Comunicadores del Sur

20.4.2022

Las Cámaras empresariales de transporte colectivo de la Provincia de Buenos Aires informaron un paro de sus servicios para este miércoles desde las 22 horas. Reclaman pago de subsidios y “compensaciones”. Afectaría a líneas del conurbano pero también de la Ciudad con el Gran Buenos Aires. Desde el gobierno aseguran que habrá acuerdo.

Esta noche la zona metropolitana (AMBA) podría quedarse sin colectivos. Millones de personas varadas, u obligadas a buscar otra forma de movilizarse a sus lugares de trabajo o estudio. El motivo es un lock-out (paro) patronal convocado por las cámaras empresarias.
La medida se conoció por un comunicado oficial la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEPA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA).
Allí plantean que la medida es como respuesta a “las grandes demoras que se producen en el pago de las compensaciones tarifarias”.
Desde el gobierno bonaerense aseguraron que habría una solución durante la jornada. “Ante el lock out patronal anunciado por las cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se informa que el pago será saldado en el transcurso de este miércoles por lo que la medida de fuerza quedará estéril”, señaló la cartera comandada por Jorge D’Onofrio.
Pero aún no está claro si llegaron a un acuerdo. Detrás del conflicto puntual hay una disputa por los millonarios subsidios que distribuye el Estado nacional, así como tensiones entre “el AMBA y el interior”, así como las gestiones de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
Lo cierto es que las empresas de transporte reciben millonarios subsidios. Según datos oficiales, a través de diferentes mecanismos e instrumentos legales se distribuyeron $ 123.482 millones en subsidios al transporte público de pasajeros en todo el país. Pero el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) percibió en 2021 $ 96.215 millones, lo que representa el 77,9% del total. Incluso si se lo mide “per capita”, el monto es muy superior. Por eso en los últimos meses se sucedieron reclamos de parte de gobernadores de distinto signo político, así como una polémica entre el gobierno nacional y el porteño.
En ese marco, el Gobierno nacional aumentó en los primeros meses de 2002 un 40% la asignación para el Fondo Compensador del autotransporte urbano y suburbano de pasajeros.
Mientras discuten esos fondos, en muchas provincias y localidades vienen sufriendo tarifazos en el boleto, que golpea fuertemente el bolsillo popular. Es que lo único que no está en cuestión son las ganancias de las grandes empresas de transporte, empezando por las de colectivos. Cada vez más concentradas en un puñado de grupos empresarios, amasan fortunas a través de todo tipo de subsidios, además de los aumentos del boleto.
El paro patronal no es más que un chantaje para conseguir más subsidios o tarifazos. Como en otros terrenos, el gobierno vuelve a ceder a los reclamos empresarios.

20.4.2022

Lorena Itabel, delegada gremial de ATE – Ministerio de Economía y referente estatal del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, participó del debate en comisión por la reforma de la Ley de alquileres.
Compartimos su intervención:
Soy Lorena Itabel, delegada gremial del Ministerio de Economía, trabajadora estatal precarizada desde hace 15 años. Si bien trabajo formalmente, mi salario como el de más de la mitad de mis compañerxs está por debajo de la línea de pobreza. Y pertenecemos a esa nueva categoría rotulada como trabajadores pobres, ya que a pesar de tener un trabajo, “estable” se nos hace imposible el acceso a la vivienda por los requisitos que impone el mercado. En mi caso por un alquiler de dos ambientes destino el 60 % de mi salario para vivir con mis dos hijos y el último aumento fue de un 70 % y con contrato por un año, totalmente fuera de la ley, que como en otros casos ha demostrado ser papel mojado para defender el derecho constitucional del acceso a la vivienda.
Hace 8 años que vivo en la comuna 1, que trabajo en esta comuna, que mis hijos van a escuelas en esta comuna, la comuna de las desigualdades. En donde conviven las torres de lujo con los pisos vacíos y las personas en situación de calle; la comuna de la especulación inmobiliaria y la de la segunda villa más grande de la ciudad.
Las oficinas vacías por la pandemia y el hacinamiento en los hoteles, las pensiones y los paradores.
Es la comuna de las grandes desigualdades con más superficie pública rematada para negocio inmobiliario que refleja la realidad (al extremo) de la ciudad más rica (y desigual) del país.
Pero no es la excepción, en todo el país se viven situaciones que verifican que el acceso a la vivienda no es una prioridad para ningún gobierno y los números no mienten: la Argentina es un país con 17 millones de pobres, con salarios promedio de 53 mil pesos, donde la mayoría se encuentra en total informalidad. Se calculan 3,8 milones de familias con problemas habitacionales y alrededor de 2 millones de viviendas ociosas. Si se nos complica a los que tenemos un recibo de sueldo, imagínense lo que es para estas familias que se encuentran en total informalidad o los jubilados que no tienen vivienda y que no pueden tener una vejez digna.
En este contexto de ajuste los alimentos aumentaron el 21 % en lo que va del año, la inflación de este mes es del 6,7 % la más alta de los últimos 30 años. Mientras en estas reuniones no dejamos de escuchar a los representantes del lobby inmobiliario queriendo imponer más beneficios al sector y aumentar la desigualdad con los que menos tienen.
No tener acceso a la vivienda es que las mujeres víctimas de violencia de género tengan que seguir viviendo con sus agresores, exponiendo a las infancias a las violencias de un estado q nos maltrata por generaciones. Es sobrecargar a más mujeres jefas de hogar con las tareas de cuidados de niños y adultos mayores, tareas no renumeradas que caen sobre nuestras espaldas y por la brecha salarial que se agranda cada vez más cuando el ajuste del FMI golpea cada vez más a las mujeres y disidencias.
Como trabajadora organizada en un sindicato no puedo dejar de exigir a las centrales que se pongan a la cabeza del reclamo, luchar por salarios que cubran la canasta familiar indexado a la inflación, pero que también que podamos unir a trabajadores ocupados y desocupados para pelear por vivienda, salud, educación para terminar con los planes de miseria de los gobiernos y del FMI y la derecha.
La solución al problema de la vivienda es un plan integral que comience con el incremento de las obras públicas para viviendas, generando empleo genuino con salarios igual a la canasta familiar con el cual se podrían con miles de viviendas si en lugar de pagar al FMI se atendieran las necesidades de los sectores populares.
Un plan de viviendas garantizando líneas de créditos, con tasas subsidiadas, con el cual se pueda acceder a una vivienda.
Un banco de tierras controlado por trabajadoras y trabajadores. Que se haga público el registro de la propiedad para saber en manos de quiénes está el suelo urbano que concentran un puñado de propietarios.
Otra medida necesaria es la verdadera urbanización de las villas y asentamientos con verdadera participación popular.
Históricamente miles de familias encuentran en la toma de tierras la única salida a la falta de vivienda, muy distinto a las topadoras de Larreta en la villa 31, como bien contaba ayer Alicia de la toma Fuerza de mujeres o Berni y Kicillof en Guernica, donde realizaron desalojos para hacer canchas de golf.
Y por último la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa y avanzar en la expropiación a los grandes grupos inmobiliarios, que solo construyen para la especulación dejándonos rehenes de un sistema que se aleja de todos los derechos de las mujeres, los trabajadores, las niñeces y las y los jubilados”.

18.4.2022

Desde la ONG Proyecto 7 comenzaron un acampe frente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para denunciar la metodología que contempla el organismo para censar a las personas en situación de calle. “Nos enteramos por terceros que el proceso va a ser similar al que implementa el Gobierno de la Ciudad, de hacer una foto de una sola noche, una metodología que venimos denunciando desde hace años porque no termina de reflejar la realidad. Es otra forma más de invisibilización”, explicó Horacio Ávila referente de la organización.

Hoy comenzó un “frazadazo” y acampe frente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC ) impulsado desde la ONG Proyecto 7, Asociación Civil destinada al abordaje de la problemática de las personas en situación de calle.
Desde la organización denuncian la metodología implementada por el INDEC para censar a las personas que se encuentran en situación de calle en el marco del próximo censo nacional a realizarse el 18 de mayo.
“El Indec nunca nos convocó a nosotros ni a ninguna de las organizaciones de compañeros en situación de calle para que tengamos una participación activa en la elaboración del censo. Nos enteramos por terceros que el proceso va a ser similar al que implementa el Gobierno de la Ciudad, de hacer una foto de una sola noche, una metodología que venimos denunciando desde hace años porque no termina de reflejar la realidad. Es otra forma más de invisibilización”, explicó las razones de la medida de fuerza al medio El Grito del Sur el referente de esa organización, Horacio Ávila.
Desde Proyecto 7 cuestionan que muchas personas no podrán completar el cuestionario de manera online en los centros de día y paradores nocturnos, y si el censo se hará en una sola noche el “subregistro de las personas en situación de calle puede ser muy importante”.

15.4.2022

Diálogo con la diputada nacional del Frente de Izquierda sobre el escándalo de espionaje del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Conversamos con Myriam Bregman, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, sobre el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial contra políticos, periodistas y jueces.
“El gobierno de la ciudad usó los datos del Estado para cargarlos en el sistema que tiene, 11.000 cámaras tiene la ciudad, un récord de cámara por persona. Después, hay determinadas personas que en determinado momento nos incluían para buscarnos”.
“Un día que salía tarde del canal Crónica, al rato mis datos en el sistema de cámaras de la ciudad. Hay muchos ejemplos pero llama la atención que durante el conflicto entre Dolores Etchevehere y Juan Grabois vs el hermano de Dolores, los 1eros aparecían detectados”.
“Migraron los datos biométricos del ReNaPer a los sistemas de la ciudad. Esto tendría que tener una repercusión mayor”.
“¿Para qué se están usando los datos personales? Creo que no puede seguir ningún convenio que alimente ese monstruo, porque cuanto más lo alimentas, más busca, cada vez es más precisa la identificación. El que maneja el algoritmo también maneja el criterio”.
“Como es una SIDE del PRO, es una SIDE privada. Me opuse fervientemente”.
“Cuando se trató en la Legislatura en octubre de 2020, lo presentó el Frente de todos de la mano de Claudia Neira, con la idea de regular el sistema de cámaras, estalla el escándalo con organismos de derechos humanos, el PRO lo toma y lo vota con su mayoría”. La legisladora y su bloque terminan sumándose al voto negativo a su propio proyecto.

14.4.2022

El pedido se dirige al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Debe explicar cuál fue el uso que se le dio a los datos biométricos en un plazo de 48 horas.

El juez Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, para que brinde explicaciones acerca de cómo se usaron los datos biométricos.
En la resolución judicial pide que el ministro “explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo”.
Vale recordar que el Gobierno de Larrtea ordenó la búsqueda de datos biométricos de 7,5 millones de personas de forma ilegal. Entre los que se encuentran Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich, Estela de Carlotto, Alejandro Bercovich y los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, entre otros.
El pasado miércoles, la legisladora porteña del PTS Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un pedido de interpelación a D’Alessandro. “Por la gravedad de los hechos, consideramos que el ministro tiene que presentarse inmediatamente en la Legislatura a dar explicaciones. Son hechos graves, se trata de métodos ilegales de persecución a dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas”, explicó Barry.
La legisladora, también informó que “cuando en octubre de 2020 se aprobó la regulación de este sistema, nos opusimos tajantemente denunciando que violaba la privacidad y en todo el mundo había sido utilizado en forma discriminatoria para la persecución política y la criminalización de la protesta social. Nuestras denuncias estaban basadas en lo elaborado en común con organismos de derechos humanos que presentaron cartas en la Legislatura, para que ese proyecto no sea votado, en base a los estudios realizados durante años en distintos países”.