Comunicadores del Sur

23.2.2022

Se cumplieron diez años de la masacre de Once, por ello ayer a la mañana familiares y amigos realizaron un acto para recordar a las 52 personas fallecidas en el siniestro ferroviario que también ocasionó heridas a otros 800 pasajeros. La tragedia puso de relieve la corrupción empresarial y del gobierno en la gestión de trenes argentinos. «Hace diez años este lugar se llenaba de gritos de auxilio, de sirenas, de gritos desesperados. Una tragedia previsible, anunciada» expresaron familiares de las víctimas.

Se cumplieron diez años de la Masacre de Once, cuando una formación de la línea de trenes Sarmiento que transportaba a 1.200 pasajeros se estrelló contra el andén 2 de la estación terminal Once ocasionando el fallecimiento de 52 personas y alrededor de 800 heridas.
Sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas realizaron un acto en homenaje en el Hall central de la estación terminal y reclamaron que se hagan efectivas las penas de los condenados por el hecho: »la corrupción mata, pero el dolor y el olvido también», afirmaron.
Gracias a la lucha de los familiares por conseguir justicia en 2015 se realizó el juicio donde fueron condenados los secretarios de transporte Jaime y Schiavi y el empresario Claudio Cirigliano, (quien en ese momento junto a su hermano tenían la concesión del Sarmiento), además con penas de hasta ocho años de prisión el exministro de planificación Julio De Vido fue sentenciado en la causa Once II, en 2018. Asimismo las querellas limitaron la acusación al motorman de la formación quien fue condenado a 3 años y 7 meses de prisión acusado de frenar a destiempo y de desactivar un sistema de seguridad conocido como del “hombre muerto”. Según información publicada por el medio Prensa Obrera la abogada del motorman Valeria Corbacho, denuncia que “la mayoría de los peritos estuvieron dispuestos a mentir para culpar a Marcos [Córdoba] y exculpar a los empresarios y funcionarios” (La Nación, 20/2). Y el propio tribunal que lo condenó reconoció que “no hay que olvidar que se trata de un trabajador que no tenía la más mínima chance de influir sobre el calamitoso estado de los trenes ni la forma caótica y desaprensiva en la que operaba el servicio”.
«Los funcionarios corruptos que controlaban el transporte en 2012 crearon las condiciones para la masacre de Once y pudo ser otro tren, otro día y otras víctimas, pero los responsables hubiesen sido los mismos: (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, (Julio) De Vido, (Sergio) Cirigliano y todos sus socios, esa manga de corruptos, asesinos y delincuentes» expresaron los familiares en el acto de homenaje. Asimismo lamentaron que «casi todos los condenados hoy están en sus domicilios».
El documento final, leído por Paolo Menghini y María Luján Rey (hoy diputada nacional por Cambiemos) padres de Lucas, los familiares resaltaron la responsabilidad del Estado «quien desempeñó un rol central en los motivos del desastre».
«El Estado tiene nombres circunstanciales que lo encarnan, son los funcionarios de turno. En estos 10 años esperamos en vano su ayuda y amparo: nada de eso ocurrió. Todo, absolutamente todo lo que hemos logrado ha sido por nuestra lucha con tres únicas armas: unión, voluntad y verdad», remarcaron.
Agregaron «la corrupción mata, pero el dolor y el olvido también. Pedimos que el Congreso de la Nación sancione la Ley de reparación que nos merecemos. Ya es tiempo y ya sufrimos demasiado. No nos merecemos seguir esperando».

23.2.2022

Por Juan Borges

Diálogo con Leonardo Demonty, referente del barrio y hermano de Ezequiel Demonty, sobre el reclamo de Justicia.

El 29 de enero de 2016, entre 85 y 100 niños de la murga del barrio Rodolfo Ricciardelli (1-11-14) sufrieron una brutal represión a menos de agente de la Gendarmería Nacional. A seis años del brutal ataque de la fuerza de seguridad, “Quisieron avanzar y pasar por donde estaban ensayando, hubo una discusión con los padres y familiares de los niños. Los gendarmes comenzaron a disparar balas de goma para dispersar a la murga. Hay videos que registran claramente como agreden a los niños. Eso provocó que lastimaran a muchos niños y mujeres embarazadas”, relató Leonardo Demonty.

¿Nos podría relatar los sucesos de enero de 2016?
Leonardo Demonty: En enero de 2016 se venía organizando una murga en el barrio. Ellos estaban ensayando. Un grupo de gendarmes que en ese momento se sentían empoderados por el macrismo en el gobierno y su ministra de seguridad Patricia Bullrich, irrumpieron en la búsqueda de unos supuestos autos robados que los habían dejados abandonados en aquel lugar. Cerca de donde estaba ensayando la murga. Quisieron avanzar y pasar por donde estaban ensayando, hubo una discusión con los padres y familiares de los niños. Los gendarmes comenzaron a disparar balas de goma para dispersar a la murga. Hay videos que registran claramente como agreden a los niños. Eso provoco que lastimaran a muchos niños y mujeres embarazadas.

¿Qué marcas dejó en el barrio el hecho?
L.D.: En un principio se vivió mucho temor en los niños. Veían un gendarme y estaban aterrorizados. En el barrio marco un precedente indudablemente debido a la crueldad pero también por la notoriedad que adquirió. Gracias a algunos medios se pudo visibilizar el hecho ocurrido. Hay un chico llamado Jonatán que le arrancaron literalmente un pedazo de carne de la pierna y dejo muchas consecuencias. Fue una represión que dejo secuelas y fue sumamente traumático para el barrio.

¿Hubo detenidos por los hechos?
L.D.: Detenidos no hay. Hay tres gendarmes procesados. Son los identificados por los videos, los más comprometidos con la agresión. Estamos luchando para esclarecer los hechos y paguen los culpables. Logramos su procesamiento en 2016, a pesar de la protección del gobierno macrista de ese entonces.

¿Gendarmería cambió su manera de manejarse en el barrio?
L.D.: Al principio que asumió este nuevo gobierno percibimos algunos cambios. En pandemia hubo casos de abuso de autoridad de parte de algunos gendarmes, a dos chicos se los obligó a hacer salto en rana. Después mataron a un chico llamado Facundo Scalzo que le dieron tres tiros por la espalda. Por mi parte también sufrí violencia de parte de ellos porque intervine en un abuso, me agarraron a patadas y me dispararon balas de goma. En ese caso me metí porque había un chico con una bicicleta que aparentemente era robada y lo perseguían seis camionetas de gendarmería. Intervine para que no lo lastimen y me agredieron a patadas, me aleje un poco y me dispararon un escopetazo con balas de goma. Yo pensaba que si a mí que soy grande y un referente en el barrio me hacen eso imagínate a los chicos que son indefensos.

¿Cómo se organizan en el barrio para resistir la violencia de las fuerzas de seguridad?
L.D: Actualmente estamos viviendo un traspaso paulatino de efectivos de policía de la ciudad por gendarmería. Ya casi no se están viendo gendarmes y si una presencia mayor de policías. En el fondo nosotros no sabemos quién es peor. Los casos de violencia institucional y los abusos de las brigadas policiales también son múltiples la gendarmería es muy violenta también.
Tantos años de lucha nos dieron herramientas, amigos, compañeros y compañeras, abogados que nos brindaron instrumentos para defendernos como el programa anti-impunidad. Gracias al gobierno actual tenemos una secretaria de Derechos Humanos que tiene un área de violencia institucional donde se pueden hacer denuncias. Después siempre intentamos identificar a los abusadores, a los violentos. Los denunciamos mediáticamente e institucionalmente.

¿Actualmente aquella murga continúa organizándose?
L.D: Actualmente no continúa ya sea por temor que quedo de aquel momento o tal vez desmotivación provocada por aquellos hechos. Al principio los invitaban de otros lados para participar y bailar. A partir de 2017 la murga ya no volvió más. Hubo varios intentos pero no se pudo. De hecho no hay ninguna murga de nuestro barrio.

23.2.2022

Este lunes 21 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron las clases presenciales plenas con protocolos flexibilizados tras casi dos años de pandemia. En ese marco, el lunes un padre tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un fuerte golpe en su cabeza por la caída de una parte de la mampostería en el Instituto Félix Fernando Bernasconi (ubicado en Catamarca al 2100). «El hombre, padre de la abanderada, recibió el impacto de un desprendimiento de mampostería (aparentemente, parte de una moldura histórica), y debió ser trasladado de urgencia por el SAME a la guardia del Hospital Penna», relataron padres, madres, adultos responsables, trabajadores y trabajadoras que integran la comunidad educativa del instituto en una carta conjunta enviada a la ministra de Educación porteña Soledad Acuña. «Esto evidencia que son muchísimos los casos en lo que no están dadas las condiciones para que se transiten y habiten los edificios escolares de manera segura», remarcó la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys).

Este lunes 21 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza alrededor de 800.000 estudiantes comenzaron las clases presenciales plenas con protocolos flexibilizados tras casi dos años de pandemia, siendo los primeros distritos en arrancar el ciclo lectivo. El resto lo hará el próximo 2 de marzo, después de los feriados por el Carnaval.
En este marco, un padre tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras un fuerte golpe en su cabeza por la caída de una parte de la mampostería en el Instituto Félix Fernando Bernasconi (ubicado en Catamarca al 2100, en el barrio porteño de Parque Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires).
En una carta conjunta enviada a la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, padres, madres, adultos responsables, trabajadores y trabajadoras que integran la comunidad educativa del instituto expresaron: «por medio de la presente informamos que en el día de la fecha el padre de una alumna de la Escuela Nº3 ‘Dr. Angel Golfarini’, cita en el Instituto Félix Fernando Bernasconi, establecimiento al que concurren nuestros hijos, ha sufrido heridas en su cabeza por un desprendimiento de la mampostería. El hecho ocurrió a las 13.30 hs. de hoy, primer día de clases, en la entrada al patio que se encuentra a metros de la entrada al Instituto por la calle Cátulo Castillo. El hombre, padre de la abanderada, recibió el impacto de un desprendimiento de mampostería (aparentemente, parte de una moldura histórica), y debió ser trasladado de urgencia por el SAME a la guardia del Hospital Penna«, relataron.
Asimismo, detallaron las instituciones que funcionan en ese edificio y las deficiencias de infraestructura con las que cuentan: «en este edificio funcionan el jardín de infantes Común (JIC) Nº5, el Jardín de Infantes Integral (JII) Nº10, las escuelas primarias Nº1 (91), Nº2 (92) (jornada completa), Nº3 (93) y Nº4 (94) (jornada simple), la Escuela de Adultos Nº 2, y la Escuela de Coro y Orquesta Athos Palma, todas ellas pertenecientes al Distrito Escolar Nº 06. Como edificio histórico (MHN Decreto N° 756/2009), requiere trabajos continuos de mantenimiento. Hace muchos años que hay problemas edilicios que se solucionan por partes – si es que lo hacen – o espacios que dejan de usarse en lugar de repararse (véanse por ejemplo la actuación de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2012 por problemas serios de mantenimiento, o la actuación de la Defensoría del Pueblo de la CABA entre los años 2015 y 2017 por obras inconclusas sobre la entrada de Cátulo Castillo y el inconveniente que aquello acarreó para el correcto desenvolvimiento de las actividades educativas). Las molduras decorativas de todo el establecimiento son parte fundamental de aquello que requiere un trabajo continuo de mantenimiento, tal como se realiza en todos los edificios de esta antigüedad. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos es responsable legal por el mantenimiento preventivo y correctivo de este edificio, tal como lo establece la propia normativa de edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por tanto responsable de todo daño a la salud humana que se produzca por la desatención de su deterioro«, remarcan desde la comunidad educativa del instituto.
Por todo lo señalado, exigen «una solución urgente y permanente para los problemas edilicios de todo el Instituto, que afectan ostensiblemente a las molduras en general, al Salón de Actos y el natatorio, junto con el sistema de cañerías del Instituto (que han privado a niños y trabajadores de agua el día de hoy, transitando aún la pandemia por COVID-19), y que requieren del peritaje e informe de especialistas», finaliza la carta.
Ante este episodio, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) expresó: «sería muy importante que los funcionarios y legisladores del GCABA, además de fotografiarse en actos y eventos el instituto, como el mismo día de hoy, trabajen para resolver la grave situación edilicia en la que se encuentra por el abandono de la gestión«.
Por su parte, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) denunció: «nuevamente debemos lamentar que la desinversión en infraestructura por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Acuña atenten contra la salud y la vida de la comunidad educativa. Una vez más denunciamos la responsabilidad política del Ministerio de Educación y exigimos que se realicen de inmediato las obras de infraestructura necesarias. Como venimos denunciando desde Ademys, esto evidencia que son muchísimos los casos en lo que no están dadas las condiciones para que se transiten y habiten los edificios escolares de manera segura.
A este marco de inseguridad en infraestructura escolar, también se suma la inquietud de la comunidad educativa porteña ante los peligros de la pandemia por Covid-19, que todavía no terminó. Esto es porque tanto la ministra Soledad Acuña como el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ya habían confirmado que la vuelta a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires será con el abandono de los protocolos sanitarios.
De esa manera, las disposiciones oficiales indican que ya no será obligatorio el sistema de burbujas ni el aislamiento de contactos estrechos asintomáticos ni el uso obligatorio de barbijo para niños y niñas de hasta tercer grado inclusive ni tampoco la demarcación del sentido de circulación en los pasillos. Las clases también seguirán sin el ingreso escalonado al inicio de la jornada, sin burbujas en recreos, sin turnos en el comedor y apenas con «recomendaciones» de cuidado.

21.2.2022

«La madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primera hora la trasladarán. Desde ya solicitó ayuda para la familia. Es el tercer intento de suicidio. La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero no es psiquiátrico», fue el mensaje que este domingo 20 publicó en su cuenta de Twitter Gregorio Dalbón, abogado de la familia, confirmando lo que fue el tercer intento de suicidio de Cintia López desde que la Policía de la Ciudad fusiló a su hijo Lucas González de 17 años en el barrio porteño de Barracas en noviembre del año pasado. Por su parte, Héctor «Peca» González, padre de Lucas y esposo de Cintia, contó detalles del calvario que viven desde el asesinato de Lucas: «esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida».

Así lo expresó este domingo 20 de febrero en su cuenta de Twitter Gregorio Dalbón, representante legal de la familia: «la madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primera hora la trasladadan. Desde ya solicitó ayuda para la familia».
«Es el tercer intento de suicidio – amplió el abogado – La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero no es psiquiátrico. Gracias», puntualizó Dalbón en su pedido de ayuda.
En la misma línea, agregó: «solo tengo esa información: entró en estado crítico y mañana (por hoy) estabilizada buscarán un lugar psiquiátrico. A las 7 de la mañana calcula Héctor que tendremos idea del traslado», agregó Dalbón.
Esta mañana el abogado renovó el pedido de ayuda ante los medios de comunicación: «necesitamos la contención de la salud mental de la gente que sufre este tipo de situación. Con Cintia hubo dos intentos anteriores de suicidio, pero la vuelven a la casa siempre, lo de ayer fue peor», expresó Dalbón al canal de noticias C5N, y agregó que «la contención de la salud mental en la Argentina está muy floja».
«Cintia es la tercera vez que intenta suicidarse, esperemos que sea la última. A ver si nos ayudan a encontrar algún lugar de salud mental», insistió, y remarcó que «no puede venir a un instituto materno infantil para que después le den el alta y la manden a la casa empastillada».
Por su parte, Héctor «Peca» González, padre de Lucas y esposo de Cintia, relató detalles del momento: «la encontró mi hija de 14 años. Yo estaba mirando una película, tranquilos y en un momento me habré dormido y después me levanto y la encontró mi hija ya lastimada, llorando desconsoladamente».
Asimismo, se refirió al calvario que viven como familia: «esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida”, remarcó.
Lucas González fue fusilado el 17 de noviembre del año pasado cerca de las 9.30, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo de un Volkswagen Suran del padre de uno de ellos. Allí, fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, que se encontraba sin patente ni señales de ser un móvil policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo a la investigación, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos, hecho en el cual al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Hoy, por el homicidio de Lucas se encuentran procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, mientras que acusados por el encubrimiento de su asesinato hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

21.2.2022

Marcelo Montenegro el joven que en la madrugada del 2 de julio de 2012 conducía un auto por Villa 15 en la Ciudad de Buenos Aires y fuera tiroteado por la policía, luego de diez años del hecho su madre Rosa pidió que se revoque la absolución a los policías que asesinaron a Marcelo y se los condene por homicidio puesto que en el 2018 el Tribunal Oral N° 3 decidió absolver a los efectivos. «Hace 10 años que sostengo que a mi hijo lo mataron. No tenía armas, ni se tiroteó con nadie. Voy a confiar en la justicia, espero que los jueces de Casación hagan justicia por mi hijo», afirmó tras la audiencia.

El 12 de julio de 2012 a las cuatro de la mañana Marcelo Montenegro y Nahuel Maturano iban por el barrio «Villa 15» en la Ciudad de Buenos Aires en un Renault Twingo que tenía un pedido de captura de la justicia bonaerense. El auto fue visto por tres policías que comenzaron una persecución por la calle Lisandro de la Torre en dirección a la Avenida Piedrabuena, pasando por Zuviría. Los policías Díaz y Calderón efectuaron al menos 5 disparos contra el vehículo con la clara intención de matar a los jóvenes. El Renault Twingo chocó contra un paredón. Marcelo Montenegro murió media hora más tarde.
La familia de Marcelo fue acompañada en la búsqueda de justicia por la Asociación Miguel Bru. En la primera etapa de la investigación luego de seis años de lucha hicieron posible que se avanzara con la investigación, que los policías no fueran sobreseídos a partir de las apelaciones presentadas y la causa no fuera cerrada. El juicio comenzó el 28 de marzo de 2018. La Fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional. Sin embargo el fallo absolutorio de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Número 30 fue unánime.
La familia de la víctima había solicitado prisión perpetua para los tres imputados por «homicidio agravado en cumplimiento de sus funciones». Pidieron la misma pena para Medina, el chofer del patrullero, por considerarlo «partícipe necesario» del crimen. La titular de la Fiscalía 26, Graciela Gils Carbó, pidió perpetua para Díaz y Calderón y la absolución para Medina, y la defensa de los policías solicitó que los tres fueran absueltos.
Ahora en una nueva etapa de la causa Rosa Montenegro pidió a los jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que revoquen la sentencia que en 2018 dejó libres a los policías que mataron a su hijo. Acompañada por Rosa Bru, junto al abogado Nicolás Rechanik, del equipo legal que la representó por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), la madre pidió que se haga justicia y sean condenados los policías de la Comisaría 48 que el 12 de julio de 2012 asesinaron a su hijo a balazos en Ciudad Oculta.
Ante Casación, el letrado por parte de la AMB Nicolás Rechanik argumentó que durante el juicio, tanto para la querella como para la fiscalía, quedó probado que los policías atacaron a balazos a los jóvenes -Marcelo murió por un disparo mortal- y que encubrieron el hecho y les plantaron un arma.
«Hace 10 años que sostengo que a mi hijo lo mataron. No tenía armas, ni se tiroteó con nadie. Voy a confiar en la justicia, espero que los jueces de Casación hagan justicia por mi hijo», afirmó Rosa Montenegro tras la audiencia.
Rosa Bru, presidenta de la AMB, dijo: «Esperemos que los jueces de Casación nos den la respuesta que buscamos hace 10 años. Seguimos pidiendo perpetua porque en el juicio se probó como asesinaron a Marcelo y luego intentaron encubrir el crimen. Como ya lo dijimos desde la Asociación, este es un caso de gatillo fácil donde se intentó tapar la verdad con una causa armada por el encubrimiento policial desde el primer momento. La sentencia absolutoria del Tribunal en 2018 fue vergonzosa, demuestra que para ellxs la vida de un pibe no vale nada».