Comunicadores del Sur

21.1.2022

Por Ramiro Giganti

Oscar Escobar, quien lleva tres años buscando justicia por su hijo Camilo, estuvo presente en el programa Patas En La Brea en FM La Tribu. Allí comentó la actualidad de la causa. El 10 de enero de 2019 Camilo Escobar había ido a una casa en el barrio de Caballito a comprar flores de marihuana, donde fue asesinado por un presunto comprador que, tras anunciarse como policía, lo asesinó de un balazo en el tórax.

Tras pedir la apertura de la feria para avanzar durante el verano, Oscar espera la audiencia para el próximo 1° de marzo donde se va a contemplar la utilización de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Ese pedido les venía siendo negado pero su defensa lo contrapuso con el ejemplo del caso de las molotov al diario Clarín donde se incorporaron inmediatamente las imágenes de las cámaras en las inmediaciones.
«El asesino fue a buscar al testigo fundamental sin conocerlo, y lo llevó en moto desde Chacarita a Caballito, sin llevar casco y sin chapa patente. Yo les preguntaría a todos estos chicos que trabajan la calle qué pasa si van sin casco en la moto. Esos son los hechos concretos: hay una desidia muy grande de parte del juzgado que en realidad, me parece a mí, que tiene que ver con toda una red impresionante de encubrimiento que no afecta solo al juzgado sino que afecta mucho más arriba», comentó Oscar.
«El testigo fundamental hizo un croquis calle por calle, cuando lo fueron a buscar en la moto y marcó cerca de su casa todos los domos que había y eso está aportado en el expediente», sostuvo confirmando la cantidad de información presentada para poder avanzar en la investigación a pesar de la inacción en el juzgado, «De menor a mayor empezamos por decir desidia, después incumplimiento de los deberes de funcionario público y por último connivencia o complicidad. Para los que somos ya grandes creemos que es lo último», agregó.
También repasó anécdotas con carga emotiva al hablar de su nieta de 7 años, hija de Camilo. «Yo no me sentía bien y mi nieta le rezó al papá para que el abuelo no se enferme».
Consciente de la necesidad de acciones colectivas Oscar se solidariza y acompaña otras causas, durante la entrevista recordó a Luciano Arruga de quien se están por cumplir 13 años de su desaparición forzada seguida de muerte. «Nos estamos preparando para ir a la marcha de Luciano Arruga que he ido siempre pero ahora me toca ir también como víctima».
«La única herramienta que tenemos es la participación y encontrar medios como ustedes que nos ayudan y luchan contra esa hegemonía criminal que son los medios masivos. Porque es una hegemonía criminal que crea subjetividades terribles, de consumo de individualismo y de violencia terrible».
Oscar habló de la estigmatización que sufrió por parte del juez quién justificó su inacción por la ilegalidad en relación al consumo de marihuana. «El señor juez, preso de sus subjetividades, me dijo «pero su hijo estaba en un negocio ilegal» ah bien, entonces ya lo sentenciaron y lo mataron».
En distintos momentos de la entrevista Oscar insistió en la necesidad de incluir, no solo a las imágenes, sino el ADN del asesino. «Tenemos una audiencia el 1 de marzo por el tema de la utilización de las imágenes y vamos a presionar para incorporar los insumos para hacer el ADN. Teniendo el ADN es muy posible llegar al asesino», concluyó.
La causa 5698/2019 descansa en el juzgado 50 a cargo del juez Carlos Bruniard quien se declaró incompetente para resolver este tipo de homicidios pero aun así permanece en la causa. «Yo no hablo ni de la integridad moral o si es buena o mala persona. Lo que sí con seguridad puedo afirmar es que no es idóneo para estar donde está».

19.1.2022

Por Juan Manuel Astiazarán

Las declaraciones de la ministra muestran el clasismo sin filtro del PRO. Sus dichos discriminatorios y reaccionarios despertaron un masivo repudio de la comunidad educativa y de un amplio arco político. Desde el Frente de Todos aprovecharon y salieron fuerte al cruce asegurando que “nunca es tarde para volver a la escuela”, pero las palabras no pueden maquillar la dura realidad educativa de un país cogobernado por el FMI y con una pobreza infantil que alcanza el 63%.

Las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recorren las páginas de los diarios y las redes sociales. Según su visión, clasista y discriminatoria por donde se la mire, los chicos que no pudieron revincularse a la escuela desde la pandemia “seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa, cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar”.
La frase no sorprende si se toma de quien viene. Para quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires no es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. Pero pese a eso, no deja de llamar la atención la “soltura” para expresar un pensamiento tan reaccionario sin ningún tipo de filtro, que desnuda la concepción de Acuña acerca de los estudiantes que terminan “cayendo” en la educación pública. Un nuevo episodio de la ministra más odiada, que lejos de retractarse luego se justificó por Twitter.
La ministra remató diciendo que “es muy tarde para salir a buscarlos”, como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela. Una frase que no sólo está cargada de desprecio si no que implica todo un reconocimiento de la política del macrismo en la Ciudad, y del “trabajo” de su fracasado ministerio.
El repudio masivo no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes en claro rechazo a sus dichos, que reunieron a un amplio arco de dirigentes sindicales y políticos. Pero en medio de la indignación, algunas voces del oficialismo buscaron (y buscan) aprovechar el sincericidio de Acuña para llevar agua para su molino. Rápidamente desde el Frente de Todos salieron a cruzar a la ministra. Jaime Perczyk, ministro de Educación nacional, aseguró: “Nunca es tarde para que todas las chicas y todos los chicos de la Argentina estén en la escuela, porque es el lugar en el que tienen que estar”. En el mismo sentido lanzaron en redes sociales un video que asegura que “nunca es tarde para volver a la escuela”, donde dan cuenta de la cantidad de inscripciones registradas en el Plan Progresar, Plan Fines, el estado de vacunación entre niños, niñas y adolescentes y el relanzamiento de Conectar Igualdad.
La intención es polarizar con los dichos de Acuña y contraponer con un Gobierno que supuestamente le da prioridad a la educación pública. Pero esos datos no pueden analizarse separados de la crítica realidad que vive el país, que golpea con mayor dureza a las infancias y a adolescentes. En la Argentina la pobreza supera el 40 %, y la pobreza infantil alcanza la escalofriante cifra del 63%. A pesar de esa cruda situación, el Gobierno se prepara para cerrar un acuerdo con el FMI con consecuencias que durarán “más de una década”, según afirmaciones del ministro Guzmán. Y se permitirá la entrada del organismo para que lisa y llanamente “cogobierne” durante esos años, analizando los planes económicos y tomando decisiones que afectarán el futuro de millones para garantizar el pago de esa deuda fraudulenta.
“En Argentina tenemos que lograr que nadie quede por debajo del piso de cosas a las que todos tengamos acceso”, continuó Perczyk. Pero frente a esta realidad, ¿es posible sostener, como él afirma, que “siempre habrá lugar para los chicos en la Argentina que queremos”?
Hace tan sólo dos días atrás, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que para 2022 el Gobierno recortará $ 225.000 millones en Salud, Educación y partidas sociales. ¿Se puede decir que la educación pública y la revinculación educativa son una prioridad cuando se realiza un ajuste semejante?
A dos años de la asunción de Alberto Fernández y del Frente de Todos, las promesas de campaña se hicieron pedazos, la pobreza infantil no paró de crecer y los mismos de siempre siguieron ganando, antes y durante la pandemia. Frente a esta situación es más necesario que nunca pelear por el derecho a la educación de todos esos niños, niñas y adolescentes, que ven vulnerados sus derechos más básicos una y otra vez por los distintos gobiernos. Ante el desprecio reaccionario y clasista del macrismo, y la demagogia de un Gobierno que prepara una nueva entrega del país al FMI, es urgente poner en pie la más amplia unidad entre docentes, estudiantes y familias para pelear juntos por estas demandas.

19.1.2022

Según el relevamiento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor, a pesar de que ya hace varios días bajaron las altas temperaturas y la demanda. En este marco, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022».

Al cierre de esta nota, el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba que aún 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor.
En el caso de Edesur, son 5167 los y las usuarias afectadas, en las localidades bonaerenses de Longchamps, San Francisco Solano, Wilde, Berazategui, Canning, Carlos Spegazzinni, Florencio Varela, Remedios de Escalada, Villa Centenario, Guernica, Quilmes, Bernal, y Alejandro Korn, y en los barrios porteños de Constitución, Almagro, Balvanera, Flores, La Boca, Liniers, Monsterrat, Monte Castro, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Villa Mitre, Villa Lugano y Villa Real.
En tanto, en el caso de Edenor, se trata de 3.600 usuarios y usuarias sin luz, en las localidades bonaerenses de Ingeniero Maschwitz, General Rodríguez, Los Polvorines, Francisco Alvarez, San Fernando, Tigre, Escobar, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Merlo, Morón, Moreno, Boulogne, San Martín, Pilar y Villa Adelina, y los barrios porteños de Agronomía, Villa Devoto y Villa Pueyrredón.
En este marco, mediante la Resolución N° 8/2022, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar con $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año por «deficiencias en la calidad del servicio y atención a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones registradas días atrás», explicó el organismo sobre la sanción, que supera los 400 millones de pesos, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022». Asimismo, el organismo indica que «en el plazo de cinco días, la empresa deberá acreditar la nómina de personas usuarias alcanzadas por la Resolución«.
Finalmente, en la resolución el ENRE considera que «Edesur brinda un servicio deficiente porque destina un 50% menos de cuadrillas a la atención de reclamos, en relación con las características de su área de concesión. En este sentido, el análisis realizado por los técnicos del Ente determinó que, en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla disponible por cada 7.82 MW de demanda y por 4.704 personas usuarias», detalló el organismo.

19.1.2022

Se realizaron movilizaciones en todo el país en defensa del mar y contra los incendios que hay en decenas de provincias. En Buenos Aires, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones convocó a concentrar a las 18hs en el Congreso y luego movilizaron hacia la embajada de Noruega (Carlos Pellegrini 1427-CABA) para seguir exigiendo al gobierno nacional que dé marcha atrás con la explotación petrolera en el Mar Argentino.

Las calles se llenaron al grito de “No es no” en ciudades como Mar del Plata, Trelew, CABA, Neuquén, Posadas, El Calafate, La Plata, San Bernardo, Córdoba, Mar de Cobo, Santa Clara, Villa Gesell, Miramar, Bahía Blanca, Paraná, La Rioja, entre otras. Estas movilizaciones fueron impulsadas por la Asamblea por un mar libre de petróleo de Mar del Plata y se dan en el marco de la jornada plurinacional de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
Los proyectos extractivistas que viene intentando impulsar el Gobierno Nacional del Frente de Todos, como la zonificación minera en Chubut o la explotación petrolera Off Shore en el Mar Argentino son un ejemplo claro de cuál es el plan que tienen para conseguir dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional: vender el agua, el mar y las tierras.
Este martes el Gobierno presentó el temario con el que llama a sesiones extraordinarias en el Congreso. Si bien hizo campaña con La Ley de Humedales en las elecciones para conseguir votos, ahora no la incluye para ser tratada, sabiendo que así pierde estado parlamentario (una vez más). Por el contrario proponen tratar la ley de hidrocarburos, para que haya más fracking en el país.

17.1.2022

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó las prisiones de un subcomisario y otros siete oficiales de la Policía de la Ciudad acusados de encubrir el crimen del jugador de Barracas Central, asesinado de un disparo en la nuca el 17 de noviembre en Barracas.

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes las prisiones preventivas de ocho de los policías de la Ciudad acusados de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas el 17 de noviembre último.
Entre los detenidos por encubrimiento se encuentra un subcomisario, procesado a su vez en una causa por trata de personas, a quien se le adjudica haber falsificado un acta sobre el crimen de González.
Las preventivas fueron confirmadas por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña y alcanzaron a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, a los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Chocobar, al inspector Héctor Cuevas y a los oficiales Sebastián Baidon, Daniel Espinoza y Jonathan Martínez, detallaron voceros judiciales a la agencia Télam.
En el caso de los primeros siete acusados, los camaristas Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto rechazaron las apelaciones de sus defensas en base a la gravedad del delito que se les imputa y el peligro de entorpecimiento de la investigación. En el caso del subcomisario Chocobar, además, los camaristas consideraron que está procesado y camino a juicio oral en una causa federal por trata de personas. Y en el caso de la apelación en favor de Martínez, fue desestimada por “improcedente”.
En total son diez los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas. Todos ellos están procesados con prisión preventiva por encubrimiento doblemente agravado por ser funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave en concurso real con la privación ilegal de la libertad doblemente agravada de sus tres amigos y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones.
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“No pueden pasarse por alto las graves características de los episodios que se le atribuyen en esta investigación, pues habrían privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y alterado rastros y pruebas del delito”, dice el fallo de la Cámara reapecto al crimen cuyos autores materiales son los policías Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Según los camaristas, los acusados integrarían “el grupo de funcionarios que arribó al lugar instantes después del suceso e intentó aparentar un enfrentamiento armado, para lo cual, entre otras acciones, se habría introducido maliciosamente –“plantado”– un arma de utilería en el rodado que ocupaban las víctimas (…) En este contexto, es dable también presumir la existencia de riesgo de presión a los damnificados, a sus familiares y testigos que deban declarar en un eventual juicio, sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”.
La Sala 4 consideró que “de momento se exhiben insuficientes las alternativas al encarcelamiento previstas” y que toma “particular relevancia en torno a estos reaseguros” el “incumplimiento de compromisos legales supuestos en el reproche formulado, como los que ha debido asumir bajo juramento al ingresar en la función policial con la misión ineludible de proteger al prójimo y velar por la vigencia de la Ley”.
El asesinato del joven de 17 años ocurrió la mañana del 17 de noviembre, cuando él y tres amigos salieron de entrenar del club Barracas Central en un Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, sin patente ni identificación policial, del que bajaron los tres efectivos armados. Los adolescentes creyeron que iban a ser víctimas de un robo y decidieron huir, recibiendo una balacera de parte de los policías. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Isassi, López y Nieva fueron los primeros tres detenidos y procesados por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidios de sus tres amigos. Luego fueron detenidos y procesados también con prisión preventiva pero por encubrimiento Inca, Cuevas, Du Santos, Romero y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, éstas dos últimas luego liberadas por falta de mérito. Días después quedaron acusados y detenidos el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozán, Chocobar, y los oficiales Baidón, Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.