Comunicadores del Sur

20.2.2022

Por Ramiro Comes

En el marco de los recortes de la ciudad de Buenos Aires al carnaval porteño, entrevista a Félix Loiácono, docente, escritor y director de la agrupación murguera Garufa de Constitución.

Después de 15 años de políticas neoliberales en Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, primero Macri y luego Larreta, vienen persiguiendo sistemáticamente todo movimiento cultural independiente. Así como fueron clausurados las milongas y los centros culturales, el colectivo murguero viene resistiendo el embate de políticas de recorte, ninguneo e invisibilización que generan un daño irreparable a la cultura popular. Entre el 2010 y 2014, tal vez el pico más alto de desarrollo del carnaval porteño, existían más de 50 corsos y de 100 murgas, y participaban 15 mil murgueros. Como nos cuenta el entrevistado Félix Loiácono, docente, escritor y director de la agrupación Murguera Garufa de Constitución, estos números fueron golpeados por las políticas del macrismo y más dos años de pandemia.
¿Cómo ves la situación del carnaval porteño en estos últimos años?
Félix Loiácono: Hasta el carnaval 2020 hubo entre 30 y 35 corsos oficiales. Algunas agrupaciones, por ejemplo Pasión Quemera, no hacían el corso en forma oficial. Pedían el corte de calle, ponían su sonido y organizaban los corsos los viernes por ejemplo. Entre todos podríamos estar hablando de casi 40 corsos en la ciudad de Buenos Aires.

¿Y cómo es la situación actual de los corsos en la Ciudad después de la pandemia?
F.L.: El año pasado no hubo corso, pero de igual manera hubo una presencia murguera a través de actividades en la calle como muestras de fotos, en los espacios de ensayo se pusieron banderines, se organizó la movida de los “Cuatro banderines cuatro” que consiste en colgar los banderines en la mochila, en el balcón en el auto, en la ventana, en la vidriera del negocio, etc.

¿Cuáles fueron las políticas del gobierno de la Ciudad para este carnaval?
F.L.: Este año el gobierno de la Ciudad puso 12 espacios donde no hay cortes de calle, estamos hablando de anfiteatros, de polideportivos, todos arriba de la vereda. De estos espacios, seis se hacen la primera quincena y seis la segunda quincena de febrero, recortando más aún el carnaval. Desde mi punto de vista con estas políticas se va perdiendo el espacio callejero. Vamos a tener que recuperarlo. La excusa de la Ciudad es que pueda controlarse a través del pase sanitario. No sé si en la canchas o en los locales gastronómicos piden lo mismo.
La diferente vara con la que fueron tratados las empresas privadas y la cultura popular muestra la verdadera intención del gobierno de la Ciudad, que es destruir y descontextualizarel carnaval porteño, corriéndolo de su espacio natural desde hace más de 200 años, la calle.
El gran desafío que tenemos los y las hacedoras del carnaval porteño es recuperar el corso en la calle. No es un corte de calle, es un espacio de cultura popular. Se me viene a la mente el tratamiento que le dan la Ciudad y los medios cuando se juega en las canchas de River, Boca, San Lorenzo, Huracán o Argentinos Juniors; cuando hay partidos se cortan las calles aledañas. Nadie dice que es un corte de calle. Por esa razón hice una glosa para este carnaval que se llama “Yo quiero el corso en la calle”.

¿Qué propuesta le puede aportar el carnaval a este momento de postpandemia?
F.L.: Esta pandemia potenció que nos quedemos en nuestras casas. El corso y la fiesta popular salen al encuentro de eso. Salí, encontrate con el sol y la luna. Encontrarte con el vecino. Mirá al carnicero que se subió al escenario y está cantando. Pero si ayer lo vi en la carnicería. El encuentro en la calle, la voz del pueblo que sube al escenario del corso y dice cosas.

¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene por delante el movimiento murguero?
F.L.: Otro tema que me parece importante es recuperar es la historia de lo afroporteño que para nosotros es un gran desafío. Que el vecino se apropie del carnaval, que sienta suyo el corso. Que haya alguien que diga “yo no estoy en ninguna murga, yo no estoy en ninguna comparsa o cuerda pero igual quiero que se haga el corso”. El corso en la calle es espacio de cultura popular y no popularizada. Lo que estoy diciendo es que lo popular sale del pueblo. Como los rabanitos que crecen de abajo para arriba. Cuando los medios de comunicación ponen mucha guita en difusión y en las redes algunos hechos culturales terminan popularizados. La cultura popular nace desde abajo, la gente se encuentra, crea, se equivoca, borronea, como cuando escribimos una canción.

Yo quiero el corso en la calle
Quiero encontrarme en la calle
con tu risa y con la mía
que ni siquiera el barbijo
pueda esconder la alegría.

Quiero encontrarme en la calle
con todos los poderosos
los que ven madera y lata
donde hay platillo y bombo.

Los que organizan eventos
con la música grabada
y que la voz de mi gente
se adormezca silenciada.

Los que se llenan la boca
con decretos y ordenanzas
y maquillan de verdades
discursos y propagandas.

Yo quiero el corso en la calle
quiero asfalto y avenida
la cultura no se encierra
con chamuyos y mentira.

Yo quiero el corso en la calle
no la fiesta clandestina.
Murga, comparsa y canciones
fiesta de luna y esquina.

Yo quiero el corso en la calle
y como yo, somos miles
Carnaval de todo el pueblo
y que nadie se lo olvide.

Yo quiero el corso en la calle
entre el encuentro y el baile
entrada libre y gratuita
como la risa y el aire.

20.2.2022

Una de ellas denunció que la despidieron por estar embarazada. Trabajadores y trabajadoras hicieron la acción para denunciar la precarización laboral y el maltrato en el sector sastrería.

Este domingo trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón, realizaron un abrazo al edificio para reclamar contra el despido de Maia Bernztein e Inés del sector de sastrería.
Maia trabaja en la sastrería del Colón hace tres años y cursa un embarazo de seis meses. Hace una semana, el domingo 13 de febrero, hizo una denuncia en redes: “me despidieron por estar embarazada”.
“Tanto mi Jefa Stella Maris López como Recursos Humanos tenían pleno conocimiento de mi gestación.
Me enteré de mi despido al saber que se habían renovado todos los contratos menos el mío y el de una compañera que solicitó un aumento salarial, a pesar de haber sido informadas de que retomaríamos actividades en febrero de 2022.
Siempre cumplí con mi trabajo a la par de mis compañeras de planta, pero bajo una forma de contratación sumamente precaria: con un sueldo de $42.000, al que debía descontar $4260 de monotributo, sin percibir vacaciones, aguinaldo, bono, ni herramientas o un uniforme de trabajo”, aseguró en su descargo público.
Haciéndose eco de su pedido de solidaridad para lograr la reincorporación, trabajadores y trabajadoras del Teatro llevaron a cabo esta acción en las inmediaciones del edificio, con la consigna “basta de precarización laboral”.
Se acercaron a participar Marcelo Gómez de la junta interna del parque Centenario, la legisladora porteña por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad (FITU), Alejandrina Barry. Se sumaron también Facundo Abraham, la diputada del PO en el FITU, Romina del Plá, así como Amanda Martín de la secretaría gremial de Ademys.
“El maltrato que se sufre en la Sastrería es harto conocido, pero no se había llegado al punto de dejar sin trabajo a una mujer embarazada, a pocos meses de parir, con todo el estrés, la urgencia y los daños que me está generando.
El día en que el área de sastrería se reincorporaba a trabajar, con mi compañera presentamos una nota dirigida a las autoridades solicitando que se aclare nuestra situación y continuidad laboral.
Ya pasaron 15 días, y más allá de las negociaciones que están llevando adelante delegados, no recibimos información fehaciente sobre nuestra reincorporación, ni por parte de la directora María Victoria Alcaraz, ni de ninguna otra autoridad responsable”, detalla Maia en su denuncia en redes.

17..2022

Por La Retaguardia

Javier Moral es abogado de familiares de las víctimas del incendio que ocurrió hace 8 años en un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, donde fallecieron diez personas. Moral pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia y contó en qué instancia se encuentra el proceso judicial contra los responsables de la tragedia.

El 5 de febrero de 2014 por la mañana se produjo el incendio y derrumbe de uno de los depósitos que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, diez personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Rápidamente las investigaciones llegaron a la conclusión de que el incendio había sido provocado con el fin de eliminar documentación comprometida para la firma multinacional y hay evidencias concretas de que cuando inició el siniestro no se dieron las alertas correspondientes para contener el fuego.
El abogado de familiares de las víctimas de la tragedia, Javier Moral, contó parte del recorrido legal llevado a cabo para buscar justicia para las personas fallecidas y afectadas por el incendio: “En estos ocho años tuvimos que atravesar el laberinto judicial para pedir justicia para las víctimas y para aquellos que quedaron con lesiones de gran importancia. Estamos en un punto en que el juzgado de Instrucción que lleva la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas, en un principio, responsables para ser llamados a declaración indagatoria. Las defensas apelaron. Nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de los cinco que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad. La Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que debían profundizarse las pericias realizadas. Aparecieron restos de combustibles, acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado ese siniestro que se convirtió en un incendio de grandes características”.
Moral insistió en que “quedó claro a todas luces que (el incendio) fue intencional”. Se basó en “pericias muy exhaustivas” que se realizaron a lo largo de 2021 y que finalizaron el 17 de enero de este año. Esas investigaciones determinaron que el incendio fue provocado con el fin de hacer desaparecer documentación que comprometía a la multinacional: “Hubo peritos de las defensas, de los bomberos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. Esto estaba establecido para que se produjera un incendio de una alta voracidad y que redujera a cenizas documentación que luego conocimos como las ‘4.040 cuentas’ o los Panama Papers. Quisieron evitar que apareciera esa documentación”, afirmó.
La mayor cantidad de documentación eliminada en el incendio pertenecía a empresas de un poderío económico inmenso que estaba relacionada al lavado de dinero: “Cuando se presentaron a declarar los directivos de la empresa que administraba el depósito manifestaron que Iron Mountain es una de las 500 compañías más grande del mundo y que, a su vez, el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios”, expresó Moral y contó acerca de la evidencia que sí pudo rescatarse del fuego: “Muchas cajas se pudieron salvar. Hay una foto muy simbólica de uno de los bomberos rescatando una caja que tiene un rótulo frontal que dice ‘lavado de dinero’ y hay una que directamente dice ‘coimas’. Esa es la documentación que se pudo salvar”.

Querellantes y juicio oral y público

“Batallamos arduamente durante tres años para que reconocieran en carácter de querellantes a las familias. Las víctimas habían sido quitadas del proceso penal. Les habían quitado el rol de querellantes para que se evitara el conocimiento de la verdad material mediante una resolución que echó a los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal les devolvió ese carácter. Después de estas pericias y consumados los procesamientos, el año que viene esperamos tener sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en el juzgamiento de los imputados. A raíz de ese fallo de Casación, ahora llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados”, se esperanzó el abogado de las familias de las víctimas.

La demora de ocho años

Entre las maniobras dilatorias de las defensas, los “errores” de la Agencia Gubernamental de Control y el tiempo que llevó reconstruir la documentación, pasaron ocho años sin que los responsables del incendio puedan ser juzgados: “Demoró dos años solamente reconstruir la documentación. Lo que primero se perdió, extraordinariamente, es el expediente de habilitación. De acuerdo a la ley, esta empresa tiene lo que se llama criticidad. No es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kioskito porque requiere mucho más papelerío. La habilitación se produjo con mucha celeridad. Para los investigadores se dio producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado ese lugar y en esa zona. Dos años se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que procuraba tenerlos, la Agencia Gubernamental de Control. Una vez que se hizo la reconstrucción de la documentación y se hizo la visita ocular, a la que nosotros como querellantes fuimos, quedó claro que había que citar a indagatoria a los acusados. Había cables colgados por todas partes. La demora también fue generada mediante chicanas, apelaciones y planteos que tuvimos que apelar para que la causa no prescribiera”.

Incendio ordenado

Además de las evidencias encontradas en la investigación y las 23 personas indicadas como responsables de haber provocado el incendio, el abogado apuntó a una persona más: “De menor jerarquía, pero vital: el vigilador, que no declaró. No explicó por qué ocho veces desoyó una alerta temprano y permitió una ventana temporal de casi una hora en la que el fuego se expandió. No se explica por qué frente a un sistema que generaba una alerta que le obligaba por protocolo a la persona a ir a revisar si efectivamente se trataba de una falsa alarma o un peligro real, hizo caso omiso. Además, cuando vecinos vieron el humo y llamaron al lugar, les dijo que ya estaban los bomberos cuando los bomberos ni siquiera habían sido notificados. Esto forma parte de un trazado cuya responsabilidad es, a las claras, de funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, acusó el abogado.

17.2.2022

Este jueves tuvo lugar la primera reunión entre el Gobierno nacional y el de CABA. Mientras hay críticas mutuas, los funcionarios discuten la letra chica de un ajuste que se aplicará por el acuerdo con el FMI.

El ajuste que quiere profundizar el FMI ya se palpita en la vida nacional. Este jueves tuvo lugar la primera de las reuniones entre el Gobierno nacional y la gestión de CABA para discutir cómo sería un eventual pase del servicio de transporte público en la Ciudad. La discusión de fondo tiene que ver con la reducción de subsidios estatales a ese servicio.
Esa reducción está motorizada precisamente por las exigencias del Fondo Monetario. El organismo internacional presiona públicamente por la baja en esos montos como parte de la reducción del déficit fiscal. Se trata de un requisito más para garantizar los pagos de la deuda pública, mecanismo de sometimiento que todas las fuerzas políticas capitalistas están aceptando.
Tras la reunión, el secretario de Transporte Diego Giuliano anunció que el diálogo continuará a través de unidades de coordinación. Las mismas empezarán a funcionar desde 22 de febrero y tendrán el objetivo de analizar distintos aspectos sobre la gestión del sistema y la reducción de subsidios nacionales hacia la Ciudad.
La discusión en las comisiones intentará avanzar tanto sobre el problema de la entrega de subsidios, como sobre la fijación de tarifas. Las líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires son 32. Sin embargo, dada la relación que existe con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el problema se complejiza, dado que muchas líneas recorren un distrito y parte o gran parte de otros.
Según informó Giuliano en conferencia de prensa las comisiones buscarán “iniciar un camino de cuatro ejes vinculados al aspecto jurídico de estos servicios, la coordinación desde la perspectiva operativa dentro del ámbito metropolitano, la cuestión económica y la institucionalización de este dialogo”.
El funcionario nacional hizo hincapié en que el futuro precio de la tarifa en CABA lo debería definir el Gobierno de la Ciudad, hoy en manos de Horario Rodríguez Larreta. Evidenciando que nadie quiere hacerse responsable de la suba que intentarán imponer, Jorge Macri -actual ministro de Gobierno de la capital habló ante los medios afirmando que el precio del boleto lo establece el Gobierno nacional.
Al mismo tiempo, señalando el problema de las líneas en común entre CABA y AMBA, afirmó que era importante sumar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la discusión del precio del boleto. Luego de la reunión desde su cuenta de Twitter, Macri escribió que “No se puede tener un sistema distinto de un lado o el otro de la General Paz o el Riachuelo. Por lo tanto es imprescindible el diálogo entre todas las jurisdicciones”.
La discusión administrativa y política tiene el trasfondo del acuerdo con el FMI. Es urgente enfrentar ese intento de descargar la crisis y el ajuste sobre las mayorías populares.

17.2.2022

Por Julieta Azcárate

Hace meses las familias, docentes y vecinos pelean porque no se subaste el inmueble de Pringles al 300, donde actualmente funciona una Escuela Infantil. Como parte de esta pelea, desde la banca de la legisladora porteña Alejandrina Barry se presentó un proyecto para que la escuela continúe y se garantice el derecho a la educación de niñas y niños.

El Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en la calle Pringles 340/342/344, en el barrio porteño de Almagro, es de los pocos establecimientos que reciben a niños y niñas de 45 días a 3 años.
El año pasado, el Gobierno de la Ciudad impulsó la subasta de este edificio, que se aprobó en la Legislatura porteña junto a otras subastas, con el argumento de que son “inmuebles innecesarios para la gestión”.
Desde entonces, familias, docentes, vecinos/as y organizaciones sociales, vienen peleando para frenar esta medida y que la Escuela Infantil continúe funcionando.
Desde la banca del FITU, con la legisladora Alejandrina Barry, se viene acompañando las movilizaciones y los reclamos, y se presentó en la Legislatura porteña un proyecto para dejar sin efecto la subasta y por la continuidad de la Escuela Infantil, extendiendo la edad de niños y niñas de 45 días a 5 años de edad.
“La subasta de este inmueble, autorizado por las leyes 3.397 y 6.287, sólo profundizará el problema de acceso a las vacantes, en un contexto en el que, año tras año, miles de niños y niñas se ven privados de acceder a una vacante en el nivel inicial”, señala el proyecto.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada año faltan miles de vacantes para que niñas, niños y adolescentes puedan tener garantizado su derecho a la educación. Este año, el colectivo Vacantes para todxs en las escuelas públicas estima que son más de 20 mil quienes se quedaron sin poder asistir a un establecimiento educativo. Por esto, relizaron una campaña masiva, en repudio a las palabras de la Ministra de Educación Soledad Acuña, que sostuvo que la falta de vacantes “es una suposición, no un dato de la realidad”.
“La falta políticas concretas para resolver la falta de vacantes en la educación pública es un problema estructural e histórico de la Ciudad, afectando de esta forma el derecho a la educación de miles de niños y niñas”, continúa el proyecto. Esto favorece la migración a las escuelas privadas, que además son subsidiadas por el Estado, y un proceso de desescolarización, porque los chicos y chicas cuyas familias no pueden pagar una educación privada se quedan sin poder ir a la escuela.
Frente a esta grave situación, donde miles están privados del derecho elemental a la educación, el Estado a través del gobierno porteño no sólo no garantiza este derecho sino que, por el contrario, pretende subastar edificios para el negocio inmobiliario donde actualmente están funcionando escuelas, como el caso de la Escuela Infantil de Pringles al 300. Sólo en la Comuna 5, de la que forma parte este establecimiento, hay un déficit de 500 vacantes para el nivel inicial. En lugar de cerrar, debería abrir escuelas y dar una respuesta integral al problema de la falta de vacantes.
“A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2022, es fundamental que los niños y niñas que asisten a la escuela infantil de Pringles 340/342/344, sus familias y los docentes de dicho establecimiento, tengan la certeza de que su jardín continuará funcionando normalmente”, finaliza el proyecto.

Una larga historia

Hay que recordar que en noviembre del año pasado se logró un fallo histórico que exigía al Gobierno porteño resolver la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad. Fue establecido por la jueza Elena Liberatori de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, y convalidó el amparo presentado en el año 2016 por el entonces legislador del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, junto al colectivo Vacantes para Todxs, el CeProDH, familias y docentes, y luego apoyado por las legisladoras Alejandrina Barry y Myriam Bregman.
Sin embargo, esta historia de subasta del edificio de la calle Pringles tiene más larga data. Ya en noviembre de 2009, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar innecesarios para la Ciudad a los inmuebles de la calle Pringles 340 y 342 y autorizar su subasta pública. El proyecto tuvo giro hacia distintas comisiones y nunca llegó al debate, pero de todos modos se pidió su tratamiento en diciembre de ese año, con modificaciones entregadas a último momento y con el número de Ley N°3.397.
Pasaron diez años sin haber llamado a subasta, y en la sesión de diciembre de 2019, la Ley N° 3.397 fue modificada por la Ley N° 6.287 que declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad a los inmuebles comprendidos en su artículo 1°, que incluyó una vez más el de Pringles 340 y 342.