Comunicadores del Sur

2.3.2022

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que este miércoles podría haber demoras o interrupciones en el servicio de diferentes líneas por problemas operativos.

«Los mismos se originan en la decisión unilateral de Emova de modificar los diagramas de servicio y los horarios de trabajo, sin haber notificado fehacientemente a todo el personal», explicaron los metrodelegados en un comunicado.
«Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) hacemos saber al público usuario que, este miércoles 2 de marzo existe la posibilidad real de que, en diferentes líneas, se produzcan demoras y/o interrupciones por problemas operativos», expresaron desde el sindicato que conduce Roberto Pianelli.
Los mismos se originan en la decisión unilateral de Emova de modificar los diagramas de servicio y los horarios de trabajo, sin haber notificado fehacientemente a todo el personal. Esta situación, podría ocasionar los inconvenientes a los que hacemos referencia más arriba.
Por ese motivo desde la organización «llamamos a la reflexión a la empresa Emova para que modifique su accionar que perjudica tanto a usuarixs como a trabajadorxs», finalizaron.

28.2.2022

Por Martín Suárez

En el último año, Larreta pretendió rematar varios edificios donde funcionan escuelas y centros de Desarrollo Infantil para introducirlos en el negocio inmobiliario.

Se pueden citar innumerables cantidad de ejemplos que denotan el maltrato que viene perpetrando el gobierno de la Ciudad por la educación pública. Paralelamente, y en sentido contrario, su gestión focaliza en el advenimiento constante de negocios inmobiliarios. Aquí convergen ambas situaciones: la Escuela Especial N° 28 “Bartolomé Ayrolo”, que se especializa en la formación de personas hipoacúsicas. El objetivo es rematar el Palacio Ceci, ubicado en el barrio de Villa Devoto, donde funciona el establecimiento educativo para convertirlo en el “Distrito del Vino”.
El Distrito del Vino está ubicado en el corazón de Villa Devoto. El ejecutivo local subraya que es una iniciativa pública y privada “que busca posicionar a la industria vitivinícola, de forma nacional e internacional, entendiendo a Buenos Aires como vidriera del país productor. Las empresas que quieran formar parte serán acompañadas por la ciudad mediante beneficios económicos”.
Una vez rematada la Escuela Especial, Larreta utilizará las instalaciones del palacio, para extender ese negocio inmobiliario con el argumento de fortalecer y difundir la producción vitivinícola. En realidad, el área que comprende este “emprendimiento” abarca los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal, un importante sector de la Comuna 11 que se extiende a lo largo y ancho de diez calles y dos avenidas principales, distribuidas en los tres barrios porteños del noroeste de la Ciudad.
El primero en alzar la voz fue el gremio docente Ademys, que manifestó su apoyo a la comunidad educativa “y nuestra disposición a resistir la expropiación del edificio”.
El Palacio Ceci fue donado en 1938 para que en ese lugar funcione el Instituto de Sordomudos. “Actualmente el Gobierno de la Ciudad, que dice priorizar la educación, pretende hacer uso comercial del mismo y entregarlo al Distrito del Vino. Durante el verano desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la conducción y supervisión la restauración del mismo, sin mencionar que ya no sería edificio de la escuela-comunidad Sorda”.
En el mismo sentido, desde la unión de Trabajadores de la Educación, UTE, señalan: “Una vez más, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra Soledad Acuña, demuestran que su interés por la educación pública es sólo un discurso marketinero”, y rematan “Exigimos se detenga dicho proyecto y se restaure el edificio, para el proyecto pedagógico de las Escuelas Bilingües N° 28 y 29 y de la Comunidad Sorda Argentina”.
En 1938 el Palacio fue alquilado al Ministerio de Educación de la Nación para que funcionara la escuela y en 1967 el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, expropió el Palacio Ceci y pasó al Estado Nacional. Dado su valor, el edificio fue catalogado como “Bien de interés arquitectónico” por el Gobierno de la Ciudad, tal como figura en el Boletín Oficial del año 2001. Ahora el gobierno porteño quiere transferirlo al ministerio de Infraestructura para un proyecto comercial. “La excusa de esta transferencia, que el gobierno porteño llama “restitución”, es que de esta manera ellos pueden encargarse de las obras de restauración. Este fue el único edificio que se sostuvo en pie sin un peso de mantenimiento por parte del Estado”, cuenta a Tiempo Diego Cabales, vecino del barrio y titular Revista Devoto.
Es #Patrimonio @horaciorlarreta la escuela no se entrega pic.twitter.com/WsHxI3R19c
— Felinamente (@Felinamente2) February 25, 2022

La escuela para negocios inmobiliarios

No es la primera vez que el gobierno porteño remata edificios escolares para introducir el inmueble en la especulación inmobiliaria. En Pringles 344 se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil -CeDI N° 5-, que brinda contención para niñas y niños de 45 días de vida a 3 años de edad, ubicado en el barrio de Almagro, dentro de la Comuna 5. Allí existe una demanda de más de 500 familias que no consiguen vacante en la educación inicial de gestión pública para sus hijas e hijos. Un CeDI no es un jardín de infantes, pero el gobierno de la Ciudad durante años instaló estos estos centros en todo el distrito, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, ante la negativa de construir escuelas infantiles bajo el ala del Ministerio de Educación porteño. El inmueble lindero a este CeDI, ubicado en Pringles 340/42, es propiedad del gobierno de la Ciudad y hace años la comunidad educativa y el barrio exigen, que en ese lugar, se construya la ampliación del maternal. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, pretenden vender ambos inmuebles y, a pesar de 3 subastas desiertas, intentarán rematarlo nuevamente.
Otro ejemplo es lo que ocurre con la Escuela Indira Gandhi ubicada en Costanera Norte. La administración de Larreta pretende trasladarla al Barrio Carlos Mugica y utilizar esas hectáreas situadas en una de las zonas de la Ciudad de Buenos Aires más opulentas. En su lugar instalará el autodenominado “Distrito Joven”: un polo de entretenimiento y gastronomía para el público juvenil. El ejecutivo porteño plantea reconcesionar los espacios que dan de cara al río en el tramo que va desde Punta Salguero hacia el norte, pasando Aeroparque. Fueron privatizados en los ’90 durante los gobiernos de Carlos Menem en Nación y Carlos Grosso en Capital pero con una condición: tanto el Puerto Pibes como la Escuela Indira Gandhi, debían permanecer en el lugar.

28.2.2022

El Ministerio de Trabajo informó que el 65% de los locales gastronómicos revelados durante enero y febrero en la Ciudad de Buenos Aires, no tenían a sus trabajadores registrados.

La cartera laboral informó en un comunicado que «se realizaron 308 fiscalizaciones en ocho polos gastronómicos de la Ciudad durante enero y febrero. Del total de establecimientos relevados, 201 presentaron detección de trabajo no registrado, lo que constituye un 65% de los establecimientos inspeccionados».
Los controles en el rubro gastronómico los llevó a cabo la Dirección Nacional de Fiscalización del Trabajo, en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), añade la información.
A su vez, se relevaron un total de 1.338 trabajadores, de los cuales 606 no tenían Clave de Alta Temprana (CAT), lo que arroja un 45 % de trabajadores no registrados.
Fiscalización en locales gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
65% de las 308 fiscalizaciones poseen trabajo no registrado.
45% de los 1338 trabajadoras y trabajadores no estaban registrados.
Para más información ingresá en https://t.co/Nfs3Qb931w pic.twitter.com/99dtth83Kk
— Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR)

23.2.2022

Se cumplieron diez años de la masacre de Once, por ello ayer a la mañana familiares y amigos realizaron un acto para recordar a las 52 personas fallecidas en el siniestro ferroviario que también ocasionó heridas a otros 800 pasajeros. La tragedia puso de relieve la corrupción empresarial y del gobierno en la gestión de trenes argentinos. «Hace diez años este lugar se llenaba de gritos de auxilio, de sirenas, de gritos desesperados. Una tragedia previsible, anunciada» expresaron familiares de las víctimas.

Se cumplieron diez años de la Masacre de Once, cuando una formación de la línea de trenes Sarmiento que transportaba a 1.200 pasajeros se estrelló contra el andén 2 de la estación terminal Once ocasionando el fallecimiento de 52 personas y alrededor de 800 heridas.
Sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas realizaron un acto en homenaje en el Hall central de la estación terminal y reclamaron que se hagan efectivas las penas de los condenados por el hecho: »la corrupción mata, pero el dolor y el olvido también», afirmaron.
Gracias a la lucha de los familiares por conseguir justicia en 2015 se realizó el juicio donde fueron condenados los secretarios de transporte Jaime y Schiavi y el empresario Claudio Cirigliano, (quien en ese momento junto a su hermano tenían la concesión del Sarmiento), además con penas de hasta ocho años de prisión el exministro de planificación Julio De Vido fue sentenciado en la causa Once II, en 2018. Asimismo las querellas limitaron la acusación al motorman de la formación quien fue condenado a 3 años y 7 meses de prisión acusado de frenar a destiempo y de desactivar un sistema de seguridad conocido como del “hombre muerto”. Según información publicada por el medio Prensa Obrera la abogada del motorman Valeria Corbacho, denuncia que “la mayoría de los peritos estuvieron dispuestos a mentir para culpar a Marcos [Córdoba] y exculpar a los empresarios y funcionarios” (La Nación, 20/2). Y el propio tribunal que lo condenó reconoció que “no hay que olvidar que se trata de un trabajador que no tenía la más mínima chance de influir sobre el calamitoso estado de los trenes ni la forma caótica y desaprensiva en la que operaba el servicio”.
«Los funcionarios corruptos que controlaban el transporte en 2012 crearon las condiciones para la masacre de Once y pudo ser otro tren, otro día y otras víctimas, pero los responsables hubiesen sido los mismos: (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, (Julio) De Vido, (Sergio) Cirigliano y todos sus socios, esa manga de corruptos, asesinos y delincuentes» expresaron los familiares en el acto de homenaje. Asimismo lamentaron que «casi todos los condenados hoy están en sus domicilios».
El documento final, leído por Paolo Menghini y María Luján Rey (hoy diputada nacional por Cambiemos) padres de Lucas, los familiares resaltaron la responsabilidad del Estado «quien desempeñó un rol central en los motivos del desastre».
«El Estado tiene nombres circunstanciales que lo encarnan, son los funcionarios de turno. En estos 10 años esperamos en vano su ayuda y amparo: nada de eso ocurrió. Todo, absolutamente todo lo que hemos logrado ha sido por nuestra lucha con tres únicas armas: unión, voluntad y verdad», remarcaron.
Agregaron «la corrupción mata, pero el dolor y el olvido también. Pedimos que el Congreso de la Nación sancione la Ley de reparación que nos merecemos. Ya es tiempo y ya sufrimos demasiado. No nos merecemos seguir esperando».

23.2.2022

Por Juan Borges

Diálogo con Leonardo Demonty, referente del barrio y hermano de Ezequiel Demonty, sobre el reclamo de Justicia.

El 29 de enero de 2016, entre 85 y 100 niños de la murga del barrio Rodolfo Ricciardelli (1-11-14) sufrieron una brutal represión a menos de agente de la Gendarmería Nacional. A seis años del brutal ataque de la fuerza de seguridad, “Quisieron avanzar y pasar por donde estaban ensayando, hubo una discusión con los padres y familiares de los niños. Los gendarmes comenzaron a disparar balas de goma para dispersar a la murga. Hay videos que registran claramente como agreden a los niños. Eso provocó que lastimaran a muchos niños y mujeres embarazadas”, relató Leonardo Demonty.

¿Nos podría relatar los sucesos de enero de 2016?
Leonardo Demonty: En enero de 2016 se venía organizando una murga en el barrio. Ellos estaban ensayando. Un grupo de gendarmes que en ese momento se sentían empoderados por el macrismo en el gobierno y su ministra de seguridad Patricia Bullrich, irrumpieron en la búsqueda de unos supuestos autos robados que los habían dejados abandonados en aquel lugar. Cerca de donde estaba ensayando la murga. Quisieron avanzar y pasar por donde estaban ensayando, hubo una discusión con los padres y familiares de los niños. Los gendarmes comenzaron a disparar balas de goma para dispersar a la murga. Hay videos que registran claramente como agreden a los niños. Eso provoco que lastimaran a muchos niños y mujeres embarazadas.

¿Qué marcas dejó en el barrio el hecho?
L.D.: En un principio se vivió mucho temor en los niños. Veían un gendarme y estaban aterrorizados. En el barrio marco un precedente indudablemente debido a la crueldad pero también por la notoriedad que adquirió. Gracias a algunos medios se pudo visibilizar el hecho ocurrido. Hay un chico llamado Jonatán que le arrancaron literalmente un pedazo de carne de la pierna y dejo muchas consecuencias. Fue una represión que dejo secuelas y fue sumamente traumático para el barrio.

¿Hubo detenidos por los hechos?
L.D.: Detenidos no hay. Hay tres gendarmes procesados. Son los identificados por los videos, los más comprometidos con la agresión. Estamos luchando para esclarecer los hechos y paguen los culpables. Logramos su procesamiento en 2016, a pesar de la protección del gobierno macrista de ese entonces.

¿Gendarmería cambió su manera de manejarse en el barrio?
L.D.: Al principio que asumió este nuevo gobierno percibimos algunos cambios. En pandemia hubo casos de abuso de autoridad de parte de algunos gendarmes, a dos chicos se los obligó a hacer salto en rana. Después mataron a un chico llamado Facundo Scalzo que le dieron tres tiros por la espalda. Por mi parte también sufrí violencia de parte de ellos porque intervine en un abuso, me agarraron a patadas y me dispararon balas de goma. En ese caso me metí porque había un chico con una bicicleta que aparentemente era robada y lo perseguían seis camionetas de gendarmería. Intervine para que no lo lastimen y me agredieron a patadas, me aleje un poco y me dispararon un escopetazo con balas de goma. Yo pensaba que si a mí que soy grande y un referente en el barrio me hacen eso imagínate a los chicos que son indefensos.

¿Cómo se organizan en el barrio para resistir la violencia de las fuerzas de seguridad?
L.D: Actualmente estamos viviendo un traspaso paulatino de efectivos de policía de la ciudad por gendarmería. Ya casi no se están viendo gendarmes y si una presencia mayor de policías. En el fondo nosotros no sabemos quién es peor. Los casos de violencia institucional y los abusos de las brigadas policiales también son múltiples la gendarmería es muy violenta también.
Tantos años de lucha nos dieron herramientas, amigos, compañeros y compañeras, abogados que nos brindaron instrumentos para defendernos como el programa anti-impunidad. Gracias al gobierno actual tenemos una secretaria de Derechos Humanos que tiene un área de violencia institucional donde se pueden hacer denuncias. Después siempre intentamos identificar a los abusadores, a los violentos. Los denunciamos mediáticamente e institucionalmente.

¿Actualmente aquella murga continúa organizándose?
L.D: Actualmente no continúa ya sea por temor que quedo de aquel momento o tal vez desmotivación provocada por aquellos hechos. Al principio los invitaban de otros lados para participar y bailar. A partir de 2017 la murga ya no volvió más. Hubo varios intentos pero no se pudo. De hecho no hay ninguna murga de nuestro barrio.