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El Banco Mundial reconoció el reclamo de vecinos de Saavedra contra Larreta

25.8.2022

Se trata de la construcción de un arroyo artificial en el Parque Saavedra. Los vecinos organizados lo rechazan por ineficiente y relacionado a la especulación inmobiliaria. A principios de agosto enviaron una carta al Banco Mundial para que revea el envío de fondos y éste, luego de proponer una instancia de resolución, terminó por confirmar que le quitará la financiación al Gobierno porteño.

El Banco Mundial confirmó que los fondos otorgados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante un crédito de 2016 no serán utilizados para la realización del proyecto de Regeneración del Arroyo Medrano que básicamente consiste en la construcción de un arroyo artificial en el parque del barrio porteño. Esta fue la respuesta del organismo al pedido elevado el 4 de agosto por vecinas y vecinos junto a diferentes organizaciones sociales y políticas.
Luego del rechazo generalizado expresado en una histórica audiencia pública, las y los vecinos elevaron una carta al Banco Mundial para que revea el financiamiento a la obra. El organismo consideró admisible el reclamo y abrió una ventana para la resolución del conflicto.
Ahora, mediante otra carta, informó a los vecinos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteó la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso de participación. Debido a ello, “se vuelve incompatible con los plazos del Proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención”.
La obra para el Arroyo Medrano que es postulada como una solución al problema de las inundaciones es rechazada por ineficiente y por considerarla parte de la política de extractivismo urbano y favorecimiento de la especulación inmobiliaria que lleva adelante la administración de Larreta.
Una vecina le contó a la izquierda diario que “los vecinos le pusimos un freno al gobierno de Larreta. Sentamos un precedente importante contra el avance de los negociados del Jefe de Gobierno porteño”.
Además de la suspensión de la obra, los vecinos plantean una solución propia para la problemática de las inundaciones ya que “requieren que se lleve adelante el demorado Proyecto para la mitigación de inundaciones, denominado Reservorio 2 (en Parque Sarmiento) ya que brindaría una mayor capacidad de depósito de agua, no provocaría inconvenientes en un ámbito de uso tan intensivo y valorado como el parque Saavedra y sería un proyecto mucho menos oneroso”.
Desde las bancas en la legislatura porteña del FIT-U que viene apoyando y tomando los reclamos de los vecinos (también con el apoyo de la diputada Nacional Myriam Bregman) se presentó un pedido de informe para que el Gobierno de la Ciudad explique los motivos que lo llevaron a no iniciar esta obra y en el que se pregunta si esto tiene relación con la cesión de terrenos al Belgrano Athletic Club en el Parque Sarmiento.

AMBA: en reclamo por subsidios, los empresarios mantienen lockout hasta la madrugada del jueves

24.8.2022

Como parte el conflicto iniciado tres semanas atrás, donde las patronales de los colectivos del AMBA reclaman por subsidios por parte del Estado, representantes del sector confirmaron que la quita de servicio nocturno se mantendrá durante la noche de este miércoles y madrugada del jueves. A pesar de un desembolso realizado por parte del Ministerio de Transporte este martes y del aumento de los boletos a inicios de agosto de un 40 %, que golpea millones de trabajadores, las cámaras empresarias de un sector con abultadas ganancias, continúan chantajeando por recibir más desembolsos.

En medio del conflicto que mantiene el Estado, a través del Ministerio de Transporte, con las cámaras empresariales del transporte de colectivos, éstas ratificaron la continuidad de la medida de fuerza en la noche de este miércoles, que se extiende a la madrugada del jueves.
El lockout patronal que vienen llevando adelante hace casi un mes y que retomaron el pasado viernes fue confirmado a pesar de que después de la reunión del martes entre representantes de las cámaras y funcionarios de Transporte, los transportistas habían afirmado que la medida se levantaría si el Gobierno realizaba uno de los desembolsos comprometidos.
Desde Transporte confirmaron que la transferencia por $ 3.900 millones se realizó el martes y que impactaría este miércoles. Pero, los transportistas aseguraron que mantendrán la medida ya que “si se acreditaran los fondos esta tarde, ya es imposible convocar a la gente para que venga a trabajar y reanudar los servicios en la noche”. Es decir, a pesar de recibir ese monto millonario, las empresas de colectivos dejarán nuevamente varadas a miles y miles de trabajadores y trabajadoras que necesitan trasladarse a sus casas o lugares de trabajo.
Según el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor, la deuda de subsidios que el Estado mantiene con las empresas es de $ 11.600 millones, sin contar los 3.900 desembolsados el martes. El conflicto con los empresarios del transporte está teñido a la vez por las pujas de recursos entre el Gobierno nacional y de la Ciudad. Según Vittor, 9.500 millones de esa deuda le corresponden a Nación y 2.100 millones a la Ciudad. De esa manera, se tiran la pelota entre las dos administraciones por el desembolso a las 32 líneas que operan en la Ciudad, y éstas continúan el chantaje privando de servicio nocturno a cientos de miles de trabajadores.
Desde el Ministerio de Transporte sostuvieron que se “continúa con el compromiso asumido de continuar abonando la deuda y seguirá manteniendo el diálogo con las Cámaras Empresarias”. Es decir, que desde el Gobierno se continuará cediendo al chantaje de las patronales que amasan fortunas año a año y que reclaman por los beneficios millonarios que le da el Estado para cubrir parte de sus costos, garantizando así las ganancias millonarias de los empresarios del sector.

Ataque homoodiante en la Ciudad de Buenos Aires: «Fue un intento de homicidio»

22.8.2022

Al grito de “puto de mierda”, alrededor de ocho sujetos los agredieron con golpes y piedras. Dos hombres fueron víctimas de un ataque homoodiante este lunes al salir de la San Martin Fest en el barrio porteño de Balvanera. Al grito de “puto de mierda”, alrededor de ocho sujetos los agredieron con golpes y piedras. Para uno de los damnificados se trató de “un intento de homicidio” y apuntaron contra el accionar negligente de la Policía de la Ciudad y el personal de salud que los atendió.

Se trata de Gerardo Gabriel Garvizú (29) y Alejandro Oscar Ibarra (32), dos amigos que celebraban su reencuentro en la fiesta LGBT+ en el espacio llamado El Teatrito, ubicado en la calle Sarmiento 1752.
“Adentro nos sentimos bien, nos cuidaron. Siempre en los boliches de este ambiente me he sentido bien. Nunca me imaginé que saliendo del lugar íbamos a recibir esta paliza por parte de ocho personas, aproximadamente”, dijo a Presentes Gabriel, una de las personas golpeadas sobre la calle Rodríguez Peña, entre Sarmiento y Perón, al salir de la fiesta.
“Salimos contentos, abrazados, nos besamos. Creo que eso fue motivo para descargar su odio contra nosotros”, agregó.
A Oscar “le pegaron con una piedra en la cabeza”, señaló su amigo. Para Gabriel, se trató de “un intento de homicidio porque estuvo en peligro la vida de mi amigo y la mía”.
“Nos terminan reduciendo. Nos pegan en la cara, en la cabeza. Empiezo a sangrar. Fue un momento horrible. Traté de mantener siempre la entereza de no perder la conciencia ni nada porque no estaba solo y me preocupaba su bienestar”, describió.
Producto del ataque, Garvizú no recuerda “las caras, quiénes eran” y tampoco “cómo estaban vestidos”. Aunque señaló: “no creo que sea tan difícil ubicarlas a través de cámaras, siendo un barrio tan concurrido”.

Agredidos y abandonados por la policía y la salud

Gabriel criticó el accionar del personal tanto policial como médico que tuvieron intervención durante todo el proceso.
“Estuvimos como 40 minutos esperando el SAME que nunca llegó”, dijo. Agregó, además, que los agentes de la policía se negaron a llevarlos a un hospital o a una dependencia policial para radicar la denuncia.
El personal policial que intervino forma parte de la Comisaría Vecinal 1B, ubicada en Tacuarí 770. “Nunca fueron a buscar a los culpables”, dijo. La comisaría, en tanto, no atendió las llamadas de este medio.
Desde el lugar de los hechos se movilizaron en un taxi hasta el Hospital General de Agudos José Ramos Mejía, pero allí también recibieron destratos, según relataron.
“Entramos por el sector de ambulancias. Salió un doctor y nos dijo que no podíamos atendernos ahí, que nos tomemos un taxi hasta el Argerich porque no tenían tomógrafo. Así, sin curarnos las heridas, sin saber lo que teníamos, con el estado de shock y vulnerabilidad en el que estábamos. Fue muy fuerte. Hubo abandono de persona. Los mismos compañeros y la jefa de guardia cubrieron después a esta persona”, sostuvo Gabriel.
Ellos decidieron permanecer en el lugar y, finalmente, los atendieron en la guardia del hospital. Allí les hicieron placas y suturaciones, pero no recibieron atención psicológica.

De lo verbal a lo físico

Actualmente se encuentran recuperándose. Oscar Ibarra, quien resultó más gravemente herido, fue dado de alta ayer en un sanatorio del barrio de Colegiales y aguardan su recuperación para efectuar la denuncia. “Está con cortes en la cabeza, le hicieron varias suturas, tiene el maxilar fracturado, golpes en el cuerpo. Estamos muy mal psicológicamente”, señaló Garvizú.
La Defensoría LGBT se comunicó con las víctimas y se puso a disposición para las denuncias correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal y en INADI. También ofreció los dispositivos que co-gestiona la organización La Fulana en el Centro Integral Pepa Gaitán.
“Todavía hay situaciones de discriminación y violencia hacia la diversidad”, dijo la activista LGBT+ María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
Para ella, estos ataques son incentivados y avalados “por discursos de odio en los medios de comunicación y la política que están creciendo y a su vez aumentan la discriminación y la violencia”. “Es un tema que nos preocupa y estamos trabajando para poder prevenirlo y dar respuesta a las situaciones que se generen”, indicó.
Desde el Bachillerato Popular IMPA denunciaron a través de sus redes sociales el ataque que recibió Oscar Ibarra, egresado del bachillerato. “Estos ataques homoodiantes no pueden seguir pasando. Rechazamos y repudiamos este tipo de acciones y exigimos reparación inmediata”, dijeron en un comunicado.
“Me gustaría que se haga justicia. Que se pueda detener a estas personas y que esto se visibilice. Que no quede en la nada la agresión que recibimos y tampoco el accionar que tuvo el personal policial y médico ante una situación de gravedad”, concluyó Gabriel Garvizú.

Masiva marcha de la comunidad educativa de Barracas: «Con hambre no se puede estudiar»

22.8.2022

Docentes, estudiantes y familias marcharon desde la escuela primaria N°11 de Barracas hasta la Jefatura de Gobierno porteño. Ante la muerte de una alumna por falta de respuesta estatal en medio de situaciones de desnutrición participan organizaciones sociales, barriales, políticos y sindicales en solidaridad con los reclamos de la comunidad educativa.

Desde las 17:00. se realizó una masiva caravana que organizó el cuerpo docente de la escuela primaria N° 11 del barrio de Barracas, “República de Haití”, en común con organizaciones barriales, sociales, políticas y sindicales para manifestarse contra la falta de respuesta de un Estado ante el fallecimiento, la semana pasada, de una alumna de 11 años con problemas de nutrición.
La movilización masiva marchó a Jefatura de Gobierno, responsabilizando al Gobierno porteño de la falta de respuesta ante lo que los docentes denuncian “con hambre no se puede estudiar”.

Familias movilizadas contra la directora de escuela porteña que golpea y amenaza a estudiantes

20.8.2022

Por Martín Suárez

La acusada, Mónica Casalini, tiene varias denuncias en su contra y podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión. Ante la protección de Soledad Acuña, las familias volvieron a pedir su remoción del cargo.

Mónica Casalini, golpeadora de alumnos, sigue gozando de la impunidad que le da la defensa por parte de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña.
A pocas horas de celebrarse el Día de las Infancias en nuestro país, el abandono y la desidia del Estado porteño en niñas y niñas no es una sensación, y la comunidad educativa es uno de los sectores más castigados. Esta semana se conoció el caso de la menor de 11 años que se descompensó en una escuela de Barracas y que falleció este lunes. Una historia de vida llena de vulneraciones, el llamado de urgencia al SAME y una ambulancia que nunca llegó; la mala alimentación de los estudiantes con viandas escolares reducidas en cantidad y de baja calidad; el cierre de hogares en CABA por falta de recursos y presupuesto; y la violencia física y psicológica contra chicos y chicas en manos de la directora de una escuela de Retiro, entre los hechos más conocidos. Las familias piden mayor acompañamiento de la oposición en la Legislatura porteña, que se sumen al reclamo y acompañen el pedido de la comunidad educativa.
El 1 de julio Tiempo sacó a la luz una ola de agresiones físicas, psicológicas y el constante amedrentamiento que sufren estudiantes y docentes de la Escuela Primaria Común Nº 25 Bandera Argentina de Retiro, más conocida como “La Banderita”. Los hechos son perpetrados por la directora del lugar, Mónica Casalini, acusada de golpear a los estudiantes que integran una de las comunidades educativas más vulnerables. La acusada, golpeó fuertemente a un chico de 10 años que estuvo desaparecido varias horas luego de haber escapado de la escuela, tras ser amenazado con ser internado; también golpeó e internó a dos hermanitos en un instituto de menores que vivían con su abuela, y que los vecinos lograron que vuelvan a su casa; insulta a las familias y les prohíbe el ingreso a la escuela en los actos oficiales. Por estos hechos, las familias se movilizaron exigiendo la renuncia de Casalini y que la ministra Soledad Acuña la remueva de su cargo.
A casi dos meses de que estos graves hechos salieran a la luz, Casalini sigue en su lugar con un apoyo manifiesto de la propia ministra Acuña que visitó la escuela de la Villa 31 y se sacó fotos con la acusada. Este viernes las familias volvieron a movilizarse para exigir la renuncia de Casalini, y pidieron que toda la comunidad educativa se sume a este reclamo al igual que los diferentes espacios políticos de la oposición.
“Ya estamos cansadas de esta señora que se cree que puede andar golpeando a nuestros hijos cuando se le cante. La queremos presa, pero antes que la aparten de su cargo porque esto no da para más”, exclama a Tiempo Norma, que lleva a sus dos hijos de 8 y 11 años a La Banderita. Las familias afirman que Casalini provoca constantemente a la comunidad educativa y está buscando que “todo explote, no podemos seguir dejando a nuestros hijos en este lugar si esta señora sigue como directora. No le pedimos, le exigimos a Soledad Acuña que la renuncie”, agrega.
Como lo denunció la comunidad educativa en reiteradas ocasiones, la directora de La Banderita cuenta con protección política. La propia Casalini hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes, gritando que nadie la mueve de ahí porque tiene amigos en el ministerio de Educación. Pero la agresión no es solo contra niños, niñas y las familias, también persigue a maestras y ejerce violencia psicológica: “Después de varias denuncias Casalini sigue estando en el cargo. Y son muchas las denuncias que tiene no solo administrativas, también policiales y penales”, explica a Tiempo Florencia Diasprotti, maestra y delegada de la Escuela Mugica. La docente recuerda que tras una movilización de las familias donde exigían la renuncia de Casalini, al otro día la Ministra Soledad Acuña se acercó a la escuela y se sacó fotos con la directora acusada. «Más que una señal de apoyo esas fotos son una amenaza de la ministra hacia la comunidad educativa, pero estamos acostumbradas a que el gobierno de la Ciudad no escuche a la comunidad educativa de la Villa 31, que ahora sostiene en su cargo a una directora que golpea a estudiantes y violenta a las familias», suma Diasprotti.
Raquel Saravia, abogada de varios integrantes de la escuela La Banderita que judicializaron la situación, aseguró a Tiempo en su momento que los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora Mónica Casalini están contenidos en el artículo 91 del Código Penal, y que “podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”. La letrada pide la separación del cargo de Mónica Casalini por torturas psicológicas y violencia agravadas, ya que es la persona encargada de la guarda de los estudiantes.
“Parece una película de terror esto, pero es verdad. Yo tengo a mis tres hijas acá y no voy a permitir que Casalini ni nadie maltrate a mis hijas, ni yo les grito en mi casa y mucho menos les levanto la mano. Queremos que renuncie esta mujer”, señala Lucía, mamá de tres nenas que envía a sus hijas a la escuela. Las familias no se sienten acompañadas por los espacios políticos opositores al gobierno porteño y reclaman mayor apoyo en el pedido de renuncia de Casalini. “En todos lados nos boludean”, cuenta Lucía, cuando vamos al ministerio a denunciar la violencia de Casalini nos atienden psicólogas, como si nosotras fuéramos las locas y no esta mujer que golpea a los pibes”, remata.

Se suman denuncias de violencia infantil contra la directora protegida por Soledad Acuña

Mónica Casalini, de la Escuela La Banderita, fue acusada de maltrato físico y psicológico a un nene de 10 años. La abuela de otros dos chicos afirma que los mandó a internar. Para Ciudad es una «mujer que inspira».

Mónica Casalini es la directora de la Escuela Primaria Común Nº 25 Bandera Argentina de Retiro, ubicada en las inmediaciones de la Villa 31. Su presencia en “La Banderita” causa temor en docentes, estudiantes y familias, y acumula denuncias por “maltrato infantil”, una figura que incluso puede contemplar prisión efectiva. Como reveló Tiempo, días atrás fue acusada de agredir verbal y físicamente a un niño. La comunidad educativa se movilizó para pedir su renuncia o remoción, pero la respuesta de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no solo fue sostenerla sino que exhibió gestos desafiantes, como el jueves pasado cuando visitó el establecimiento y se mostró junto a Casalini para brindarle su apoyo. No solo eso. En la web oficial del Gobierno de la Ciudad la rectora es destacada como una “mujer que inspira” y que a “su compromiso pedagógico también le suma la contención social”.
Días atrás, A. un alumno de 10 años, estuvo desaparecido varias horas tras haber escapado de la escuela, luego de ser golpeado y recibir amenazas con que iba a ser internado. A raíz de este hecho, la familia denunció a la directora en el Ministerio Público Fiscal por “violencia física y psicológica”. En el texto, al cual accedió Tiempo, se detalla que A. terminó con el labio ensangrentado en el ensayo del acto por el Día de la Bandera, después de recriminarle a Casalini que anteriormente había golpeado contra la pared a un amigo suyo y le había roto un zapato. «Dijo que él se tiró solo y después empezó a gritar y me empezó a amenazar en frente de todos», relata el niño en la causa. «Me empujó contra la pared y me rompí el labio». Cuando le levantó la mano para golpearlo fue frenada por una docente. Después se lo llevan a las oficinas de dirección. Aparecen tres maestras a defenderlo, «y les dijo: retírense porque no es su alumno». Y le advierte al chico: «No le digas nada (a tu mamá) o vas a ver». Cuando A. intenta irse, la directora (según el relato de testigos, incluidos docentes) le exige al profesor de inglés que lo agarre, y llama al SAME porque “se tenían que llevar al chico porque estaba loco”, “que había un chico especial”, de acuerdo a la denuncia. Finalmente A. logra escapar. Por temor no va a su casa. Termina deambulando por el barrio hasta la noche.
“Cuando Casalini dice que va a internar a un estudiante lo cumple”, advierte una maestra de La Banderita. Así lo hizo con dos hermanos de 8 y 7 años, según denuncia su abuela, Noemí Medina, que hoy está al cuidado de ellos. “Los fui a buscar a la escuela como todos los días y no salieron, los esperé como 20 minutos en la puerta y luego entré”, revela. Al ingresar reclamó dónde estaban sus nietos. Nadie respondía. “Me metí en la dirección, pregunto por Facundo y Zoe y alguien me dice que estaban encerrados en un aula. La veo a la directora y le pregunto por qué, y me dice que los chicos estaban sucios y que los iba a internar”, agrega. “Es mentira, los envío todos los días bañados y con el guardapolvo blanco. Después la directora me dijo que los interna en el correccional porque se portaban mal”. Los chicos estuvieron dos semanas alojados en el Centro de Atención Transitoria N° 2 de Chacarita. Luego de varios trámites, volvieron con su abuela, que anticipa: “Voy a denunciar penalmente a Casalini”.
“Nuestros niños y niñas necesitan mucha ocupación. Hay que restituirles derechos, los cuales no tuvieron durante mucho tiempo, y el derecho principal es el de la educación”, asegura Casalini en la página de Ciudad. Allí se relata que la directiva participó de la Escuela de Verano. “Desde chiquita, ya cuando estaba en el jardín, jugaba a ser maestra. Considero que para que todo suceda tenemos que accionar, no tener miedo, animarnos”, continúa Casalini, quien además trabaja de asesora pedagógica en el programa Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE). Quienes trabajaron con Casalini marcan determinados momentos en los que se la ve «sacada», desbordada, agresiva: “una persona que está continuamente al borde del colapso”, la definieron.
“Puteadora, autoritaria». De los golpes a niños delante de todos «testigos sobran, pero tenemos miedo porque el día de mañana nuestro trabajo puede depender de esta mujer y esta gente con poder es muy peligrosa”, explica una maestra que trabajó con ella en la Escuela Primaria N° 14 Capitana María Remedios del Valle, en Villa Soldati: «entró como secretaria suplente y se quedó en ese puesto casi tres años”. Cuenta que el rasgo más saliente «es el desprecio profundo a la comunidad educativa y las poblaciones con bajos recursos con frases como ‘Mirá, se lleva la leche a la casa pero tiene zapatillas nuevas’ o ‘estos planeros de mierda ignorantes’”.
“Una vez citamos al papá de un nene que casi no hablaba en clases, y cuando nos pusimos a dialogar con él tenía un dialecto muy cerrado, ellos en la casa hablaban en quechua o aymará. Y Casalini de manera despectiva le dijo que hablaba peor que su hijo”, recuerda la docente. Rodrigo es facilitador pedagógico digital en la Escuela 14 DE 19 de Soldati y también trabajó con Casalini: “Siempre buscó lo mejor para ella. En mi escuela hizo ‘equipo’ con la vice y le movían el piso a la directora”. Y recuerda: “Había un estado de urgencia que generaba. Si estabas dando clases y Casalini no podía imprimir una hoja, te hacía parar la clase para que le soluciones el problema. Debíamos parar todo porque la señora lo decidía. Ningún capricho está por arriba de una clase”.
Las fuentes consultadas sostienen que su ingreso como directora de La Banderita «fue turbio». Una persona allegada que hizo el curso de conducción junto con ella afirma que no lo aprobó. Lo que sí parece probado es su cercanía con las autoridades ministeriales.

El agravante de ser la que debe cuidar a los niños

La directora de La Banderita cuenta con protección política. Así lo denuncia la comunidad educativa. Ella misma hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes. “En primer lugar lo que pido es la separación del cargo de Mónica Casalini. Hice una ampliación de una denuncia penal, porque las torturas psicológicas y violencia física que hace esta mujer tienen un agravante: es la persona encargada de la guarda del niño, por eso son delitos agravados”, explica a Tiempo Raquel Saravia, abogada de la familia de A., el niño de 10 años golpeado, y de varios integrantes de la escuela La Banderita. Los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora Mónica Casalini están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. “Esta mujer podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”, advierte la abogada. La letrada, además, denuncia que a su representado legal le están ofreciendo una vacante en otra escuela. “En estos casos el Ministerio de Educación de la Ciudad debe separar al docente violento, no al alumno, como quieren hacer con el niño”.

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