Comunicadores del Sur

21.2.2022

«La madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primera hora la trasladarán. Desde ya solicitó ayuda para la familia. Es el tercer intento de suicidio. La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero no es psiquiátrico», fue el mensaje que este domingo 20 publicó en su cuenta de Twitter Gregorio Dalbón, abogado de la familia, confirmando lo que fue el tercer intento de suicidio de Cintia López desde que la Policía de la Ciudad fusiló a su hijo Lucas González de 17 años en el barrio porteño de Barracas en noviembre del año pasado. Por su parte, Héctor «Peca» González, padre de Lucas y esposo de Cintia, contó detalles del calvario que viven desde el asesinato de Lucas: «esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida».

Así lo expresó este domingo 20 de febrero en su cuenta de Twitter Gregorio Dalbón, representante legal de la familia: «la madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primera hora la trasladadan. Desde ya solicitó ayuda para la familia».
«Es el tercer intento de suicidio – amplió el abogado – La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero no es psiquiátrico. Gracias», puntualizó Dalbón en su pedido de ayuda.
En la misma línea, agregó: «solo tengo esa información: entró en estado crítico y mañana (por hoy) estabilizada buscarán un lugar psiquiátrico. A las 7 de la mañana calcula Héctor que tendremos idea del traslado», agregó Dalbón.
Esta mañana el abogado renovó el pedido de ayuda ante los medios de comunicación: «necesitamos la contención de la salud mental de la gente que sufre este tipo de situación. Con Cintia hubo dos intentos anteriores de suicidio, pero la vuelven a la casa siempre, lo de ayer fue peor», expresó Dalbón al canal de noticias C5N, y agregó que «la contención de la salud mental en la Argentina está muy floja».
«Cintia es la tercera vez que intenta suicidarse, esperemos que sea la última. A ver si nos ayudan a encontrar algún lugar de salud mental», insistió, y remarcó que «no puede venir a un instituto materno infantil para que después le den el alta y la manden a la casa empastillada».
Por su parte, Héctor «Peca» González, padre de Lucas y esposo de Cintia, relató detalles del momento: «la encontró mi hija de 14 años. Yo estaba mirando una película, tranquilos y en un momento me habré dormido y después me levanto y la encontró mi hija ya lastimada, llorando desconsoladamente».
Asimismo, se refirió al calvario que viven como familia: «esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida”, remarcó.
Lucas González fue fusilado el 17 de noviembre del año pasado cerca de las 9.30, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo de un Volkswagen Suran del padre de uno de ellos. Allí, fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, que se encontraba sin patente ni señales de ser un móvil policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo a la investigación, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos, hecho en el cual al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Hoy, por el homicidio de Lucas se encuentran procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, mientras que acusados por el encubrimiento de su asesinato hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

21.2.2022

Marcelo Montenegro el joven que en la madrugada del 2 de julio de 2012 conducía un auto por Villa 15 en la Ciudad de Buenos Aires y fuera tiroteado por la policía, luego de diez años del hecho su madre Rosa pidió que se revoque la absolución a los policías que asesinaron a Marcelo y se los condene por homicidio puesto que en el 2018 el Tribunal Oral N° 3 decidió absolver a los efectivos. «Hace 10 años que sostengo que a mi hijo lo mataron. No tenía armas, ni se tiroteó con nadie. Voy a confiar en la justicia, espero que los jueces de Casación hagan justicia por mi hijo», afirmó tras la audiencia.

El 12 de julio de 2012 a las cuatro de la mañana Marcelo Montenegro y Nahuel Maturano iban por el barrio «Villa 15» en la Ciudad de Buenos Aires en un Renault Twingo que tenía un pedido de captura de la justicia bonaerense. El auto fue visto por tres policías que comenzaron una persecución por la calle Lisandro de la Torre en dirección a la Avenida Piedrabuena, pasando por Zuviría. Los policías Díaz y Calderón efectuaron al menos 5 disparos contra el vehículo con la clara intención de matar a los jóvenes. El Renault Twingo chocó contra un paredón. Marcelo Montenegro murió media hora más tarde.
La familia de Marcelo fue acompañada en la búsqueda de justicia por la Asociación Miguel Bru. En la primera etapa de la investigación luego de seis años de lucha hicieron posible que se avanzara con la investigación, que los policías no fueran sobreseídos a partir de las apelaciones presentadas y la causa no fuera cerrada. El juicio comenzó el 28 de marzo de 2018. La Fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional. Sin embargo el fallo absolutorio de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Número 30 fue unánime.
La familia de la víctima había solicitado prisión perpetua para los tres imputados por «homicidio agravado en cumplimiento de sus funciones». Pidieron la misma pena para Medina, el chofer del patrullero, por considerarlo «partícipe necesario» del crimen. La titular de la Fiscalía 26, Graciela Gils Carbó, pidió perpetua para Díaz y Calderón y la absolución para Medina, y la defensa de los policías solicitó que los tres fueran absueltos.
Ahora en una nueva etapa de la causa Rosa Montenegro pidió a los jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que revoquen la sentencia que en 2018 dejó libres a los policías que mataron a su hijo. Acompañada por Rosa Bru, junto al abogado Nicolás Rechanik, del equipo legal que la representó por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), la madre pidió que se haga justicia y sean condenados los policías de la Comisaría 48 que el 12 de julio de 2012 asesinaron a su hijo a balazos en Ciudad Oculta.
Ante Casación, el letrado por parte de la AMB Nicolás Rechanik argumentó que durante el juicio, tanto para la querella como para la fiscalía, quedó probado que los policías atacaron a balazos a los jóvenes -Marcelo murió por un disparo mortal- y que encubrieron el hecho y les plantaron un arma.
«Hace 10 años que sostengo que a mi hijo lo mataron. No tenía armas, ni se tiroteó con nadie. Voy a confiar en la justicia, espero que los jueces de Casación hagan justicia por mi hijo», afirmó Rosa Montenegro tras la audiencia.
Rosa Bru, presidenta de la AMB, dijo: «Esperemos que los jueces de Casación nos den la respuesta que buscamos hace 10 años. Seguimos pidiendo perpetua porque en el juicio se probó como asesinaron a Marcelo y luego intentaron encubrir el crimen. Como ya lo dijimos desde la Asociación, este es un caso de gatillo fácil donde se intentó tapar la verdad con una causa armada por el encubrimiento policial desde el primer momento. La sentencia absolutoria del Tribunal en 2018 fue vergonzosa, demuestra que para ellxs la vida de un pibe no vale nada».

20.2.2022

Por Ramiro Comes

En el marco de los recortes de la ciudad de Buenos Aires al carnaval porteño, entrevista a Félix Loiácono, docente, escritor y director de la agrupación murguera Garufa de Constitución.

Después de 15 años de políticas neoliberales en Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, primero Macri y luego Larreta, vienen persiguiendo sistemáticamente todo movimiento cultural independiente. Así como fueron clausurados las milongas y los centros culturales, el colectivo murguero viene resistiendo el embate de políticas de recorte, ninguneo e invisibilización que generan un daño irreparable a la cultura popular. Entre el 2010 y 2014, tal vez el pico más alto de desarrollo del carnaval porteño, existían más de 50 corsos y de 100 murgas, y participaban 15 mil murgueros. Como nos cuenta el entrevistado Félix Loiácono, docente, escritor y director de la agrupación Murguera Garufa de Constitución, estos números fueron golpeados por las políticas del macrismo y más dos años de pandemia.
¿Cómo ves la situación del carnaval porteño en estos últimos años?
Félix Loiácono: Hasta el carnaval 2020 hubo entre 30 y 35 corsos oficiales. Algunas agrupaciones, por ejemplo Pasión Quemera, no hacían el corso en forma oficial. Pedían el corte de calle, ponían su sonido y organizaban los corsos los viernes por ejemplo. Entre todos podríamos estar hablando de casi 40 corsos en la ciudad de Buenos Aires.

¿Y cómo es la situación actual de los corsos en la Ciudad después de la pandemia?
F.L.: El año pasado no hubo corso, pero de igual manera hubo una presencia murguera a través de actividades en la calle como muestras de fotos, en los espacios de ensayo se pusieron banderines, se organizó la movida de los “Cuatro banderines cuatro” que consiste en colgar los banderines en la mochila, en el balcón en el auto, en la ventana, en la vidriera del negocio, etc.

¿Cuáles fueron las políticas del gobierno de la Ciudad para este carnaval?
F.L.: Este año el gobierno de la Ciudad puso 12 espacios donde no hay cortes de calle, estamos hablando de anfiteatros, de polideportivos, todos arriba de la vereda. De estos espacios, seis se hacen la primera quincena y seis la segunda quincena de febrero, recortando más aún el carnaval. Desde mi punto de vista con estas políticas se va perdiendo el espacio callejero. Vamos a tener que recuperarlo. La excusa de la Ciudad es que pueda controlarse a través del pase sanitario. No sé si en la canchas o en los locales gastronómicos piden lo mismo.
La diferente vara con la que fueron tratados las empresas privadas y la cultura popular muestra la verdadera intención del gobierno de la Ciudad, que es destruir y descontextualizarel carnaval porteño, corriéndolo de su espacio natural desde hace más de 200 años, la calle.
El gran desafío que tenemos los y las hacedoras del carnaval porteño es recuperar el corso en la calle. No es un corte de calle, es un espacio de cultura popular. Se me viene a la mente el tratamiento que le dan la Ciudad y los medios cuando se juega en las canchas de River, Boca, San Lorenzo, Huracán o Argentinos Juniors; cuando hay partidos se cortan las calles aledañas. Nadie dice que es un corte de calle. Por esa razón hice una glosa para este carnaval que se llama “Yo quiero el corso en la calle”.

¿Qué propuesta le puede aportar el carnaval a este momento de postpandemia?
F.L.: Esta pandemia potenció que nos quedemos en nuestras casas. El corso y la fiesta popular salen al encuentro de eso. Salí, encontrate con el sol y la luna. Encontrarte con el vecino. Mirá al carnicero que se subió al escenario y está cantando. Pero si ayer lo vi en la carnicería. El encuentro en la calle, la voz del pueblo que sube al escenario del corso y dice cosas.

¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene por delante el movimiento murguero?
F.L.: Otro tema que me parece importante es recuperar es la historia de lo afroporteño que para nosotros es un gran desafío. Que el vecino se apropie del carnaval, que sienta suyo el corso. Que haya alguien que diga “yo no estoy en ninguna murga, yo no estoy en ninguna comparsa o cuerda pero igual quiero que se haga el corso”. El corso en la calle es espacio de cultura popular y no popularizada. Lo que estoy diciendo es que lo popular sale del pueblo. Como los rabanitos que crecen de abajo para arriba. Cuando los medios de comunicación ponen mucha guita en difusión y en las redes algunos hechos culturales terminan popularizados. La cultura popular nace desde abajo, la gente se encuentra, crea, se equivoca, borronea, como cuando escribimos una canción.

Yo quiero el corso en la calle
Quiero encontrarme en la calle
con tu risa y con la mía
que ni siquiera el barbijo
pueda esconder la alegría.

Quiero encontrarme en la calle
con todos los poderosos
los que ven madera y lata
donde hay platillo y bombo.

Los que organizan eventos
con la música grabada
y que la voz de mi gente
se adormezca silenciada.

Los que se llenan la boca
con decretos y ordenanzas
y maquillan de verdades
discursos y propagandas.

Yo quiero el corso en la calle
quiero asfalto y avenida
la cultura no se encierra
con chamuyos y mentira.

Yo quiero el corso en la calle
no la fiesta clandestina.
Murga, comparsa y canciones
fiesta de luna y esquina.

Yo quiero el corso en la calle
y como yo, somos miles
Carnaval de todo el pueblo
y que nadie se lo olvide.

Yo quiero el corso en la calle
entre el encuentro y el baile
entrada libre y gratuita
como la risa y el aire.

20.2.2022

Una de ellas denunció que la despidieron por estar embarazada. Trabajadores y trabajadoras hicieron la acción para denunciar la precarización laboral y el maltrato en el sector sastrería.

Este domingo trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón, realizaron un abrazo al edificio para reclamar contra el despido de Maia Bernztein e Inés del sector de sastrería.
Maia trabaja en la sastrería del Colón hace tres años y cursa un embarazo de seis meses. Hace una semana, el domingo 13 de febrero, hizo una denuncia en redes: “me despidieron por estar embarazada”.
“Tanto mi Jefa Stella Maris López como Recursos Humanos tenían pleno conocimiento de mi gestación.
Me enteré de mi despido al saber que se habían renovado todos los contratos menos el mío y el de una compañera que solicitó un aumento salarial, a pesar de haber sido informadas de que retomaríamos actividades en febrero de 2022.
Siempre cumplí con mi trabajo a la par de mis compañeras de planta, pero bajo una forma de contratación sumamente precaria: con un sueldo de $42.000, al que debía descontar $4260 de monotributo, sin percibir vacaciones, aguinaldo, bono, ni herramientas o un uniforme de trabajo”, aseguró en su descargo público.
Haciéndose eco de su pedido de solidaridad para lograr la reincorporación, trabajadores y trabajadoras del Teatro llevaron a cabo esta acción en las inmediaciones del edificio, con la consigna “basta de precarización laboral”.
Se acercaron a participar Marcelo Gómez de la junta interna del parque Centenario, la legisladora porteña por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad (FITU), Alejandrina Barry. Se sumaron también Facundo Abraham, la diputada del PO en el FITU, Romina del Plá, así como Amanda Martín de la secretaría gremial de Ademys.
“El maltrato que se sufre en la Sastrería es harto conocido, pero no se había llegado al punto de dejar sin trabajo a una mujer embarazada, a pocos meses de parir, con todo el estrés, la urgencia y los daños que me está generando.
El día en que el área de sastrería se reincorporaba a trabajar, con mi compañera presentamos una nota dirigida a las autoridades solicitando que se aclare nuestra situación y continuidad laboral.
Ya pasaron 15 días, y más allá de las negociaciones que están llevando adelante delegados, no recibimos información fehaciente sobre nuestra reincorporación, ni por parte de la directora María Victoria Alcaraz, ni de ninguna otra autoridad responsable”, detalla Maia en su denuncia en redes.

17..2022

Por La Retaguardia

Javier Moral es abogado de familiares de las víctimas del incendio que ocurrió hace 8 años en un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, donde fallecieron diez personas. Moral pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia y contó en qué instancia se encuentra el proceso judicial contra los responsables de la tragedia.

El 5 de febrero de 2014 por la mañana se produjo el incendio y derrumbe de uno de los depósitos que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, diez personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Rápidamente las investigaciones llegaron a la conclusión de que el incendio había sido provocado con el fin de eliminar documentación comprometida para la firma multinacional y hay evidencias concretas de que cuando inició el siniestro no se dieron las alertas correspondientes para contener el fuego.
El abogado de familiares de las víctimas de la tragedia, Javier Moral, contó parte del recorrido legal llevado a cabo para buscar justicia para las personas fallecidas y afectadas por el incendio: “En estos ocho años tuvimos que atravesar el laberinto judicial para pedir justicia para las víctimas y para aquellos que quedaron con lesiones de gran importancia. Estamos en un punto en que el juzgado de Instrucción que lleva la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas, en un principio, responsables para ser llamados a declaración indagatoria. Las defensas apelaron. Nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de los cinco que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad. La Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que debían profundizarse las pericias realizadas. Aparecieron restos de combustibles, acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado ese siniestro que se convirtió en un incendio de grandes características”.
Moral insistió en que “quedó claro a todas luces que (el incendio) fue intencional”. Se basó en “pericias muy exhaustivas” que se realizaron a lo largo de 2021 y que finalizaron el 17 de enero de este año. Esas investigaciones determinaron que el incendio fue provocado con el fin de hacer desaparecer documentación que comprometía a la multinacional: “Hubo peritos de las defensas, de los bomberos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. Esto estaba establecido para que se produjera un incendio de una alta voracidad y que redujera a cenizas documentación que luego conocimos como las ‘4.040 cuentas’ o los Panama Papers. Quisieron evitar que apareciera esa documentación”, afirmó.
La mayor cantidad de documentación eliminada en el incendio pertenecía a empresas de un poderío económico inmenso que estaba relacionada al lavado de dinero: “Cuando se presentaron a declarar los directivos de la empresa que administraba el depósito manifestaron que Iron Mountain es una de las 500 compañías más grande del mundo y que, a su vez, el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios”, expresó Moral y contó acerca de la evidencia que sí pudo rescatarse del fuego: “Muchas cajas se pudieron salvar. Hay una foto muy simbólica de uno de los bomberos rescatando una caja que tiene un rótulo frontal que dice ‘lavado de dinero’ y hay una que directamente dice ‘coimas’. Esa es la documentación que se pudo salvar”.

Querellantes y juicio oral y público

“Batallamos arduamente durante tres años para que reconocieran en carácter de querellantes a las familias. Las víctimas habían sido quitadas del proceso penal. Les habían quitado el rol de querellantes para que se evitara el conocimiento de la verdad material mediante una resolución que echó a los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal les devolvió ese carácter. Después de estas pericias y consumados los procesamientos, el año que viene esperamos tener sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en el juzgamiento de los imputados. A raíz de ese fallo de Casación, ahora llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados”, se esperanzó el abogado de las familias de las víctimas.

La demora de ocho años

Entre las maniobras dilatorias de las defensas, los “errores” de la Agencia Gubernamental de Control y el tiempo que llevó reconstruir la documentación, pasaron ocho años sin que los responsables del incendio puedan ser juzgados: “Demoró dos años solamente reconstruir la documentación. Lo que primero se perdió, extraordinariamente, es el expediente de habilitación. De acuerdo a la ley, esta empresa tiene lo que se llama criticidad. No es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kioskito porque requiere mucho más papelerío. La habilitación se produjo con mucha celeridad. Para los investigadores se dio producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado ese lugar y en esa zona. Dos años se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que procuraba tenerlos, la Agencia Gubernamental de Control. Una vez que se hizo la reconstrucción de la documentación y se hizo la visita ocular, a la que nosotros como querellantes fuimos, quedó claro que había que citar a indagatoria a los acusados. Había cables colgados por todas partes. La demora también fue generada mediante chicanas, apelaciones y planteos que tuvimos que apelar para que la causa no prescribiera”.

Incendio ordenado

Además de las evidencias encontradas en la investigación y las 23 personas indicadas como responsables de haber provocado el incendio, el abogado apuntó a una persona más: “De menor jerarquía, pero vital: el vigilador, que no declaró. No explicó por qué ocho veces desoyó una alerta temprano y permitió una ventana temporal de casi una hora en la que el fuego se expandió. No se explica por qué frente a un sistema que generaba una alerta que le obligaba por protocolo a la persona a ir a revisar si efectivamente se trataba de una falsa alarma o un peligro real, hizo caso omiso. Además, cuando vecinos vieron el humo y llamaron al lugar, les dijo que ya estaban los bomberos cuando los bomberos ni siquiera habían sido notificados. Esto forma parte de un trazado cuya responsabilidad es, a las claras, de funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, acusó el abogado.