Comunicadores del Sur

22.9.2021

Omar Guaraz, titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció que las y los manteros de Once que habían sido trasladados en el 2017 a dos galpones del barrio, van a ser desalojados.

En el año 2017 un centenar de manteros/as, trabajadores/as ambulantes que estaban en la calle vendiendo sus productos, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad y luego trasladados a dos locales en el barrio de Once. Hace pocos días, nuevamente y a través de una orden judicial, el Gobierno porteño pretende sacarlos de allí.
Omar Guaraz del Sindicato de Vendedores Libres de la CTA brindó más detalles: “El titular de los inmuebles es Manchego, Alberto. Uno (de los locales) está ubicado sobre la calle La Rioja y el otro en la calle Perón. Esta persona se dirigió a la Justicia después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el de La Rioja, el Gobierno lo dejó de pagar antes de los inicios de la cuarentena obligatoria, y el otro pocos meses después. Por lo tanto, el dueño pide la restitución de los mismos y el desalojo. La deuda es de más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno”.
Guaraz, además, contó quiénes trabajan en esos predios: “En este momento debe haber unos 100 compañeros trabajando, la mayoría de edad avanzada, algunos con algún tipo de discapacidad y madres con niños”.
“En el año 2017, el Gobierno hace uno de los desalojos más masivos. Había 2.100 manteros en Once. También se les dijo que se les iba a dar solución a todos y que no se iba a permitir la ilegalidad. En aquel momento eran unos 16.000. En concreto, en esos locales ingresaron 550 manteros, dando solución a solo un 3%. Mientras tanto, el Gobierno continuó con la represión hasta el día de hoy. Nosotros denunciamos apremios ilegales en la comisaría, que incluyeron torturas. Algunos oficiales de la Policía utilizaron una plancha caliente. Recordemos también que murieron dos compañeras, Beatriz Flores y María Berrechea”, recordó Guaraz.
Por otro lado, describió la situación de vendedores ambulantes en otro barrio porteño, Flores: “En los últimos dos años hubo más de 7.200 senegaleses detenidos, sin contar las otras colectividades. Hoy producto de la necesidad los vendedores volvieron a las calles”.
Por último, el titular de Vendedores Libres expresó que “No hay diálogo entre vendedores y el Gobierno de la Ciudad”.

20.9.2021

Por Diego Moneta

El martes pasado se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del joven Ezequiel Demonty, agredido, torturado y obligado a tirarse al Riachuelo en septiembre de 2002. La condena a los responsables fue muy importante en materia de violencia institucional.

El 14 de septiembre de 2002 Ezequiel Demonty, de 19 años, salió con dos amigos a un boliche de Constitución. Al regreso, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal de la Comisaría 34, con la excusa de que se había denunciado el robo de una bicicleta. Los agredieron y subieron a patrulleros por separado para llevarlos hasta la orilla del Riachuelo, a la altura del puente Uriburu, en Nueva Pompeya. Tras nuevas agresiones y torturas, los empujaron al agua, sabiendo que Ezequiel no sabía nadar, por lo que terminó ahogándose y fue encontrado sin vida una semana después.
La autopsia arrojó que su muerte se debía a asfixia por inmersión, pero, al igual que en otros casos, la investigación demostró la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. En 2004 fueron condenados el subinspector Gastón Somohano, a reclusión perpetua, y el inspector Gabriel Alejandro Barrionuevo y el cabo Alfredo Ricardo Fornasari, a prisión perpetua, por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. Otros seis acusados, Luis Funes, Luis Gutiérrez, José Luis Martínez, Sandro Granado, Jorge Solís y Maximiliano Pata, recibieron penas de entre 3 y 5 años por omisión de evitar que se cometan.
En 2007, la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 8. A comienzos de 2019, Barrionuevo y Fornasari recibieron el beneficio de salidas transitorias y, además, solicitaron fecha de liberación. En 2015, por iniciativa de alumnos de la escuela a la que concurría Ezequiel, se concretó el cambio de nombre del Puente José Felix Uriburu, conocido como Alsina, y pasó a llamarse Ezequiel Demonty. El acompañamiento de los barrios y la comunidad educativa fue muy importante a lo largo de toda la causa.
En el comienzo de 2019, Barrionuevo y Fornasari recibieron el beneficio de salidas transitorias por “haber pasado más de 15 años y haber tenido una conducta ejemplar”: dos de hasta 12 horas y, cada dos meses, una de 24. Además, siguen solicitando fecha de liberación. Desde el asesinato de Ezequiel, todos los años la familia se acerca a esa zona del Riachuelo para llevar una ofrenda floral.
En septiembre del 2020, Leonardo Demonty, hermano de Ezequiel, sostuvo: “El recorrido es muy duro. Seguimos sintiendo el mismo dolor del primer día. La invención de causas es una práctica de las fuerzas de seguridad en el tiempo que sea, ya sea dictadura o gobierno neoliberal. A Ezequiel le inventaron que se quiso robar una bicicleta, un taxi, después que le quiso robar a alguien que salía de trabajar. Siempre que hay un pibe de barrio se lo quiere culpar. La realidad es que con Dolly, mi mamá, desde el primer momento dijimos que si mi hermano estaba robando tampoco era la manera para proceder de la policía. Entendemos que son prácticas heredadas de la dictadura, porque conocimos muchos casos antes del de Ezequiel con el mismo procedimiento. Creo que fuimos una de las pocas familias que nos animamos a denunciar el caso”.

20.9.2021

Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 11% este lunes y el Riesgo País subía 4 %, empujadas por el impacto del colapso del gigante inmobiliario chino. Esto se suma a la incertidumbre local por los cambios de gabinete tras la derrota oficialista en las PASO.

Este lunes las principales plazas bursátiles del mundo caían frente al posible colapso de Evergrande, un gigante inmobiliario chino que registró su cotización más baja en 11 años. El desplome de Evergrande en 10,63% ante el riesgo de suspensión de pagos en los vencimientos de deuda de los próximos 30 días, impulsó caídas de en promedio de 2% en Europa y de 3,3 % en Hong Kong.
Mientras en la bolsa porteña el Merval cerró con un rojo de 6%, el riesgo país aumentó un 4 % a 1.565 puntos. En igual sintonía, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) registraron una caída de hasta 11 %, principalmente las energéticas y financieras.
Además de este impacto internacional y de la expectativa sobre los anuncios de la FED, en el plano nacional se suma la incertidumbre luego de las PASO con los cambios de gabinete, la crisis política de Gobierno indefinida y los nuevos anuncios de la economía. Una semana llena de novedades en materia de economía y que coincide con un vencimiento de deuda con el FMI por 1.905 millones de dólares este miércoles.

17.9.2021

Por Diego Moneta

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de que se dicte una nueva sentencia, más severa, por la desaparición forzada de Ricardo Cittadini durante la última dictadura militar. El rol de la Policía Federal en el aparato represivo.

Ricardo Alberto Cittadini, de 21 años, era oriundo de Gobernador Gregores, Santa Cruz, aunque su familia estaba radicada en Trelew, Chubut. Estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y era militante de la Juventud Peronista. La tarde del 17 de agosto de 1976 fue detenido por averiguación de antecedentes en la Plaza España del barrio de Constitución. Los patrulleros lo llevaron hasta la Comisaría 28ª de la Policía Federal, en Vélez Sársfield 170, y desde entonces está desaparecido, al igual que otros de sus compañeros de vivienda y militancia en La Plata.
En 2013, el juez Daniel Rafecas procesó con prisión preventiva domiciliaria a Miguel Alcides Viollaz, comisario retirado a cargo de la dependencia, y a Nicomedes Mercado, ex sargento y uno de los agentes que lo llevaron detenido. Además, consideró a la comisaría como un centro clandestino de detención, la primera de la Ciudad de Buenos Aires en ser descrita como más que un lugar de tránsito de las víctimas. Según información documental y testimonial, Cittadini estuvo al menos hasta la madrugada siguiente en esa locación.
En agosto de 2016 comenzó el juicio. El fiscal Miguel Ángel Osorio y el abogado querellante, Pablo Llonto, habían solicitado una pena de 25 años por desaparición forzada y, subsidiariamente, de 20 años por privación ilegal de la libertad y tormentos, enmarcados en el plan sistemático de la última dictadura militar. Si bien el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 fue histórico, por incluir a la Federal en el sistema represivo, condenó a los dos acusados a cinco años sólo por privar a Ricardo de su libertad, de los cuales ya habían cumplido tres, misma calificación con la que había sido elevada a juicio.
La decisión fue dividida, con la mayoría de los jueces Adriana Palliotti y Oscar Alberto Hergott, y con un voto en disidencia que opinaba que había que agregar tormentos en la sentencia. Es decir, no se tenía en cuenta la desaparición forzada del joven. Tanto la fiscalía como la querella apelaron y, en 2017, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal les dio la razón, revocó en parte el fallo y ordenó una nueva sentencia que analizara los agravantes. La determinación, también por mayoría, corrió por cuenta de Mariano Borinsky, hoy ligado a las visitas a Mauricio Macri en Olivos, y Juan Carlos Gemignani, mientras que Eduardo Reggi había rechazado los planteos.
La defensa de los represores recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos días confirmó la decisión de Casación y ordenó un nuevo fallo con una pena más dura. Sin embargo, a pedido de sus abogados, una junta médica concluyó que por su edad y estado de salud Viollaz no está en condiciones de enfrentar un nuevo proceso, por lo que su condena quedó firme en cinco años. El expediente continúa con el ex sargento Mercado y desde la querella insisten en que se juzgue a Pablo Eduardo Romanow y Esteban Alberto Vilella Paz, policías de guardia esa noche.
Eduardo, uno de los diez hermanos de Ricardo, escribió un libro esta historia y lo tituló “No saben lo que me piden”. Según el autor, esa frase pronunció el joven desaparecido cuando su familia le solicitó dejar la militancia en aquellos años. En el cierre de su alegato, en 2016, el fiscal Osorio terminó su exposición con un extracto de la obra: “Que el testimonio del pasado sea la huella digital de nuestros tiempos. Que la palabra sea para que todos los jóvenes vuelvan a estar presentes”.

17.9.2021

Tal como pasó con Costa Salguero, la ciudadanía ya comenzó a inscribirse para detener un nuevo negocio inmobiliario que prioriza torres antes que espacios verdes. Mientras, Larreta ingresó dos proyectos con 16 convenios en la Legislatura para cambiar el código urbanístico a medida de las corporaciones.

Tras una histórica audiencia pública para defender Costa Salguero del negociado inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedó abierta la inscripción para hacer lo propio con la Costanera Sur y evitar la creación de un complejo de torres comandado por la empresa IRSA.
El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta logró eludir las objeciones de la oposición y colectivos vecinales que cuestionaban la edificación de “un nuevo Puerto Madero”. El grupo empresario que encabeza Eduardo Elsztain espera obtener ganancias por alrededor de mil millones de dólares.
Si bien el emprendimiento cuenta con este primer aval legislativo del oficialismo, requiere de una aprobación en segunda lectura para poder concretarse. El legislador porteño del Frente de Todos, Javier Andrade, señaló al respecto: “Seamos miles para frenar esta locura y defender nuestro río. Es muy importante que la participación sea masiva para romper el blindaje mediático. Pudimos con Costa Salguero, ahora hagamos historia con la Costanera Sur”.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto, pueden anotarse para participar en la audiencia quienes tengan domicilio la Capital Federal, y el plazo de inscripción es desde el 15 de septiembre al 12 de octubre a las 14. La audiencia tendrá modalidad virtual, como ocurre desde que se declaró la pandemia.
Quienes no cuenten con acceso a medios virtuales para intervenir podrán comunicarlo para tener la oportunidad de formar parte mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura, sita en Perú 160. Para participar, se debe enviar un mail a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, con nombre, apellido y DNI, aclarando la intención de formar parte de la audiencia del Expediente 1831-J-2021.
“Insistir con consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor”, sostuvo la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Por su parte, el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, agregó: “La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria ha capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más”.
Así como pasó con Costa Salguero, se espera que la participación ciudadana esta vez también sea masiva. Su postura ya se manifestó en la bicicleteada del 22 de agosto bajo la consigna “Humedales si, torres no”.

Más negociados

Mientras la crisis habitacional empeora en la Ciudad, Rodríguez Larreta, impulsado por el triunfo de su partido en las PASO, presentó dos proyectos en la Legislatura para tratar 16 convenios urbanísticos entre su administración y empresas privadas. Los mismos requieren cambios en las normas de edificación para avalar la construcción de más torres, una de ellas ubicadas en el casco histórico junto a una iglesia colonial.
El primero incluye 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby.
Estos crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la Ciudad, ubicadas en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. Éstas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.
Según se señala en los textos, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas deberán destinarse a “promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.
El segundo proyecto define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.
Estos convenios podrían llegar a dejar 200 millones de dólares en ganancias, pero se trata de respuestas a los intereses inmobiliarios, y no a los de la ciudadanía que exige más espacios verdes y menos torres de lujo que además encarecen un ya caro suelo porteño.