos de retractarse luego se justificó por Twitter.
La ministra remató diciendo que “es muy tarde para salir a buscarlos”, como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela. Una frase que no sólo está cargada de desprecio si no que implica todo un reconocimiento de la política del macrismo en la Ciudad, y del “trabajo” de su fracasado ministerio.
El repudio masivo no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes en claro rechazo a sus dichos, que reunieron a un amplio arco de dirigentes sindicales y políticos. Pero en medio de la indignación, algunas voces del oficialismo buscaron (y buscan) aprovechar el sincericidio de Acuña para llevar agua para su molino. Rápidamente desde el Frente de Todos salieron a cruzar a la ministra. Jaime Perczyk, ministro de Educación nacional, aseguró: “Nunca es tarde para que todas las chicas y todos los chicos de la Argentina estén en la escuela, porque es el lugar en el que tienen que estar”. En el mismo sentido lanzaron en redes sociales un video que asegura que “nunca es tarde para volver a la escuela”, donde dan cuenta de la cantidad de inscripciones registradas en el Plan Progresar, Plan Fines, el estado de vacunación entre niños, niñas y adolescentes y el relanzamiento de Conectar Igualdad.
La intención es polarizar con los dichos de Acuña y contraponer con un Gobierno que supuestamente le da prioridad a la educación pública. Pero esos datos no pueden analizarse separados de la crítica realidad que vive el país, que golpea con mayor dureza a las infancias y a adolescentes. En la Argentina la pobreza supera el 40 %, y la pobreza infantil alcanza la escalofriante cifra del 63%. A pesar de esa cruda situación, el Gobierno se prepara para cerrar un acuerdo con el FMI con consecuencias que durarán “más de una década”, según afirmaciones del ministro Guzmán. Y se permitirá la entrada del organismo para que lisa y llanamente “cogobierne” durante esos años, analizando los planes económicos y tomando decisiones que afectarán el futuro de millones para garantizar el pago de esa deuda fraudulenta.
“En Argentina tenemos que lograr que nadie quede por debajo del piso de cosas a las que todos tengamos acceso”, continuó Perczyk. Pero frente a esta realidad, ¿es posible sostener, como él afirma, que “siempre habrá lugar para los chicos en la Argentina que queremos”?
Hace tan sólo dos días atrás, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que para 2022 el Gobierno recortará $ 225.000 millones en Salud, Educación y partidas sociales. ¿Se puede decir que la educación pública y la revinculación educativa son una prioridad cuando se realiza un ajuste semejante?
A dos años de la asunción de Alberto Fernández y del Frente de Todos, las promesas de campaña se hicieron pedazos, la pobreza infantil no paró de crecer y los mismos de siempre siguieron ganando, antes y durante la pandemia. Frente a esta situación es más necesario que nunca pelear por el derecho a la educación de todos esos niños, niñas y adolescentes, que ven vulnerados sus derechos más básicos una y otra vez por los distintos gobiernos. Ante el desprecio reaccionario y clasista del macrismo, y la demagogia de un Gobierno que prepara una nueva entrega del país al FMI, es urgente poner en pie la más amplia unidad entre docentes, estudiantes y familias para pelear juntos por estas demandas.

19.1.2022

Según el relevamiento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor, a pesar de que ya hace varios días bajaron las altas temperaturas y la demanda. En este marco, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022».

Al cierre de esta nota, el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba que aún 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor.
En el caso de Edesur, son 5167 los y las usuarias afectadas, en las localidades bonaerenses de Longchamps, San Francisco Solano, Wilde, Berazategui, Canning, Carlos Spegazzinni, Florencio Varela, Remedios de Escalada, Villa Centenario, Guernica, Quilmes, Bernal, y Alejandro Korn, y en los barrios porteños de Constitución, Almagro, Balvanera, Flores, La Boca, Liniers, Monsterrat, Monte Castro, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Villa Mitre, Villa Lugano y Villa Real.
En tanto, en el caso de Edenor, se trata de 3.600 usuarios y usuarias sin luz, en las localidades bonaerenses de Ingeniero Maschwitz, General Rodríguez, Los Polvorines, Francisco Alvarez, San Fernando, Tigre, Escobar, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Merlo, Morón, Moreno, Boulogne, San Martín, Pilar y Villa Adelina, y los barrios porteños de Agronomía, Villa Devoto y Villa Pueyrredón.
En este marco, mediante la Resolución N° 8/2022, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar con $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año por «deficiencias en la calidad del servicio y atención a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones registradas días atrás», explicó el organismo sobre la sanción, que supera los 400 millones de pesos, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022». Asimismo, el organismo indica que «en el plazo de cinco días, la empresa deberá acreditar la nómina de personas usuarias alcanzadas por la Resolución«.
Finalmente, en la resolución el ENRE considera que «Edesur brinda un servicio deficiente porque destina un 50% menos de cuadrillas a la atención de reclamos, en relación con las características de su área de concesión. En este sentido, el análisis realizado por los técnicos del Ente determinó que, en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla disponible por cada 7.82 MW de demanda y por 4.704 personas usuarias», detalló el organismo.