Comunicadores del Sur

5.7.2022

Por Diego Moneta

El 8 de julio de 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. El caso demuestra el accionar cómplice de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otras dependencias del Estado. Este sábado 9 se llevará a cabo un festival en Lugano en memoria de los jóvenes.

El 8 de julio se cumplen trece años desde que Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, de 17 y 25 años, fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. Aquel hecho, en 2009, abrió una cadena de acciones estatales que demuestran todas las caras de la violencia institucional. Este sábado 9, desde las 13 hs. en Fonruge y Chilavert en Lugano, se llevará a cabo un festival en memoria de los jóvenes, bajo la consigna “el dolor se transforma en lucha”, y que incluirá diversas actividades.
Kiki había sufrido hostigamiento policial en reiteradas ocasiones, incluido el día anterior. Su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 52ª y, tras estar desaparecidos durante dos meses, recién el 14 de septiembre se les informó que estaban enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita -donde también apareció Luciano Arruga-, a pesar de que el juez Facundo Cubas ya tenía la identificación. A ello hay que sumar la responsabilidad del personal del Hospital Piñero, el Registro Nacional de las Personas y de la morgue judicial que nunca registraron ni dieron aviso.
El caso demuestra que la matanza de pibes de barrios populares en manos de fuerzas de seguridad sigue siendo sistemática en nuestro país y que el entramado también involucra el accionar del poder judicial. Cubas, del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 49, en una investigación a espaldas de la familia y a cargo de la misma fuerza federal, acordó el sobreseimiento de Veyga por entender que era un caso de legítima defensa., siguiendo al pie de la letra la justificación del uniformado.
El camino de injusticia para las familias está plagado de irregularidades, entre las que se encuentran la desaparición de pruebas, el lavado del auto del acusado y la falta de declaraciones de testigos, pero por sobre todo de desidia. A fines de 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la decisión y Cubas fue apartado, por lo que Juan María Ramos Padilla se hizo cargo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y el principio de duda, volvió a confirmar la disposición inicial.
Tras ocho años de mucho esfuerzo, la causa fue reabierta y se llegó a juicio oral y público, aunque las provocaciones siguieron: se buscó impedir concentraciones en la puerta del recinto, no se permitió el ingreso de la prensa a la sala, se valló el edificio, el acusado se negó a declarar y hubo testimonios contradictorios. A pesar de que el perito encargado de la autopsia ratificó que los disparos fueron una ejecución. A pesar de ello, el Tribunal Oral Criminal N° 16, conformado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, dictaminó la absolución de Veyga. Luego de varias apelaciones, y en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario.
Al Poder Judicial “siempre le molestó que echemos luz sobre lo que hicieron con la investigación”, aseguró Matías Busso, abogado de la familia Lezcano. El caso todavía aguarda el tratamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras los familiares pueden cruzarse a Veyga uniformado y armado por la calle, dado que sigue siendo parte de la Policía Federal. “El Estado en general es responsable, pero esto tiene nombres y apellidos”, remarcó Angélica Urquiza, madre de Kiki.
En 2010 nació la Casita de Kiki en Villa 20, Lugano, desde la cual se desarrollan distintas actividades, tales como educación popular, talleres recreativos, salud comunitaria, orientación universitaria y acompañamiento a familias víctimas de violencia institucional. Además, con motivo de cada aniversario, impulsan festivales culturales, como el que se llevará a cabo este sábado 9. Habrá una radio abierta, música urbana y bandas en vivo, peloteros y una jugoteca.
Para colaborar con La casita de Kiki se puede contactar a la familia por Facebook.

4.7.2022

Las denuncias sobre el vaciamiento de la obra social de los empleados del GCBA continúan. Hay alarma entre los afiliados y afiliadas por el cese de prestaciones y la posibilidad de quiebra, impulsada tras bambalinas por Larreta y sus socios sindicales Amadeo Genta y el diputado porteño Alejandro Amor.

La obra social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) se encuentra en un estado preocupante. De ella depende la atención médica de cerca de 280.000 empleados municipales como docentes, trabajadores de la salud y de las áreas administrativas del Gobierno porteño, y también del personal ya jubilado. Además del propio plantel de trabajadores que cumplen funciones en la estructura de la obra social.
Sus números y balances están en rojo y muestran una deuda que supera los $4.000 millones (aunque por lo bajo se estima que asciende a los 7.000 millones de pesos). Empresas prestadoras de la entidad incluso ya están pidiendo la verificación de las deudas que mantiene con ellas, lo que enciende las alarmas ante una (muy) posible convocatoria a un concurso de acreedores.
Durante la pandemia se vio claramente el estado calamitoso de la salud pública y como en la salud privada prima el interés de lucro. En sus distintas órbitas, desde la porteña hasta las instituciones dependientes del gobierno nacional o en la PBA de Kicillof. Un claro ejemplo fue la Clínica San Andrés de Caseros, quienes reclamaron contra el cierre de la clínica que cubre la atención de unos 18.000 afiliados al PAMI.

Burócratas de un lado y otro de la grieta

Las cabezas del sindicato de municipales SUTECBA Amadeo Genta (histórico aliado de las gestiones macristas) y su socio Alejandro Amor (hoy legislador electo por el Frente de Todos porteño) en acuerdo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta conspiran para culminar la entrega de una obra social cada vez más vaciada de servicios, coberturas y prestaciones.
Si bien se dice por lo bajo que la deriva de la ObSBA responde a maniobras ligadas a una camuflada interna sindical entre Genta y Amor por la sucesión del SUTECBA, lo cierto es que todo esto repercute en un nuevo ataque a la salud y derechos de los empleados dependientes del gobierno de Larreta y de la propia obra social. La responsabilidad y complicidad de ambos es indiscutible a esta altura luego de años y años de deterioro de la ObSBA.

Cierre de las residencias turísticas

Actualmente al menos de forma nominal, figuran como presidente Juan Carlos Cela y Agustina Majdalani como vice. Los dos fueron designados en sus cargos por Larreta. En el caso de Majdalani en reemplazo de Walter Correa (ex chofer del alcalde porteño). Son quienes recientemente dieron otro golpe a la entidad cuando decidieron de forma unilateral el cierre de las residencias turísticas de la obra social en Mina Clavero y Salsipuedes (Córdoba) junto con la de Mar del Plata.
Del complejo de Salsipuedes, dependen 57 trabajadores, y además la provisiòn de agua potable para otras 200 familias de un barrio aledaño cuya fuente es el pozo del hotel. Misma situación involucra a otros 70 trabajadores están abocados al llamado Residencia Marítima “Patricio Datarmini” en pleno centro de Mar del Plata. Se especula con que detrás de los cierres (incluso ya comunicados en la página de ObSBA) hay posibles intereses por la realización de futuros negociados inmobiliarios. No por nada Majdalani tambien es presidenta de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad anónima conformada por los gobiernos de CABA y Nación
Las residencias turísticas de la ObSBA en Mar del Plata, Salsipuedes y Mina Clavero.
Estos cierres implican el peligro de la continuidad laboral del personal, en su mayoría precarizado bajo contratos de locación de servicio. Los despidos pueden continuar ya que Cela ordenó realizar un “relevamiento del personal de planta permanente y transitoria afectado a la Gerencia de Actividades Recreativas y Turismo y alas residencia turísticas”. Además del daño provocado a los afiliados, también los propios trabajadores de la ObSBA lo sufren con estos despidos y sueldos bajos.

Víctimas del vaciamiento

El vaciamiento trae como consecuencia la falta de prestadores, de profesionales médicos para el tratamiento y atención y hasta de centros especializados que interrumpieron la atención de afiliados por la falta de pagos de la ObSBA. Demoras eternas en los turnos, cancelaciones abruptas y el cobro de copagos completan el cuadro.
El gobierno porteño la mantiene intervenida desde la última gestión municipal de Macri en 2008. Actualmente el GCBA es quien decide sobre órdenes de pago, compras y contrataciones. También maneja los fondos de gerencia administrativa, las auditorias y balances. Su control es total, incluso se comenta que entre los objetivos larretistas del vaciamiento estaría la incorporación del Sanatorio Dr. Julio Méndez en la órbita del Gobierno porteño.

Plata hay ¿pero dónde va a parar?

Incluso los empleados de la Obsba tienen que soportar situaciones que rozan la burla, como el aumento que denuncian que Cela otorgó a su secretaria llevando su sueldo a una cifra cercana a los $310.000 o que, como se supo hace poco, se destinaron $300.000 para reformas en el despacho de la actual vicepresidenta Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia Majdalani (ex subdirectora de la AFI durante la presidencia macrista.
Los sueldos y cargos son “premios” designados a dedo, para aquellos que son amigos y amigas de la gestión de Larreta y de Juntos Por el Cambio. Nada más alejado de un control o dirección de los propios afiliados sobre la obra social y sus recursos.

La organización de sus trabajadores y afiliados

En un comunicado que circuló el jueves 23 con la firma del Consejo Directivo, el sindicato afirma que «es hora de elegir de qué lado debemos estar», lo cual parece un mensaje a ellos mismos antes que a los afiliados y afiliadas que padecen el vaciamiento sistemático y cada vez más preocupante. También «aclaran» que las residencias se cerraron temporariamente y que volverían a abrir en el verano, aunque la nota con la firma de Cela cesando los contratos y ordenando rever los que continúan vigentes es un hecho innegable.
A pesar de esto, y más allá de la propia interna sindical del SUTECBA con la que el sindicato intenta cubrir y desviar la atención, los trabajadores y usuarios de la ObSBA se están organizando para defender este nuevo ataque a la salud. Es importante la organización entre trabajadores y usuarios afiliados, que involucran a municipales, trabajadores estatales, docentes etc, contra el vaciamiento y para que la salud no sea un negocio.

1.7.2022

Por Silvana Melo

Las prácticas laborales obligatorias que puso en marcha este año el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ingresan en un sector de adolescentes y jóvenes que están a las puertas de un mercado laboral exquisito, preparado para rechazarlos en masa. En horas de clase –el ministerio de Educación de CABA prefiere resignar la formación ya deficiente en matemáticas o lengua- deposita a los alumnos en manos de empresas o ámbitos del estado como la Policía de la Ciudad para foguearlos en lo que vendrá.

Para que empiecen a conocer el mundo: retracción de las horas de clase, trabajo precario y no rentado y utilización para una suerte de explotación laboral legalizada. Que aparece después de los casi dos años de pandemia, de escuela en constante situación de tambaleo –en todo el país incluida la CABA- y de desempleo que afecta brutalmente al mismo sector que se manipula.
Con una escuela –en todo el país incluida la CABA- que no los forma para la hostilidad del mundo, un mercado laboral que exige experiencia y calificación, una oferta de precarización e informalidad, 29.400 alumnos practicarán trabajo gratis este año en empresas que los usarán y luego los sacarán a la vereda. En el tercer trimestre de 2020 la tasa de desempleo de los jóvenes duplicó a la tasa adulta: 11,7% contra 21,2%. Un informe del PNUD del tercer trimestre de 2021 coloca la desocupación en el 8,2%. La juvenil sube al 17,7%. En 2017 un cuarto de los jóvenes de entre 16 y 24 años estaba desempleado: triplicaba la desocupación adulta.
Las prácticas que puso en marcha Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación Soledad Acuña en escuelas públicas y privadas, son parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”, concepto con buena resonancia pero que no incluye la aclaración que tranquilice a los jóvenes: ¿será mejor, la misma o definitivamente restringida a unos pocos? Se habla de “el desarrollo de estrategias que les faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia su futura inserción en el mercado laboral y de los estudios de nivel superior”.
La práctica laboral en el Centro de Monitoreo de la Ciudad, donde la policía vigila a la ciudadanía, no parece ser la mejor idea. Después del asesinato de Lucas González, de 17 años, que jugaba de volante por izquierda en Barracas Central, la Correpi contó 121 crímenes por parte de la policía de la Ciudad en cinco años. Gran parte de ellos muy jóvenes. ¿Qué sentirán los 150 chicos que harán prácticas con la policía, apenas ocho meses después del asesinato de Lucas?
“En el Comercial 5 de Balvanera, el ministerio de Educación impuso que dichas prácticas se llevarán a cabo en Rappi, en los llamados “turbos”, que son una especie de minimercados, sin atención directa al público, donde entregan el pedido a través de una ventanilla”, denunció La izquierda diario. Repartos como Rappi, Glovo, Pedidos Ya o Mercado Libre son el símbolo del trabajo precarizado preparado para la juventud sin calificación, sin estudios superiores, con escasa esperanza de promoción social. La changa legitimada a través de una aplicación, con el riesgo constante que despliega la calle ante quien maneja una moto o una bicicleta con la velocidad que le permita repartir más. Ganarán entre 200 y 450 pesos la hora, según la distancia y el tipo de entrega.
El 40 % de las familias que envían a sus hijos a la escuela pública son pobres. El 60% de esos niños y jóvenes también lo son. Los alumnos de 5º año están conociendo la precarización de la que serán carne en poco tiempo. Algunos ya trabajan en hamburgueserías o repartos para poder seguir estudiando. Las empresas que los contratan aumentaron sus ganancias exponencialmente, al ritmo de la pauperización de las poblaciones durante la pandemia. Marcos Galperin, propietario de Mercado Libre, se mudó al Uruguay después de acumular una ganancia de 89,3 millones de dólares en 2020: aumentó su fortuna un 61% en apenas un año.
Frigoríficos, medios de comunicación poderosos, empresas de tecnología, concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio para escuelas, cadenas de gimnasios, sanwicherías, bancos, reciben a los chicos dos días por semana entre las 8 y las 12 y aprovechan una mano de obra sin costo laboral: no hay salario ni aportes previsionales ni ART ni obra social ni sindicato que defienda.
Es decir que dos días por semana pierden la totalidad de las horas de clase para aprender, rápidamente, precarización.
Una foto brutal de la educación en el país. Donde sólo 16 chicos de la cada cien egresan de la escuela en tiempo y con conocimientos consolidados. Las aulas de CABA no son una excepción: apenas una variante del deterioro.
Para la ministra de Educación son “populismo educativo” el lenguaje inclusivo –al que responsabilizó absurdamente de los malos resultados- y la alimentación en la escuela en medio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque aprender con hambre es una quimera. Por eso, acaso, restringir la escuela –y el esquema de país- a una minoría.
A los que se quedan en el camino, a los “perdidos en el pasillo de una villa o en actividades de narcotráfico” (Soledad Acuña) nunca se los fue a buscar. Condenados como tantos a los suburbios de ese futuro del que hablan, en el que piensan. Y para el que trabajan.

30.6.2022

Por Diego Moneta

“Ayala no está detenido actualmente porque la Justicia tiene una doble vara”, sostuvo Matías Busso, abogado de la querella. A pesar del pedido de la fiscalía y la querella para que se ordene su detención, el Tribunal Oral rechazó la detención del agente condenado por gatillo fácil.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 rechazó la detención del agente de la entonces Policía Metropolitana Ricardo Ayala condenado en 2019 a 16 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de la función policial, y por el uso de un arma de fuego, en perjuicio del joven vecino de la Boca Lucas Cabello.
Tras la ratificación del fallo condenatorio por parte de Casación, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron su detención. En tanto, la defensa requirió que el uniformado cumpla la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria y elevó el planteo a la Corte Suprema. De esta manera, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 rechazó el planteo para que se concrete la detención.
En declaraciones radiales con FM Riachuelo, Matías Busso, abogado de la querella, explicó la situación procesal del agente condenado y señaló que “Ayala no está detenido actualmente porque la Justicia tiene una doble vara”. Además, detalló: “La prisión preventiva que debería ser excepción es la regla con los sectores populares. Después de la ratificación de Casación, entendíamos que fue siempre necesario que cumpla la condena de manera efectiva. En primer lugar, como mensaje a toda la sociedad, y por otro lado, porque la mayoría de los casos que llegan a la Corte son rechazados, entonces es muy factible que Ayala, en este panorama, quiera fugarse. Ese fue nuestro planteo y el de la fiscalía”.
“Hasta el momento Ayala se encuentra esperando. La defensa realizó un pedido de prisión domiciliaria”, puntualizó el letrado. “Su defensa contrarió nuestros argumentos y dijo que, en caso de detención, pedía domiciliaria. Nosotros lo rechazamos entonces se abre un escenario de discusión. Piden la domiciliaria porque entienden que su pedido ante la Corte va a demorar un tiempo, entonces si logran la domiciliaria ese tiempo se descontaría de la condena efectiva”.
El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General nro. 1, Nicolás Amellotti, habia fundamentado para que se concrete la detención preventiva: “No podemos soslayar que el riesgo de fuga en el presente caso debe ser considerado con mayor seriedad, dado que, de concretarse, se vería comprometido el deber del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”.
Además, la fiscalía explicó: “Resaltamos que la madre de Lucas Cabello, Alejandra Carolina Vila Lorens, en la audiencia ante la Casación pidió expresamente que Ayala cumpla su condena, marcando el miedo y la frustración que le generaba a la familia que Ayala estuviese en libertad, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho ocurrió hace ya siete años. A su vez, se deben tener en cuenta los compromisos asumidos por el Estado Argentino a nivel internacional, al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo referido al juzgamiento, castigo a los responsables y reparación a las víctimas”.
Cabe recordar que la resolución de Casación detalló que la causa contiene “un cúmulo de pruebas concluyente, y, frente a ello, la defensa en su recurso se ha limitado a enunciar contradicciones insustanciales en el relato efectuado por distintos testigos, y plantear una hipótesis alternativa -la de la agresión previa por el damnificado- huérfana de sostén en elemento probatorio alguno”.
“El análisis puntilloso y sistemático realizado por el juez que lideró el acuerdo, quién evaluó la prueba dentro de los límites fijados por la razonabilidad y la sana crítica socava cada uno de los argumentos ensayados por la recurrente, que no se traducen más que en una discrepancia con un decisorio correctamente fundado en cuanto a la acreditación de la materialidad de los hechos y su atribución al aquí acusado”, detalló la sentencia que fue difundida en el sitio web Fiscales.gob.ar.

29.6.2022

Docentes, estudiantes y gremialistas presentaron un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, según el cual unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, mientras que 112 escuelas carecen de calefacción.

Un grupo de docentes, estudiantes, y gremialistas que conforman la Multisectorial por la Escuela Pública, denunciaron este lunes que el 20 % de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas edilicios y el 10 % no tiene calefacción.
Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, “lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.
Además, un total de 112 escuelas públicas de un total de 950 no tiene calefacción, ya sea por falta del suministro de gas o porque no funcionan los artefactos, lo que perjudica a más de 100.000 alumnos y alumnas durante los meses de invierno con bajas temperaturas, según advirtió el informe de la Multisectorial por la Escuela Pública.
En la presentación del mapeo, realizado en las puertas de la Escuela Normal Superior Número 4 del barrio de Caballito, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, denunció una “permanente reducción de la inversión educativa durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta” en la Ciudad.
“La derecha odia que en la escuela pública el conocimiento no sea una mercancía. Nos atacan porque nosotros educamos e incluimos. Durante estos 15 años de gestión no nos pudieron doblegar”, sentenció el dirigente gremial, que ratificó la realización de la marcha que se realizará el miércoles hacia la Legislatura porteña “en defensa de la educación pública”.
Por su parte, el referente de Cooperadores en Movimiento, Pablo Cesaroni, advirtió que hay una «emergencia edilicia” y que “la situación es peor que antes de la pandemia”, mientras que Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE, pidió al gobierno de Rodríguez Larreta “menos marketing y más soluciones concretas” para las escuelas.
En tanto, Zoe Varela, secretaria general del Centro de Estudiantes de la escuela de Teatro Nini Marshall reclamó “decisión política” del Gobierno porteño para solucionar los problemas de infraestructura de los establecimientos educativos y advirtió que “así no se puede estudiar”.