Comunicadores del Sur

8.1.2022

En medio de un alza de contagios imparables, vecinas y vecinos de los barrios más carenciados de la Ciudad, denuncian los cierres de Centros de Testeo, la falta de entregas de bolsones de comida, la falta de agua y cortes de luz.

Antes y después de la conferencia de prensa del jueves 6 de enero, que brindó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en la cual informó de la apertura de Centros de Testeos, las y los vecinos de los barrios más carenciados, denuncian la falta de asistencia a los aislados, entrega de bolsones de comidas, ya que deben permanecer en sus casas, totalmente hacinados, falta de agua y cortes de luz en medio de una tercera ola de contagios de covid-19 que sigue en alza y no da respiro.
En las villas de la CABA, la crisis sanitaria se agudiza por la falta de recursos humanos para realizar las tareas de testeo, la baja capacidad del mismo y la falta de asistencia alimentaria a las personas aisladas.
En los barrios de Zavaleta y Villa 21-24, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), directamente no está entregando los bolsones de comidas a las personas aisladas. Las filas para hisoparse en el Detectar son interminables, solo se atiende de 9 a 14 horas y mucha gente queda afuera. También, el personal para atender a quienes requieren de los hisopados, no es suficiente.
Este dato también lo denuncia La Garganta Poderosa y continúa: “En Retiro, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), solo abastece con bolsones de comidas a las personas hisopadas en la Unidad Febril de Urgencia (UFU), del barrio, las cuales no son más de 180 por día, ya que los que se hacen el test en otros lugares no reciben nada. Además, se cerró el vacunatorio del barrio por falta de personal, ya que hubo varios contagios y no hay reemplazos”. Larreta manifestó que el Gobierno contrataría más profesionales como una de las medidas para hacerle frente a esta situación crítica, pero las y los vecinos, denuncian la falta de los mismos.
En el barrio de Lugano, los trabajadores del Centro Grierson contaron a este diario que: “La UFU del mismo, está funcionando solo con 3 de las 9 promotoras de salud con las que cuenta, debido a los contagios y a la falta de reemplazos. Se atiende solo de 9 a 13 horas y se llegan a hacer apenas de 100 a 150 hisopados por día, siendo más de 1.000 las personas que llegaron a requerir del servicio”. El resto que necesita testearse, deben trasladarse a otros lugares, realizar largas filas en otros centros, con síntomas y bajo las altas temperaturas del verano. Algunos de estos datos fueron suministrados por La garganta Poderosa también.
Tal es el caso del Barrio Rodrigo Bueno, lugar donde no funciona el Detectar. Para testearse, las y los vecinos tienen que recorrer 2,5 km. hasta San Telmo, donde también hay largas colas. Desde navidad, tampoco se entregan los bolsones de comida para que las y los contagiados, puedan cumplir con el aislamiento y tengan un plato de comida en la mesa, al menos una vez al día.
La nueva ola de covid-19 vuelve a mostrar la irracionalidad de este sistema capitalista, se hacen más visibles las carencias del sistema de salud público, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires, pero también pasa en la provincia y en todo el país. La vacunación no es suficiente, en las villas especialmente, continúan enfrentando los mismos problemas que hace dos años. No cuentan con asistencia alimentaria, no hay capacidad para los testeos necesarios y se requieren más profesionales para realizar las tareas y enfrentar esta crisis sanitaria, la situación solo puede empeorar.

6.1.2022

Tras pasar las fiestas y los primeros días del año con calor agobiante y sin agua por los cortes de luz de las empresas Edesur y Edenor, todavía hay más de 4.000 usuarios y usuarias afectadas en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Así lo informa el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que el lunes había anunciado que fueron 120.000 las personas afectadas y, hasta ayer a la noche, todavía llegaban a 10.000l. El organismo regulador informó que sancionará a Edesur con una multa de $240 millones, tras detectar incumplimientos en la calidad de servicio y la atención, y que designará una veedora oficial del servicio. En el conurbano las localidades afectadas son Adrogué, Wilde, Berazategui, Villa España, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, San Vicente, José C. Paz, Moreno, San Fernando, Villa Lynch y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios porteños de Balvanera, Barracas, Boedo, Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Mataderos, Monte Castro, Pompeya, Parque Chacabuco, San Telmo, Villa del Parque, Villa Lugano, Villa Devoto y Villa Pueyrredón.

Ya tuvieron que padecer sin luz ni agua los días sofocantes de calor de las fiestas y de los primeros días del año, donde las temperaturas llegaron a superar en algunas zonas los 34 grados. Ahora, las temperaturas bajaron a unos agradables 21 grados, pero aún 4.000 usuarios y usuarias afectadas por los cortes de luz de las empresas Edesur y Edenor, según informa en su sitio y grafica en un mapa de cortes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La situación sigue dejando sin agua y electricidad a miles de usuarios y usuarias, lo cual sigue acrecentando la bronca y protestas de vecinos y vecinas, que se fueron acumulando en estos días en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, con ruidazos, aplausos, cortes de calle y quema de cubiertas.
Al cierre de esta nota, según el organismo, en el área de concesión de Edesur, son 2.339 los y las usuarias afectadas con cortes en las localidades de Adrogué, Wilde, Berazategui, Villa España, Gerli, Lanus, Remedios de Escalada y San Vicente, y los barrios porteños de Balvanera, Barracas, Boedo, Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Mataderos, Monte Castro, Pompeya, Parque Chacabuco, San Telmo, Villa del Parque, Villa Lugano.
En tanto, en el área de concesión de Edenor, los y las usuarias afectadas con cortes alcanza los 1.955 casos, en las localidades de José C. Paz, Moreno, San Fernando, Villa Lynch y Tigre, y los barrios porteños de Villa Devoto y Villa Pueyrredón.
Según el ENRE, el lunes los usuarios y usuarias afectadas por la falta de luz fueron más de 120.000 para las áreas de concesión de Edenor y Edesur. En tanto, este miércoles por la noche los datos actualizados del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) daban cuenta de que a las 20.30 eran 7.256 los usuarios sin servicio de Edesur, mientras la cifra era de 1.676 para los de Edenor, dando un total de 8.932 usuarios y usuarias afectadas, arañando los casi 10.000 casos.
El total de personas afectadas por los cortes de Edesur y Edenor, entonces, ascienden a 4.294 en el día de hoy.
El organismo estatal regulador también informó en las últimas horas sancionará a la distribuidora Edesur con una multa de $ 240 millones tras detectar en distintas inspecciones incumplimientos en la calidad de servicio y la atención a los usuarios. En un comunicado publicado en su sitio web, el ENRE explicó que una de las multas es de $105.514.298,25 «por incumplimiento en el deber de informar las interrupciones de servicio», y otra por $133.773.720 «en relación a la sanción por la atención las oficinas comerciales ascienden a un total de 25.845.000kWh ($133.773.720), por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, respecto del trato digno a las personas usuarias». Además, y por los cortes recurrentes, el Gobierno designó a Silvia Carmen Merzi como veedora en la empresa, para «evitar la repetición de eventos de esta magnitud«.
Durante 2020 algunos intendentes del Frente de Todos (FdT) habían reclamado dar fin a la concesión a Edesur por el mal servicio brindado, mientras que la compañía argumenta que sus costos crecen al ritmo de la inflación (más de 100% acumulado en dos años), mientras que sus ingresos solo aumentaron un 9% en los últimos 24 meses, como explicación al mal servicio que brinda.
Desde Edesur y Edenor anunciaron públicamente que entre la noche de este miércoles y el transcurso del día de hoy, jueves 6, se irán solucionando los problemas y afirman que todas las cuadrillas se encuentran en los lugares afectados. Además, argumentaron que la persistencia de los cortes es porque si bien la demanda bajó – por la fuerte baja de la temperatura en estos últimos dos días -, algunas fallas se mantienen «por la sobrecarga a la que se vio afectada el sistema en las últimas jornadas», con temperaturas por encima de los 34 grados.

5.1.2022

Por Hernán Cortiñas y Lorena Sokol

Los responsables son Soledad Acuña y Fabián Capponi, Director General de Educación de Gestión Estatal del GCBA. Familias enteras soportaron largas filas para saber si los chicos estaban inscriptos en las colonias de verano de las escuelas públicas porteñas.

Desde el Gobierno porteño buscan ahorrar en sueldos, incumpliendo paritarias en la ciudad más rica del país, lo que provocó una ola de renuncias en diciembre y la desorganización de toda la propuesta para las y los chicos que concurren a las colonias de verano de las escuelas públicas. Los responsables son la ministra de educación porteña Soledad Acuña y Fabián Capponi, Director General de Educación de Gestión Estatal del mismo ministerio. Capponi se encuentra a cargo de Escuela Abierta, tiene experiencia en precarizar y burlarse de los protocolos de covid en el programa Jornada Extendida.
Este lunes 3 de enero, comenzó la colonia de verano en la Ciudad. En medio de la tercera ola de contagios, miles de familias se encuentran en el dilema de no tener quien cuide a los chicos y elegir una propuesta de colonia totalmente precarizada, en dónde se vulneran derechos de grandes y chicos.
Sus trabajadores y trabajadoras, hace una semana que se encuentran en actividad, realizaron encuentros pre colonia, sin embargo, sus contratos arrancaron el lunes. Esto significa que esos días, donde realizaron entrevistas a las familias o tuvieron que planificar, trabajaron de manera gratuita. A esto se suma que el salario promedio es menos que la mitad de lo establecido en la paritaria docente. Los auxiliares cobrarían, con meses de retraso, $ 38 mil y los docentes $ 50.000, ¡por más de un mes de trabajo en doble jornada!
Y esto no es todo, con la excusa de tomar medidas precautorias por la pandemia, que están ausentes en otros aspectos, las cocinas de los espacios destinados a las colonias están cerrados, ahorrándose el personal correspondiente. A cambio, el Gobierno envía viandas que son insuficientes y poco nutritivas. Recordemos que hay un fallo judicial a favor del amparo presentado por las legisladoras del FIT-U/PTS, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, exigiendo comida saludable para los pibes de la escuela pública, que el gobierno de Rodríguez Larreta no cumple. Después de 24 horas de insistencia de las familias se dieron a conocer los alimentos que brindarán en el predio.
Estamos en momentos donde la pandemia de covid-19 rebrota en casi todos los países, es difícil mantener las colonias, haciendo de cuenta que no pasa nada. Pero ahí están en las cuentas de Capponi decenas de fotos de niños sin barbijos y en grupos gigantescos. Es imprescindible la construcción de escuelas, polideportivos, espacios de arte y recreación acordes a las necesarias medidas profilácticas. Se deben realizar protocolos de seguridad e higiene, consensuados, entre familias, trabajadores de las escuelas y polideportivos, junto a los sindicatos, donde podamos poner el eje en el cuidado de las y los niños y sus familias.

3.1.202

Por Irina Hauser

La denuncia penal de Grabois detalla tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y apunta contra una política aplicada en conjunto por el gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y el sistema judicial. También pide el juicio político de la fiscala Celsa Ramírez, que intentó vincular a la UTEP con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar el espionaje.

El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidió el juicio político de la fiscala porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. También se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organización porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Hace tiempo que ciertas fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires escrutan con obsesión la venta callejera en algunos barrios y en particular a la comunidad senegalesa que, además, suele ser blanco de feroces despliegues de violencia institucional. Para hacerlo, y satisfacer una persecución funcional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y al macrismo, se esfuerzan en usar o distorsionar figuras penales. Eso les permite retener las causas judiciales que, en realidad, están destinadas a tramitar en la Justicia Federal, ya sea en Comodoro Py o en el fuero penal económico. El hecho es que en una de esas investigaciones, en la puerta de un depósito de mercadería, fue fotografiado un hombre con una campera que tenía la inscripción “MTE-UTEP” (Movimiento de Trabajadores Excluidos y Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y se convirtió en el puntapié para que la fiscala Ramírez ordenara seguimientos y tareas de inteligencia sobre la organización sindical, cuyo nombre original es Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La denuncia de Grabois dice que mandó agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la CABA.
“Dichas acciones fueron realizadas con el único fin de amedrentar a La UTEP como así también a vendedoras y vendedores ambulantes”, dice la denuncia. Ramírez, precisa, “se valió de las facultades que su calidad de fiscal le proveen para hacer un uso arbitrario del poder que le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la economía informal”. Además de señalar una violación a la ley de inteligencia y abuso de autoridad, la denuncia de Grabois advierte sobre actos discriminatorios, “a partir de la racialización” de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscalía se refiere como de “rasgos africanos”, como si las características físicas y el color de piel –además– fueran un factor de relación con el delito.
El caso
El comienzo de la causa a cargo de Ramírez fue una denuncia de una apoderada de la empresa Nike, por falsificación de la marca. La fiscala invocó el artículo 289 inciso 1 del Código Penal que no es exactamente lo mismo, sino una figura que se usa para falsificación de sellos y patentes. Lo hizo para retener el expediente, porque la violación a la ley de marcas es un delito federal que ella desde los tribunales porteños no puede investigar. También le puso asociación ilícita, un comodín que se usa con frecuencia ante la falta de precisiones y para agravar el escenario penal. Además, en el fuero federal la jurisprudencia indica que estos casos son desestimados, no se considera que haya delito. La base es un dictamen de la ex procuradora Alejandra Gis Carbó que señala que en la actividad de venta callejera no puede haber engaño porque es ostensible que las características de la mercadería no se corresponden con las etiquetas.
Este diario accedió a parte del expediente donde figura la imputación:
* Un párrafo general dice que se investiga “una organización que desde al menos el 12 de febrero de 2021 de manera coordinada en forma permanente e ininterrumpida se dedica a gestionar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público…” y que se apunta a la “responsabilidad” de “un grupo de personas cuya identidad hasta el momento se desconoce, quienes, previo acuerdo de voluntades y distribución de roles, de forma coordinada e ininterrumpida, dispusieron lo necesario para gestionar el ingreso al país de forma irregular, tanto de personas provenientes en su mayoría de Senegal, como así también de distintos productos de indumentaria y accesorios presumiblemente apócrifos”.
* Un tramo específico sobre la UTEP detalla textualmente: “Se investiga el vínculo existente entre los miembros de la organización delictiva aquí investigada con el personal de la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sita en la calle Pedro Echagüe 1265, quienes en el mes de diciembre de 2020 les proporcionaron múltiples elementos, como ser de higiene, a los vendedores ambulantes de la zona de Once y Avellaneda, a quienes, además, acompañaron en sus manifestaciones”. Agrega que en la puerta del predio “se ha comprobado la presencia de personal policial” “manteniendo un comportamiento no acorde a la función”. Quienes conocen la actividad de la UTEP y del comedor, saben que se entregan viandas para los detenidos de la Comisaría 1ª, en San Juan y Entre Ríos.
Con todo eso, Ramírez dispuso hacer inteligencia y también un allanamiento en la UTEP. Las fotos en el expediente muestran, entre otras cosas, las colas de la gente que va al comedor comunitario. La denuncia de Grabois señala la preocupación por la información recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habría seguido las actividades de la organización desde diciembre de 2020. “Las acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podrían ser indicativas de ninguna acción criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la economía popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando múltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, económicos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona”, advierte.

Criminalización

En los últimos años varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecución selectiva de la Policía de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio Público de la Defensa porteño señaló la multiplicación creciente de operativos y la acción desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como víctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensoría del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una política que aplican en forma complementaria el gobierno porteño, su policía y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ramírez.
En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representación de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. “La criminalización de la organización sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado dé respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es”, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organización, se han duplicado esfuerzos en la “tarea humanitaria” para “dar respuesta a necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, inclusión de liberadas/os, asistencia a víctimas de violencia institucional, de violencia de género, atención psicológica y de la salud integral”. Por eso, sostienen, su labor está protegida por los estándares internacionales de protección de defensores/as de derechos humanos.

Espionaje

“Las tareas investigativas que mandó a hacer Ramírez en UTEP no tienen ningún fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con una campera con una inscripción de un gremio en la entrada de un depósito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasión en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes», dice el abogado Nicolás Rechanik, quien hizo la denuncia.
Luego, el escrito indica dos cuestiones elementales: la ley 25.520 exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. “Las acciones realizadas por UTEP no constituyen ilícito alguno”, afirma. La norma requiere que se trate de actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio, derechos garantías o instituciones de gobierno, de lo contrario se trata –como argumenta la denuncia en este caso– de una violación a la privacidad y la intimidad. Como queda a la vista, las formas de espiar no sólo aparecen vinculadas a una política de Juntos por el Cambio sino que toman todas las formas posibles. Eso sí, las trabajadoras y trabajadores, así como la estructuras que los amparan, son un blanco predilecto.

30.12.2021

Por Adrián Figueroa Díaz

Los familiares todavía reclaman que el local ubicado en Bartolomé Mitre al 3000 sea un Espacio Integral para la Memoria, pero el macrismo porteño bloquea sistemáticamente los proyectos en ese sentido.

Diecisiete años después de las 194 muertes que sacudieron la vida política, social y cultural del país, la historia del boliche República Cromañón está lejos de ser un caso cerrado. Culminadas las cuatro instancias judiciales, sancionadas algunas responsabilidades políticas y cobradas las penas de empresarios y músicos, hay cuentas pendientes que por las que los sobrevivientes y familiares luchan aún. La más emblemática es la propiedad del local de Bartolomé Mitre al 3000, que el 30 de diciembre de 2004 se convirtió en escena del crimen.
Los familiares de las víctimas piden la expropiación de ese inmueble. El gobierno de la ciudad y el oficialismo en la Legislatura porteña se la niegan. El reclamo empezó con un proyecto de ley de 2019, un año después de que la Justicia devolviera las llaves del lugar al empresario Rafael Levy, titular de la offshore propietaria de ese sitio.
Ese proyecto perdió estado parlamentario a instancias del oficialismo de Juntos por el Cambio, que lo dejó caer. “Lo dejaron caer por la cobardía de decirnos que ‘no’ en la cara”, consideró Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt y referente del Movimiento Cromañón que aglutina a sobrevivientes y deudos.
Desde hace años hay dos grandes grupos de familiares, el que representa Bignami y el que encabeza Nilda Gómez, Familiares por la Vida. Las organizaciones tienen ópticas diferentes pero son coincidentes en la necesidad de que el ex República Cromañón sea un Espacio Integral para la Memoria.
Caído el estado parlamentario de aquel proyecto, este año se presentó otro de expropiación y patrimonialización. Pero hasta ahora, la jugada del oficialismo macrista es la misma.
Las excusas del gobierno porteño
La excusa que los legisladores que responden a Horario Rodríguez Larreta les dieron a los familiares es el costo económico, el precio, el dinero que le demandaría a la Ciudad tomar y responsabilizarse por ese espacio.
“Dicen que el proyecto no avanza por la plata. O sea, la misma razón por la que ocurrió Cromañón, que demostró la corrupción y la connivencia entre el Estado y los empresarios. El gobierno porteño prefiere cambiar baldosas y canteros de la calle Corrientes en vez de preservar la memoria de ese lugar”, criticó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez y titular de Familiares por la Vida.
Pero también hay otra cuestión inherente a Juntos por el Cambio: “Son coherentes en seguir protegiendo a los empresarios”, agregó Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Mientras tanto, Levy, quien le había alquilado al fallecido Omar Chabán, sigue siendo dueño de esa propiedad que, a su vez, es parte de otras cuatro que le pertenecen y que son fruto de un juego de toma y daca entre tres de las cinco sociedades offshore de las que también es titular.
“Hay una decisión del gobierno de la ciudad de no avanzar en ninguna expropiación. Priorizan el negocio inmobiliario y, en el caso de Cromañón, es obscena la protección a los empresarios por encima de recuperar ese espacio para la conciencia”, cuestionó la diputada.
“No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”
Nilda Gómez indicó que el proyecto impulsado por los familiares “se basa en la experiencia de otras víctimas anteriores a nosotros, que hicieron un camino apoyado por la sociedad: las Madres de Plaza de Mayo”.
Por esa lucha, explicó, “se logró que hubiera espacios de memoria para que no se vuelva a cometer un genocidio. Nosotros queremos un sitio de memoria para que ningún gobierno vuelva a caer en la ineficiencia y corrupción que mató a nuestros hijos”.
Silvia Bignami sumó una cuestión simbólica no menos importante: “No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”.
Al respecto, hay entre algunos un debate abierto, si el lugar debe ser declarado como espacio ‘de la conciencia’ o ‘de memoria’, que son los vinculados al terrorismo de Estado. Se trata de un matiz que deberá resolverse.

La esperanza de que intervenga el Estado nacional

La iniciativa tiene el apoyo de varios bloque opositores pero la correlación de fuerzas les es adversa. Y ante este escenario, no sería arriesgado pensar que este proyecto correrá la misma suerte que el anterior.
En rigor, en 2008 hubo un intento de expropiar y “resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la ciudad”. No prosperó. Por entonces, el jefe de gobierno era Mauricio Macri.
Si otra vez el oficialismo en la Legislatura hace que el nuevo proyecto duerma el sueño de los justos, la esperanza está en que el gobierno nacional intervenga.
“Tienen la obligación de proteger y patrimonializar ese inmueble. Podrían hacerlo como lo hicieron con (la confitería) El Molino. Es algo que se puede resolver”, propuso Bignami.
Por lo pronto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está trabajando con los familiares en ir reconstruyendo las historias. De alguna manera, apoya el posicionamiento de los familiares sobre la expropiacion. Montenegro admitió tener “esperanzas” en que la Casa Rosada dé una señal más contundente.
La última vez que familiares y sobrevivientes hicieron este pedido al gobierno nacional fue el año pasado, en la marcha por el 16º aniversario. Dejaron una carta en Balcarce 50 pidiéndole al presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto. Este año no harán lo mismo porque aún resta la respuesta a aquella nota.