Comunicadores del Sur

6.12.2021

Tras analizar nuevamente la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, reiteran su preocupación la no aplicación de esta norma: “Siguen existiendo las instituciones manicomiales públicas y privadas en el país con su lógica de encierro. Persisten en ellas el maltrato a los internados, sobre medicación, falta de libertad, limitaciones en los permisos de salidas, mala calidad de vida en general, todos ellos violatorios de los Derechos Humanos”.
Explican que a esto se agrega la disminución del presupuesto que, según la Ley Nacional de Salud Mental, debería del ser del 10% del presupuesto total de Salud de la Nación, siendo actualmente solo del 2,20%, y del 1,5% en 2022. Este dinero además está destinado a los hospitales monovalentes, todo dentro de lo que consideran un alarmante marco de vaciamiento de la salud pública.
Señalan que estas condiciones llevan a que se repitan hechos graves como la muerte reciente de un internado en manos de otro en el Hospital Borda, situación de la que no hay comunicación oficial de parte de la Dirección del Hospital: “Y que se suma a anteriores hechos similares ocurridos en los últimos años”.
En este sentido, desde el Taller reiteran su “pedido desesperado a las autoridades nacionales” a que se aplique urgente la Ley Nacional de Salud Mental:
“PARA EL FRENTE DE ARTISTAS DEL BORDA DESMANICOMIALIZAR…
ES dignificar la atención de la salud mental.
ES transformar el vínculo entre el profesional y la persona internada.
ES implementar internaciones cortas en Hospitales Generales.
ES dignificar a los trabajadores del hospital.
ES procurar la atención ambulatoria.
ES ejercer el derecho a consensuar un tratamiento adecuado.
ES recuperar los lazos familiares y sociales de los internados.
ES garantizar la vivienda.
ES garantizar el trabajo
ES garantizar la educación
ES mejorar la utilización de los recursos económicos
ES brindar más información, apoyo y contención a las familias
ES informar y trabajar con la comunidad
ES convertir al ‘manicomio’ en un hospital general con un área de salud mental
ES consensuar las políticas en salud mental.
DESMANICOMIALIZAR…
NO es cerrar el hospital público
NO es dejar en la calle a las personas internadas.
NO es dejar a los trabajadores de la salud sin sus puestos de trabajo.
NO es privatizar la atención de la salud pública.
NO es sobre-medicar
NO es encerrar
NO es segregar
NO es ejercer violencia física, psíquica ni química
NO es depositar a las personas
es abandonar ni desamparar
NO es judicializar la internación”

4.12.2021

La obra de Héctor Stamponi, uno de los compositores más distinguidos de la historia del tango, fue recuperada por la pianista argentina Leda Torres, quien transcribió sus arreglos fundamentales y los pone a disposición en un libro esencial para comprender la evolución de la música argentina.

“Héctor Stamponi. Sus tangos en piano solo” es el nuevo libro editado por Torres, publicado por editorial Mil Campanas, y que es una suerte de continuación de otro trabajo de investigación y recuperación que la pianista había realizado sobre la obra de otro emblema del tango, Carlos García.
El libro incluye transcripciones de arreglos de Stamponi que se conservaban en los discos pero de los que no existían registros escritos: allí aparecen obras como “El último café”, “Un momento”, “Romance y tango”, “Alguien”.
“Leda Torres revela un aspecto que es, tal vez, el menos conocido de los tangos de Héctor Stamponi: su verdadera intención al componer. Con mucho talento y sensibilidad, Leda desmenuza los secretos sonoros del solista y rescata el espíritu profundo de una obra que, a partir de este trabajo, puede ser resignificada”, afirman en el libro Ana Sofía y Aída Stamponi, en uno de los textos preliminares del libro, que tiene prólogo de Lidia Borda.
Se trata de un proyecto que, al mismo tiempo, responde a la investigación y la divulgación. Y se convierte en una pieza al alcance de músicos, estudiantes, oyentes y periodistas, sedimentando un hito en la construcción de nuestra memoria cultural y musical.
La impulsora del proyecto es una pianista de la nueva generación: Leda Torres, oriunda de Lobería, Provincia de Buenos Aires, y una de las pianistas más trascendentes de la escena contemporánea del tango, donde comparte diversos proyectos, entre ellos, el dúo “Suarez & Torres”.
Presentación – Jueves 9 a las 20.00 en Defensa 1179

Mini Bio de Leda Torres

Leda Torres es pianista, compositora y arregladora. Nació en Lobería, provincia de Buenos Aires, en 1987, pero fue Mar del Plata -donde se estableció desde niña- el ámbito en el que comenzó estudios musicales formales. Primero en el Centro Polivalente de Arte de esa ciudad, del que egresó como bachiller en Comunicación, Arte y Diseño, pero también con programas paralelos en piano y tango.
Desde el año 2006 reside en Buenos Aires. Realizó la carrera de Instrumentista Superior en Música Popular con orientación Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es también Licenciada en Música Argentina, egresada de la Universidad Nacional de San Martín. Realiza tareas docentes en el Conservatorio de Música de Morón y también de modo particular.
Su figura, tempranamente, cobró relevancia en la escena contemporánea del tango. El dúo “Suarez & Torres”, de piano a cuatro manos, se convirtió -desde su irrupción- en una referencia insoslayable para la corriente más elegante de ese movimiento.
“Héctor Stamponi. Sus tangos en piano solo” es su tercer libro; que sigue a “Carlos García. Tangos para piano Vol. 1” y “El silencio tiembla”; todos editados por Mil Campanas.

2.12.2021

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

Acaban de entregar la Costanera a las corporaciones y la planificación a la especulación inmobiliaria.

En una sesión de último momento, la Legislatura porteña acaba de votar la autorización para el emprendimiento inmobiliario en la Costanera Norte, en el predio de Costa Salguero y el nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur que impulsar el grupo IRSA conocido como Costa Urbana, en el predio de la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Se votaron también diez convenios urbanísticos y la amnistía inmobiliaria.
Desde El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos vamos a ir a la justicia a cuestionar estos proyectos; son un fraude a la democracia participativa ambiental y violan el Plan Urbano Ambiental y la Constitución de la Ciudad.
La Resistencia Verde continuará hasta frenar estos negociados inmobiliarios, no vamos a rendirnos hasta recuperar nuestra costanera para el uso común de la población porteña.
La Legislatura tuvo una nueva navidad inmobiliaria. A pesar del 98% del rechazo de la Audiencia Pública, se votó el megaemprendimiento inmobiliario en Costa Salguero. También en la audiencia pública por de Costa Urbana, el Nuevo Puerto Madero de IRSA (Costanera Sur), el 98% de las personas que participaron de la audiencia pública rechazaron perder de la Costanera Sur. El martes de la semana pasada finalizó la audiencia pública por los convenios urbanísticos. La totalidad de las personas que hablaron (174), rechazaron esta política de someter la planificación al mero interés inmobiliario y a la especulación aprobando leyes con nombre y apellido y adecuando el Código Urbanístico a medida de torres. La democracia está totalmente desvirtuada en la Ciudad. La clase política que nos gobierna representa a la Corporación inmobiliaria y no a la ciudadanía.
Con las calles valladas y llenas de policías, los amigos políticos de los empresarios le dieron la espalda a una gran parte de la ciudadanía que se manifestó en contra de estos negociados a través de distintas intervenciones entre las que se incluyen audiencias públicas. Estos proyectos inmobiliarios tendrán impactos ambientales y sociales negativos, colapsarán los servicios públicos, y destruirán la identidad de los barrios porteños.

Resultado de las votaciones

Costa Salguero: 36 votos afirmativos – 22 votos negativos.
Costa Urbana de IRSA: 36 votos afirmativos – 20 votos negativos – 2 abstenciones.
9 Convenios Urbanísticos: 32 votos afirmativos – 26 votos negativos.
Amnistía inmobiliaria: 32 votos afirmativos – 20 votos negativos – 6 abstenciones.
Jonatan Baldiviezo, integrante del movimiento expresó: “Finalmente se concretó la sesión más perniciosa para la ciudad de los últimos 30 años. Se consolida el modelo de expansión de Puerto Madero hacia el norte y el sur de la ciudad. Rodríguez Larreta y aliados decidieron entregar el contorno ribereño a las corporaciones inmobiliarias. La vista al río sólo será para los sectores concentrados de la economía inmobiliaria-financiera. Luego de 30 años, en vez de recuperar el predio de manos de IRSA, se autorizaron las torres para consolidar su privatización de manera definitiva. El 100% de la costanera debería estar destinada a parques públicos y reservas ecológicas. Es una mentira que el GCBA aprueba estos proyectos para recuperar espacios verdes cuando partimos del derecho de que la totalidad debería ser de uso común de la ciudadanía porteña. Estos emprendimientos inmobiliarios sólo se comprenden desde la lógica de la caja política y las ambiciones presidenciales del Jefe de Gobierno”.
La Ing. María Eva Koutsovitis, también integrante de El Movimiento, manifestó: “Las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires este último domingo ponen en evidencia no sólo la ausencia de políticas hídricas integrales, sino el negacionismo de la crisis climática por parte del poder político. Los emprendimientos inmobiliarios de Costa Salguero y Costa Urbana proyectados en la costanera porteña, no sólo van a incrementar la frecuencia de inundaciones, sino que van a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para el conjunto de nuestra ciudad. En la sesión de hoy, el oficialismo porteño aprobó diez convenios urbanísticos sin ningún tipo de evaluación de impactos. Los cuales van a destruir la identidad de los barrios y terminar de colapsar la infraestructura de los servicios públicos. Por eso, vamos a continuar organizando desde El Movimiento la Resistencia Verde para visibilizar el impacto que estos proyectos generarían y frenar el colapso definitivo de nuestra ciudad.”
Por último, Marina Caivano, integrante de El Movimiento, sostuvo: “La votación de estos cuatro proyectos inmobiliarios el día de hoy por la Legislatura porteña implica la pérdida definitiva de nuestra costanera en manos de la especulación inmobiliaria.
Con su aprobación, la planificación de la Ciudad ha sido transformada en una acumulación de excepciones para quienes pueden comprar norma urbanística y la amnistía para quienes construyeron a sabiendas de que violaban la ley. La clase representativa que nos gobierna no está a la altura de los grandes desafíos civilizatorios que tenemos por delante. Por eso, es responsabilidad de la comunidad porteña avanzar hacia una Democracia Participativa y Ambiental”.

1.12.2021

El efectivo Federico Medina fue detenido por matar de un disparo en el tórax a Guido Segura. La familia de la víctima denuncia que se trató de un nuevo caso de gatillo fácil.

El último sábado por la madrugada, el efectivo de la Policía de la Ciudad Federico Medina asesinó con un disparo en el tórax a Guido Segura, de 33 años, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Según el testimonio del acusado, los hechos sucedieron a partir de una discusión entre ambos en la que Segura lo agredió con un fierro mientras viajaba en su auto.
Sin embargo, la familia de Segura denuncia que se trató de un nuevo caso de gatillo fácil. Antonella, hermana de Guido, escribió en Facebook: “Federico Medina, Policía de la Ciudad, le disparó sin piedad dejando a dos hijitos sin su papá, y a una familia destruida”. Y añadió: “Basta de gatillo fácil ¿cómo puede ser que una persona así pueda manejar un arma así como si nada? Tiene que cumplir una condena, tienen que inhabilitarlo”.
“A los que hablan giladas contando otra historia este hdp le disparó en el pecho en la puerta de la casa donde alquilaba con mi hermana”, relató la suegra de la víctima en sus redes sociales, al mismo tiempo que sentenció: “No tiene derecho de dispararle así a una persona. No merecés cargar con ese uniforme que tenés”.
La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas, que imputó al oficial por “homicidio simple”. En un principio, el imputado aseguró haber actuado en legítima defensa, pero gracias el testimonio de testigos y otras pruebas recolectadas en el lugar del hecho, la fiscal le negó el pedido.
José C. Paz había sido escenario de otro hecho de violencia policial hace dos semanas, cuando efectivos de la Bonaerense atropellaron a Facundo Curras, de 17 años, provocándole un coma farmacológico. La Policía de la provincia de Buenos Aires argumentó que Facundo estaba en situación sospechosa, aunque los testigos señalaron un mal accionar de las fuerzas represivas.

30.11.2021

Por Juan Borges

Matías “Pampa” Busso es presidente y uno de los fundadores de la ONG llamada “Asociación contra la violencia institucional (ACVI)”. Su mirada sobre la situación represiva en CABA.

Matías “Pampa” Busso es presidente y uno de los fundadores de la ONG llamada “Asociación contra la violencia institucional (ACVI)”. Dicha organización patrocina a víctimas y las acompaña en sus procesos de lucha y resistencia contra la prepotencia policial o de otras fuerzas de seguridad. Su trabajo está centralizado en CABA, sin embargo, articulan con otros agrupamientos de provincia de Buenos Aires o algunas regiones del interior del país.
Busso, planteó un diagnóstico general sobre la situación de la violencia institucional y las estrategias llevadas a cabo por la ONG que preside. Asimismo ofreció una mirada con perspectiva de seguridad democrática.
¿Podrías presentarte y contarnos que es el ACVI?
Matías Pampa Busso: Soy abogado y tengo una beca del CONICET sobre seguridad ciudadana. Soy presidente de la asociación contra la violencia institucional (ACVI). Dicha organización es una ONG que surgió en 2017, formada por un conjunto de profesionales, principalmente abogados y abogadas. Algunos con experiencia en casos de gatillo fácil. Desde distintos lugares, todos veníamos trabajando en violencia institucional. Somos de un campo multidisciplinar variado pero básicamente abogados.
¿El desempeño de la asociación contra la violencia institucional está centrado en CABA o es más nacional?
M-B: Hay en realidad un esfuerzo concreto de federalizar la perspectiva y construir una red de intervención nacional. La realidad es que se torna bastante difícil teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes de la asociación somos de CABA. Las causas que seguimos también son de la misma región donde residimos. Hace poco impulsamos una convocatoria de profesionales contra la violencia institucional y se sumaron algunas personas de las provincias de todo el país. Sin embargo se torna difícil mantener una dinámica de trabajo regular. La perspectiva es comenzar a visibilizar casos de violencia institucional de todo el país. Sin embargo, entendemos que los hechos sucedidos en AMBA siempre cuentan con mayor repercusión.
¿Qué lectura haces sobre el crimen de Lucas González sucedido en estos últimos días?
M-B: Desde ya me parece un caso trágico y aberrante. Sin embargo hay cuestiones para analizar. Me llamó la atención que se coloque en la agenda el tema de la violencia institucional. Es notable la volatilidad de la opinión publica. Hace un mes se pedía desde algunos funcionarios mayor mano dura y haciendo alarde de mayor dureza en las políticas de seguridad. Los casos que recuerdo son: el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni haciendo alarde de los 150 abatidos por su gestión o el candidato de “Avanza Libertad”, José Luis Espert, pidiendo hacer queso gruyere con los delincuentes. Y de repente gran parte de la sociedad empezó a empatizar con el caso de Lucas y su familia. En general eso no sucede. Mayormente la sociedad toma distancia de los casos o intenta justificar de alguna manera. Lo tomaron medios que no suelen abordar estos caos, incluso medios hegemónicos lo sostuvieron durante varios días. La diferencia estuvo tal vez en el hecho que el club Barracas Central desde un primer momento se expresó contando quien era Lucas, su dedicación deportiva, etc. Fue manifiesta la inocencia de los pibes desde el primer momento. Normalmente las versiones policiales son difíciles de desmontar y la sociedad en general toma partido por los victimarios. En esta situación afortunadamente fue diferente. Lo lamentable es que deba ser tan manifiesta la inocencia de una persona para no merecer morir. Tantos años de lucha y tratar de visibilizar el tema de la violencia institucional provoco que tengan que mostrarse estos hechos terribles, más allá de la línea editorial de ciertos medios. Me da la sensación que nuestro activismo hace mella contra cierta indiferencia e intento de invisibilidad la violencia contra los sectores más humildes de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano.
¿Ven un modo de proceder recurrente de la policía de la ciudad de Buenos Aires con los sectores populares?
M-B: Nosotros vemos básicamente un ensañamiento contra la población trans-migrante. Es una policía cuya misión principal es limpiar las calles. Los sectores populares no tienen un lugar en la ciudad de Buenos Aires. Ni como habitantes, mucho menos como trabajadores. Es notoria la diferencia en el trato por parte de la policía en cuanto a las clases sociales. Que eso se manifiesta en la segmentación territorial. El trato en los barrios más acomodados es protocolar y correcta pero violenta en los barrios del sur. Hay un carácter selectivo y direccionado sobre cierta población. Esta policía surgió desalojando manteros. Esa es su mirada de intervención en los conflictos. Con represión y violencia. Es la expresión evidente de la desigualdad que hay en la ciudad. La polarización social manifiesta.
¿Cómo ve en general la situación de violencia institucional en esta última etapa, desde la doctrina Chocobar hasta el presente?
M-B: Es importante profundizar los derechos democráticos en nuestra sociedad. Para eso son necesarios direccionamientos políticos claros en la fuerzas de seguridad. Creemos que se había tomado un rumbo claro con la designación de Sabrina Friedric. Los grandes avances fueron cuando estuvo al frente de la cartera de seguridad Nilda Garre. Con Friedrich se derogaron decretos que había sancionado la gestión macrista. Por ejemplo, la ley que contemplaba disparar en caso de fuga, la llamada doctrina Chocobar. Se estaban desarrollando grandes avances y eso nos generaba expectativas. No vemos en la nueva gestión avances con la perspectiva de una seguridad democrática. Como correlato vemos al ministro de seguridad de la provincia más grande del país, Sergio Berni, con un discurso que no se condice con nuestra mirada de una política de seguridad que creemos debe ser la de un gobierno democrático y popular. Es un escenario en discusión, en disputa. Si hay un discurso de odio, represivo, bélico de nuestros funcionarios seguramente las fuerzas de seguridad actuarán en esa dirección. Debe haber un direccionamiento político claro y preciso de carácter democrático para contrarrestar la violencia de las fuerzas. Además se requiere de una política pública activa. El problema de la seguridad en la Argentina no es con más policías. De hecho el nivel de presencia policial es uno de los más altos de la región. Necesitamos contemplar variables de otro tipo, económicas, sociales, políticas para solucionar los temas de seguridad. Creemos firmemente en la perspectiva de la política de seguridad democrática.
¿Cuál podría ser una agenda teniendo en cuenta esa perspectiva?
M-B: Hay varias cuestiones. Primero que nada la reducción de la presencia policial en las calles, es decir la cantidad de efectivos. Por otro lado la utilización de las armas de fuego fuera del horario de servicio debe limitarse. La policía debe abocarse a delitos complejos. Debe haber una política de bienestar social de la fuerza también. Mejores salarios para no tener que hacer adicionales. Debe haber políticas incentivadoras para dejar las armas fuera del horario de servicio. Asimismo políticas activas de investigaciones y de las sanciones que impulsen que los hechos de violencia institucional no queden impunes. Debe haber sanciones administrativas desde el poder ejecutivo más allá de lo que haga la justicia. El mensaje debe ser claro: “Policía que mata no puede seguir en funciones”. Es necesario un cambio profundo en materia de seguridad. Siempre teniendo en cuenta la perspectiva democrática.