Comunicadores del Sur

23.6.2022

Por Natalia Laris. Enfermera

Siguen llegando testimonios de enfermeros despedidos por Larreta. Ellos y ellas son quienes trabajaron toda la pandemia y, ahora, son despedidos sin causa, recibiendo la noticia por mail y ni siquiera cobraron indemnización.

Es enfermero y estuvo trabajando los dos años de la pandemia en el hospital Durand. Hoy es uno de los 65 despedidos. Cuenta cómo después de 2 años de trabajo, lo despidieron sin causa, recibiendo la noticia por mail, después de volver de las vacaciones y ni siquiera cobró lo que le correspondía.
“Soy enfermero y estuve prestando servicio en el hospital Durand durante la pandemia. Desde el 18 de julio de 2020 hasta el 10 de marzo de 2022. Esa fue la fecha cuando, desde el gobierno de la Ciudad, a través de Comunicación GCABA – Salud, Leila María Ronnow (quien me envió un correo), me informó, vía mail, sobre la finalización del contrato. En ese momento, me encontraba de vacaciones. Cuando me incorporé a la semana, me comuniqué con la supervisora, poniéndola al tanto sobre lo informado en el mail recibido. Y su respuesta fue: “Si, te dieron de baja, ya no perteneces más al hospital, no podes cubrir ningún servicio”. Y desde entonces, no pude trabajar más y solo me abonaron los 15 días que trabajé en marzo, ya que los otros 15 días estuve de vacaciones. Nunca más se comunicaron conmigo desde el Ministerio de Salud. Me quedé sin trabajo y no me abonaron el despido”.
Mientras, en la Legislatura porteña, la mayoría de las y los diputados, discuten sobre un nuevo negocio para las empresas de acarreo de autos, pero las y los enfermeros despedidos, siguen esperando respuestas. Quieren ser reincorporados a sus puestos. Este jueves, Alejandrina Barry, diputada del Frente de Izquierda Unidad/ PTS, llevó este reclamo al recinto:
“En esta Ciudad es mucho más rentable ser amigo de Larreta que ser médico, docente o enfermero (porque si sos enfermero te despiden post pandemia pero a estas empresas les renuevan sus ridículos contratos)”, escribía en sus redes, la diputada.

23.6.2022

Por Matías Ferrari

Otras dos personas en situación de calle fallecieron durante los últimos diez días en la Ciudad de Buenos Aires. Ya son seis en lo que va del año, según el relevamiento de las organizaciones sociales que trabajan la problemática.

El cuerpo sin vida de otra persona en situación de calle fue hallado este domingo no por el Programa Buenos Aires Presente (BAP), ni por la Policía de la Ciudad, ni por ninguna otra autoridad del Ejecutivo porteño. Fue un vecino de Barracas quien alertó que un hombre bastante mayor, tirado sobre la vereda frente a su casa y tapado hasta la cabeza, no se movía desde hacía dos días. Las causas del fallecimiento todavía no están claras, lo mismo que su identidad: pese a que el Ministerio de Desarrollo Humano promocionó el censo que realizó sobre la población que vive en el peor de los mundos en abril pasado y la puesta en marcha del “Operativo Frío” como políticas públicas para contener la problemática, no lograron dar todavía con ningún dato relevante. De no ser por las organizaciones sociales y ONGs nucleadas en la Asamblea por los Derechos en Situación de Calle, sería otra muerte condenada al olvido.
Algo similar sucedió con la confirmación de otro caso, en Pompeya, a principios de junio. Según pudo reconstruir El Grito del Sur, otro vecino de la zona advirtió que salían fuego y humo negro desde una ranchada cerca de su casa. Desde la Policía de la Ciudad sólo tenían la información de que una vela había prendido un cartón. El incendio fue advertido por efectivos de la Comisaría 4D, pero nada más. Los afectados fueron Gisela Toledo y Alexander López, una pareja a la que la Iglesia de Caacupé les estaba tramitando un subsidio para sacarlos de la calle. Ambos llegaron al Instituto del Quemado con varias heridas e intoxicados con monóxido de carbono. Gisela se salvó, pero Alexander no. Falleció después de permanecer una semana en terapia intensiva.
Ambas muertes se suman a otras cuatro, tanto por hechos de violencia como “por la ausencia de políticas públicas y el abandono del Estado”, relevados en la Ciudad en lo que va del año por las organizaciones de la Asamblea, que de forma artesanal vienen realizando un conteo con el objetivo de evitar la impunidad que envuelve a estos casos.
En lo que va de este año, las organizaciones ya tienen relevadas al menos unas 20 muertes en todo el país, de las cuales seis fueron en territorio porteño. A las dos confirmadas recientemente, se suman otros cuatro casos: el 19 de marzo murió Cristian Walter Rizzo, de 42 años, tirado en una calle de Pompeya; el 28 de ese mismo mes falleció Loreley, una mujer migrante de 65 años, en las inmediaciones de la estación de Once, donde ranchaba; el 29 de mayo, efectivos de tránsito encontraron el cuerpo duro de un varón NN, en pleno Microcentro; y otro varón fue encontrado mientras se desangraba luego de un enfrentamiento en Recoleta.
Durante 2021, las organizaciones contaron 23 muertes en todo el país, de las cuales seis se produjeron en la Ciudad. En muchos casos figuran como “muerte natural”, pero la Asamblea cuestiona esa definición. “Las causas naturales en la situación de calle responden al desconocimiento de las condiciones de extrema vulnerabilidad y de falta de asistencia por parte de los Estados, lo que se configura como determinantes sociales de la salud y enfermedad”, explican.
El Gobierno porteño, en tanto, relevó en abril unas 2.548 personas en situación de calle, de las cuales 1.010 se encontraban efectivamente viviendo en la calle y 1.538 personas que ya se encontraban en la red de 35 centros “de inclusión”. Fue en el marco del lanzamiento del Operativo Frío, que se pone en marcha a esta altura del año, cuando las temperaturas descienden por debajo de los 5 grados. Para las organizaciones son más de 10.000.
“Por medio del programa BAP, los equipos salen al encuentro de quien lo necesita todos los días por cada barrio de la Ciudad. A partir de esos recorridos, se detectan los puntos críticos y se lleva adelante la trazabilidad de la situación de cada persona, con información digitalizada y actualizada acerca de las distintas intervenciones y de la evolución de la situación de cada una de las personas asistidas”, comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, respecto del Operativo Frío. Evidentemente no estaría funcionando.
En base a información que publicó en su momento este medio, la legisladora porteña Cecilia Segura presentó un pedido de informes en el que solicita información al Ejecutivo sobre la cobertura de los programas de asistencia. “No es la primera vez que ocurren hechos de estas características en esta población, que además sufre cotidianamente discriminación, violencia y dificultades para acceder a la red asistencial”, dice el proyecto.

22.6.2022

Por Martín Suárez

Exigen que la rectoría del Colegio aparte de sus cargos a ambas personas. Una vez decidida la toma del Nacional, la rectora se reunió con las y los estudiantes y este jueves comienzan a diagramar una mesa de negociación.

Caminan y deambulan por la escuela y por diferentes eventos que organizan los estudiantes. Uno amenaza con violencia a un alumno «te voy a bajar todos los dientes», le dijo; el otro hostiga a las chicas mientras realizan educación física en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, e impone el terror dentro de la comunidad estudiantil. Quien amenaza a las y los estudiantes es Roberto “Robbie” Rodríguez, actual jefe del departamento de Educación Física del CNBA. Rodríguez fue vicerrector del turno mañana del 2011 al 2016, y fue reelecto por tercera vez como jefe de departamento desde 2007 hasta hoy, situación que, aseguran las y los estudiantes, es ilegal.
“Este hombre fue denunciado por mirar pornografía infantil dentro del colegio, y el alumno que lo denunció fue encerrado en vicerrectoría por este mismo hombre para que no dijera nada y lo amenazó diciéndoles que le iba a romper los dientes”, detalla a Tiempo Victoria Liascovich, Presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires (CENBA). Éste miércoles desde muy temprano la comunidad estudiantil mantuvo varias asambleas donde determinaron la toma del Colegio, dado que la rectoría se niega a escuchar sus reclamos: que aparten de su cargo al jefe de departamento de Educación Física, Roberto Rodríguez, y a otro trabajador auxiliar que fue condenado en 2018 por abuso sexual agravado a una menor de edad, y que actualmente mantiene una pena de tres años de prisión en suspenso.
Este último es José Sebastián Báez, que trabaja en el Campo de Deportes del Colegio ubicado en Juana Manso al 400. La pena que recibió hace cuatro años está en suspenso y aún vigente, por abusar sexualmente a su hijastra menor de edad. “Que la condena esté en suspenso quiere decir que el juez puede suspender el cumplimiento de la misma, a la vez que la persona condenada debe tener un buen comportamiento y respetar la condición que se le impone”, detallan desde el CENBA que lograron tomar posesión del fallo judicial (que es de acceso público) y recién en ese momento se enteraron de éste grave hecho.
“Es increíble que esto pase en un Colegio histórico como el nuestro, un docente violento que amenaza a estudiantes y un condenado por abuso sexual en constante contacto con menores de edad”, agrega Liascovich. El pasado 21 de mayo, se llevó a cabo un festival de Rock organizado por el Centro de Estudiantes. Allí se lo ve a Báez merodeando entre los menores de edad que asistieron a la jornada festiva.
“Esto es muy grave, no podemos estar compartiendo actividades y ni siquiera estar en el mismo lugar un hombre abusador sexual y cientos de estudiantes”, exclama a Tiempo Fiona Leotta, vicepresidenta del centro de Estudiantes. Una vez decidida la toma del Colegio por unanimidad, ahora la decisión de que estos hombres sigan en la institución es de la rectoría que dirige Valeria Bergman. “La rectora tiene que actuar rápido, no podemos esperar más. No pueden seguir encubriendo al docente que amenaza a estudiantes y mucho menos a un abusador sexual que tiene una condena en suspenso”, agrega Leotta.
Una vez decidida la toma, la rectora Bergman convocó a una reunión con el Centro de Estudiantes, “este jueves a las 13 horas nos juntamos con ella para diagramar una mesa de negociación”, contó la titular del CENBA.

Mugre, ratas y problemas edilicios

A finales de mayo salió a la luz lo que ocurría puertas adentro del Nacional de Buenos Aires. El año pasado se le cayó un ventilador de techo en la cabeza a un estudiante mientras estaban en clases, y sus compañeros y compañeras aseguran que no lo mató de casualidad. Hace menos de 4 semanas los dos colegios universitarios, el CNBA y el Carlos Pellegrini, se movilizaron al Consejo Superior de la UBA, y exigieron soluciones urgentes a los grandes problemas edilicios entre los que se destacan: la carencia de ventilación necesaria; la falta de encendido de las calderas para calefaccionar los espacios; se inunda uno de los patios, se caen pedazos del cielorraso y los baños están en pésimas condiciones. La Subsecretaría de Hacienda de la UBA, al mando de Matías Ruiz, es la responsable de la asignación de presupuesto para cada uno de los colegios secundarios ligados a la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes denuncian que desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, esa cartera no aumentó los presupuestos anuales que quedaron congelados en 11 millones de pesos para el Buenos Aires y $ 9 millones para el Pellegrini.

22.6.2022

Lo afirman desde la Asociación de Licenciados en Enfermería, que nuclea a parte del personal de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a los despidos que está llevando adelante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

En este marco, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, denunció: “Estamos completando un relevamiento hospital por hospital. Además, estamos recibiendo en nuestra sede sindical a las compañeras y compañeros despedidos, para analizar cada caso y tener un panorama completo. Despedir enfermeras/os con capacitación, con entrenamiento profesional práctico en medio de la pandemia, que se jugaron todo, habiendo la necesidad que hay de fortalecer los servicios es debilitar el sistema de salud, ya la vez con las historias de vida que existen detrás de cada despido, de una insensibilidad total”.
“La mayoría de las despedidas son mujeres, jefas de familia, con un único trabajo. Se les informa oralmente, no se le dan mayores explicaciones, y por lo tanto el destrato y la violencia institucional es enorme. Nosotros no lo vamos a permitir, y la ALE como sindicato independiente de toda la enfermería, va a estar resolviendo medidas esta semana, porque como decimos en nuestro colectivo: en Enfermería, no sobra nadie”, agregó.

17.6.2022

Desde el espacio además señalaron que “desde la llegada de las fuerzas policiales se sucedieron una serie de hechos de inseguridad gravísimos, como ser, el robo de la totalidad de las llaves de portones perimetrales, puertas de acceso e internas de la totalidad de los edificios del predio, de un tablero inviolable al cual solo tenían acceso exclusivo los agentes federales, o el hurto de una costosa consola de sonido en el Centro Cultural Haroldo Conti, mientras las cámaras de monitoreo permanente, controlada por los policías, se ‘apagaban’ durante 14 horas sin que nadie lo advirtiera, ingresando los o el ladrón al lugar sin necesidad de violar puertas”.

Carlos Muñoz de la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA, habló sobre la preocupación de los trabajadores del predio y organizaciones de derechos humanos: “Hay policías adicionales, todos de civil y sin identificación. Empezaron a participar de actividades de observación y ahora se quedaron con el control de monitoreo de cámaras desde el Ministerio de Seguridad. Si venís a la ESMA te va a estar observando la policía con las fuerzas federales”, lamentó.
“Hace dos años, y por decisión de la gestión del secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), la policía se hizo cargo, primero del control perimetral del predio, es decir, de los accesos, que se justificaba por la cuarentena obligatoria y de ausencia de trabajadores en el predio. La situación va variando porque se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “la situación se agravó cuando empezaron a monitorear desde el sitio de memoria, es decir desde el museo, lo que llevó a un conflicto gremial con ATE. Hoy estamos en una medida de fuerza por la presencia de la policía”.
“Se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”
Consultado por los hechos de inseguridad, el referente relató: “Se robaron las llaves de todos los portones de las 17 hectáreas de la ESMA, que estaban bajo custodia de los compañeros del Área de Protección y Vigilancia, y que con la pandemia quedaron bajo la autoridad de la Policía. Ese llavero tiene las llaves de edificios de organismos de derechos humanos, del Archivo Nacional de la Memoria, del Centro Cultural Conti, por decir algunas”. Además, “la gestión no sólo no cambió las cerraduras, sino que tampoco abrió un sumario”, para investigar el hecho, explicó.
Desde la recuperación del actual Espacio de Memoria en 2004, nunca se registraron situaciones de estas características, resaltó Muñoz, quien también destacó el episodio sucedido en el Centro Cultural Conti: “Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”, y además “no violaron ninguna puerta. Se fueron y entraron por un portón también controlado por la Policía Federal”.
“Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”
“Hace seis meses tuvimos una charla con Horacio Pietragalla, que es un hijo, un compañero, pero percibimos que no tenía toda la información, sino que se enteraba en ese momento lo que pasaba, a pesar de que su jefe de gabinete estaba al tanto de todo”, explicó Muñoz al ser consultado por la respuesta del gobierno ante las denuncias realizadas.
En el comunicado, exigen que el “Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Horacio Pietragalla, ordene el inmediato retiro de los agentes policiales encubiertos de la totalidad del predio, deje de agraviar la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, y arbitre los medios necesarios para el retorno del cuerpo de trabajadores/as Protectores/as a sus tareas habituales tal como transcurría en tiempos de prepandemia”.
Por último, el referente recordó que “en 2004 cuando ingresamos al Casino de Oficiales de la mano de Néstor Kirchner, él prometió que nunca más las Fuerzas Armadas iban a estar en la ESMA y hoy encontrás a la Policía de civil”.