Comunicadores del Sur

29.6.2022

El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Jarvis, sostuvo que desde el sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta no se piensa en una reforma laboral «a pleno», en el caso de que el jefe de la administración porteña llegue a la presidencia en 2023.

«Quizás eso es muy tentador para otras fuerzas, ponernos en el lugar de que vamos a hacer una reforma laboral agresiva, y no es lo que estamos pensando, estamos trabajando en cómo podemos modernizar la dinámica laboral Argentina con todos adentro», aseveró.
Sin perjuicio de que otros sectores de la oposición no creen en esa dinámica y lo manifiestan a viva voz, Jarvis sostuvo que la premisa de esa modificación de legislación del trabajo, en versión Larreta, incluye a «los sindicatos, empresarios y por supuesto con el Estado, pero no desde un lugar de quitar derechos o de flexibilizar cosas, sino de mirar qué está pasando con el trabajo en el siglo XXI».
En declaraciones periodísticas, el funcionario aclaró que no opinaba como un posible titular del Ministerio de Trabajo de la Nación sino que ofrecía una visión conceptual de su sector.
«La Argentina necesita modernizar su dinámica laboral y eso no significa llevarse por delante los derechos de ningún trabajador, y esa es la visión que tiene Horacio Rodríguez Larreta y que tenemos desde su equipo. No queremos quitar derechos, sí creemos en generar un escenario de mayor previsibilidad para el que quiera generar trabajo, de mayor certidumbre, queremos romper con esa barrera a la contratación», apuntó Jarvis.

Barreras

Para el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA, hay barreras para la contratación, entre ellas el temor a las multas entre otras variables y estimó que la mejor discusión de los convenios es necesaria, pero recalcó «no vemos un escenario donde queremos llevarnos por delante los derechos».
Se incluye en ese ring a la cartera laboral, que terminó reducida a una secretaría, como también nuevos vientos donde la premisa es alejarse de medidas espasmódicas que incluyen el ámbito laboral.

Precios

Respecto del escenario del incremento sostenido de precios si bien Jarvis evitó hacer foco en la responsabilidad empresaria de los grupos concentrados destacó algunos perfiles del Gobierno de Alberto Fernández para aplicar el «shock paritario» como medida antiinflacionaria.
Sin perjuicio de ello aclaró «también hay que pensar en cómo seguimos produciendo condiciones laborales, cómo volvemos a poner de vuelta la negociación colectiva en un lugar donde no solamente se discuta salario sino que se discutan condiciones laborales».
«Hay una forma de ver el trabajo vinculado a cómo vamos hacia adelante, lamentablemente a lo que hoy está obligado el Gobierno, es solo discutir a partir de las paritarias», consideró.
Jarvis participó de las recientes deliberaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, ocasión en la que departió con el titular de la cartera laboral Claudio Moroni, al respecto comentó: «Me pongo en sus zapatos, entiendo y comprendo la altísima presión que debe tener».
«Creo que la gestión del Ministerio ha sido saludable en la pandemia, han tenido resortes importantes de contención, lo que hay es un gran desafío todavía que tiene que ver con cómo generamos empleo, y quizás no es sólo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, porque hay que estabilizar la macro, hay que tener una política productiva agresiva para muchos sectores y por ahí viene el desafío», sostuvo.

27.6.2022

Por Diego Moneta

El domingo se cumplieron dos décadas del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, punto de inflexión para la historia de la militancia y las organizaciones sociales de nuestro país. Diálogo con Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20.

Durante una de las movilizaciones llevada a cabo el 26 de junio de 2002 fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los hechos marcaron el cierre de la crisis institucional inaugurada desde la década del noventa y agravada durante diciembre de 2001. A lo largo del mes de junio, bautizado “junio arde rojo” sus familiares y compañeros de militancia impulsan diversas actividades todos los años, en especial en la ex Estación Avellaneda -hoy Estación Darío y Maxi-, donde los jóvenes fueron fusilados por la Policía bonaerense.
Las condenas contra los involucrados llegaron al inicio del 2006. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque la sentencia recién quedó firme en 2016. Durante este año, los abogados defensores de los asesinos intentaron su libertad condicional pero los recursos fueron rechazados. Por otra parte, los agentes Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman recibieron diversas penas por distintos grados de encubrimiento.
En ese entonces, Kosteki había quedado herido de muerte y Darío, al volver para reclamar por la vida de ese pibe que no conocía, fue asesinado por la espalda. Si bien la difusión de imágenes fue elocuente -el papel de los fotógrafos fue determinante-, diversas autoridades insistieron en la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera, aunque nunca logró ser instalada. Por ello, más allá de las condenas a los autores materiales, los familiares siguen exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos de la represión y la importancia de que los hechos sean considerados un crimen de Estado. Desde la familia señalan a Distintos funcionarios: Eduardo Duhalde y Felipe Solá, cabezas del Ejecutivo nacional y provincial; Jorge Vanossi, ministro de Justicia, entre otros.
La convocatoria para la tradicional marcha de la Estación al Puente Pueyrredón, que inició el sábado a las 11 de la mañana, incluyó una jornada cultural con diversas bandas en vivo, ferias populares y actividades para niñeces. Llegada la noche se llevó a cabo el acto central, con la lectura del documento anual de las organizaciones que participaron en ese entonces, y posteriormente la marcha de antorchas y la vigilia sobre el puente.
A 20 años de los hechos conocidos como Masacre de Avellaneda, Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 se prestó a un diálogo. En 2015 balearon su domicilio, donde funciona un comedor, e hirieron a su hijo. Denunció que se trató de un ataque de sicarios narcos con complicidad policial, haciendo responsables a la Comisaría 52 y al Ministerio de Seguridad porteño. A su vez, Pérez Ojeda fue uno de los absueltos a quien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscó atribuir la “instigación” de la toma del Parque Indoamericano.
A 20 años del asesinato de Darío y Maxi, ¿cómo recuerda aquel día?
Diosnel Pérez Ojeda: Mi primera militancia fue con Darío, siempre fui del Frente Popular Darío Santillán, lo que en un momento fue el Movimiento de Desocupados. Lo conocí alrededor de 2001. Los 26 de junio los recuerdo con impotencia, por como el gobierno mandó para que emboscaran y lo maten. Había 35 heridos pero “por suerte”, aunque no sería la palabra, no fueron más. Es una bronca enorme que a veinte años los responsables políticos sigan siendo funcionarios.

¿Cuál es el legado de la militancia de ambos?
DPO: Te puedo asegurar que su muerte me dio mucha más fuerza para seguir militando. Yo no puedo olvidarme de la muerte de dos compañeros, por eso sigo militando, seguiré siempre y estaré al lado de la familia de Kosteki y Santillán. Yo siempre le digo a Alberto (padre de Darío), que él perdió un hijo pero hoy todos somos sus hijos. Algunos traicionaron la sangre de los caídos en la lucha, aplaudiendo a los responsables, pero nosotros nunca lo vamos a hacer. Siempre pusimos los muertos, parece que los pobres nunca vamos a tener justicia. Vamos a seguir luchando hasta que paguen los responsables políticos.

Hace unos años llevó a cabo una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por entregar comida podrida a los comedores. ¿Ha cambiado esa ausencia y desinterés con los barrios populares?
DPO: Yo sigo siendo presidente de la Junta Vecinal, pero hace rato que caducó su mandato. El Gobierno de la Ciudad ha ido vaciando todo, es una cáscara sin nada. Le dan cosas a su propia gente y a sus propios punteros políticos, es como que la Junta está desapareciendo. Esa actitud no cambió ni tengo esperanza de que vaya a cambiar. Para el Día del Padre ocurrió otra vez, siguen mandando eso. Para los pobres hay carne podrida.

¿Puede postularse cierta línea de continuidad entre la represión del Parque Indoamericano, los reclamos de urbanización en el barrio, la criminalización que buscaron con ustedes, y las denuncias por el alimento en los barrios?
DPO: Lo que están buscando es criminalizar la protesta social. Piensan que de esa manera la gente deja de reclamar. Con la cantidad de personas que están pasando hambre, ya no tenes miedo, si igual te vas a morir. Prefiero morir luchando para vivir dignamente que de hambre. La represión y criminalización de la protesta de los gobiernos de turno a nosotros no nos va a mover de la calle. Por eso es una tristeza que hayan pasado veinte años y los responsables políticos sigan estando como cuadros políticos y que algunos compañeros los aplaudan.

24.6.2022

Por Ana Florín

Se realizó la Asamblea Universitaria para elegir nuevas autoridades de la UBA. Fuerte rechazo de la izquierda: el vicerrector será Emiliano Yacobitti, diputado de Juntos x el Cambio, acusado de corrupción y malversación de fondos de la universidad y del Hospital de Clínicas para financiar la campaña electoral de Lousteau

Este viernes sesionó, después de cuatro años, la antidemocrática Asamblea Universitaria de la UBA, donde se eligió al nuevo Rector. El radical Ricardo Gelpi reemplazará a Alberto Barbieri. El vicerrector nuevo será Emiliano Yacobitti, dirigente radical y miembro de Juntos por el Cambio acusado de corrupción. Se consolida así el avance de la alianza de los peronistas y radicales para co-gobernar la UBA.
Luca Bonfante, Consejero estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA y militante de la Juventud del PTS declaró: “Es una vergüenza que Yacobitti asuma como la segunda autoridad de nuestra universidad con el historial nefasto que tiene. Un personaje de la Franja Morada que llega a la política de la mano de patotas, amenazas a estudiantes y corrupción, que nada tiene que ver con la educación pública que defendemos los estudiantes. Esto es posible por el carácter totalmente antidemocrático del régimen universitario. Somos 300.000 estudiantes en toda la UBA, y para elegir nuevo rector solo tenemos 52 representantes, o sea un consejero cada casi 6000 estudiantes. Para los docentes sucede algo similar: el 60% no puede votar porque son ad honorem.”
Frente a la Asamblea Universitaria, Luca planteó: “La UBA figura en los rankings a nivel mundial cómo una universidad de prestigio del cual estamos muy orgullosos y eso se puede lograr porque docentes, no docentes, estudiantes nos la ponemos al hombro todos los días.” Y agregó: “también debería aparecer en los rankings de precarización laboral, de deserción, de falta de infraestructura, de condiciones edilicias para tener una cursada digna, mucho más en invierno. Para ser más claros: la falta de democracia no es sólo por la falta de representatividad sino por el contenido que se discute (…) cuando uno va a las facultades se encuentra con estudiantes que tienen que elegir entre continuar sus estudios y trabajar, que tienen trabajos de porquería que no pueden llegar a fin de mes y tienen que dejar de estudiar.”
Desde la juventud del PTS queremos poner en debate otra agenda: la necesidad de becas integrales para que nadie se quede sin estudiar, la importancia de un boleto educativo cómo el proyecto presentado por las bancas del FITu y denunciar el fuerte recorte presupuestario, que en los últimos años por la inflación ya se comió el 34% del presupuesto para la universidad.
También queremos discutir cómo podemos poner nuestros conocimientos al servicio de las grandes mayorías y no de las empresas multinacionales cómo quisieron hacer en Exactas con convenios con la Shell y tantos otros casos: “vemos como la privatización avanza en la UBA. Esto se ve claramente con el vaciamiento del servicio de salud que es un servicio gratuito histórico que año tras año viene siendo desfinanciado. Estos convenios con grandes empresas y laboratorios modifican los planes de estudio a su antojo y ponen nuestros conocimientos al servicio de la ganancia. Los convenios entre Bayer y la Facultad de medicina o Económicas con la JP Morgan son algunos de esos ejemplos. En otras universidades se avanzan en convenios para aportar a las fábricas recuperadas cómo Zanon y MadyGraf pero en la UBA se le da la espalda”
Luca Bonfante, también aprovechó la tribuna para mandar su apoyo a las y los trabajadores del Centro de Salud de la Dirección General de Salud y Asistencia Social que hoy es atacado y vaciado por el mismo rectorado y que se estaban manifestando afuera de la asamblea. También hacerle llegar nuestra solidaridad a lxs trabajadorxs de Bagley de Córdoba, a los trabajadores del neumático que pelean contra convenios antiobreros y al movimiento piquetero combativo que viene siendo sistemáticamente atacado por todos los partidos de los cuales son miembros las nuevas autoridades de la UBA.

23.6.2022

Por Natalia Laris. Enfermera

Siguen llegando testimonios de enfermeros despedidos por Larreta. Ellos y ellas son quienes trabajaron toda la pandemia y, ahora, son despedidos sin causa, recibiendo la noticia por mail y ni siquiera cobraron indemnización.

Es enfermero y estuvo trabajando los dos años de la pandemia en el hospital Durand. Hoy es uno de los 65 despedidos. Cuenta cómo después de 2 años de trabajo, lo despidieron sin causa, recibiendo la noticia por mail, después de volver de las vacaciones y ni siquiera cobró lo que le correspondía.
“Soy enfermero y estuve prestando servicio en el hospital Durand durante la pandemia. Desde el 18 de julio de 2020 hasta el 10 de marzo de 2022. Esa fue la fecha cuando, desde el gobierno de la Ciudad, a través de Comunicación GCABA – Salud, Leila María Ronnow (quien me envió un correo), me informó, vía mail, sobre la finalización del contrato. En ese momento, me encontraba de vacaciones. Cuando me incorporé a la semana, me comuniqué con la supervisora, poniéndola al tanto sobre lo informado en el mail recibido. Y su respuesta fue: “Si, te dieron de baja, ya no perteneces más al hospital, no podes cubrir ningún servicio”. Y desde entonces, no pude trabajar más y solo me abonaron los 15 días que trabajé en marzo, ya que los otros 15 días estuve de vacaciones. Nunca más se comunicaron conmigo desde el Ministerio de Salud. Me quedé sin trabajo y no me abonaron el despido”.
Mientras, en la Legislatura porteña, la mayoría de las y los diputados, discuten sobre un nuevo negocio para las empresas de acarreo de autos, pero las y los enfermeros despedidos, siguen esperando respuestas. Quieren ser reincorporados a sus puestos. Este jueves, Alejandrina Barry, diputada del Frente de Izquierda Unidad/ PTS, llevó este reclamo al recinto:
“En esta Ciudad es mucho más rentable ser amigo de Larreta que ser médico, docente o enfermero (porque si sos enfermero te despiden post pandemia pero a estas empresas les renuevan sus ridículos contratos)”, escribía en sus redes, la diputada.

23.6.2022

Por Matías Ferrari

Otras dos personas en situación de calle fallecieron durante los últimos diez días en la Ciudad de Buenos Aires. Ya son seis en lo que va del año, según el relevamiento de las organizaciones sociales que trabajan la problemática.

El cuerpo sin vida de otra persona en situación de calle fue hallado este domingo no por el Programa Buenos Aires Presente (BAP), ni por la Policía de la Ciudad, ni por ninguna otra autoridad del Ejecutivo porteño. Fue un vecino de Barracas quien alertó que un hombre bastante mayor, tirado sobre la vereda frente a su casa y tapado hasta la cabeza, no se movía desde hacía dos días. Las causas del fallecimiento todavía no están claras, lo mismo que su identidad: pese a que el Ministerio de Desarrollo Humano promocionó el censo que realizó sobre la población que vive en el peor de los mundos en abril pasado y la puesta en marcha del “Operativo Frío” como políticas públicas para contener la problemática, no lograron dar todavía con ningún dato relevante. De no ser por las organizaciones sociales y ONGs nucleadas en la Asamblea por los Derechos en Situación de Calle, sería otra muerte condenada al olvido.
Algo similar sucedió con la confirmación de otro caso, en Pompeya, a principios de junio. Según pudo reconstruir El Grito del Sur, otro vecino de la zona advirtió que salían fuego y humo negro desde una ranchada cerca de su casa. Desde la Policía de la Ciudad sólo tenían la información de que una vela había prendido un cartón. El incendio fue advertido por efectivos de la Comisaría 4D, pero nada más. Los afectados fueron Gisela Toledo y Alexander López, una pareja a la que la Iglesia de Caacupé les estaba tramitando un subsidio para sacarlos de la calle. Ambos llegaron al Instituto del Quemado con varias heridas e intoxicados con monóxido de carbono. Gisela se salvó, pero Alexander no. Falleció después de permanecer una semana en terapia intensiva.
Ambas muertes se suman a otras cuatro, tanto por hechos de violencia como “por la ausencia de políticas públicas y el abandono del Estado”, relevados en la Ciudad en lo que va del año por las organizaciones de la Asamblea, que de forma artesanal vienen realizando un conteo con el objetivo de evitar la impunidad que envuelve a estos casos.
En lo que va de este año, las organizaciones ya tienen relevadas al menos unas 20 muertes en todo el país, de las cuales seis fueron en territorio porteño. A las dos confirmadas recientemente, se suman otros cuatro casos: el 19 de marzo murió Cristian Walter Rizzo, de 42 años, tirado en una calle de Pompeya; el 28 de ese mismo mes falleció Loreley, una mujer migrante de 65 años, en las inmediaciones de la estación de Once, donde ranchaba; el 29 de mayo, efectivos de tránsito encontraron el cuerpo duro de un varón NN, en pleno Microcentro; y otro varón fue encontrado mientras se desangraba luego de un enfrentamiento en Recoleta.
Durante 2021, las organizaciones contaron 23 muertes en todo el país, de las cuales seis se produjeron en la Ciudad. En muchos casos figuran como “muerte natural”, pero la Asamblea cuestiona esa definición. “Las causas naturales en la situación de calle responden al desconocimiento de las condiciones de extrema vulnerabilidad y de falta de asistencia por parte de los Estados, lo que se configura como determinantes sociales de la salud y enfermedad”, explican.
El Gobierno porteño, en tanto, relevó en abril unas 2.548 personas en situación de calle, de las cuales 1.010 se encontraban efectivamente viviendo en la calle y 1.538 personas que ya se encontraban en la red de 35 centros “de inclusión”. Fue en el marco del lanzamiento del Operativo Frío, que se pone en marcha a esta altura del año, cuando las temperaturas descienden por debajo de los 5 grados. Para las organizaciones son más de 10.000.
“Por medio del programa BAP, los equipos salen al encuentro de quien lo necesita todos los días por cada barrio de la Ciudad. A partir de esos recorridos, se detectan los puntos críticos y se lleva adelante la trazabilidad de la situación de cada persona, con información digitalizada y actualizada acerca de las distintas intervenciones y de la evolución de la situación de cada una de las personas asistidas”, comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, respecto del Operativo Frío. Evidentemente no estaría funcionando.
En base a información que publicó en su momento este medio, la legisladora porteña Cecilia Segura presentó un pedido de informes en el que solicita información al Ejecutivo sobre la cobertura de los programas de asistencia. “No es la primera vez que ocurren hechos de estas características en esta población, que además sufre cotidianamente discriminación, violencia y dificultades para acceder a la red asistencial”, dice el proyecto.