Comunicadores del Sur

2.6.2022

Se aprobó con el voto del oficialismo porteño, el FdT y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras afuera se encontraba una nutrida movilización. Los barrios alcanzados son Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Padre Mugica.

Con la Legislatura porteña, una vez más, vallada ante miles de organizaciones sociales de los barrios populares protestando y con críticas de la oposición, el interbloque oficialista de Juntos por el Cambio aprobó este jueves la ley del “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo” en cuatro barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires: Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Padre Mugica – Villa 31.
La misma contempla beneficios impositivos a empresas que inviertan en instarse en dichos barrios, con un descuento de hasta un 80% en Ingresos Brutos. Favoreciendo así a las grandes cadenas comerciales y en detrimento de los comercios de barrio. Por eso esta ley es conocida como “Ley Farmacity”.
La iniciativa quedó aprobada con 32 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones. Donde los bloques oficialistas que integran JxC -Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y Partido Socialista- votaron a favor de la ley. En contra se pronunciaron los bloques opositores del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, mientras La Libertad Avanza se abstuvo.
Algunas de las “actividades promovidas” por la ley son: verdulerías, panaderías, ferreterías, servicios financieros y bancarios, farmacias, centros médicos, establecimientos educativos, lavanderías, veterinarias, venta y confección de textiles, supermercados y minimercados, kioscos y polirrubros, hoteles y garajes.
La sesión transcurrió en medio de griteríos entre los vecinos de los barrios presentes y los legisladores del oficialismo y las chicanas entre los bloques. Una vez más, como cuando fuera la reforma del estatuto docente, Horacio Rodríguez Larreta garantiza una Legislatura que sesiona vallada y rodeada por la Policía de la Ciudad.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Gimena Villafruela (oficialista de Vamos Juntos) presentó la ley con el objetivo de “la radicación de empresas privadas en los barrios populares, que viene a fomentar la integración económica y principalmente la generación de empleo, lo cual representará sin lugar a dudas un aumento significativo de las fuentes de trabajo, y también una mayor oferta de bienes y servicios que incluso atraerá nuevos consumidores a los barrios”.
Suena hermoso, pero la realidad es resistida por los vecinos de los barrios y la oposición legislativa que entienden que lo que realmente se está beneficiando es a las grandes cadenas de comercios que son las que pueden sostener una importante inversión a la espera del beneficio impositivo. Así lo expresaba la legisladora del FIT, Alejandrina Barry “¿Es un chiste? ¿Hay muchos vecinos que tengan plata para invertir?, ¿Y si en vez de esta ley buscamos ayudar a las cooperativas y pequeños comercios que ya existen? El proyecto también habla de que se promueven la instalación de clínicas cuando a los barrios ni siquiera se les garantiza el acceso a la salud pública. ¿No es esto una provocación?”.
Otro de los temas donde se puede encontrar la trampa de la Ley es que crea un registro de las empresas que busquen adquirir el beneficio impositivo, donde los descuentos serán del 80% para las primeras 15 empresas empadronadas, de un 65% para las estén en del puesto 16 al 30 y para las restantes desde la empresa 31, el descuento será del 50%. Más beneficios para los grandes comercios que tengan la logística para participar de la inscripción, y una vez más en detrimento de los comercios barriales.
A su vez la ley promueve el empleo, sin embargo, su articulado establece que al menos un 30% del personal a contratar deberían ser trabajadores residentes de los barrios, pero agrega que las empresas podrán presentar un “plan alternativo” si “acreditan” la “falta de disponibilidad de trabajadores con experiencia en los rubros requeridos”. Una zanahoria que no logró convencer a nadie.
La promulgación de esta ley incumplió las normas que establecen que los temas referidos a la urbanización de los barrios deben ser tratados en las Mesas de Gestión Participativa donde se encuentran incluidos los vecinos. Al mismo tiempo también incumple la norma que establece que cualquier modificación tributaria debe contemplarse como ley de “doble lectura” con audiencia pública mediante. Sin embargo, Larreta avanzó de la noche a la mañana, en beneficio de sus amigos empresarios, en búsqueda de nuevas zonas de inversión con beneficios impositivos, sin mediar las verdaderas necesidades de los vecinos de los barrios.

1.6.2022

Reclaman la postergada ayuda a los comedores comunitarios en los que día a día se alimentan miles de personas.

Organizaciones sociales realizan este miércoles en la ciudad de Buenos Aires un «ollazo» en el Obelisco y marchan a la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, para reclamar nuevamente asistencia para los comedores populares que, afirman, están «desbordados» por personas de todas las edades desocupadas o con trabajos precarios.
«Desde hace meses venimos reclamando al Gobierno de Larreta, nada más ni nada menos que asistencia alimentaria para los comedores populares que se encuentran desbordados de jubilados, niños, jóvenes sin trabajo o con trabajos ultraprecarios con salarios que no alcanza para cubrir la canasta alimentaria», dijeron en un comunicado las entidades convocantes.
Polo Obrero, Barrios de Pie/Libres del Sur, MTL Rebelde, MTR Votamos LucharRB, MTR 12 de Abril, Agrupación 17 de Noviembre, Cuba MTR, MBT y MAR organizan la protesta.
«Como lo mostró la impactante Marcha Federal en todo el país por trabajo y salario, los ingresos de la población trabajadora son castigados por una inflación descontrolada, que alcanzó el 30% en los alimentos durante primer cuatrimestre, por los aumentos de tarifas y los alquileres. Detrás de esto está el brutal ajuste que se descarga sobre población trabajadora para pagar al FMI», añadieron.
El acuerdo «es acompañado por el Gobierno de Larreta, que replica la misma orientación en la Ciudad, donde se paga salario de hambre a enfermeros y municipales, donde avanzan con una reforma laboral sobre los docentes y quieren mandar a laburar gratis a pibes y pibas secundarios», agregaron.
También denunciaron que «desde el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat mantienen congelada la asistencia alimentaria a los comedores, igual que la tarjeta alimentaria de Ciudadanía Porteña, que utilizan como excusa para ajustar los alimentos a los comedores. Dicho programa no solo se encuentra congelado sino que tiene una enorme cantidad de restricciones e incompatibilidades que limita su alcance a una parte muy reducida de la población».
Las organizaciones añadieron que «la falta de respuestas a un reclamo tan urgente como la comida es la otra cara de los ataques del jefe de Gobierno contra las mujeres piqueteras que nos movilizamos con nuestros hijos por falta de maternos, jardines, etcétera, y ya no hay más cupos».

31.5.2022

Este martes 31 de mayo docentes nucleados en el sindicato Ademys de la Ciudad de Buenos Aires realizan un paro total de actividades en todas las escuelas de todos los niveles. A las 14:00 habrá una radio abierta frente a la Legislatura, ubicada en Perú al 100, y luego, a las 16:00, harán una marcha educativa junto a les estudiantes y docentes de nivel terciario hasta Paseo Colón 255, sede de la UNICABA.

Los docentes paran en contra de la reforma del Estatuto, por un aumento salarial igual a la canasta familiar, contra la persecución política y los sumarios a sus compañeros, por la titularización de la docencia interina de todos los niveles, por mejores condiciones laborales y educativas, ante la debacle de la atención de la obra social Obsba y el sistema de licencias MIA, por el reconocimiento de las licencias, por la restitución de las Juntas y los actos públicos presenciales y transparentes, contra la UNICABA, contra las pasantías en la escuela media y la precarización laboral y educativa.

30.5.2022

Bajo el supuesto objetivo de crear empleo, Rodríguez Larreta anunció una pérdida de derechos laborales en una futura gestión de Cambiemos y culpó a los abogados laboralistas.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo declaraciones radiales el pasado 23 de mayo referidas, entre otras cuestiones, a la necesidad de realizar una reforma laboral (https://www.diarioconvos.com/2022/05/23/las-10-frases-de-horacio-rodriguez-larreta-en-radio-con-vos/).
La página web de la radio en la cual prestó tales declaraciones, sintetizó de esta manera: “Según el jefe de gobierno porteño, los propios sindicalistas se quejaron con él porque “las multas que se cobra a las empresas por despidos triplican las indemnizaciones que reciben los trabajadores. Eso no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”.
No se sabe quiénes serían los supuestos sindicalistas, y amparándose en esa ignota fuente, el Jefe de Gobierno hace suyas afirmaciones que merecen ser replicadas. A esto hay que agregar que tales declaraciones han sido reproducidas con el mismo tenor por otros medios periodísticos, tratándose de una nueva embestida contra derechos laborales fundamentales.
Las trabajadoras y los trabajadores sin registración laboral o incorrectamente registrados (trabajo en “negro”) que son despedidos sin justa causa, tienen derecho al cobro de indemnizaciones -mal llamadas “multas”- que duplican la indemnización por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo, más un 25% de las remuneraciones percibidas sin registración (todo esto según la ley 24.013, año 1991).
Ello sumado al incremento indemnizatorio del 50% de las indemnizaciones por antigüedad debidas y no pagadas (ley 25.323, año 1999), puede llevar a elevar las indemnizaciones por despido al triple de la indemnización por antigüedad.
La ley 24.013 es fruto de un proyecto legislativo de Menem y Cavallo en el marco de un blanqueo y pretende reparar al trabajador y a la trabajadora precarizados, que no recibieron aportes de seguridad social. La ley 25.323 (dictada en la época del presidente De La Rúa) indemniza al trabajador y a la trabajadora por no dejarle otra alternativa que hacer un juicio, el cual puede durar años para cobrar la indemnización por antigüedad que por ley les corresponde.
En consecuencia, esa “triplicación de las indemnizaciones” –en los pocos casos que procede, ya que es una falsa generalización– es fruto de derechos reconocidos anteriores al crecimiento económico iniciado en los años posteriores a la crisis del 2001, en que se verificó una de las etapas de mayor crecimiento del empleo en nuestro país. Es una muestra más de que la creación de empleo no tiene obstáculo en las leyes que amparan a los trabajadores y a las trabajadoras.
En cuanto a que la indemnización “…no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”, es una mentira de muy fácil refutación. El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que: “Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derecho-habientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder”.
Es decir que, todo pago que se realiza en un juicio laboral se debe realizar mediante depósito judicial a la orden del Tribunal, el cual transfiere luego las sumas depositadas a una cuenta bancaria de titularidad exclusiva del trabajador o trabajadora litigantes. Esto sucede así aún en el caso en que éstos últimos le hayan otorgado poder al abogado o abogada que los patrocinó en el juicio.
En consecuencia, afirmar que las indemnizaciones van “para los abogados laboralistas”, es una grosera falsedad destinada a desalentar a los trabajadores y trabajadoras en el reclamo de los derechos que por ley les corresponden.
Para finalizar, hay que señalar la idea de reducir derechos laborales para generar empleo, no es nueva y se viene reproduciendo desde hace décadas sin advertir que, como ha sido demostrado hasta el hartazgo, no son las cargas sociales o las indemnizaciones por despido las que impiden crear empleo sino la estructura económica del país que, vale la pena decirlo, mantiene a los principales gestores del Producto Bruto Interno, estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores, recibiendo menos del 40% del mismo, mientras los denominados erróneamente como “dadores de trabajo”, parte de los cuales se encuentran concentrados y son los responsables desde hace muchos años de la grave situación que vive la Argentina, se apropian del 60% restante.
A esto hay que agregar que, el mal llamado “costo laboral”, que son en verdad derechos humanos laborales esenciales, suele ser una parte menor del total del valor de los bienes producidos (en especial los alimentarios), que además se va incrementando en las cadenas de valor, con intermediarios a menudo especuladores y totalmente innecesarios. Agregándose además que, ese supuesto “alto costo” tan denostado, se asemeja a la mayoría de los que existen en la mayor parte del mundo.
Por todo ello, repudiamos los comentarios realizados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un intento más de instalar la idea sobre una reforma laboral regresiva y que no busca en verdad generar empleo.

29.5.2022

Los trabajadores y trabajadoras del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad de Buenos Aires, denuncian que continúan sin respuestas positivas a sus reclamos tras la cesantía de compañeros y compañeras bajo contratación con la ONG “JAI”, que se desempeñan como operadorxs en Hogares y Residencias. Afirman que mientras la gestión justifica los despidos con la finalización de las partidas de emergencia por COVID-19, desde ATE CDNNyA sostienen que “no se trata de trabajadorxs de pandemia, sino de compañerxs necesarixs para el funcionamiento cotidiano de los dispositivos”.

Compartimos comunicado:
A partir de la emergencia sanitaria, lxs trabajadorxs esenciales vimos reducidos derechos, licencias, cambios de horarios, etc.; pero también dimos cuenta del rol fundamental del Estado en un contexto de incertidumbre internacional y estuvimos a la altura de las circunstancias. Por su parte, en lugar de salir con un Estado más fortalecido, Larreta optó por profundizar la precariedad.
Hoy, además de dejar a nuestrxs compañerxs sin su fuente de trabajo, estos ceses desarticulan por completo el funcionamiento de los dispositivos, ya que sin trabajadorxs es imposible cumplir con las demandas de salud, educación y recreativas. No es el cierre de dispositivos especializados en COVID-19, sino la política de vaciamiento que se profundiza año a año en el GCBA y en nuestro organismo.
Lxs compañerxs despedidxs realizan tareas de cuidado de niñxs y adolescentes en los Hogares Curapaligüe, Casa de Coca, Avelino, del Valle, y la Residencia Juana Azurduy. Lxs trabajadorxs del CDNNyA somos ante todo solidarixs, porque entendemos y luchamos por mejorar las condiciones de vida y lxs derechos del pueblo. En el Consejo no sobra nadie. Somos lxs trabajadorxs quienes acompañamos a niñxs y adolescentes que sufrieron graves vulneraciones de derechos.
Con pandemia o sin pandemia, lo esencial es el trabajo. En la Ciudad, donde la precarización no para, exigimos la reincorporación de todxs lxs compañerxs.
Porque los derechos de la niñez necesitan trabajadorxs con derechos.
JUNTA INTERNA ATE CDNNyA
ATE CAPITAL