Comunicadores del Sur

1.7.2022

Por Silvana Melo

Las prácticas laborales obligatorias que puso en marcha este año el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ingresan en un sector de adolescentes y jóvenes que están a las puertas de un mercado laboral exquisito, preparado para rechazarlos en masa. En horas de clase –el ministerio de Educación de CABA prefiere resignar la formación ya deficiente en matemáticas o lengua- deposita a los alumnos en manos de empresas o ámbitos del estado como la Policía de la Ciudad para foguearlos en lo que vendrá.

Para que empiecen a conocer el mundo: retracción de las horas de clase, trabajo precario y no rentado y utilización para una suerte de explotación laboral legalizada. Que aparece después de los casi dos años de pandemia, de escuela en constante situación de tambaleo –en todo el país incluida la CABA- y de desempleo que afecta brutalmente al mismo sector que se manipula.
Con una escuela –en todo el país incluida la CABA- que no los forma para la hostilidad del mundo, un mercado laboral que exige experiencia y calificación, una oferta de precarización e informalidad, 29.400 alumnos practicarán trabajo gratis este año en empresas que los usarán y luego los sacarán a la vereda. En el tercer trimestre de 2020 la tasa de desempleo de los jóvenes duplicó a la tasa adulta: 11,7% contra 21,2%. Un informe del PNUD del tercer trimestre de 2021 coloca la desocupación en el 8,2%. La juvenil sube al 17,7%. En 2017 un cuarto de los jóvenes de entre 16 y 24 años estaba desempleado: triplicaba la desocupación adulta.
Las prácticas que puso en marcha Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación Soledad Acuña en escuelas públicas y privadas, son parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”, concepto con buena resonancia pero que no incluye la aclaración que tranquilice a los jóvenes: ¿será mejor, la misma o definitivamente restringida a unos pocos? Se habla de “el desarrollo de estrategias que les faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia su futura inserción en el mercado laboral y de los estudios de nivel superior”.
La práctica laboral en el Centro de Monitoreo de la Ciudad, donde la policía vigila a la ciudadanía, no parece ser la mejor idea. Después del asesinato de Lucas González, de 17 años, que jugaba de volante por izquierda en Barracas Central, la Correpi contó 121 crímenes por parte de la policía de la Ciudad en cinco años. Gran parte de ellos muy jóvenes. ¿Qué sentirán los 150 chicos que harán prácticas con la policía, apenas ocho meses después del asesinato de Lucas?
“En el Comercial 5 de Balvanera, el ministerio de Educación impuso que dichas prácticas se llevarán a cabo en Rappi, en los llamados “turbos”, que son una especie de minimercados, sin atención directa al público, donde entregan el pedido a través de una ventanilla”, denunció La izquierda diario. Repartos como Rappi, Glovo, Pedidos Ya o Mercado Libre son el símbolo del trabajo precarizado preparado para la juventud sin calificación, sin estudios superiores, con escasa esperanza de promoción social. La changa legitimada a través de una aplicación, con el riesgo constante que despliega la calle ante quien maneja una moto o una bicicleta con la velocidad que le permita repartir más. Ganarán entre 200 y 450 pesos la hora, según la distancia y el tipo de entrega.
El 40 % de las familias que envían a sus hijos a la escuela pública son pobres. El 60% de esos niños y jóvenes también lo son. Los alumnos de 5º año están conociendo la precarización de la que serán carne en poco tiempo. Algunos ya trabajan en hamburgueserías o repartos para poder seguir estudiando. Las empresas que los contratan aumentaron sus ganancias exponencialmente, al ritmo de la pauperización de las poblaciones durante la pandemia. Marcos Galperin, propietario de Mercado Libre, se mudó al Uruguay después de acumular una ganancia de 89,3 millones de dólares en 2020: aumentó su fortuna un 61% en apenas un año.
Frigoríficos, medios de comunicación poderosos, empresas de tecnología, concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio para escuelas, cadenas de gimnasios, sanwicherías, bancos, reciben a los chicos dos días por semana entre las 8 y las 12 y aprovechan una mano de obra sin costo laboral: no hay salario ni aportes previsionales ni ART ni obra social ni sindicato que defienda.
Es decir que dos días por semana pierden la totalidad de las horas de clase para aprender, rápidamente, precarización.
Una foto brutal de la educación en el país. Donde sólo 16 chicos de la cada cien egresan de la escuela en tiempo y con conocimientos consolidados. Las aulas de CABA no son una excepción: apenas una variante del deterioro.
Para la ministra de Educación son “populismo educativo” el lenguaje inclusivo –al que responsabilizó absurdamente de los malos resultados- y la alimentación en la escuela en medio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque aprender con hambre es una quimera. Por eso, acaso, restringir la escuela –y el esquema de país- a una minoría.
A los que se quedan en el camino, a los “perdidos en el pasillo de una villa o en actividades de narcotráfico” (Soledad Acuña) nunca se los fue a buscar. Condenados como tantos a los suburbios de ese futuro del que hablan, en el que piensan. Y para el que trabajan.

30.6.2022

Por Diego Moneta

“Ayala no está detenido actualmente porque la Justicia tiene una doble vara”, sostuvo Matías Busso, abogado de la querella. A pesar del pedido de la fiscalía y la querella para que se ordene su detención, el Tribunal Oral rechazó la detención del agente condenado por gatillo fácil.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 rechazó la detención del agente de la entonces Policía Metropolitana Ricardo Ayala condenado en 2019 a 16 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de la función policial, y por el uso de un arma de fuego, en perjuicio del joven vecino de la Boca Lucas Cabello.
Tras la ratificación del fallo condenatorio por parte de Casación, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron su detención. En tanto, la defensa requirió que el uniformado cumpla la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria y elevó el planteo a la Corte Suprema. De esta manera, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 rechazó el planteo para que se concrete la detención.
En declaraciones radiales con FM Riachuelo, Matías Busso, abogado de la querella, explicó la situación procesal del agente condenado y señaló que “Ayala no está detenido actualmente porque la Justicia tiene una doble vara”. Además, detalló: “La prisión preventiva que debería ser excepción es la regla con los sectores populares. Después de la ratificación de Casación, entendíamos que fue siempre necesario que cumpla la condena de manera efectiva. En primer lugar, como mensaje a toda la sociedad, y por otro lado, porque la mayoría de los casos que llegan a la Corte son rechazados, entonces es muy factible que Ayala, en este panorama, quiera fugarse. Ese fue nuestro planteo y el de la fiscalía”.
“Hasta el momento Ayala se encuentra esperando. La defensa realizó un pedido de prisión domiciliaria”, puntualizó el letrado. “Su defensa contrarió nuestros argumentos y dijo que, en caso de detención, pedía domiciliaria. Nosotros lo rechazamos entonces se abre un escenario de discusión. Piden la domiciliaria porque entienden que su pedido ante la Corte va a demorar un tiempo, entonces si logran la domiciliaria ese tiempo se descontaría de la condena efectiva”.
El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General nro. 1, Nicolás Amellotti, habia fundamentado para que se concrete la detención preventiva: “No podemos soslayar que el riesgo de fuga en el presente caso debe ser considerado con mayor seriedad, dado que, de concretarse, se vería comprometido el deber del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”.
Además, la fiscalía explicó: “Resaltamos que la madre de Lucas Cabello, Alejandra Carolina Vila Lorens, en la audiencia ante la Casación pidió expresamente que Ayala cumpla su condena, marcando el miedo y la frustración que le generaba a la familia que Ayala estuviese en libertad, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho ocurrió hace ya siete años. A su vez, se deben tener en cuenta los compromisos asumidos por el Estado Argentino a nivel internacional, al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo referido al juzgamiento, castigo a los responsables y reparación a las víctimas”.
Cabe recordar que la resolución de Casación detalló que la causa contiene “un cúmulo de pruebas concluyente, y, frente a ello, la defensa en su recurso se ha limitado a enunciar contradicciones insustanciales en el relato efectuado por distintos testigos, y plantear una hipótesis alternativa -la de la agresión previa por el damnificado- huérfana de sostén en elemento probatorio alguno”.
“El análisis puntilloso y sistemático realizado por el juez que lideró el acuerdo, quién evaluó la prueba dentro de los límites fijados por la razonabilidad y la sana crítica socava cada uno de los argumentos ensayados por la recurrente, que no se traducen más que en una discrepancia con un decisorio correctamente fundado en cuanto a la acreditación de la materialidad de los hechos y su atribución al aquí acusado”, detalló la sentencia que fue difundida en el sitio web Fiscales.gob.ar.

29.6.2022

Docentes, estudiantes y gremialistas presentaron un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, según el cual unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, mientras que 112 escuelas carecen de calefacción.

Un grupo de docentes, estudiantes, y gremialistas que conforman la Multisectorial por la Escuela Pública, denunciaron este lunes que el 20 % de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas edilicios y el 10 % no tiene calefacción.
Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, “lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.
Además, un total de 112 escuelas públicas de un total de 950 no tiene calefacción, ya sea por falta del suministro de gas o porque no funcionan los artefactos, lo que perjudica a más de 100.000 alumnos y alumnas durante los meses de invierno con bajas temperaturas, según advirtió el informe de la Multisectorial por la Escuela Pública.
En la presentación del mapeo, realizado en las puertas de la Escuela Normal Superior Número 4 del barrio de Caballito, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, denunció una “permanente reducción de la inversión educativa durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta” en la Ciudad.
“La derecha odia que en la escuela pública el conocimiento no sea una mercancía. Nos atacan porque nosotros educamos e incluimos. Durante estos 15 años de gestión no nos pudieron doblegar”, sentenció el dirigente gremial, que ratificó la realización de la marcha que se realizará el miércoles hacia la Legislatura porteña “en defensa de la educación pública”.
Por su parte, el referente de Cooperadores en Movimiento, Pablo Cesaroni, advirtió que hay una «emergencia edilicia” y que “la situación es peor que antes de la pandemia”, mientras que Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE, pidió al gobierno de Rodríguez Larreta “menos marketing y más soluciones concretas” para las escuelas.
En tanto, Zoe Varela, secretaria general del Centro de Estudiantes de la escuela de Teatro Nini Marshall reclamó “decisión política” del Gobierno porteño para solucionar los problemas de infraestructura de los establecimientos educativos y advirtió que “así no se puede estudiar”.

29.6.2022

El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Jarvis, sostuvo que desde el sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta no se piensa en una reforma laboral «a pleno», en el caso de que el jefe de la administración porteña llegue a la presidencia en 2023.

«Quizás eso es muy tentador para otras fuerzas, ponernos en el lugar de que vamos a hacer una reforma laboral agresiva, y no es lo que estamos pensando, estamos trabajando en cómo podemos modernizar la dinámica laboral Argentina con todos adentro», aseveró.
Sin perjuicio de que otros sectores de la oposición no creen en esa dinámica y lo manifiestan a viva voz, Jarvis sostuvo que la premisa de esa modificación de legislación del trabajo, en versión Larreta, incluye a «los sindicatos, empresarios y por supuesto con el Estado, pero no desde un lugar de quitar derechos o de flexibilizar cosas, sino de mirar qué está pasando con el trabajo en el siglo XXI».
En declaraciones periodísticas, el funcionario aclaró que no opinaba como un posible titular del Ministerio de Trabajo de la Nación sino que ofrecía una visión conceptual de su sector.
«La Argentina necesita modernizar su dinámica laboral y eso no significa llevarse por delante los derechos de ningún trabajador, y esa es la visión que tiene Horacio Rodríguez Larreta y que tenemos desde su equipo. No queremos quitar derechos, sí creemos en generar un escenario de mayor previsibilidad para el que quiera generar trabajo, de mayor certidumbre, queremos romper con esa barrera a la contratación», apuntó Jarvis.

Barreras

Para el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA, hay barreras para la contratación, entre ellas el temor a las multas entre otras variables y estimó que la mejor discusión de los convenios es necesaria, pero recalcó «no vemos un escenario donde queremos llevarnos por delante los derechos».
Se incluye en ese ring a la cartera laboral, que terminó reducida a una secretaría, como también nuevos vientos donde la premisa es alejarse de medidas espasmódicas que incluyen el ámbito laboral.

Precios

Respecto del escenario del incremento sostenido de precios si bien Jarvis evitó hacer foco en la responsabilidad empresaria de los grupos concentrados destacó algunos perfiles del Gobierno de Alberto Fernández para aplicar el «shock paritario» como medida antiinflacionaria.
Sin perjuicio de ello aclaró «también hay que pensar en cómo seguimos produciendo condiciones laborales, cómo volvemos a poner de vuelta la negociación colectiva en un lugar donde no solamente se discuta salario sino que se discutan condiciones laborales».
«Hay una forma de ver el trabajo vinculado a cómo vamos hacia adelante, lamentablemente a lo que hoy está obligado el Gobierno, es solo discutir a partir de las paritarias», consideró.
Jarvis participó de las recientes deliberaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, ocasión en la que departió con el titular de la cartera laboral Claudio Moroni, al respecto comentó: «Me pongo en sus zapatos, entiendo y comprendo la altísima presión que debe tener».
«Creo que la gestión del Ministerio ha sido saludable en la pandemia, han tenido resortes importantes de contención, lo que hay es un gran desafío todavía que tiene que ver con cómo generamos empleo, y quizás no es sólo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, porque hay que estabilizar la macro, hay que tener una política productiva agresiva para muchos sectores y por ahí viene el desafío», sostuvo.

27.6.2022

Por Diego Moneta

El domingo se cumplieron dos décadas del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, punto de inflexión para la historia de la militancia y las organizaciones sociales de nuestro país. Diálogo con Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20.

Durante una de las movilizaciones llevada a cabo el 26 de junio de 2002 fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los hechos marcaron el cierre de la crisis institucional inaugurada desde la década del noventa y agravada durante diciembre de 2001. A lo largo del mes de junio, bautizado “junio arde rojo” sus familiares y compañeros de militancia impulsan diversas actividades todos los años, en especial en la ex Estación Avellaneda -hoy Estación Darío y Maxi-, donde los jóvenes fueron fusilados por la Policía bonaerense.
Las condenas contra los involucrados llegaron al inicio del 2006. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque la sentencia recién quedó firme en 2016. Durante este año, los abogados defensores de los asesinos intentaron su libertad condicional pero los recursos fueron rechazados. Por otra parte, los agentes Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman recibieron diversas penas por distintos grados de encubrimiento.
En ese entonces, Kosteki había quedado herido de muerte y Darío, al volver para reclamar por la vida de ese pibe que no conocía, fue asesinado por la espalda. Si bien la difusión de imágenes fue elocuente -el papel de los fotógrafos fue determinante-, diversas autoridades insistieron en la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera, aunque nunca logró ser instalada. Por ello, más allá de las condenas a los autores materiales, los familiares siguen exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos de la represión y la importancia de que los hechos sean considerados un crimen de Estado. Desde la familia señalan a Distintos funcionarios: Eduardo Duhalde y Felipe Solá, cabezas del Ejecutivo nacional y provincial; Jorge Vanossi, ministro de Justicia, entre otros.
La convocatoria para la tradicional marcha de la Estación al Puente Pueyrredón, que inició el sábado a las 11 de la mañana, incluyó una jornada cultural con diversas bandas en vivo, ferias populares y actividades para niñeces. Llegada la noche se llevó a cabo el acto central, con la lectura del documento anual de las organizaciones que participaron en ese entonces, y posteriormente la marcha de antorchas y la vigilia sobre el puente.
A 20 años de los hechos conocidos como Masacre de Avellaneda, Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 se prestó a un diálogo. En 2015 balearon su domicilio, donde funciona un comedor, e hirieron a su hijo. Denunció que se trató de un ataque de sicarios narcos con complicidad policial, haciendo responsables a la Comisaría 52 y al Ministerio de Seguridad porteño. A su vez, Pérez Ojeda fue uno de los absueltos a quien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscó atribuir la “instigación” de la toma del Parque Indoamericano.
A 20 años del asesinato de Darío y Maxi, ¿cómo recuerda aquel día?
Diosnel Pérez Ojeda: Mi primera militancia fue con Darío, siempre fui del Frente Popular Darío Santillán, lo que en un momento fue el Movimiento de Desocupados. Lo conocí alrededor de 2001. Los 26 de junio los recuerdo con impotencia, por como el gobierno mandó para que emboscaran y lo maten. Había 35 heridos pero “por suerte”, aunque no sería la palabra, no fueron más. Es una bronca enorme que a veinte años los responsables políticos sigan siendo funcionarios.

¿Cuál es el legado de la militancia de ambos?
DPO: Te puedo asegurar que su muerte me dio mucha más fuerza para seguir militando. Yo no puedo olvidarme de la muerte de dos compañeros, por eso sigo militando, seguiré siempre y estaré al lado de la familia de Kosteki y Santillán. Yo siempre le digo a Alberto (padre de Darío), que él perdió un hijo pero hoy todos somos sus hijos. Algunos traicionaron la sangre de los caídos en la lucha, aplaudiendo a los responsables, pero nosotros nunca lo vamos a hacer. Siempre pusimos los muertos, parece que los pobres nunca vamos a tener justicia. Vamos a seguir luchando hasta que paguen los responsables políticos.

Hace unos años llevó a cabo una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por entregar comida podrida a los comedores. ¿Ha cambiado esa ausencia y desinterés con los barrios populares?
DPO: Yo sigo siendo presidente de la Junta Vecinal, pero hace rato que caducó su mandato. El Gobierno de la Ciudad ha ido vaciando todo, es una cáscara sin nada. Le dan cosas a su propia gente y a sus propios punteros políticos, es como que la Junta está desapareciendo. Esa actitud no cambió ni tengo esperanza de que vaya a cambiar. Para el Día del Padre ocurrió otra vez, siguen mandando eso. Para los pobres hay carne podrida.

¿Puede postularse cierta línea de continuidad entre la represión del Parque Indoamericano, los reclamos de urbanización en el barrio, la criminalización que buscaron con ustedes, y las denuncias por el alimento en los barrios?
DPO: Lo que están buscando es criminalizar la protesta social. Piensan que de esa manera la gente deja de reclamar. Con la cantidad de personas que están pasando hambre, ya no tenes miedo, si igual te vas a morir. Prefiero morir luchando para vivir dignamente que de hambre. La represión y criminalización de la protesta de los gobiernos de turno a nosotros no nos va a mover de la calle. Por eso es una tristeza que hayan pasado veinte años y los responsables políticos sigan estando como cuadros políticos y que algunos compañeros los aplaudan.