Comunicadores del Sur

4.5.2022

Existen rumores de que algunas transacciones -ventas y alquileres de inmuebles- no estaban observando las normas establecidas por la Iglesia.

El Papa Francisco dispuso la auditoría cuando comenzaron a llegar a Roma rumores de que algunas transacciones -ventas y alquileres de inmuebles- no estaban observando las normas establecidas por la Iglesia, lo cual daba lugar a sospechar que algunos allegados a la curia se podían estar beneficiando en perjuicio de la curia metropolitana.
Estas sospechas no son nuevas. El entonces cardenal Bergoglio ya había tomado medidas con respecto a algunas oficinas del arzobispado. Sin embargo, en sus cercanías se asegura que algunas de las personas que él había objetado -y apartado- en aquel momento ahora como pontífice seguían teniendo gravitación en las finanzas curiales con la anuencia de su sucesor, el cardenal Mario Poli, quien no compartió muchas de las decisiones de Bergoglio, no solo en materia económica, sino también pastoral.
Uno de los puntos de la auditoría apunta a la no observancia del cardenal de las normas económicas, en particular, que no haya constituido el Colegio de Consultores y, en los hechos, se encuentre inoperante el Consejo de Asuntos Económicos, que deben monitorear las transacciones.
Uno de las principales transacciones bajo sospecha es venta de un edificio de gran valor: la llamada Casa del Catequista, ubicada en la calle Guatemala al 5600, en el barrio de Palermo.
Como se desprende del informe que trascendió este martes -una carta de la congregación para el Clero del Vaticano, autora de la auditoria, a Poli- no se habría solicitado la correspondiente autorización del Vaticano como lo exigen las normas cuando se trata de bienes que -en el caso de la Iglesia en la Argentina- superan los 300.000 dólares.
Este jueves el cardenal tendrá una audiencia con el Papa. Se trata de un posible hecho de corrupción, que se suma a los incontables casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.

4.5.2022

“O se toman uno de sus días particulares o les va a descuento” fueron las palabras que se escucharon en los teléfonos de cada una de las trabajadoras que quisieron adherir al paro del 8M en el Ministerio de Educación de CABA.

«El día previo al paro internacional de mujeres varias compañeras del ministerio de educación enviamos un mail a personal informando nuestra adhesión. Desde el minuto 0 la gerencia persiguió a las compañeras amenazando con descuentos y amedrentando por teléfono» denuncian desde el cuerpo de delegados y delegadas de ATE, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Casi 2 meses después los funcionarios de la cartera porteña enviaron el descuento a quienes participaron del paro del 8 de Marzo, siendo un hecho excepcional teniendo en cuenta que no ha sucedido en otros organismo públicos. No sorprende, quien preside dicho ministerio, es Soledad Acuña, conocida ya por sus polémicas declaraciones xenofóbicas y clasistas.
Consultados por esta situación, las y los delegados del área, subrayan que «Las artimañas de los empleadores y los contratos precarizados hacen de esta práctica algo habitual pero nunca esperábamos semejante cinismo por parte de una autoridad pública» y añaden, «es inaudito que sea la misma ministra, –quien participó de la movilización y se dio el lujo de llevar un micro al congreso con bombos y platillos– quien nos descuente casi 4.000 pesos por el mero hecho de ser mujeres y sindicalistas».
Cabe señalar que este hecho se da luego de casi un año de construcción gremial y a poco tiempo de las elecciones en el sector.
Finalmente desde ATE, manifiestan que «aún falta mucho por pelear, solo en el Gobierno de la Ciudad hay más de 20.000 compañeras y compañeros monotributistas, necesitamos un Estado plural y feminista que sea la herramienta para conseguir la tan ansiada justicia social»

3.5.2022

Por Agus López

El unipersonal interpretado por Luis Gianneo, se estrena este viernes 6 de mayo a las 20 horas, en el nuevo espacio cultural del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), en Adolfo Alsina 975.

La obra “Julius” de Rubén Pagura, se estrena este viernes 6 de mayo a las 20:00 en el nuevo espacio cultural del Partido de los Trabajadores Socialistas en Adolfo Alsina 975.
En este unipersonal, Luis Gianneo encarna a Julius Fucik, un periodista militante del Partido Comunista de Checoslovaquia que fue apresado por los nazis. Este escribe todo lo que padeció en prisión. Al morir, su mujer recupera estos escritos y los publica en un libro que se llamó “Reportaje al pie de la horca” de Julius Fucik. Allí, además, expresa sus firmes convicciones que se mantienen vivas hasta el momento de su ejecución.
“Sé que seré condenado y que mi vida llega a su fin, pero también sé que hice lo que pude por nuestra victoria, estoy seguro de que seremos los vencedores. Nosotros morimos, pero otros vendrán a continuar nuestra obra.”
Rubén Pagura hace una adaptación de este libro, para llevarlo al teatro. De esta manera nace la obra “Julius”. Este espectáculo, encarnado por Gianneo, está basado en la puesta en escena que hiciera Rubén Pagura.
Las entradas tienen un valor de $ 500 y ya pueden conseguirlas en: alsinateatro@gmail.com

29.4.2022

La dirigente del Frente de izquierda del MST Celeste Fierro y la referente piquetera del Movimiento Sin Trabajo «Teresa Vive» Mónica Sulle presentaron este jueves una denuncia por discriminación contra el diputado porteño Ramiro Marra y su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con el objetivo de «combatir su ofensiva antiderechos».

«Estos sectores como (Ramiro) Marra y (Javier) Milei, que se presentan como libertarios, van en contra de las libertades democráticas como el derecho a la protesta y además incitan con sus dichos y estos nuevos movimientos a la violencia y al odio», dijo Ferro en un video difundido en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, Sulle expresó: «Ante las declaraciones que hizo -Marra- que nos manda a trabajar, es justamente uno de los pedidos que venimos haciendo en cada una de nuestras movilizaciones en nuestros acampes: la necesidad de tener un trabajo formal, y no tenemos respuesta desde el Gobierno, ni del Ministerio de Desarrollo. El Sr. Marra tiene que tener claridad de que no somos nosotros el problema, con los programas sociales no sostenemos las casas, trabajamos en la economía informal».
La denuncia cuenta con el patrocinio de Mariana Chiacchio, del Centro de Abogades por los Derechos Humanos.
Entre los hechos detallados en la denuncia a la que accedió Télam, las dirigentes señalaron que el Movimiento Antipiquetero Argentino promovido por Marra «pretende avasallar los derechos constitucionales de un determinado grupo social: pobres y desocupados ‘piqueteros’» y recordaron que el piquete fue adoptado por los sectores más vulnerables de la sociedad.
«Es un método de lucha para visibilizar lo que el poder busca esconder, es sacar a luz la situación crítica que viven millones. Ante la imposibilidad de parar la producción o un servicio, como sí pueden hacer les trabajadores activos, se cortan calles o rutas para reclamar trabajo genuino y respuestas del Estado para garantizar derechos elementales», explicaron en la presentación.
Por otra parte, denunciaron que el Movimiento «no se denomina Antipiquete» sino puntualmente «Antipiquetero» y, en ese sentido, advirtieron que «no sólo apunta en contra de determinada forma de lucha, sino también en contra de aquellas personas que eventualmente ejercen ese derecho democrático y constitucional a la protesta social».
Además argumentaron que el MAPA resulta «tan abiertamente discriminatorio como si por caso surgiera un movimiento antijudío, antinegro o anti-LGBTI+».
Por último, concluyeron que «de los dichos del propio Marra y de las proclamas de su Movimiento Antipiquetero Argentino se desprende que se trata de una organización cuya esencia es el odio de clase, toda vez que estigmatiza y promueve la criminalización del sector social de pobres y desocupades, y en particular contra quienes reclaman, fomentando la restricción de los derechos constitucionales que como seres humanos les caben».

29.4.2022

Este viernes 29 de abril se realiza el Primer Encuentro Presencial de la campaña para reclamar alimentación de calidad y gratuita, en el que se brindará información sobre la Acción Judicial Colectiva para modificar el sistema alimentario escolar. También habrá una charla con médica pediatra Sabrina Critzmann. Será a las 18, en Avenida Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires.

Compartimos comunicado sobre la Acción Judicial Colectiva:
Se presentó una Acción Judicial colectiva para modificar el Sistema Alimentario Escolar en la Ciudad
En el marco de la campaña “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa” se presentó una acción de amparo colectiva ambiental cuestionando la Licitación Pública que concesionará por cuatro (4) años más el Sistema de Alimentación Escolar.
La demanda tramita en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad N° 22 y fue caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – EDUCACION-OTROS”, Expte. N° 59547-2022/0
En la acción de amparo se solicitó que:
A. Se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 55/22, de la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 y demás normativa dictada en consecuencia, porque el GCBA no garantizó el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa ni se aseguró la democratización en la toma de decisiones con relación a la nueva concesión del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas que forma parte de la organización del sistema educativo (art. 1, 11, 24, 37, 39, 62, 104 inciso 29; art. 4 y el art. 11, inciso i, de la Ley N° 26206)
B. Se ordene la interrupción del proceso licitatorio de la Licitación Pública N° 7192- 1818-LPU21 hasta que el GCBA garantice el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa y asegure la democratización en la toma de decisiones con relación a la nueva concesión del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas y el contenido de los correspondientes pliegos.
C. Para el caso de que la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 se encuentre adjudicada y las empresas prestando el Servicio de Alimentación en base a los pliegos de esta Licitación, se solicita que se ordene al GCBA, de forma inmediata, a convocar a la comunidad educativa a un procedimiento participativo, previamente reglamentado también con participación ciudadana, para debatir la organización de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar y el contenido de los correspondientes pliegos a los cuales deberá adecuarse la concesión en curso.
D. Se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ordenanza N° 43.478, del Decreto N° 55/22, de la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 y de toda normativa que regule y autorice el Sistema de Becas por violar el principio de acceso universal y gratuidad de la educación pública consagrados en el art. 24 de la CCABA, el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, el art. 4 y el inciso h del art. 11 de la Ley N° 26.206; y por violar el principio de progresividad en materia de derechos sociales (derecho a la educación y a la alimentación).
E. Se ordene al GCBA que de forma inmediata garantice la prestación universal del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas (desayuno, almuerzo, vianda, refrigerio y merienda) a todo estudiante sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita.
La Campaña por una alimentación de calidad y para todxs en las escuelas de la Ciudad está integrada por familias, cooperadoras y organizaciones entre las que se encuentran El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.
Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año. Queremos que nuestros chicxs SE ALIMENTEN en las escuelas, y eso está lejos de suceder si se mantiene el sistema de prestación a través de concesionarias.
Por eso, le pedimos al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Educación que, por un lado, democraticen la discusión de Servicios de Comedores Escolares y por otro, que mejoren la calidad del “alimento” que le dan a lxs alumnxs.
Para que las escuelas ofrezcan alimentos de calidad y nutritivos, es fundamental que la ciudadanía pueda participar en esta discusión. ¡Nuestrxs hijxs tienen derecho a una buena alimentación escolar!
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, letrado patrocinante de la causa judicial, expresó: “Las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución Nacional. Además, consolidan la violación del principio de universalidad y gratuidad de la educación pública con el sistema de becas alimentarias. Hace años que los reclamos y cuestionamientos al Servicio son permanentes por la comunidad educativa sin que se haya modificado sustancialmente la prestación del servicio que empeora cada día a la vez que las empresas reciben cifras millonarias por parte del GCBA. Está en juego la salud y la alimentación de más de 200 mil niños y niñas.
La Ing. María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, manifestó: “En Buenos Aires el servicio de comedores escolares está concesionado hace décadas y son 19 las empresas las que hace 20 años se reparten este negocio multimillonario. Hablamos del servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes. Una semana antes del comienzo de clases, el GCBA llamó a una Licitación Pública para definir qué empresas, durante 4 años, van a ocuparse de este servicio. El valor del pliego, los plazos para presentar la oferta, el sistema de puntuación indicaría que todo estaría direccionado para favorecer a las mismas 19 empresas denunciadas sistemáticamente por las familias, las cooperadoras y los organismos públicos. En este contexto desde la Campaña por una Alimentación de Calidad y Gratuita para todes impulsamos una acción judicial de amparo colectivo cuestionando la constitucional de la licitación pública del Servicio de Comedores Escolares y del sistema de Becas por violar las instancias de participación para el conjunto de la comunidad educativa y los principios de universalidad y gratuidad de la educación pública”.