Comunicadores del Sur

18.7.2022

Luego de una audiencia pública de 5 días en la que hubo una oposición mayoritaria a la obra que pretende realizar el Gobierno porteño para el Arroyo Medrano, los vecinos organizados con el apoyo de organizaciones y referentes políticos y sociales enviaron una carta al Banco Mundial que es el financiador del proyecto.

Vecinos organizados del barrio porteño de Saavedra continúan su pelea contra la construcción de un arroyo artificial en el parque que intenta realizar el Gobierno de la Ciudad. Luego de una audiencia pública que se tuvo que extender por 5 días entre los últimos días de junio y los primeros de julio, debido a la cantidad de inscriptos, en la que el rechazo a la obra fue mayoritario, ahora enviaron, con el apoyo de organizaciones y referentes políticos, una carta al Banco Mundial que es el financiador del proyecto.
Tanto en la audiencia como en la misiva, plantearon que es “innecesario e inútil” el proyecto de regeneración del Arroyo Medrano y que no se cumplirá la promesa de que mitigará las inundaciones. Solicitan, en cambio, que se avance con la obra del segundo reservorio de agua pluvial en el Parque Sarmiento al entender que servirá para evitar los anegamientos en días de lluvias intensas. Todo, fundamentado con “opiniones de percepción social como técnicas especializadas”, según dice el documento enviado a la entidad bancaria.
El plan oficial sobre el Arroyo Medrano fue anunciado en septiembre del 2021, pero con otro enfoque que refería a la propuesta para abrir a cielo abierto medio kilómetro del curso de agua que permanece entubado desde 1942 y corre por debajo del Parque Saavedra. Tras el rechazo masivo de los vecinos y vecinas, el proyecto fue replanteado en varias ocasiones hasta la redacción final que contempla la creación de un “reservorio temporal” de unos 400 metros de extensión, por seis de ancho y dos puentes, que promete reducir el riesgo de inundaciones en la zona.
Sin embargo, los argumentos que se expresaron en la audiencia hablan de que no se dará una solución sería e integral al tema de las inundaciones y se perderán (cómo mínimo) unos 5.000 metros cuadrados de espacio verde. Caracterizaron el proyecto como “paisajístico” y lo relacionan con el nuevo código urbanístico (al que también se oponen) y la especulación inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad.
Asimismo, en la carta enviada al Banco Mundial, manifestaron que se deriven los recursos previstos para la obra a la realización prioritaria del denominado Reservorio 2 en terrenos ya definidos en el cercano Parque Sarmiento (en terrenos de un ex-drive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de 2006.
“Reafirmamos nuestro firme apoyo a la necesidad de avanzar inmediatamente en el demorado plan integral para la prevención de inundaciones en forma interjurisdiccional (el arroyo Medrano atraviesa partidos del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires), para llevarse adelante sin demora en forma racional, eficiente, transparente y efectiva utilizando recursos existentes y a gestionar. Este proyecto, mal denominado “Regeneración del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra” por su irracionalidad, ineficacia, desmerecimiento de la opinión vecinal, impactos ambientales y alto costo alternativo es absolutamente contrario a tal perspectiva imprescindible”, explicaron.
Desde las bancas en la legislatura porteña del FIT-U que viene apoyando y tomando los reclamos de los vecinos (también con el apoyo de la diputada Nacional Myriam Bregman) se presentó un pedido de informe para que el Gobierno de la Ciudad explique los motivos que lo llevaron a no iniciar esta obra y en el que se pregunta si esto tiene relación con la cesión de terrenos al Belgrano Athletic Club en el Parque Sarmiento.
Esta obra no es más que un nuevo capítulo de avanzada sobre el espacio verde para favorecer los negocios inmobiliarios, denominado extractivismo urbano, impulsado por Rodríguez Larreta y no puede ser analizado por separado a la reciente oleada de convenios de modificación del código urbanístico para construir torres en zona de casas bajas. Un proyecto de ciudad de negocios millonarios con constructoras vendiendo espacios públicos y verdes. Iniciativas con un alto impacto socio-ambiental que han recolectado un amplio rechazo popular y de organizaciones políticas, sociales y ambientales.

16.7.2022

El mismo se conoció 5 días antes de que la Justicia de la Ciudad removiera al Juez que llevaba la causa. Un claro guiño que le da impunidad a Horacio Rodríguez Larreta. El hecho adquiere mayor gravedad porque se da en el marco de otros fallos que garantizan la impunidad de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en las causas por el espionaje a los familiares de Santiago Maldonado y del ARA San Juan.

Un peritaje oficial, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria con fecha 8 de julio, confirmó que el Gobierno porteño utilizó de manera ilegal el tan cuestionado Sistema de Reconocimiento Facial implementado en el 2019 luego de haber modificado la Ley 5.688 de Seguridad Pública y que utiliza las cámaras que se encuentran en la vía pública.
El estudio informó que 8045 personas de las que fueron cargadas en el sistema no se encontraban bajo órdenes judiciales, ni en el CONARC (Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). Mientras, por otro lado, detectó 356 registros que fueron ingresados, buscados y luego borrados manualmente del sistema, entre otras irregularidades.
Los datos otorgados por el peritaje dan cuenta como mínimo de varias irregularidades que el Gobierno porteño no puede explicar. Quizás por ello, 5 días después de presentado en el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa. La misma había sido iniciada por la demanda del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) que plantea la inconstitucionalidad Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP).
Este hecho que otorga un guiño de impunidad a Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli al momento de la implementación del sistema, cobra mayor relevancia ya que se da en el marco de otros fallos que garantizan la impunidad de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en las causas por el espionaje a los familiares de Santiago Maldonado y del ARA San Juan.
Las firmas para la remoción del Juez Gallardo, según informó Página 12, fueron aportadas el miércoles 13 de julio, por Inés Weinberg, candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi, ex número dos del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y Marcela De Langhe, allegada a Horacio Rodríguez Larreta.
La legisladora porteña del PTS en el Frente de izquierda, Alejandrina Barry, indicó que “es por eso que desde el FIT votamos en contra de la política de Larreta de convertir la Ciudad en un Gran Hermano. Presentamos el proyecto para prohibir el Sistema de Reconocimiento Facial y solicitamos la interpelación del Ministro de Seguridad de la Ciudad para que dé explicaciones sobre esto”.
En abril pasado, Barry había presentado un pedido de interpelación al ministro Marcelo D’Alessandro, ante las irregularidades que salieron a la luz en la utilización del sistema de reconocimiento facial y que implicaban la consulta de datos biométricos de dirigentes políticos, sociales y de DD HH. Luego, ante la falta de explicaciones, la legisladora presentó un proyecto de Ley de derogación y prohibición de la herramienta.
En la sesión legislativa del 22 de octubre del 2020, donde se aprobó con 36 votos afirmativos y 18 en contra la regulación del Sistema, la voz cantante del Frente de Izquierda la tuvo la actual diputada nacional y entonces legisladora Myriam Bregman. En la misma llevó las denuncias que realizarán organizaciones de derechos humanos especialistas en el tema, dando cuenta de las irregularidades del sistema. En ese momento advirtió que iba a ser una herramienta de espionaje político en manos de Horacio Larreta. “Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe”, dijo.

16.7.2022

Por Juan Borges

El entonces agente policial de la Metropolitana fue condenado a 16 años de prisión por el intento de homicidio de Lucas Cabello. Su pena fue ratificada por la Casación. Sin embargo, la pena no fue de cumplimiento efectivo.

A pesar de que el agente policial Ricardo Ayala fue condenado por el Tribunal Oral N° 1 en 2019 a 16 años de prisión por el intento de homicidio agravado del joven Lucas Cabello en 2019, y la pena ratificada por la Cámara de Casación este año, el uniformado continúa en libertad. El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General nro. 1, Nicolás Amellotti, – en línea con la querella- había requerido la detención del agente condenado por el delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”.
El abogado de la querella Matías Busso conversó sobre la situación del uniformado condenado y sobre los pasos a seguir luego de la que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación denegara el pedido de detención del agente. “La Corte debería rechazar el caso, como hace la mayoría de las veces, con el artículo 280. Este es un caso que claramente debe ser rechazado. Una vez rechazado que se haga efectiva la condena”. Además, el letrado sostuvo: “No amerita que la Corte se inmiscuya en el asunto. El juicio fue claro, no hay mucho que discutir en torno al caso. A Lucas le dispararon en tres oportunidades en el suelo y el arma agresora era del efectivo Ayala”.
“A nosotros también nos cuesta explicarle a la familia que Casación confirmó la condena, que es parte de la noticia buena, pero que esta no es efectiva, que sigue en libertad el acusado. Todo esto pone en juego la fortaleza de la familia y el Poder Judicial no tiene en cuenta que el factor anímico juega un gran papel en la salud de Lucas. No están tutelando el derecho a la víctima, ni tampoco están haciendo nada para protegerlo”, desarrolló Busso. En este mismo sentido, se refirió a la decisión de los camaristas de denegar el cumplimiento efectivo de la pena. “El Poder Judicial es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Ayala está en libertad porque estuvo vinculado a la Policía Metropolitana y después a la Policía de la Ciudad. El Poder Judicial a los pibes de los barrios populares o desocupados les dicta la prisión preventiva, poniendo que no van a sujetarse a proceso, pero a los poderosos de cierto poder económico se les respetan todas las garantías”.
El letrado ahondó en los cuestionamientos a la resolución del tribunal de alzada: “Por otro lado, es un poder lento e ineficaz, porque pasaron siete años y debería haberse resuelto hace tiempo y sigue sin resolverse. Frente a ese retardo se excusan, tanto el Poder Judicial en general como la Cámara de Casación en particular. Nadie quiere asumir el costo de encarcelar a un efectivo policial”. A su vez, Busso enfatizó sobre la necesidad de protección sobre el derecho a la victimar: “El poder judicial debe velar por la protección de la víctima y en este caso, que las víctimas son Lucas Cabello y su familia, no tiene una reparación en el sentido integral y sufren el temor de cruzarse con esa persona en cualquier momento”.
Por último, se refirió al planteo realizado por el fiscal que advirtió sobre la posibilidad de fuga por parte del uniformado: “Es cierto, lo planteamos en el escrito también. Podemos decir que ya la condena está firme, se cumplió la garantía del doble conforme y por otro lado Ayala tiene una causa también por falsificación de documentación, por un registro de conducir trucho. Cualquier persona por estas dos causas estaría en prisión”. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había puntualizado en su pedido de detención que “el riesgo de fuga en el presente caso debe ser considerado con mayor seriedad, dado que, de concretarse, se vería comprometido el deber del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”.

14.7.2022

Se llevará a cabo el sábado 16 de julio, a partir de las 17 horas. Dicha casa socialista se encuentra ubicada en Cosquín 4786. Se trata de un espacio para pensar cómo hacerle frente a la crisis que atraviesan las y los trabajadores y para organizarse por un socialismo construido desde abajo. Estará presente el diputado nacional Alejandro Vilca, dirigente del PTS/FIT-U.

El sábado 16 de julio, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo un festival por la inauguración de la casa socialista Centro Cultural Fuegos de Oktubre del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura de estos espacios, en todo el país, servirán para que las y los trabajadores ocupados, desocupados y precarios, piensen en organizarse por un socialismo construido desde abajo.
Estará presente el primer diputado nacional coya por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, referente del PTS/FIT-U, (ex) trabajador de la recolección de residuos y un luchador por los derechos de las y los trabajadores y de los pueblos originarios.
Referentes del PTS, de la zona de Lugano, se expresaron sobre la importancia que tienen estos espacios, “la Casa Cultural Socialista que estamos inaugurando en Lugano, queremos que sea un lugar donde la juventud, las mujeres y las y los trabajadores podamos juntarnos y disfrutar de música, exposiciones artística y buena charla. Intercambiar sobre la situación de crisis en la que nos encontramos y que nos imponen los gobiernos y el FMI y cómo enfrentarlos”, fueron las palabras de Alicia Navarro Palacios, directora de una escuela del barrio y militante de dicho partido.
Juan, quien representa a una juventud precarizada, dijo: “Invitamos a construir este espacio, que venimos desarrollando a puro pulmón. Queremos que sea el espacio de coordinación de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y docentes, jóvenes y adultos. Apostamos a confluir quienes hoy tenemos el peso de una crisis económica, que todas las fuerzas políticas capitalistas quieren imponer sobre nuestras espaldas. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los liberales, ya mostraron que quieren conspirar con el FMI para construir su futuro de mayores desigualdades, entonces conspiremos entre nosotros, para pelear por otro futuro, donde los trabajadores planifiquemos nuestra propia sociedad”.
Raúl Godoy, obrero de Zanón, fábrica puesta a producir bajo gestión de sus trabajadores en Neuquén, y referente del PTS, también se suma a la invitación y te cuenta sobre estos nuevos espacios de organización y lucha de la clase trabajadora. La idea es que sea un espacio construido por todas y todos, con una perspectiva socialista que pelee por una sociedad más justa.

13.7.2022

Por Micaela Echeverría – Estudiante de Biología

Este martes, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEyN), se reunieron con la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes (CECEN). Allí, el reclamo de lxs jóvenes que estudian ahí y trabajan en Tecnópolis ultra precarizadxs se hizo escuchar con fuerza.

Este martes, Guillermo “Willy” Durán y Valeria Levi, recién electos decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEyN), se reunieron con la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes (CECEN), es decir, con las agrupaciones que tienen representación en el Centro (conducción y secretarias). Una reunión que no fue difundida ampliamente, para evitar que se expresen los reclamos estudiantiles.
La última semana, el Consejo Directivo de la facultad volvió a firmar el convenio de Tecnópolis con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT). Este convenio, históricamente pone en calidad de “becadxs” a todos aquellos que queden en la selección del trabajo de divulgación, sin aportes, sin viáticos, sin cobrar las faltas por enfermedad y con la posibilidad de escisión de la beca cuando el contrato termine o las autoridades lo decidan.
En este sentido, varios becadxs para la próxima edición de Tecnópolis se acercaron a la reunión a exponer la situación de precarización que se vive y a discutir la posibilidad de una mesa de diálogo. Al respecto, Julieta, trabajadora de Tecnópolis y estudiante de la facultad, aseguró: “Frente a la crisis social, económica y política, dónde cambian los funcionarios pero el ajuste del FMI continúa, el aumento fue de un 7% respecto de la edición anterior. Un miserable aumento de cuarenta pesos por hora mientras la inflación interanual se calcula al 70%”.
El decano electo y actual miembro del consejo directivo respondió que el convenio con Tecnópolis es indiscutible. Durán planteó que es un asunto cerrado, ya que la facultad no puede hacer nada frente al Ministerio de Ciencia y Técnica. Confirmó que trabajaron junto a la Secretaría de Extensión y Bienestar de la facultad para aprobar el convenio, ya que si no lo tomaba Exactas lo podía tomar otra facultad. Inclusive llegó a decir que si él hubiese votado en contra en el Consejo, no habría becadxs de la facultad. ¿Pretende que le agradezcan el trabajo precario?
Una muestra más de que las autoridades, incluso las que tienen discursos más progresistas, defienden a rajatabla un modelo de ciencia y universidad precarizador.
Para los becarios de Tecnópolis las respuestas siempre son las mismas: “Estamos trabajando en eso”, “No le corresponde a la facultad”, “Los convenios no se pueden modificar”, “Para la próxima edición lo vemos”. La realidad es que tras diez años de ediciones las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas (o peores). Las autoridades de la facultad hablan mucho de “ciencia para todos”, pero lxs estudiantes de ciencias becadxs siguen sin ser reconocidos como trabajadorxs.
En ese sentido, Julieta, también referente de En Clave Roja en el Frente de Izquierda, concluyó: “Como planteamos en la reunión con mis compañeras y compañeros de Tecnópolis, exigimos que la facultad habilite una mesa de diálogo con el Ministerio y aumento de salario ya. La conducción de nuestro centro de estudiantes, en manos de Identidad – La Cámpora, tiene que levantar este reclamo desarrollando una gran campaña en toda la facultad y la UBA y ponerse a disposición de las medidas que debatamos los trabajadores y estudiantes de la facultad”.