Comunicadores del Sur

17.6.2022

Desde el espacio además señalaron que “desde la llegada de las fuerzas policiales se sucedieron una serie de hechos de inseguridad gravísimos, como ser, el robo de la totalidad de las llaves de portones perimetrales, puertas de acceso e internas de la totalidad de los edificios del predio, de un tablero inviolable al cual solo tenían acceso exclusivo los agentes federales, o el hurto de una costosa consola de sonido en el Centro Cultural Haroldo Conti, mientras las cámaras de monitoreo permanente, controlada por los policías, se ‘apagaban’ durante 14 horas sin que nadie lo advirtiera, ingresando los o el ladrón al lugar sin necesidad de violar puertas”.

Carlos Muñoz de la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA, habló sobre la preocupación de los trabajadores del predio y organizaciones de derechos humanos: “Hay policías adicionales, todos de civil y sin identificación. Empezaron a participar de actividades de observación y ahora se quedaron con el control de monitoreo de cámaras desde el Ministerio de Seguridad. Si venís a la ESMA te va a estar observando la policía con las fuerzas federales”, lamentó.
“Hace dos años, y por decisión de la gestión del secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), la policía se hizo cargo, primero del control perimetral del predio, es decir, de los accesos, que se justificaba por la cuarentena obligatoria y de ausencia de trabajadores en el predio. La situación va variando porque se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “la situación se agravó cuando empezaron a monitorear desde el sitio de memoria, es decir desde el museo, lo que llevó a un conflicto gremial con ATE. Hoy estamos en una medida de fuerza por la presencia de la policía”.
“Se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”
Consultado por los hechos de inseguridad, el referente relató: “Se robaron las llaves de todos los portones de las 17 hectáreas de la ESMA, que estaban bajo custodia de los compañeros del Área de Protección y Vigilancia, y que con la pandemia quedaron bajo la autoridad de la Policía. Ese llavero tiene las llaves de edificios de organismos de derechos humanos, del Archivo Nacional de la Memoria, del Centro Cultural Conti, por decir algunas”. Además, “la gestión no sólo no cambió las cerraduras, sino que tampoco abrió un sumario”, para investigar el hecho, explicó.
Desde la recuperación del actual Espacio de Memoria en 2004, nunca se registraron situaciones de estas características, resaltó Muñoz, quien también destacó el episodio sucedido en el Centro Cultural Conti: “Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”, y además “no violaron ninguna puerta. Se fueron y entraron por un portón también controlado por la Policía Federal”.
“Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”
“Hace seis meses tuvimos una charla con Horacio Pietragalla, que es un hijo, un compañero, pero percibimos que no tenía toda la información, sino que se enteraba en ese momento lo que pasaba, a pesar de que su jefe de gabinete estaba al tanto de todo”, explicó Muñoz al ser consultado por la respuesta del gobierno ante las denuncias realizadas.
En el comunicado, exigen que el “Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Horacio Pietragalla, ordene el inmediato retiro de los agentes policiales encubiertos de la totalidad del predio, deje de agraviar la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, y arbitre los medios necesarios para el retorno del cuerpo de trabajadores/as Protectores/as a sus tareas habituales tal como transcurría en tiempos de prepandemia”.
Por último, el referente recordó que “en 2004 cuando ingresamos al Casino de Oficiales de la mano de Néstor Kirchner, él prometió que nunca más las Fuerzas Armadas iban a estar en la ESMA y hoy encontrás a la Policía de civil”.

15.6.2022

Ivana Otero, Secretaria de Cultura de Ademys y docente del PTS, participó del debate sobre lenguaje inclusivo en la TV Pública, durante el programa “Desiguales”, conducido por Luli Trujillo y Pablo Caruso, en base a la resolución tomada por Larreta y Acuña para prohibir su uso en las escuelas porteñas.

Ivana Otero, Secretaria de Cultura del sindicato de Ademys, docente del barrio de Lugano, participó del debate en la TV Pública, durante el programa “Desiguales”, conducido por Luli Trujillo y Pablo Caruso, sobre lenguaje inclusivo, tema que se viene dando a partir de que la derecha conservadora, antiderechos y heteronormativa, en este caso, el Gobierno porteño prohibiera la utilización de “e”, “x” y “@” en los colegios públicos de la Ciudad.
Estuvieron presentes también Amparo López, del Centro de estudiantes de Lenguas Vivas y Manuel Becerra, profesor de Historia de escuela media, para debatir sobre este tema. A partir de un paquete de medidas implementadas para “mejorar la comprensión y fluidez lectora”, según la ministra Soledad Acuña, dónde en dicho paquete se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la enseñanza.
Hace unos días compartimos los resultados de las evaluaciones 2020 y 2021 sobre los aprendizajes de los estudiantes de la Ciudad. Dentro del paquete de medidas implementadas para mejorar la comprensión y fluidez lectora, vamos a limitar el uso de la E, X y @ en la enseñanza. pic.twitter.com/IxoCarTQTM
— María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) June 10, 2022
Entre la ministra Soledad Acuña y Larreta, explicaron que, en este último tiempo, las y los alumnos no tienen comprensión lectora y que las y los docentes, “tienen que respetar el idioma español”.
Los presentes se refirieron a cómo se vivió esto que anunciaron Larreta y Acuña. Ivana Otero dijo: “Puedo estar presente en el programa porque la escuela nocturna, en dónde trabajo, tuvo que cerrar momentáneamente por falta de agua y esto habla de las condiciones en que se encuentra la educación. No hay ningún acto progresivo que comience con la prohibición de algo”.
Y continuó: “El debate que se da es lo que se viene a prohibir. Y lo que se viene a prohibir es el movimiento que hubo por abajo, muy enorme, de estudiantes, secundarios, del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, que es lo que se está cuestionando. Entonces el rechazo es profundo, más allá, de si los docentes utilizan o no el lenguaje inclusivo, porque están negando que se exprese esa juventud”.
También se refirió a lo que venía pasando con el lenguaje inclusivo hasta antes que el Gobierno porteño haya decidido prohibirlo y expresó que, “la realidad, es que el lenguaje es una construcción social, entonces, lo que sucede en las escuelas es que hay docentes y estudiantes que lo usan y otros no. Estoy en un tercer grado y en el proceso de alfabetización, los contenidos y materiales, actualmente, no son con lenguaje inclusivo, así que cae en un saco roto lo que dice la ministra de educación, porque en los hechos concretos, aún no se ha avanzado en incluir el lenguaje inclusivo, aunque sería muy interesante, ya que no está en los materiales oficiales”.
Luego hubo un intercambio y el profesor de Historia de escuela media sostenía que las y los chicos se encuentran en un proceso, a esa edad, de emergencia de las identidades que se van conformando y esta prohibición impacta de lleno en la búsqueda e indagaciones que hacen las y los adolescentes en cuanto a su sexualidad y su género. Por otro lado, debemos tener en cuenta que todo lo que dice Acuña, tiene que ver, siempre, dentro de un marco de campaña electoral, no debe ser pensada como una política real, tal cual decía Ivana, las maestras no alfabetizan en lenguaje inclusivo, no existe el fantasma que quiere imponer Acuña”.
La conductora preguntó en qué evidencia se basa la ministra, ya que se contradice en una de sus declaraciones. A lo que contestaron que hay indagaciones de lingüistas muy prematuras que también llegaron a conclusiones contrarias y refuerza la construcción de una identidad política.
La estudiante del centro de Lenguas Vivas manifestó que, “si bien las y los jóvenes, estudiantes utilizan más el lenguaje inclusivo, además de eso, hay una construcción de un montón de espacios que nosotros logramos dar, entendiendo, y esto me parece central, que la educación pública es sinónimo de inclusión. No se puede pensar el lenguaje de esta manera porque excluye a las diferentes identidades, las cuales existen y hace mucho tiempo, o sea, por qué la ministra anuncia esta prohibición, que incluso no se entiende qué es lo que resuelve, prohibiendo y avasallando situaciones que ya existen y que hemos logrado incorporar de otras maneras más inclusivas y en conjunto con las instituciones”.
Acuña dijo que va a haber sanciones, no solo que está prohibido, sino que quién utilice el lenguaje inclusivo, va a recibir algún tipo de penalidad. Ivana tomó la palabra y dijo: “Comparto que esto es parte de un discurso de campaña electoral, pero retomando, en relación a las sanciones, ya lo vimos con la Reforma del Estatuto Docente, ellos buscan generar una competencia dentro del propio plantel docente, entonces, plantean que sean los propios directivos los encargados de sancionar. Con Jorge Adaro, quien es parte de la directiva del sindicato de Ademys y Juan Manuel Di Vicenzo, quien es delegado de una escuela del barrio de Soldati, el gobierno ha avanzado en querer sumariarlos y es muy grave ¿con qué se los penalizan? que no cobren su salario durante un mes, solamente por haber denunciado en qué condiciones está la educación, durante la pandemia, mientras la ministra cobra medio millón de pesos por mes”.
Agregó: “Es parte de la realidad, el avance reaccionario y buscar penalizar. Aparte, el colectivo de “Vacante Para Todes”, vienen denunciando la falta de vacantes en todos los niveles, pero sobre todo en el inicial, hablando de la importancia que tiene la alfabetización que comienza en el nivel inicial. Este colectivo se ha pronunciado y le parece incorrecto prohibir el lenguaje inclusivo por todas las razones que se plantearon”.
Ivana dijo que hay varias instancias de discusión, “es una propuesta, de comenzar a responder de forma conjunta, en común con la comunidad educativa, inclusive también desde la Legislatura, por lo menos desde el Frente de Izquierda se propuso una derogación de la prohibición del lenguaje inclusivo, o sea, empieza a haber respuesta por abajo y creemos que se va a poder confluir en las calles próximamente”.
Luego agregó sobre la relación de las y los docentes con las familias: “Hace poco menos de un mes, en una reunión, una mamá, apenas llegó ¿sabés qué me dijo? que acababa de ser despedida. Por qué razón le pregunté y me dijo: porque yo quería venir a tener esta reunión con vos y me despidieron por ese motivo. Esa es la realidad que estamos viviendo en las escuelas y esa es la unidad que tenemos los docentes con las familias, diálogos reales que suceden sobre los cuáles, los gobiernos tienen que empezar a operar para que realmente, se pueda comenzar a alfabetizar correctamente”.
Finalizó diciendo sobre el lenguaje inclusivo que, “por supuesto vamos a incorporarlo dentro del lenguaje del aula y frente a las sanciones, estamos en condiciones, la comunidad educativa de poder responder en defensa del lenguaje, que es una construcción y las familias van a acompañar”.

15.6.2022

La cita será el viernes 24 de junio a las 19 horas en Caburé Libros (México 620), junto a Alejandro Grimson, Eduardo Jozami y Darío Capelli. “Urge una nueva audacia y creatividad política”, afirmó el politólogo, militante y docente universitario.

El viernes 24 de junio a las 19:00 en Caburé Libros (México 620) se presenta Teoría, política y militancia. Apuntes para el movimiento popular, el primer libro de Sebastián Artola, politólogo, militante y docente de la Universidad Nacional de Rosario.
Con entrada libre y gratuita, acompañaran al autor Alejandro Grimson (antropólogo, investigador del CONICET, docente de la UNSAM y asesor presidencial), Eduardo Jozami (abogado, docente universitario, escritor, ex director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti) y Darío Capelli (sociólogo, docente UBA y miembro del comité editorial de la revista El Ojo Mocho).
Publicado por la Editorial Último Recurso hacia fines del año pasado, el libro se divide en cuatro capítulos: “Toda teoría es política”, “Notas sobre los gobiernos populares en América Latina (1999-2015), “Los cuatros kirchnerismos: un balance necesario”, “Militancia(s): hacia una nueva definición. Notas para una teoría”.
Como cuenta el propio Artola, el libro “es una especie de balance de los debates, lecturas y tiempos vividos, a modo de aporte para un aprendizaje y una sabiduría colectiva que nos permita pensar y avanzar hacia un nuevo tiempo político popular”.
“Urge una nueva audacia y creatividad política, que salga del posibilismo y la impotencia, frente a un mundo cada vez más hostil para las grandes mayorías y la democracia”, planteó el docente universitario y doctor en ciencia política por la UNR.
“La pandemia y la guerra desataron en nuestro país una feroz ofensiva del poder económico más concentrado”. “Ven una oportunidad histórica de multiplicar las ganancias extraordinarias por los precios internacionales de los commodities y quieren terminar con cualquier tipo de mediación del Estado para quedarse con todo, sin importarles las necesidades del país y la realidad de la gran mayoría de los argentinos”. “No podemos pecar de ingenuos en esto, la remarcación semanal de los precios apunta también a debilitar al gobierno y a que gane la derecha en el 2023, esa es la campaña electoral que está llevando adelante el mercado”, sostuvo Artola.
“La unidad es imprescindible, pero no alcanza. Si no tiene un fuerte componente transformador, sino la llenamos de contenido y protagonismo de la sociedad, corre el riesgo de terminar siendo sólo una unidad de dirigentes, superestructural, pero lejos de la gente y el pueblo”, advierte.
“Por eso, es necesaria una política que vuelva a conectar con la sensibilidad, realidad y deseos de una parte mayoritaria de la sociedad”.

La “excepción latinoamericana”

“América Latina, con sus avances y retrocesos, sigue siendo un lugar de intensa experimentación popular, casi excepcional en el mundo. Lo que se diagnosticaba como un nuevo ciclo neoliberal en la región, allá por los años 2014, 2015, se terminó pinchando más rápido de lo que creía. Todos los días tenemos en nuestro continente ejemplos de que la rebeldía también se da en clave popular y no solo por derecha”, planteó el autor.
“El proceso constituyente y la llegada al gobierno de Boric en Chile, el triunfo en primera vuelta de Petro en Colombia, la posibilidad cierta que Lula vuelva a ser presidente en Brasil, son muestras de una región en disputa y díscola a la hegemonía mundial del neoliberalismo, y de permanente elaboración de un modelo político, social, cultural y económico alternativo”.
La radicalización de la derecha
“Acá, y en el mundo, lo que alimenta el crecimiento de la antipolítica y la capacidad de penetración de las derechas más extremas, es el fracaso de la política en dar respuestas a las nuevas realidades y problemas que presentan las sociedades”, analizó.
“Claramente, lo que están en crisis hace varios años es la democracia en su versión liberal y esto provoca por derecha la radicalización de un sector de las clases dominantes en una reacción defensiva de sus intereses”.
“El tema es qué hacemos desde el campo popular y democrático”, se pregunta Artola. “Frente al riesgo autoritario, hay que avanzar hacia una democracia más profunda, hay que abrir un nuevo proceso de democratización de la política, de participación y repolitización en nuestro pueblo, poniendo la política en la mayor cantidad de manos posible”, concluyó Artola.

15.6.2022

Este miércoles 15 de junio el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires inicia el juzgamiento a cinco ex integrantes de la Policía Federal y Gendarmería por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 382 víctimas en el circuito represivo conocido como “ABO” (Atlético, Banco, Olimpo). Las audiencias se desarrollarán los días miércoles a partir de las 9, y podrán verse en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia.

Compartimos nota del Centro de Estudios Legales y Sociales:
En los juicios anteriores se comprobó que se trató de un centro clandestino que operó con el mismo personal, mantuvo a las personas prisioneras y las mismas lógicas represivas en tres sedes diferentes: “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.
El Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina. El Banco se ubicaba en la división Cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. El Olimpo, de la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina. Se comprobó el funcionamiento de este circuito represivo desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.
En esos juicios fueron condenados integrantes del Ejército, del Batallón de Inteligencia 601, de la Policía Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de Gendarmería Nacional.
Durante el nuevo juicio se juzgarán los hechos que damnificaron a 382 víctimas y las responsabilidades de cinco imputados que han llegado a esta instancia. Los imputados al momento de los hechos eran integrantes de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional. Operaban en el centro clandestino, designaban su personal, realizaban la custodia de les secuestrades, mantenían las condiciones de cautiverio e imponían las inhumanas condiciones de vida y los tormentos. También eran los que ejecutaban los “traslados” que en realidad se trataba del homicidio masivo de personas. En este juicio, al igual que el tercero, se tratarán los traslados-homicidios de 19 personas. Además se juzgará el homicidio de una persona cautiva en el centro clandestino El Banco, cuyos restos fueron hallados en las inmediaciones del sitio donde funcionó.
Carlos Infantino pertenecía a la PFA, se encuentra imputado por hechos cometidos durante su actuación en “El Atlético” y “El Banco”. Además se le imputan los hechos de los que fue víctima una joven mujer que trabajaba como empleada en su casa así como de los que fueron víctimas su novio y padre. La joven y su novio permanecen desaparecides.
Sergio Nazario, Miguel Pablo Lugo y Miguel Víctor Pepe, ex gendarmes, son imputados por hechos cometidos durante su actuación en “El Olimpo”, mientras que Hugo Medina fue imputado como partícipe necesario en los hechos, por ser quien designaba el personal que cometería los hechos delictivos en el centro clandestino.
José Ahmed era el sexto imputado que había llegado a juicio, sin embargo falleció semanas antes del inicio. Era subcomisario con funciones en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia y en el Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal. Por las pruebas producidas en la etapa de investigación se pudo comprobar su actuación en las tres sedes en donde funcionó el centro clandestino.
El CELS interviene como querellante institucional en calidad de organismo de derechos humanos. Además, representamos a las querellas constituidas por los hechos que damnificaron a Carmen Aguiar de Lapacó y a Alejandra Lapacó, y junto con H.I.J.O.S. Capital a las querellas presentadas por los casos de Rosa Graciela Giganti, Juan Patricio Maroni, Irene Bellochio, Rolando Pisoni, Isabel Cerrutti y Virginia Isabel Cazalás de Giglio. Actuaremos en forma conjunta con las querellas representadas por el equipo jurídico Kaos y el abogado Pablo Llonto.
Las audiencias se desarrollarán los días miércoles a partir de las 9:00 y podrán verse en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia.

14.6.2022

La movida electoralista de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas intenta correr el foco de los verdaderos problemas de fondo: obras paralizadas, salarios insuficientes y otras cifras que ubican a la Ciudad como el distrito argentino con menos inversión en educación.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dijo este domingo que la utilización del lenguaje inclusivo por parte de los estudiantes genera “un obstáculo” en el aprendizaje y advierte que habrá sanciones para los docentes que incumplan la prohibición de su uso institucional en las escuelas porteñas.
“La utilización de estas nuevas incorporaciones rompen las convenciones del lenguaje y generan un obstáculo en la comprensión y en la fluidez lectora y en la escritura por parte de los estudiantes que están en una situación muy crítica”, expresó esta mañana Acuña.
Si bien es cierto que las pruebas FEPBA (Finalización de Estudios Primarios de CABA) y TESBA (Tercer año de Estudios Secundarios de CABA) realizadas en octubre de 2021 arrojaron resultados alarmantes -particularmente en el área de lenguaje y comprensión de lectura-, los especialistas coinciden en un diagnóstico de fondo como la insuficiente inversión en educación y no en el uso de la e, x y @ en las aulas.
Según explicó a Telam la investigadora del Conicet y profesora titular de Lingüística en la Universidad Nacional de Hurlingham, Mara Glozman, el lenguaje inclusivo y no binario “garantiza el derecho de niñeces y adolescencias que no se autoperciben varón o mujer a ser nombrados”.
No caben dudas, su utilización implica un posicionamiento político que irrita a muchos de los que intentan posicionarse bajo el mote de “libertarios”, sectores que hoy parecen disputarle buena parte del electorado al PRO. Quizás sea esta la razón de fondo de una nueva avanzada prohibicionista, ¿o será acaso una pantalla para ocultar las deficiencias de fondo del sistema educativo porteño?
Un estudio de 2021 ubicaba a la Ciudad de Buenos Aires como el distrito con menos inversión en educación de todo el país, con solo el 17,3% del total de su presupuesto destinado el área (muy lejos del 35,9% de Santa Fe, el 28,61% de Formosa, el 26,2% bonaerense o el 19,15% de Entre Ríos, por citar sólo algunos ejemplos). En 2007, cuando asumió Macri como jefe de Gobierno, la localidad más rica de la Argentina destinaba poco más del 28%; mientras que en 2020 el porcentaje se había descendido hasta los niveles actuales.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo creado por la Constitución porteña con la finalidad de ejercer el control externo del sector público y las empresas, sociedades o entes en los que la localidad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.
Según lo dispuesto por ley, su presidencia debe estar en manos de un representante de la oposición. En este caso y desde hace dos años, Mariana Gagliardi (Frente de Todos) es la encargada de encabezar el cuerpo colegiado compuesto por un bloque de dos auditores contra cinco del oficialismo (dos del PRO, dos de la UCRA y uno de la Coalición Cívica).
Sin embargo, con la llegada del macrismo a la jefatura de Gobierno, en 2007 se produjo una modificación en los reglamentos que terminó por debilitar el rol de su presidencia y puso trabas a las fiscalizaciones. “Esto generó atrasos en las investigaciones, a tal punto que hoy por hoy sólo se auditó el 13% del presupuesto 2019, mientras que la primera gestión de Larreta no se investigó en su conjunto”, señalaba hace aproximadamente un año el abogado y uno de los auditores por la oposición, Lisandro Teszkiewicz.
Según un relevamiento del organismo, debido a las cancelaciones de licitaciones para edificación de obras nuevas, ampliaciones y refacciones en las escuelas, sólo en 2021 la Ciudad dio de baja inversiones en infraestructura por al menos 528 millones de pesos.
A este ajuste en 2021 se suma al registrado durante el anterior ciclo lectivo, cuando sólo en el cuarto trimestre se subejecutó un 48% de lo dispuesto por el presupuesto para arreglos y modificaciones en los edificios educativos.
“Encontramos irregularidades en los procesos licitatorios, incumplimientos por parte de las empresas beneficiarias y contrataciones a parte para resolver sólo algunas de las irregularidades. Es ni más ni menos que la prueba de la destrucción sistemática de la infraestructura escolar durante la gestión del Pro”, apuntó Teszkiewicz.
En otro informe más reciente, publicado días atrás, la Auditoría también advertía sobre “deficiencias en la ejecución presupuestaria en materia de infraestructura” de varios institutos relacionados a la música y el arte. En concreto, menciona las obras paralizadas o demoradas en el Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén”, el Instituto de Investigaciones en Etnomusicología, la Orquesta Emilio Balcarce y las Orquestas Juveniles, todas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad.
Aulas sin calefacción y con vidrios rotos, sistemas eléctricos sin control y superpoblación son sólo algunas de las deficiencias que más se repiten en las escuelas porteñas. Lo mismo sucede con los elementos de higiene y limpieza, que en muchos casos son provistos por las cooperadoras con el aporte de las familias. “No hay ni un edificio del sistema público escolar de la Ciudad que esté cien por ciento en condiciones para el dictado de clases en condiciones normales”, denunció el abogado y auditor porteño. “Y si a esto le sumamos las particularidades que impone la pandemia, peor aún”.
Semanas atrás, Alejandro Morduchowicz, especialista en Planeamiento y Financiamiento de la Educación, realizó una comparación entre los salarios docentes de las provincias argentinas según el valor de las canastas básicas de consumo de cada región.
Según el informe, los docentes mejores pagos en términos de poder de compra son los de Salta. La comparación revela que en la Ciudad de Buenos Aires, los salarios son un 42,3% más bajos que en la provincia del noroeste argentino.