Comunicadores del Sur

25.8.2021

El 30 de diciembre de 2004, el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once, se incendió durante un recital de la banda Callejeros. Esa noche fallecieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Un año y tres meses más tarde, el 30 de marzo de 2006, hubo otro fatídico incendio: el del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, donde falleció una mujer embarazada y cuatro menores de edad. Ambos hechos tienen distintos puntos en común: fueron masacres que pudieron haberse evitado.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de ambos hechos esperan que la Legislatura porteña trate dos proyectos de expropiación de los edificios donde sucedieron las masacres. De esta forma, podrían convertirse en espacios de memoria, y dejarían de estar en manos de los mismos dueños de siempre.
Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, explicó en diálogo con Notas que la recuperación de los edificios es, por un lado, “reparatorio hacia familiares y sobrevivientes” y, por el otro, un hecho de bien “para la Ciudad y para el país”. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, añadió.
Uno de los dos proyectos, el vinculado a la masacre de Cromañón, plantea la expropiación del boliche cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que al momento del incendio, y quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber sido considerado como responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.
Para Silvia, “Levy es una persona peligrosa para el barrio, para la ciudad, y para cualquier pibe y piba”, ya que “no era simplemente alguien que tenía el lugar, sino que tomó decisiones contra la vida de las personas”.
Algunos ejemplos podrían ser las puertas de seguridad con candados, la construcción de canchas en los techos que obstaculizaban la ventilación, o el funcionamiento de un taller clandestino encontrado durante una inspección ocular. “Levy representa el mal para este barrio. Tenía un prostíbulo que nosotros hemos denunciado”, recordó Silvia.
Según Bignami, Levy “realmente representa muchas cosas malas, sin hablar de que apenas le devolvieron el inmueble tapió por dentro las ventanas. No sabemos lo que está haciendo, y también han pasado cosas en el espacio del santuario desde que él se hizo cargo. Es tremendo, es un acto muy fuerte de impunidad que lo tenga él al edificio”.
Actualmente los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen un santuario en la calle Bartolomé Mitre, un pequeño rincón de la ciudad lleno de murales y objetos de las víctimas fatales que es sistemáticamente vandalizado. «La protección del santuario debería ser tarea de la Comuna 3, pero se ocupan cuando nosotros denunciamos”, dijo Silvia, que agregó que “siempre dicen que son las personas que viven en la calle, a veces es simplemente mugre, y otras veces directamente tapan los murales, es difícil pensar que es gente de la calle».
El edificio donde funcionó el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, sigue en manos de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron sobreseídos en el marco de la causa que condenó a los capataces del lugar, que recibieron una pena de 13 años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte.
Las víctimas -todos migrantes de Bolivia- vivían en el galpón incendiado, y eran explotadas laboralmente junto con otras 61 personas (25 de ellos eran menores de edad). Sus jornadas comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las dos de la madrugada, los sueldos eran la cuarta parte de un salario correspondiente a una jornada de ocho horas y nunca se pagaban a la fecha prometida. En la planta baja del taller estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. Arriba dormían adultos y menores separados por telas y tabiques.
Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre y miembro de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, dijo a la agencia de noticias Télam que están «decididos a pelear por la expropiación del galpón a los dueños, que son los mismos del 2006, porque este caso quedó impune, entonces no queremos que vuelva a ocurrir allí otra masacre».
“Buscamos que el lugar sea un espacio para las próximas generaciones, para nuestros hijos, que tengan donde organizarse y capacitarse porque las víctimas de Luis Viale eran todos inmigrantes bolivianos que no sabían nada sobre los derechos ni a quién recurrir”, completó.
Este jueves a las 15 horas, miembros de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale y del Movimiento Cromañón, junto a personalidades distinguidas de la lucha contra la violencia institucional como Nora Cortiñas o Emilia Vasallo, participarán de una reunión ad hoc de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.
Ese día, las organizaciones se concentrarán frente al Parlamento para seguir exigiendo que el tratado de los proyectos de expropiación avancen en la Comisión de Derechos Humanos. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, concluyó Bignami.

24.8.2021

El progenitor de Luna abusó sexualmente de ella en su infancia. El Ministerio Público Tutelar realizó una pericia sobre el expediente, y en el informe se habla del “Síndrome de Alienación Parental”, una figura ilegítima que desestima la propia palabra de Luna y carga la responsabilidad en su mamá.

Sólo el 1% de los abusadores sexuales denunciados llega a una condena”. Así lo afirma Yama Corin, mamá de Luna, una joven sobreviviente de abuso sexual por parte de su progenitor entre sus 6 y 9 años. El proceso judicial, ahora a cargo de la Fiscalía N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, cumplió diez años, y todavía no hubo un enjuiciamiento.
Por el contrario, en los últimos días el Ministerio Público Tutelar realizó un informe sobre el expediente de Luna a partir de un pedido de la Fiscalía. El escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre, amparándose en la figura del falso “Síndrome de Alienación Parental” (SAP).
El SAP no tiene ningún tipo de encuadre científico. Es un término creado por el psicólogo estadounidense y pedófilo confeso Richard Gardner, rechazado sistemáticamente por los profesionales de la salud mental. “Se trata de culpabilizar a la madre que detecta un abuso sexual, de culpabilizarla de la situación cuando ya están desarmadas viviendo una situación súper aberrante”, explicó Marina Rodríguez, abogada de la causa, en diálogo con Notas.
En ese sentido, consideró: “Que la justicia recurra a la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental, o cualquier otro mecanismo en donde se sostenga que el adulto responsable implanta recuerdos o construye una idea de ese recuerdo, es nada menos que algo aberrante”.
Yama, mamá de Luna y militante feminista dentro de la agrupación Mundanas, entiende que la elaboración de un informe bajo la lógica del SAP es un acto de “muchísima violencia” hacia su hija y hacia ella misma, a quien le cargan la responsabilidad de “haberle hecho creer a Luna que ella fue abusada por su progenitor”. Según el escrito, ella es la responsable “de sus padecimientos, de sus crisis, y de sus angustias, que entendimos que era producto del abuso, pero el informe lo invierte y dice que es producto de una manipulación de mi parte”.
“El Ministerio Público Tutelar es una institución de la que se desprenden informes que van a muchísimas causas de niños y niñas. Estos informes lo que hacen es llevarlos a la revinculación con los abusadores, es muy peligroso”, apuntó. Además, subrayó: “La justicia no sólo funciona como una corporación que defiende la pedofilia, sino que el maltrato que ejerce sobre nosotras es aleccionador para el resto”.
La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos establece que las autoridades debe responder al principio de no revictimización, por lo que “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles”. Sin embargo, Luna y su madre lidian con una causa judicial de más de diez años de expediente que nunca parece recabar la información necesaria.
“Los procesos judiciales en sí son largos, las víctimas que se someten a procesos judiciales muchas veces depositan sobre la justicia expectativas que la justicia en general no llega a cumplir”, dijo la letrada, a lo que añadió que “la realidad es que durante el primer momento Luna no logró poner en palabras lo padecido, pero desde los 13 años estuvo en condiciones de poder contar lo que le había pasado, y la justicia demoró más el expediente”.
Recién a sus 17 años, rozando la mayoría de edad, Luna fue llamada a declarar en Cámara Gesell. Sin embargo, la cita fue cancelada en tres oportunidades. Ya como adulta, pudo dar su testimonio en octubre del año pasado. Entre medio, la causa se dilató por un problema de competencias: un ping-pong entre la justicia de Morón y de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente la causa quedó a cargo de la Fiscalía.
“La situación actual es complicada, sobre todo porque la declaración de Luna fue súper contundente, pero con este informe que sale ahora se la desacredita. Es una nueva forma de no escucharla y acallarla, y de desacreditar esto”, aseguró Rodríguez.
Yama, por su parte, trae en su haber “mucho cansancio, mucho agotamiento, pero a la vez mucha convicción de que todos estos años llevaron un recorrido que ayudó a sostener la causa de Luna”. Y añadió: “Fue un recorrido que nos llenó de un trabajo colectivo, primero porque cuando yo entendí que el abuso sexual que había sufrido Luna no era una tragedia personal, que era un problema político social y y había que organizarse contra eso”.
En ese sentido, Yama transfeminismo popular jugó un rol central en su búsqueda de justicia: “Vivimos en una sociedad donde la pedofilia es el corazón del patriarcado. Se sostiene con instituciones y con personas de carne y hueso. Tenemos que empezar a desmantelarlo, y tenemos que organizarnos”.
Este viernes a las 9 de la mañana, convocan a una concentración en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, ubicada en Paraguay 1536, “para llevar a la calle la lucha contra los abusos sexuales y el uso del falso SAP”. Además, exigen que se avance con el enjuiciamiento del acusado y que se lo lleve a indagatoria. “Luchar contra la pedofilia es luchar contra un aspecto central del patriarcado, porque les niñes son el sector más vulnerable, no pueden organizarse elles de manera propia, entonces es efectivamente el feminismo es quien debe tomarla”, concluyó Yama

23.8.2021

Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario.

Este domingo 22 de agosto, miles de porteñas y porteños realizamos una bicicleteada por la ciudad y abrazamos la Costanera Sur para rechazar la propuesta del gobierno de la Ciudad y del grupo IRSA de construcción de megatorres en plena Costanera.
El jueves 19, sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece para este tipo de proyectos, la legislatura porteña aprobó el emprendimiento Costa Urbana. Este mega proyecto de torres de 145 metros de altura en la Costanera Sur, es la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática y sanitaria, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales.
Esta nueva bicicleteada histórica es parte del movimiento ciudadano con el que venimos impulsando UNA COSTANERA VERDE PÚBLICA. Así como el año pasado logramos frenar la venta de Costa Salguero, frenaremos Costa Urbana. Cientos de espacios y asambleas urbanas, ambientales, feministas, sociales, sindicales y políticas presentamos en la legislatura un Proyecto alternativo con más de 5000 firmas para recuperar estas 71 hectáreas de humedales y transformarlas en una nueva reserva ecológica.
Ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA: “Este proyecto tiene que ver con una concepción privatista de la ciudad, heredada de la década del ’90 y profundizada durante la gestión del PRO, que antagoniza con los modelos urbanos más actuales basados en la democracia ambiental. Insistir en consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor.”
Alejo Caivano, abogado y fundador de La Defensoría de Laburantes: «Hoy fue el primer paso de la campaña Costanera Verde publica para visibilizar la falta de acceso de vecines de la ciudad y del AMBA a la costa porteña. Este Humedal, uno de los pocos que quedan, lo defenderemos con todas nuestras energías. No queremos especulación inmobiliaria sino una nueva reserva ecológica pública».
Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que frenó la venta de Costa Salguero y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad: “La Legislatura nuevamente ha decidido violar la Constitución de la Ciudad al no respetar el mandato constitucional de recuperar la Costanera para el uso común. La democracia participativa y ambiental ha quedado nuevamente supeditada al negocio de una empresa, en este caso, IRSA. La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria a capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más.»
Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular: “Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó a la clase política que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario”.

23.8.2021

También participó la legisladora y actual candidata Alejandrina Barry. Cantantes, músicos, actrices, escritores, dramaturgos y cineastas relataron la situación de creciente desfinanciamiento y precarización del sector y sumaron sus voces para fortalecer una alternativa de izquierda en la Ciudad, para que el arte y la cultura sean accesibles a las grandes mayorías.

Este domingo, el bar Sanata del barrio de Almagro fue sede de una mesa redonda en la cual destacados artistas y trabajadores de la cultura de la ciudad de Buenos Aires debatieron con las precandidatas a diputada y legisladora porteñas del Frente de Izquierda Unidad.
Entre los participantes se cuentan Gabriel Vacas (cantante Teatro Colón), Augusto Nureña (cantante-teatro Colón), Marcelo Lombardero (Director de escena – Teatro Colón), Pilar Muerza (cantante-actriz), Nacho Pérez Cortés (Actor-cantante), Meli Marzioni (Actriz-locutora), Ceci Bruck (Directora de Arte), Miguel Baratita (cineasta), Carlos Diviesti (Dramaturgo), Nicolás Pita (psicólogo-cantante), Nicolas Marini (cantante), David Monteros (pianista), Ahoniken Bezzo (pianista), Anahí Gadda (actriz), Yafar Drube (cantante), Mario Varela (escritor, cineasta), Cecilia Rodríguez (escritora) y Facundo Abraham (director).
Sobre la reunión, Myriam Bregman expresó en sus redes sociales: “nos contaron sobre su situación como trabajadores de la cultura y los grandes problemas que conllevan años de políticas de desfinanciamiento en su rubro. Para pensar no solo cómo pelear porque su trabajo sea verdaderamente considerado como tal, con todos sus derechos y con un salario digno, sino también para que el arte en todas sus formas sea accesible para que las grandes mayorías puedan disfrutarlo”.
Entre las intervenciones, se destacó el detallado informe de Marcelo Lombardero sobre la creciente privatización y precarización que viene operándose en el Teatro Colón desde que el macrismo asumió el gobierno de la ciudad. Como parte del diálogo surgió la denuncia a la complicidad de la conducción del sindicato (Sutecba), que fue entregando uno a uno los derechos de trabajadores y trabajadoras.
También surgió como problemática la denuncia a las diversas formas de precarización y la obligación a encuadrarse en el monotributo; el cierre de centros culturales, editoriales autogestivas y teatros independientes debido a la pandemia que dejaron a cientos de artistas sin trabajo, con el agravante de que se suspendió el IFE en 2021 que, además de ser insuficiente, muchos ni siquiera podían cobrar porque también ejercen tareas docentes o están anotados en otros programas.
El desfinanciamiento y los enormes límites de los programas de incentivo a la producción cultural independiente fue otro tema recurrente. Por ejemplo, el programa de Mecenazgo que lanzó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue duramente cuestionado por el reparto discrecional de los incentivos y la escases de los mismos. Debido a los limitantes de este programa no se pudo implementar durante 2020 un proyecto de teatro ambulante que podría haber ofrecido a miles y miles de porteños obras que se podían ver desde el balcón o la puerta de la casa en plena cuarentena, además de generar trabajo para actores, escenógrafos y otros trabajadores del sector.
Por otra parte, las becas Sostener Cultura que lanzó el Fondo Nacional de las Artes tampoco llegaron a la mayoría de los artistas, además de que fueron bastante pobres (30 mil pesos en dos cuotas) y algunos ni siquiera cobraron la segunda cuota.
En los centros culturales públicos, los artistas que durante el macrismo trabajaban “a la gorra o a borderaux” sin contratos en vigencia, tuvieron expectativas de que la nueva gestión de Alberto Fernández resolviera el problema. Sin embargo, desde su asunción, estos centros culturales como por ejemplo el C.C San Martín, el Rojas, el Haroldo Conti y el CCK manifiestan no tener presupuesto para el pago de los talleristas ni los proyectos culturales autogestivos.
Por el lado de los cineastas se cuestionó el aval a las grandes plataformas de streaming que hicieron grandes negocios ante el cierre de los cines y a las cuales no se les impone que respeten la ley de cuota de pantalla, que indica que un porcentaje de la producción que ofrecen para el público del país sean producciones nacionales.
Ejemplos como este se fueron reiterando de parte de todos los presentes. Las referentes del Frente de Izquierda Unidad se pusieron a disposición para difundir cada uno de estos reclamos y colaborar en la organización de los y las trabajadoras del sector. A su vez, se expresó una unánime preocupación por el avance de la ultraderecha representada por Milei y los libertarios y se intercambiaron ideas para fortalecer la campaña del Frente de Izquierda, para que la tercera fuerza no sean estos sectores fascistas que quieren levantar cabeza sino aquellos y aquellas que luchan por las demandas de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Para continuar el debate y la organización, se propuso convocar a una nueva reunión más amplia en algún lugar al aire libre. Si sos artista de cualquier área y querés sumarte, escribimos a las redes de La Izquierda Diario o a cultura.izquierdadiario@gmail.com

23.8.2021

Por Melina Sánchez

La UBA despidió en pandemia a Pablo Boglio, trabajador no docente del Hospital Roffo, quien desde febrero se encuentra de licencia por tratamiento psiquiátrico. La universidad decidió echarlo por no haber presentado documentación a tiempo. La medida se revirtió el jueves 12 de agosto, en el cumpleaños 200 de la institución. Ahora sus compañeros esperan se haga efectiva la reincorporación.

Pese a que se encuentra en plena vigencia el decreto presidencial por el cual son ilegales los despidos, si bien estos estuvieron a la orden del día en todos los sectores los durante la pandemia, tanto más grave se vuelve el asunto si se traslada la situación a un lugar de salud, que además es una dependencia de la Universidad de Buenos Aires. El damnificado fue un trabajador de la salud con más de quince años de servicio, que durante 2020 cumplió funciones en el sector febriles. En febrero de este año, presentó él mismo los papeles que acreditaban su tratamiento para pedir licencia; posteriormente lo despidieron, ajenos totalmente a los protocolos propios en relación con esta situación, aunque abunde la literatura sobre salud mental frente al COVID y particularmente las recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental en relación con el personal del sector hospitalario, hayan sido objeto inclusive de documentos del ministerio correspondiente [1].
Hablamos con trabajadores del Hospital Roffo al respecto.
-¿Cuál es la situación de salud, laboral y habitacional actual de Pablo?
-El compañero Pablo se encuentra desde enero bajo tratamiento médico psiquiátrico, actualmente atendido y contenido. Su cuadro se fue agravando, lo cual lo llevó a pedir la licencia laboral el 12 de febrero de 2021.
-¿Cuál es la legislación que lo ampara y que se incumple con el despido que hace la UBA?
-El convenio 366/06 de los trabajadores no docentes de la UBA nos ampara en cuanto a derechos y a obligaciones. Ha quedado demostrado que no intervino Medicina Laboral en la atención al compañero, ni le han sido notificadas las advertencias vigentes.
Hospital Roffo
-¿El despido responde a una mera desprolijidad o se podría atribuir a una represalia?
–El despido corresponde a una irregularidad desde cero, ya que le imponen el art 143 del Convenio bajo la tutela de «abandono de servicio», lo cual no fue real. Él no se encontraba en sus labores, sino de licencia bajo salud mental, la cual fue solicitada en la oficina de RRHH. La inacción de la CGI del Instituto habla por sí sola. El compañero no era afín desde hace tiempo.
-¿Hay otros compañeros cuyo trabajo peligra?
-A partir del caso de Pablo, nos vimos todos desprotegidos, por tal motivo levantamos «Todos somos Pablo», ya que fueron avasallados todos los derechos que tenemos. En nuestra dependencia tenemos un alto grado de precariedad y trabajo contractual inestable, así que sí.
-El Facebook de Trabajadores del Roffo informa que desde principios de año se vienen organizando para visibilizar diversas situaciones de incumplimiento de derechos por parte de las autoridades y de la representación gremial del hospital, ¿esto se profundizó con la pandemia?
-La pandemia agudizó las demandas postergadas, generó cansancio, y un sector de trabajadores comenzó a reclamar y a organizarse frente a varios reclamos candentes y condiciones laborales.
-¿Tuvieron algún tipo de novedad respecto del despido por parte de autoridades y gremio en los últimos días?
-El pasado 12 de agosto, el Consejo Superior de la Facultad de Medicina, de la cual depende el Instituto de Oncología A. H. Roffo, ha dejado sin efecto el procedimiento que derivó en la resolución de cesantía. Estamos muy contentos de que la lucha que emprendimos logró su objetivo. Fue un resultado justo.
-¿Qué adhesiones y solidaridad recibieron?
-Innumerables apoyos de trabajadores de la salud, comisiones internas, personalidades de cultura y artistas, integrantes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y muchas fuerzas de distintos sectores de trabajadores y gremios de diferentes puntos del país, periodistas y medios audiovisuales que han ayudado a difundir el caso. La consternación que sufrimos dentro del Instituto por esta noticia, contagió y nos sorprendió gratamente. Hemos sido invitados a múltiples asambleas de trabajadores y recibimos una gran contención por lo cual estaremos eternamente agradecidos y siempre a disposición.
-¿Hay alguna actividad convocada para los próximos días?
-En este momento estamos abocados a seguir que la resolución del Consejo Superior se haga efectiva y se active el procedimiento para que pronto reincorporen al compañero y pueda cobrar sus haberes. Estaremos publicando un nuevo parte sobre esto en estos días.
[1] Recomendaciones para equipos de salud mental en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, profesionales y no profesionales en hospitales generales