Informe crítico sobre el ministerio de Desarrollo porteño durante la pandemia
15.10.2021
La Junta Interna de ATE Promoción Social presentó un informe crítico sobre las acciones y medidas tomadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires tanto en 2020 como en este año: asistencia alimentaria, políticas de género y de infancia y juventud en falta.
En uno de los meses con más contagios de covid, en 2020, lxs funcionarixs de los programas sociales corrían por los pisos del ex Elefante Blanco, sede principal de la cartera que dirige María Migliore, para chequear qué familias recibían dos bolsones de comida en vez del único —unos fideos, dos leches, harina y cacao, no mucho más— con el que la gestión del Pro pretendía contener la crisis. En pandemia, el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con más recursos por habitante del país, subejecutó presupuestos, despidió trabajadorxs y congeló programas. Pese a las declaraciones públicas formuladas por referentes del Pro en defensa de la educación, también dejó a los hogares de niñxs bajo su órbita sin computadoras ni teléfonos para conectarse a las clases. Una gestión que se desentendió de su rol, en el momento más crítico.
En la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2020, la población bajo la línea de indigencia prácticamente se duplicó. El 11,7% que registró el área de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño representa a 350 mil personas que no tenían para comer, que no llegaban a comprar los alimentos básicos. Eran 171 mil habitantes más que en 2019, antes de la pandemia. En los mismos meses se registraban las peores cifras de desempleo, en especial para quienes buscaban o tenían sus primeros trabajos. La desocupación general de CABA pasó del 10,9% al 14,7% interanual, pero fue peor en la zona sur (21%) que en la zona norte (8,6%), peor entre las mujeres (15%) que entre los varones (14,4%), y mucho peor entre lxs menores de 29 años: casi unx de cada dos jóvenes no tenía trabajo.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta y María Migliore no es la única responsable de estos números. Pero sí es la única responsable de no haber destinado los recursos del Estado porteño, el que más presupuesto por habitante tiene en el país, a contener la crisis que causó el covid. La pandemia impactó más en los mismos sectores a los que el Gobierno de la Ciudad descuida desde hace años: lxs jóvenes de barrios populares, las mujeres y lxs niñxs, lxs trabajadorxs informales. Aunque el Ministerio de Desarrollo, a cargo de Migliore, tiene contacto directo con la población que más sufrió los efectos del covid, la decisión que tomaron como gestión fue desentenderse de su función y encubrir las consecuencias.
Del Ministerio de Desarrollo, históricamente desfinanciado por el Pro, dependen áreas críticas como la Dirección de Mujer, el programa Grupos Comunitarios, la Dirección de Niñez y Adolescencia, o la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones. Al principio de la pandemia, el ministerio fue declarado esencial por el jefe de Gobierno. Pero la declaración no fue acompañada con recursos suficientes para amortiguar el impacto de la crisis. En los últimos 18 meses, María Migliore recortó presupuestos, despidió trabajadorxs y congeló programas. Una decisión que cubrió todas las políticas del ministerio, pero que se vio especialmente en tres ejes: la asistencia alimentaria, las políticas de género, y las de infancia y juventud.
Asistencia alimentaria: la necesidad por ascensor, los recursos por escalera
Frente a la suba de la indigencia y la pobreza que generó la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño incrementó la asistencia alimentaria por dos vías. La primera fue la cantidad de alimentos que distribuyen en los comedores comunitarios. La segunda fue la implementación de un esquema de entrega de bolsones que incluyen harina, fideos, leche y cacao —no mucho más—, destinados a algunas familias con las cuales trabajan los programas del ministerio. Pero desde el principio de la pandemia, e incluso en el pico de distribución, la política alimentaria estuvo lejos de responder al incremento de la demanda.
En los comedores comunitarios, tal como le transmitió la Defensoría del Pueblo a la subsecretaria de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, Jazmín Lerner, el aumento de las raciones de comida fue dispar: solo se verificó en los espacios que estaban inscriptos en el registro del programa Grupos Comunitarios. El problema es que este registro —que también permite el acceso a financiación para comprar equipamiento, pagar el gas y cubrir sueldos— no abre hace cuatro años. Desde 2017, solo ingresaron al programa comedores que son políticamente afines a Cambiemos. Los gestionados por organizaciones que no responden al oficialismo porteño tienen que solventar, con sus recursos, elementos tan esenciales como las cocinas y las garrafas.
Los bolsones de comida que el Gobierno de la Ciudad les ofrece a algunas familias que tienen contacto con programas de restitución y promoción de derechos, como Fortalecimiento de Vínculos, Andares, Reconstruyendo Lazos o Casas de lxs Niñxs, son deficientes no solo en cantidad, sino también en calidad. Con un kilo de fideos, un kilo de azúcar, un kilo de arroz, dos litros de leche, un litro de aceite y dos paquetes de galletitas, más de una vez en mal estado, familias que están bajo la línea de indigencia, o en el mejor de los casos de pobreza, tenían que comer 15 días al principio y 30 días después, cuando los bolsones pasaron a ser mensuales. El mismo pack recibían, con un agregado de frescos, lxs adultxs mayores que podían demostrar la falta de ingresos. Pero la entrega se suspendió en los primeros meses de 2021, con el inicio de la vacunación. El argumento de la gestión del Ministerio fue que, con la vacuna, lxs adultxs mayores podían volver a trabajar.
A principios de julio del año pasado, el Gobierno porteño difundió que había triplicado la asistencia alimentaria, pero después del anuncio inició un recorte que chocó de frente con la crisis. A quienes trabajamos en las distintas áreas del ministerio se nos transmitió, de repente, que se iba a hacer un cruce de información para chequear qué familias recibían más de un bolsón, porque sus integrantes tenían contacto con diferentes programas. En los peores meses de la pandemia, lxs funcionarixs de María Migliore corrían por los pisos del ex Elefante Blanco, la sede principal del ministerio, no para ver de qué manera contener los impactos de la crisis económica, sino para detectar quiénes recibían dos kilos de fideos por quincena en vez de uno. No encontraron muchos casos, pero le hicieron la tarea al Ministerio de Hacienda, que presionaba para que se bajara la inversión social.
En la comida que distribuían en los comedores pasó algo similar. El Ministerio de Desarrollo entrega dos tipos de menú: uno de invierno y uno de verano. En noviembre de 2020, si bien la gestión no bajó el número de raciones, sí redujo el peso en gramos de cada porción. Lxs funcionarixs del área respondieron que se debía al cambio de estación. Pero cuando volvió el menú de invierno, en mayo de 2021, el gramaje no volvió a ser el de mediados de 2020. El recorte en la cantidad, además, fue acompañado por un recorte en la calidad. Varios platos del menú de invierno dejaron de incluir carne, y si las personas que en 2020 iban a un comedor, porque estaban debajo de la línea de indigencia, un día comían polenta con estofado o carne al horno, ahora solo comen polenta o guiso de arroz.
El presupuesto aprobado en la Legislatura a fines de 2019 tuvo múltiples cambios. Pero el registro que publica el Estado porteño, trimestre por trimestre, muestra que estos recortes, esta multiplicidad de micro ajustes, fueron una decisión política. De los 37.667 millones de pesos que el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tenía disponibles para 2020, solamente usó 34.335 millones: una sub ejecución que casi llega al 9%. Incluso si tomamos en cuenta los recursos que tenían contemplados —sin decir que en un año tan crítico la reasignación presupuestaria debería haber sido mayor—, el Gobierno de la Ciudad privilegió el recorte de fondos que tenía disponibles por encima de la asistencia alimentaria.
Políticas de género: picos de demanda y congelamiento de programas
Así como difundió inmediatamente que había incrementado la asistencia alimentaria, la gestión de Migliore anunció, igual de rápido, que las consultas a la línea 144 —que ofrece contención a mujeres que viven situaciones de violencia— habían subido un 48% respecto a 2019 y que contaban con 35 profesionales para responder. La línea funciona las 24 horas, los 365 días del año, y recibe más de 200 consultas diarias. Cada comunicación puede tomar desde 20 minutos hasta una hora al teléfono, según el peligro que corra la persona que llama. Las 35 trabajadoras, que hoy son 32, nunca fueron suficientes para responder a la demanda que se generó desde el inicio de la pandemia.
La consecuencia es que hay comunicaciones que no se contestan, porque no hay profesionales que las puedan tomar. El WhatsApp que inauguraron no funciona, también por falta de personal. Y los llamados que no ingresan se caen: son situaciones que el Estado no aloja.
En las consultas que sí se responden, la falta de recursos limita mucho las posibilidades de intervención. En casos de peligro extremo, la única opción que tienen las profesionales es llamar a la policía. La gestión del Pro reduce la intervención a la respuesta inmediata de la emergencia y a un tema de seguridad. No plantea un abordaje integral. No ofrece recursos para fortalecer la autonomía de las mujeres que viven situaciones de violencia. No responde a la demanda de la sociedad. Para que el Estado implemente políticas habitacionales, patrocinio jurídico integral y programas de empleo —es decir, una política que contemple todas las dimensiones necesarias para acompañar situaciones tan complejas—, hace falta un presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires podría destinar, pero no asigna o, si asigna, no ejecuta.
El ministerio de Desarrollo cuenta únicamente con dos hogares de tránsito —en realidad, solo uno es de la Dirección de Mujer— y dos refugios en la Ciudad, uno para víctimas de trata y uno para víctimas de violencia (el centro que inauguraron en Nueva Chicago, a mediados de 2020, cerró antes de fin de año). Las vacantes son insuficientes. Los edificios en los que funcionan tienen filtraciones y humedad. Más de una vez faltan elementos de gestión menstrual y pañales para lxs hijxs de las mujeres alojadas. Y los criterios que imponen las funcionarias son directamente carcelarios. Cuando las mujeres entran a los refugios, se les saca desde el DNI hasta el celular. Y por un criterio de cuidado —pero también por falta de recursos y de estrategias complementarias— no pueden tener contacto ni comunicación con el afuera.
¿Cómo hace una mujer para romper con el círculo de violencia, si depende económicamente de su agresor y el único refugio del Gobierno de la Ciudad no tiene camas, o es muy difícil de habitar? ¿Qué queda para las otras formas de violencia, menos visibilizadas, si el Estado porteño no responde, ni siquiera, ante las problemáticas de género que la sociedad priorizó como más urgentes?
Las políticas de género del Gobierno de la Ciudad, al igual que todas las áreas del ministerio que trabajan en restitución y promoción de derechos, como Niñez y Adolescencia o Políticas Sociales en Adicciones, están sostenidas por estatales precarizadxs. Más de un tercio de lxs trabajadorxs, con hasta ocho años de antigüedad, facturan bajo el régimen de monotributo. Los contratos basura —que incluyen la tercerización por medio de ONG’s y de la UBA— le permiten a la gestión de Larreta encubrir la relación de dependencia y desconocer sus obligaciones como empleadora. A lxs trabajadorxs precarizadxs no les pagan cargas sociales, no les pagan aportes jubilatorios, no les pagan aguinaldo y pueden echarlxs sin causa, incluso en el medio de la pandemia, como hizo la gestión de Migliore, cuando los despidos estaban prohibidos por ley.
Muchxs trabajadorxs del ministerio que están en planta transitoria o en planta permanente cobran salarios que, hoy, no cubren ni un tercio de la canasta familiar. Este año probablemente sea el sexto al hilo en el que los sueldos pierden contra la inflación. Si en una familia de cuatro personas, lxs dos adultxs trabajan en el Ministerio de Desarrollo Humano y pagan más de 16 mil pesos de alquiler, no llegan a cubrir la canasta básica. Es decir, tienen un trabajo formal en el Estado, pero igual son pobres. Peor es el panorama de lxs tercerizadxs por medio de la UBA, que cobran un 30% menos aunque realicen las mismas tareas que la planta permanente, en los mismos horarios.
En el presupuesto que aprobó la Legislatura para 2020, la Dirección de la Mujer tenía asignados 402.510 millones de pesos. El registro de ejecución presupuestaria que publica el Poder Ejecutivo, sin embargo, informa que el gasto fue bastante menor: 336.892 millones de pesos. La subejecución en la Dirección de Mujer el año pasado llegó al 16%. Si bien algunos de estos recursos, se supone, fueron reorientados hacia la política alimentaria, no son los programas que trabajan violencia de género los que, dado el crecimiento de la problemática durante la cuarentena, parecían las políticas más oportunas para desfinanciar.
Políticas de infancia y juventud: la pelota siempre del mismo lado
A mediados de 2020, la mitad de lxs niñxs y jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires vivían en hogares pobres. Un tercio de lxs pobres porteñxs tenía menos de 18 años. Desde el inicio de las clases a distancia, el Ministerio de Desarrollo no tuvo ninguna iniciativa que facilitara la conexión de lxs chicxs que no disponían de un teléfono o una computadora e internet. No la tuvo en general.
Pero tampoco la tuvo con lxs que estaban en contacto con algún programa de restitución y promoción de derechos, ni con lxs que estaban bajo el cuidado del Estado, alojadxs en los cinco hogares de la Dirección de Niñez. En las instituciones que dependían del ministerio —hasta que a principios de 2021 fueron traspasados al Consejo de Derechos— muchxs de lxs chicxs no pudieron seguir la dinámica escolar por falta de recursos.
En 2020, la Dirección de Niñez y Adolescencia solo ejecutó el 68% del presupuesto aprobado por la Legislatura. Para afrontar la pandemia y la cuarentena, con todxs lxs chicxs en los hogares las 24 horas del día y mientras se reconocía el acceso a internet como un derecho fundamental, el ministerio no hizo ninguna inversión extra en materia de tecnología. Fueron lxs trabajadorxs quienes, ante la falta de respuestas de la gestión, consiguieron donaciones o prestaron sus teléfonos para que lxs chicxs pudiesen seguir las clases y hacer las tareas. La consecuencia fue, en algunos casos, la deserción escolar de niñxs que estaban bajo el cuidado del Estado y, en general, la necesidad de ponderar entre un turno médico y una clase de la escuela, por contar con una sola computadora.
El Ministerio de Desarrollo tiene una estructura de programas que le hubiese posibilitado acompañar los procesos de muchxs niñxs y jóvenes. El Programa Adolescencia implementa convenios de gestión asociada con distintas organizaciones, para que más de 9 mil chicxs de entre 14 y 18 años practiquen deportes y disciplinas artísticas. En abril de 2020, la gestión decidió suspender el programa hasta fin de año, porque no quería transferirles recursos a las instituciones para hacer actividades a distancia. Pero no implementó ninguna otra política de promoción de derechos para esta población. Fueron lxs trabajadorxs quienes sostuvieron las tareas de acompañamiento que la gestión quería desconocer y mantuvieron el contacto con lxs 3 mil chicxs que, según el índice de vulnerabilidad que define el ingreso a las actividades, se encontraban en una situación más compleja.
En paralelo, al único programa del ministerio que acompaña de manera integral la formación de jóvenes para el primer empleo se le mantuvo la beca congelada desde fines de 2018 hasta junio de 2021. Reconstruyendo Lazos es una política que genera prácticas laborales para chicxs de 16 a 21 años, por medio de la articulación con empresas, organismos del Estado y fundaciones, y el acompañamiento de profesionales que, al mismo tiempo, trabajan la restitución y la promoción de diferentes derechos. Desde 2015, lxs integrantes del programa reclaman que la beca recupere el peso que tenía originalmente. El estímulo subió menos de un 400% desde que el Pro asumió en la Ciudad, a fines de 2007. El pasaje de subte, que muchxs chicxs pagan cuando van a las prácticas, aumentó más del 4.000%.
Mientras congelaba este programa, la gestión del Pro impulsó una Ley de promoción del empleo a través de prácticas formativas. Quien la implementa es la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, que les paga 10 mil pesos por mes a lxs jóvenes para que hagan prácticas en empresas como KFC o Mostaza. A diferencia de las que genera el programa del Ministerio de Desarrollo, en las prácticas de la Subsecretaría de Trabajo no hay ningún acompañamiento profesional —ni un enfoque integral sobre los derechos— y lxs jóvenes tienen que pasar un proceso de selección para ingresar. Más que una práctica, se parece a un periodo de prueba que el Estado porteño les financia a algunas empresas, para que después de seis meses de entrenarlxs, sin pagarles un sueldo, puedan contratar a quienes mejor se desempeñan.
Lxs jóvenes que ingresan a las prácticas por medio de la Subsecretaría de Trabajo son lxs mismxs que las empresas incorporan sin la intervención del Estado: lxs que buscan sus primeros empleos y pueden sostener horarios rotativos. Lxs funcionarixs del Ministerio de Desarrollo, lejos de reclamar presupuesto para el programa que está bajo su órbita y cumple la misma tarea desde un enfoque de derechos, pidió que le derivaran a la Subsecretaría de Trabajo lxs jóvenes mejor calificadxs. En la gestión del Pro en la Ciudad, cuando la pelota pega en la red, siempre cae para el mismo lado.
Cierre: ¿qué ministerio necesitamos para una Ciudad inclusiva?
La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con más presupuesto por habitante del país. Tiene un 85% más de recursos que la provincia de Buenos Aires, un 37% más que Santa Fe y un 36% más que Córdoba. El presupuesto por habitante en euros es comparable con el de Barcelona e incluso más importante que el de Madrid. Un distrito que maneja estos recursos dispone de un margen amplio para construir políticas sociales integrales y de calidad. No podemos reducir la gestión del Gobierno de la Ciudad a mejorar las veredas y renovar las plazas. El Estado porteño debió ofrecer mejores políticas durante la pandemia y debe implementar políticas de avanzada, para la restitución y la promoción de derechos en los sectores más vulnerabilizados.
En los últimos años, una parte importante de la sociedad manifestó la demanda de que se incrementen las acciones para acompañar y proteger a las mujeres que viven situaciones de violencia por motivos de género. Una preocupación unánime se expresó, también, cuando se difundió que en Argentina más de la mitad de lxs niñxs crecen en hogares pobres. A la vez, el debate alrededor de cuál tiene que ser el enfoque de las políticas públicas sobre el consumo de drogas se amplió y reconfiguró. Sin embargo, lejos de tomar estas agendas, de volcar recursos e innovar en las respuestas, Larreta y Migliore reproducen el modelo de fragmentación y desfinanciamiento con el que el Pro gestiona las políticas sociales desde 2007.
El Ministerio de Desarrollo tiene un rol fundamental para ofrecer, a quienes habitan la Ciudad, herramientas que permitan reducir los impactos de la desigualdad, y construir proyectos de vida dignos y autónomos. El recorte presupuestario y el desmantelamiento de algunos programas durante la pandemia mostraron hasta dónde llega la especulación de Larreta y Migliore respecto a quienes más precisan el acompañamiento del Estado. Si no dejamos de pensar el Estado porteño en los términos que propone la gestión del Pro, despojado de su responsabilidad de intervenir en la restitución y la promoción de derechos, la Ciudad de Buenos Aires va a ser cada vez más excluyente. Es urgente concebir las políticas sociales del Estado porteño desde una posición ética, tanto en el recorte que se realiza de los problemas como en las soluciones que se diseñan e implementan.
