Comunicadores del Sur

11.11.2021

Tras el incendio en obra en construcción y denuncias en la Justicia, el gobierno porteño tramita un convenio urbanístico para legalizar una obra suspendida por ilegal por la justicia. El convenio permitirá construir el triple de la altura aprobada en el primer proyecto, en el Área de Protección Histórica de Palermo Chico (APH3–Zona 2). Ante esta situación, vecinos y vecinas realizarán este jueves 11 de noviembre, a las 19, un abrazo en Libertador y San Martín de Tours.

Compartimos nota del Observatorio del Derecho a la Ciudad:
Un Convenio Urbanístico para legalizar una torre en el APH3 declarada ilegal por la justicia
Tras el incendio en obra en construcción y denuncias en la Justicia, el GCBA tramita un convenio urbanístico para legalizar una obra suspendida por ilegal por la justicia. El convenio permitirá construir el triple de la altura aprobada en el primer proyecto. La torre se construiría en el Área de Protección Histórica de Palermo Chico (APH3–Zona 2).
Desde la Asociación Palermo Chico Protege, vecinos de Palermo Chico, Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, convocan a un abrazo a la manzana en la que se pretende construir la torre. Será el día jueves 11 de noviembre a las 19 horas y el punto de encuentro será la esquina de San Martín de Tours y Av. del Libertador.
La amenaza sobre el barrio:
En el Área de Protección Histórica N° 3, conocida como Palermo Chico, se anunció la construcción de un mega edificio de 12.000 m2. Este proyecto violaba los parámetros urbanísticos permitidos en este sector protegido de la ciudad. Cabe destacar que esta zona está destinada al uso residencial exclusivo, con viviendas individuales y colectivas de densidad media-baja y altura limitada.
El proyecto aprobado por el GCBA incumplió las normas que el Código Urbanístico establece para esa Área de Protección Histórica. Se trata de un emprendimiento inmobiliario impulsado por la Desarrolladora Inmobiliaria NorthBaires de ocho pisos (26,43 m de altura) y casi 11000 m2.
1. En el Distrito APH3-Zona 2 se establece que un edificio entre Medianeras puede tener una altura máxima de 11,60m y un plano límite de 14,6 m. El GCBA autorizó un edificio de 26,43 m.
2. Se admite la conformación de nuevas parcelas siempre y cuando no sean superiores a 1000 m2. El englobamiento autorizado por el GCBA da como resultado un predio de 1.340 m2.
3. Se exige un RETIRO DE FRENTE MÍNIMO de 3m de la Línea Oficial. El GCBA autorizó no realizar este retiro.
4. En la Zona N° 2 del APH se establece que el FOT máximo es de uno (1). En el Registro de Planos se informa que la superficie a construir es de 11.498 m2. Si se resta la superficie correspondiente a los subsuelos, la superficie a construir es de 7.772 m2. En esta zonificación se permite FOT 1, es decir, la cantidad de m2 a construir es igual a la superficie del terreno multiplicado por 1. La superficie del terreno se declara de 1.340 m2. Con FOT 1 sólo se podría construir 1.340 m2 computables para el FOT. Es cierto que no es computable para el FOT la totalidad de los m2 a construir en superficie, pero se advierte que los m2 no computables nunca podría elevar el número de 1340 a 7.772 m2.
5. El GCBA autorizó realizar un Completamiento de Tejido o ENRASE cuando esta herramienta urbanística se encuentra prohibida en los Distritos APH.
6. No se notificó ni se pidió opinión a los vecinos como lo ordena el Código y la Ley de Comunas.
Por estos motivos, un conjunto de ciudadanos/as conjuntamente con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo colectivo en la justicia solicitando la nulidad e inconstitucionalidad del proyecto en marzo de 2020. El Juzgado N° 5 del fuero CAYT, el 24 de agosto de 2020, dictó una medida cautelar ordenando al GCBA la suspensión de los trabajos constructivos en altura. Esta medida fue convalidada el 26 de noviembre de 2020 y ratificada por la Cámara el 8 de enero de 2021 que subrayó que no se podía avanzar con la obra en cuanto no respete el Código Urbanístico.
La empresa ha continuado con los trabajos constructivos y en la justicia desde hace meses que no se resuelve el pedido de incumplimiento de la medida cautelar. Mientras tanto el barrio ha sufrido los efectos de la mega excavación, la instalación de una enorme grúa y un incendio que obligó la evacuación de la casa vecina. Una vez apagado, al día siguiente la empresa retoma la obra sin ningún inconveniente.
La respuesta del GCBA a la violencia inmobiliaria
Cuando solo parecía que había que urgir al Sr. Juez para obtener justicia. El mismo GCBA que aprobó un permiso ilegal, ahora se encuentra tramitando con la propietaria del predio un convenio urbanístico para autorizar la construcción en estos predios de una torre de 23 pisos. No les alcanza con legalizar el proyecto inicial declarado ilegal por la justicia sino que castigan a la comunidad que defiende el APH3 autorizando pasar de un edificio de 26,43 metros de altura a una torre de 76 metros de altura
Esta acción roza lo grotesco y obliga a la ciudadanía a salir a defender el patrimonio propio y el de la Ciudad, la identidad con la que se construye el futuro y la calidad de vida a la que tenemos derecho.
Todo esto lo debería proteger el GCBA que está obligado por nuestra Constitución, por el Plan Urbano Ambiental, por el Código Urbanístico y por el más elemental respeto a los que aquí vivimos.

11.11.2021

Este jueves 11 de noviembre, a las 12:00, organizaciones sociales marcharán desde Avenida 9 de Julio y San Juan hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Uspallata al 3100, para exigir asistencia a los comedores ya.

Compartimos convocatoria:
¡LARRETA, USTEDES TAMBIÉN SON RESPONSABLES DE LA POBREZA Y EL HAMBRE!

Decenas de miles de familias de las villas y los barrios cada vez más pobres de la Ciudad venimos reclamando al gobierno de Larreta hace meses asistencia alimentaria y las respuesta a un reclamo tan urgente y elemental, ha sido una caja para una comida al mes y el compromiso lejano de una mejora en diciembre.
No se aguanta más, el aumento de los precios en los alimentos y los alquileres se devoran nuestros bolsillos, somos desocupadxs o precarizadxs que vivimos con ingresos que no cubren ni la mitad de canasta alimentaria. Más de una vez tenemos que elegir entre pagar el alquiler para no quedar en la calle y la comida para nuestra familia.
El gobierno nacional y de la ciudad son los responsables de esta situación social dramática ya que los recursos del país y la ciudad van a los especuladores y no a atender las necesidades más urgentes de la población trabajadora.
Con el crecimiento del hambre y la miseria en todas las villas y barrios de la Ciudad, igual que en todo el país, hemos puesto en pie decenas de comedores y merenderos que se encuentran desbordados con enormes listas de esperas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ministra María Migliore no tienen en agenda ninguna mejora real en la asistencia sino que por el contrario no se abren comedores hace años. Niegan alimentos a quienes cobran Ciudadanía Porteña, una tarjeta alimentaria que no alcanza para medio kilo de pan por día.
No aceptamos que nuestros hijos no tengan un plato de comida, nos movilizaremos y quedaremos acampar de ser necesario. Reclamamos al Jefe de Gobierno Larreta y la Ministra Migliore, respuestas al reclamo urgente de apertura de comedores y asistencia alimentaria integral a todas las familias ya.
POLO OBRERO – MTR 12 DE ABRIL – MTL REBELDE – MTR VOTAMOS LUCHAR – AGRUPACION 17 DE NOVIEMBRE – MBT- C.U.Ba MTR/MIDO – MAR – BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR

6.11.2021

Por Adelqui Del Do *

“Semanas antes que se sancionara la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (26.657), moría en el Hospital General de Agudos J. M. Penna, Matías Carbonell. Los médicos que lo recibieron en dicho hospital denunciaron que su cuerpo tenía lesiones físicas compatibles con el pasaje de corriente eléctrica, entre otras torturas de extrema gravedad, que le causaron la muerte”.

Había atravesado numerosas internaciones y desde el año 2009 se encontraba internado en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que Matías fue maltratado y torturado, soportando diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales del Hospital Borda.
Dicho maltrato fue propinado durante su internación en el servicio tristemente célebre 14-22, servicio conocido por ser un lugar de castigo y sobre el que pesaba una medida cautelar de urgente cierre por las peligrosas y humillantes condiciones en las que se encontraban las personas allí internadas.
En 2008, el Informe Vidas Arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, había documentado violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas internadas en hospitales monovalentes de salud mental. Entre esos hospitales se encontraba Hospital Borda, claramente las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y del Hospital no tomaron nota de las recomendaciones realizada por los organismos de derechos humanos.
Sobre el servicio 14-22 recaían numerosas denuncias y gozaba de una muy mala fama dentro y fuera de hospital. Cabe destacar que, en un allanamiento al Hospital Borda, en el marco de la investigación de la muerte de Carbonell, se constató que entre 2009 y 2010, murieron 46 pacientes del mencionado hospital. Muertes que por lo general no son investigadas.
Según informe de la Procuración Contra la Violencia Institucional (2013), entre las irregularidades que se comprobaron en la investigación, se halló la falta de historias clínicas completas de las personas que habían estado internadas en el servicio 14-22 entre 2009 y 2010. Increíblemente este servicio fue cerrado recién en abril de 2011.
Matías Carbonell había sido elegido por sus compañeros como delegado y era el impulsor de reclamos para lograr mejores condiciones de internación, muy probablemente el motivo del ensañamiento con el joven. Todo indica que fue castigado por protestar y defender a sus compañeros.
Matías Carbonell fue víctima de violencia institucional dentro del hospital.
Hace poco un colega me preguntaba si este tipo de hechos seguían sucediendo en el Hospital Borda, atiné a señalar inmediatamente que no, pero luego recordé que Jorge Marcheggiano, usuario internado en este Hospital, murió tras el ataque de una jauría de perros salvajes mientras caminaba por las instalaciones del Borda. Escena horrorosa propia de la época medieval.
Tanto la muerte de Jorge, como la de Matías podrían haberse evitado, ya que en ambas situaciones se habían presentado medidas cautelares. También es cierto e histórico el desinterés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los usuarios y usuarias de salud mental. Nunca cumplió su propia ley de salud mental (448), como así tampoco la Ley Nacional.
Como profesionales de la salud no podemos ni debemos ser funcionales ante situaciones de violencia institucional; para ello contamos con herramientas clínicas y deontológicas.
Claramente el encierro no sólo no cura, sino que también mata.
A once años de la muerte de Matías, seguimos a la espera de que se inicie el juicio, como un paso necesario de justicia para Matías y su familia.
* Psicoanalista. Docente de Grado y Posgrado. Autor de numerosos artículos sobre salud mental y derechos humanos.

6.11.2021

Miles se movilizaron en la edición 30 de la marcha del orgullo, expresando reclamos como la aparición con vida de Tehuel, la aplicación de la ESI y la separación de la Iglesia del Estado.

Desde temprano miles se acercaron a la Plaza de Mayo, donde se realizaron las distintas convocatorias a la edición 30 de la marcha del orgullo. Por la tarde una multitudinaria marcha atravesó el centro de la Ciudad de Buenos Aires a largo de Avenida de Mayo, escenarios, camiones y pancartas con distintos reclamos, coparon la escena con las banderas multicolor con el protagonismo de muches jóvenes que participaron.
¿Dónde está Tehuel? Su aparición con vida fue uno de los reclamos más sentidos. Los días previos de la convocatoria, en las redes sociales generó debate que la comisión organizadora de la marcha (Federación Argentina LGBT, el peronismo, la Coalición Cívica, entre muchas organizaciones) no la haya incluido entre sus principales consignas.
Pasaron 30 años desde la realización de la primera movilización del orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, y todavía quedan muchas luchas y reclamos pendientes. La aplicación efectiva de la Educación sexual integral (ESI) y la separación de la Iglesia del Estado también resonaron con fuerza sobre todo entre les más jóvenes.
Es la primera marcha del orgullo masiva que se realiza tras la irrupción de la pandemia. La misma puso en evidencia la desigualdad que atraviesan las personas LGBTIQ+ y las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Desde las mayores dificultades de acceso a la salud para las personas trans y los desalojos en manos de las fuerzas represivas, hasta no contar con ingresos o saber cómo llegar a fin de mes.

5.11.2021

Este martes la Asamblea CABA se manifestó frente al ministerio de Salud de la Nación por el mal manejo en la adjudicación de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud público porteño. Por estos errores, el Garrahan quedó con 35 enfermeros menos.

En la mañana del martes 2 de noviembre, residentes y concurrentes nucleados en la Asamblea CABA se movilizaron una vez más frente al ministerio de Salud de la Nación por el mal manejo en la adjudicación de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud público porteño.
Según informaron, durante el fin de semana les comunicaron a 150 profesionales de salud de las carreras de psicología, psicopedagogía y trabajo social que los puestos ya tomados podían sufrir modificaciones por un error de sistema. “Se trata de profesionales que dispusieron sus horarios y organizaron sus agendas en base a las concurrencias tomadas, ya firmaron y entregaron papeles, ya están insertos en distintos equipos de trabajo, y sin embargo frente a esta instancia de adjudicación podrían perder dicho puesto”.
“Esto pasa con el ingreso de residentes y concurrentes de CABA, Nación y Provincia. El problema de ahora fue con Nación y CABA porque hubo muchas fallas en los exámenes, y en la adjudicación de puestos porque hubo gente que no pudo aplicar. Lo que terminó sucediendo es que después de dos semanas que se realizaran las adjudicaciones y los recurrentes entraran a trabajar el Ministerio de Salud de la Nación mandó un mail advirtiendo esto. Ellos supieron del error el mismo día de la adjudicación y lo que hicieron es cambiar los puestos”, explicó Florencia Delgado, psicóloga concurrente e integrante de la Asamblea.
En el Garrahan, 35 enfermeros de CABA y de Nación habían tomado una residencia y con esto quedaron desafectados. Con los concurrentes de CABA pasó lo mismo. “Lo que nos dijeron desde el Ministerio es que lo resolvieron de esta manera, que se vuelvan a adjudicar los puestos. Esto lo que trae es que residentes como los del Garrahan queden sin puesto y que se modifiquen todos los ingresos de los concurrentes”, agregó Delgado.
El sistema de salud público porteño cuenta con más de 3.000 residentes y concurrentes. 1440 de ellos son parte del programa de concurrencias, dependiente del Ministerio de Salud, orientado a profesionales ya recibidos en distintas áreas que realizan capacitación de posgrado en la práctica concreta de los hospitales. Cumplen con veinte horas semanales que se dividen en cinco de formación y quince de atención directa. A diferencia de la residencia, donde se trabaja a tiempo completo y con guardias, los concurrentes no perciben remuneración ni cuentan con ART u obra social.
A esto se suma el reclamo por los recortes que hubo en CABA durante la pandemia en los puestos de concurrencia. Según denunció la asamblea en la movilización pasada, se recortaron más del 50%, pasando de 344 a 153 puestos. Esto fue aún más impactante en 2019, cuando pasaron de 519 a 153 lugares.
“Lo que pedimos hoy en reunión con el ministerio de Salud de la Nación fue que abran más cupos, sobre todo porque el sistema de salud viene bastante colapsado y hace falta más personal. De esta manera se sostendrían los puestos de los que ya comenzaron a trabajar. También solicitamos una reunión con las autoridades de CABA para pedirles esto”, señaló Delgado.
A su vez, agregó: “Lo malo de esta decisión también es que muchos de estos concurrentes ya iniciaron tratamientos, y con estos movimientos la gente ve modificados sus procedimientos y se cambian equipos de trabajo. A nosotros nos afecta porque nos estamos formando, pero afecta mucho más a la gente porque se termina atrasando mucho la atención en los hospitales”.
Previo al brote de la pandemia de Covid, la Asamblea ya denunciaba la falta de personal en los hospitales. “Durante la pandemia, esto quedó muy a la vista. Ahora, que todavía seguimos en pandemia, esto se nota mucho más porque la gente quedó asustada y con secuelas. Lo que pasa es que ahora, al menos en los hospitales de CABA, hay entre cuatro y cinco meses de espera para atenderte, hay pocos turnos, gente que viene y hace fila desde las cinco de la mañana. Y todo esto es porque falta gente para atender”, finalizó la recurrente.
Mientras, la Asamblea CABA sigue exigiendo la reunión con el ministerio de Salud de la Ciudad para solucionar la problemática de las adjudicaciones. De no haber novedades hasta mañana, se evaluarán más medidas a tomar.