Comunicadores del Sur

13.4.2022

Las asociaciones de médicos y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron este martes un nuevo paro en reclamo de reapertura de paritarias con un «aumento salarial por encima de la inflación«. Además, exigen al Gobierno porteño mejoras en las condiciones laborales y volvieron a denunciar los despidos de enfermeros y enfermeras que fueron contratados en los hospitales públicos porteños durante la pandemia. El sector de enfermería reclama una vez más el reconocimiento en la carrera profesional.

«A partir del mediodía de este martes iniciamos un nuevo paro de 36 horas en reclamo de reapertura de paritarias ya. Necesitamos salarios dignos para todos y todas», indicó Héctor Ortiz, delegado de ATE – Salud del Hospital Durand y del Pedro de Elizalde, sobre un reclamo que ya vienen sosteniendo dese hace más de un mes. Además de ATE, la medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Médicos Municipales (AMM), cuyos voceros ratificaron el pedido de un aumento salarial por encima de la inflación. Ortiz aseguró que el paro contó con alta adhesión en los hospitales, que funcionan con guardias mínimas.
Además de los aumentos en los sueldos básicos, los trabajadores de la salud reclaman «blanqueo de todos los ítems no remunerativos, aumento de todos los adicionales en guardias técnicas y módulos de enfermería, y pago del plus de áreas críticas«. «A los trabajadores de la salud, que estuvimos y estamos en la primera línea de lucha contra la pandemia, hoy nos tienen con salarios por debajo de la línea de la pobreza, por eso necesitamos con urgencia una recomposición salarial», señaló Ortiz.
Este miércoles, en tanto, se sumará al paro la Federación de Profesionales de CABA, que nuclea a varias de las asociaciones médicas y de enfermeros de la ciudad. «Aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud», «mejoras urgentes en las condiciones de trabajo» e «incorporación a la carrera de todos los profesionales«, son las tres consignas centrales de la organización, que denuncia la «falta de respuestas» del GCBA «luego de trabajar sin descanso durante una pandemia sin precedentes«.
La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) también adherirá a la medida a partir de este miércoles, con un paro de 24 horas, en el que se sumará el reclamo por el pase a planta permanente de los enfermeros contratados durante la pandemia. Hace unas semanas, las asociaciones ya habían denunciado el despido de más de 150 enfermeros y técnicos contratados para desempeñarse en las postas de vacunación y en las Unidades Febriles de Emergencia (UFE).
También la ALE volverá a levantar el pedido de reconocimiento de la carrera profesional de enfermería, sector que no está incorporado dentro del escalafón previsto por la Ley 6.035, que rige sobre todos los hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad. La ley fue aprobada en 2018 y reconoció 24 carreras profesionales entre las que no está incluida enfermería. Entre otros puntos, la no inclusión en el escalafón hace que los enfermeros y enfermeras lleguen a cobrar la mitad de lo que podrían cobrar con ese reconocimiento.
La ALE viene reclamando la inclusión de la carrera desde el momento mismo en que se aprobó la ley. El año pasado, iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo a una Iniciativa Popular que busca garantizar en la Legislatura el ingreso de enfermería a la Ley 6.035. El mecanismo de la Iniciativa Popular establece que los legisladores quedan obligados a tratar un proyecto cuando alcanza las 40 mil firmas y la Asociación informó que están a 20.000 adhesiones de llegar al objetivo.

12.4.2022

Grandes medios de comunicación presentaron la disputa entre agrupaciones como una “batalla campal”. Por su parte las autoridades -alineadas con el kirchnerismo- decidieron una medida drástica como el cierre de la facultad para este miércoles. Los hechos comenzaron con las provocaciones de una agrupación que arrancó carteles que pedían por la libertad de presos políticos.

Este martes por la tarde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se convirtió en centro de atención de los grandes medios de comunicación. Las disputas entre agrupaciones del Frente de Izquierda y el Ya Basta! Nuevo MAS fueron convertidas en una suerte de noticia nacional, que fue presentada como una “batalla campal” y condenada abiertamente por la derecha, que se decidió a estigmatizar a los estudiantes.
Pero los hechos realmente se explican a partir de que, durante la tarde, militantes de la agrupación “Ya Basta! Nuevo MAS” golpearon en la cabeza a una compañera de la Secretaría General del Centro de Estudiantes para poder romper un cartel que exigía la libertad para Jaru Rodríguez, estudiante de la Facultad de Sociales detenido por movilizar en contra del FMI, lo que provocó la lógica reacción de las distintas agrupaciones de izquierda que integramos la Secretaria General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.
Grandes medios de comunicación presentaron la disputa entre agrupaciones como una “batalla campal”. Por su parte las autoridades -alienadas con el kirchnerismo- decidieron una medida drástica como el cierre de la facultad para este miércoles. Los hechos comenzaron con las provocaciones de una agrupación que arrancó carteles que pedían por la libertad de presos políticos.
Hay que señalar que no es la primera vez que el Nuevo MAS actúa de forma violenta dentro de nuestro establecimiento educativo. El pasado 23 de marzo, militantes de la misma organización atacaron a militantes mujeres de otra agrupación política, provocando el repudio del conjunto del Centro de Estudiantes.
Este martes, tras conocerse los hechos, la gestión de la facultad -que comulga con el Gobierno nacional- parece aprovechar la situación para tildar de ’violentas’ al conjunto de las organizaciones de izquierda, cerrando la facultad en medio del transcurso de las cursadas que tenían lugar por la tarde noche y amenazando con cerrar nuestra facultad en el día de mañana, en vísperas de un feriado largo.
A su vez, la conducción del Colectivo (La Cámpora – Movimiento Evita) se negó a convocar una Comisión Directiva entre todas las agrupaciones políticas para resolver la situación, tal cual fue solicitado por agrupaciones del Frente de Izquierda.
Estos son los hechos que tuvieron lugar en la tarde y noche de este martes. La gestión de la facultad y los grandes medios decidieron confundir lo sucedido, desinformando.

11.4.2022

Reclaman la renuncia de Luis Puenzo, director del organismo. Enorme operativo de la Policía de la Ciudad. Golpearon a fotógrafos, cineastas y artistas. Hay por lo menos tres personas detenidas.

Este lunes por la tarde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires agredió a trabajadoras y trabajadores del cine que reclamaban en la puerta del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). En el marco un fuerte operativo policial hubo golpes y empujones contra quienes se manifestaban. Hay por lo menos tres personas detenidas.
El reclamo de este sector está relacionado con el pedido de la renuncia de Luis Puenzo, actual titular del organismo. El reconocido director es duramente cuestionado por su gestión al frente del Incaa.
Bajo la consigna “Evitemos el apagón cultural”, la comunidad audiovisual viene reclamando contra la eliminación de las asignaciones que aportan al sostenimiento del mismo Incaa, el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y bibliotecas populares de todo el país. Esas asignaciones caducarían en diciembre de este año, según establece la Ley 27.432, que se sancionó en el macrismo, en 2017.

7.4.2022

Las organizaciones calificaron de peligroso el nivel de estigmatización y violencia que generan declaraciones de algunos políticos y medios de comunicación.

Las organizaciones sociales le respondieron al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este le pidiera al gobierno nacional que se le quite el plan social a quien haga cortes de calle como forma de protesta.
Luego de los cortes de la semana pasada en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rodríguez Larreta solicitó al gobierno nacional que se retiren los programas a las personas que participen de cortes de calle como forma de protesta, “hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así van a ver que no vienen más”, expresó.
La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez sostuvo: “Es fácil hablar cuando no se está en el lugar de las personas que tienen que salir a la calle para pedir por sus derechos, es la única herramienta que tenemos. Me pregunto si a Larreta algún día le ha pasado de no llegar a fin de mes, es fácil hablar cuando naciste en cuna de oro”.
Los dichos del jefe de gobierno porteño, van en sintonía con el la decisión que aplicó el Ministerio de Desarrollo Social contra manifestantes que tiraron piedras contra el Congreso, el día que se aprobó el acuerdo con el FMI. En esa ocasión, el titular de esa cartera, Juan Zabaleta, había anunciado que le dieron de baja el plan Potenciar Trabajo a uno de los detenidos, porque “la sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”.
La dirigente también resaltó que no hay que correr el eje de discusión hacia los pobres que tienen que salir a la calle como método de lucha: “Ponen el foco en un millón de personas que cobran un programa de fortalecimiento de la economía popular y no en las políticas universales que le den respuestas reales a los 18 millones de pobres que hay en la Argentina”.

7.4.2022

Un video difundido a través de las redes sociales muestra a un policía de la Ciudad en la facultad de Ciencias Económicas, vestido de uniforme y con su arma reglamentaria en la cintura, comprando en la fotocopiadora. A pesar de “solo estar comprando” como asegura en el video, el ingreso de las fuerzas a las universidades nacionales está prohibido por ley, y mucho más estando armado.

El hecho sucedió este miércoles durante la tarde en la facultad de Ciencias Económicas. Un efectivo de la Policía de la Ciudad se encontraba dentro del establecimiento, uniformado y portando su arma reglamentaria, mientras compraba en la fotocopiadora de la sede.
Ante la situación el estudiante Julio Pérez se acercó y le recordó que el ingreso de las fuerzas a las universidades nacionales se encuentra prohibido por ley. En un video publicado por la agrupación En Clave Roja de la facultad de Económicas, se ve cuando Julio Pérez, militante de la agrupación, le recuerda al efectivo de la Policía que no puede ingresar a una universidad pública ya que existe la autonomía universitaria, y mucho menos estando armado. Frente al cuestionamiento, personal de seguridad de la facultad que lo acompañaba asegura: “Yo le avisé a la presidenta del Centro de estudiantes”.
La situación muestra cómo se maneja la facultad en los hechos. El personal de seguridad le pide autorización al Centro de estudiantes, manejado por la Nuevos Espacio – Franja Morada (UCR), como si ellos fueran las autoridades universitarias y tuvieran la llave de la facultad. Mientras tanto, el policía dice no estar haciendo nada malo.
“Está prohibido que las fuerzas represivas ingresen a la Universidad de Buenos Aires. Nuestras casas de estudios son autónomomas. Solo una agrupación que responde a Larreta y a Macri puede permitir algo así Necesitamos fortalecer una oposición independiente!” aseguraron desde la agrupación En Clave Roja en el texto que acompañó el video.
¿Por qué es ilegal que ingrese la policía a las universidades nacionales?
La Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, sancionada en 1995, asegura en su artículo 31: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Por lo visto, en el caso no había ni orden judicial ni autorización de las autoridades universitarias, a no se que Nuevo Espacio – Franja Morada y la presidenta del centro de estudiantes se autodenominen como tal.
Mientras desde el Centro de estudiantes y la agrupación radical lo minimizan y califican de exagerada la reacción, la realidad es que es algo que no sólo viola la ley y la autonomía universitaria, sino que no puede naturalizarse el hecho de que efectivos deambulen armados por una facultad pública, por el motivo que sea.
La larga historia represiva contra el movimiento estudiantil, con miles de estudiantes desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura pero también con episodios repudiables durante gobiernos democráticos, y la lucha de años contra la impunidad y la represión como contracara, justifica por qué es importante rechazar la idea de que efectivos policiales se paseen armados por los pasillos de las universidades.