Comunicadores del Sur

6.7.2022

Por Natalia Laris y Giselle Rocca

El martes 5 de julio, usuarios y trabajadores de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), realizaron un abrazo al hospital Méndez, denunciando la falta de prestaciones y el vaciamiento de la misma. Al no recibir respuestas, convocan a una marcha el próximo martes 12 de julio, a la sede central de la obra social.

En el transcurso de la semana pasada, en asamblea, se votó realizar un abrazo al hospital Méndez el martes 5 de julio a las 17hs. Usuarios y trabajadores de la ObSBA, denunciaron la falta de prestaciones y el vaciamiento de la misma. Al no recibir respuestas, convocan a una marcha el próximo martes 12 de julio, a la sede central de la obra social, sita en Avenida Rivadavia 6082 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las denuncias sobre el vaciamiento de la obra social de los empleados del GCBA continúan. Hay alarma entre los afiliados y afiliadas por el cese de prestaciones y la posibilidad de quiebra, impulsada por Larreta y sus socios sindicales Amadeo Genta y el diputado porteño Alejandro Amor.
Sus números y balances están en rojo y muestran una deuda que supera los $ 4.000 millones (aunque por lo bajo se estima que asciende a los $ 7.000 millones). Empresas prestadoras de la entidad incluso ya están pidiendo la verificación de las deudas que mantiene con ellas, lo que enciende las alarmas ante una posible convocatoria a un concurso de acreedores.
Las cabezas del sindicato de municipales SUTECBA, Amadeo Genta (histórico aliado de las gestiones macristas) y su socio Alejandro Amor (hoy legislador electo por el Frente de Todos porteño), en acuerdo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, conspiran para culminar la entrega de una obra social cada vez más vaciada de servicios, coberturas y prestaciones. La responsabilidad y complicidad es indiscutible a esta altura, luego de años y años de deterioro de la ObSBA.

Testimonios que reflejan el ataque al derecho a la salud de los trabajadores

“Soy docente. He pagado más de 30 años los aportes. Nos descuentan puntualmente. Y por eso exigimos que sea una prestación acorde a todo el dinero que embolsa la obra social de la ciudad de Buenos Aires. Últimamente ha habido irregularidades, en la atención de kinesiología, psicología y de toda orden. Sumado a eso, el cierre de los lugares que tenemos para nuestra recreación. Tanto los docentes como los trabajadores de la salud lo necesitamos. Exigimos que se reabran los hoteles. Queremos nuestro derecho a la obra social que pagamos puntualmente todos los meses. No queremos que se lleven nuestros aportes a otra obra social o prepaga”, nos decía una docente jubilada.
Otro docente que participó de la acción, dijo: “Estamos sufriendo la reducción de las prestaciones y los servicios. Me enteré que se juntaban acá y vine”.
Un enfermero de la Ciudad agregaba: “Esta obra social está intervenida hace años por el gobierno de la Ciudad, son mayoría en el directorio que toma las decisiones, están cerrando todas las prestaciones. Cobrando copagos, que no todos tenemos posibilidades de pagar. Y la obra social es nuestra, de los afiliados y de los trabajadores, no de los directivos. Por eso estamos levantando la voz, organizándonos, saliendo a la calle”.
El enfermero se estaba refiriendo a la intervención directa que tiene el gobierno de la Ciudad desde la creación de la ObSBA, en el año 2000 bajo la ley 472. La misma estipula en el artículo 6 que el jefe de gobierno de la Ciudad es el que designa a la mayoría de los miembros del directorio, salvo al presidente, este es designado por el sindicato SUTECBA, junto a otros miembros. Es este directorio el que toma también decisiones acerca de las prestaciones, gastos y la administración de la obra social.
El testimonio de una trabajadora del Sanatorio expresaba, “quiero que esto se solucione rápidamente. Hay un vaciamiento de la obra social. Cierran los servicios. Este año, nos retrasaron el aguinaldo y pagaron primero el sueldo y luego el aguinaldo, cuando toda la vida pagaron las dos cosas juntas. Nosotros tenemos que estar en alerta y venir a defender nuestra obra social”.
“Vine porque quieren cerrar el sanatorio. Nos están sacando nuestro derecho a la salud y lo necesitamos. Es nuestro, tanto el sanatorio, como la obra social. Están vaciando ObSBA, por eso vine”.

Nuestra salud no se delega, no se vende, sino que se defiende

Estos testimonios, reflejan el ataque al derecho a la salud de las y los trabajadores. También reflejan la pelea por el derecho a la salud, la cual no se puede delegar. Son ellos quienes pueden dar salida a esta situación. Es por esto, que además de exigirle al gobierno y al cuerpo directivo de la obra social que garanticen el acceso a las prestaciones, las y los trabajadores junto a los usuarios, deben tener acceso a la información y el control de lo que se hace y de lo que no. Empezando por la apertura de los libros contables y administrativos para saber qué pasó y qué está pasando con los aportes que hacen mensualmente 280.000 afiliados, los convenios con los prestadores deben ser públicos. Las y los trabajadores del hospital Méndez, hacen un esfuerzo enorme por garantizar una atención de calidad, aún con el maltrato que sufren. Son fundamentales para planificar una atención integral para las y los pacientes.
Como dicen los propios afiliados, la privatización no es una opción. Tenemos que unificar reclamos para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sanatorio Méndez y la obra social, así como la reapertura de los hoteles y todas las prestaciones cerradas.
Es evidente que no se respeta el derecho a la salud, y esto es una consecuencia de la opresión general que viven las y los trabajadores. En un país con crisis constantes, se hace evidente en cada reclamo, en cada vulnerabilidad de derechos, que la salida es aunando luchas entre distintos sectores de la clase trabajadora.
También se puede ver y sufrir el crecimiento de la precarización laboral, los contratos basuras y la degradación de la educación y la salud. Esto es responsabilidad de los sucesivos gobiernos y las burocracias cómplices. En este sentido, somos las y los trabajadores quiénes debemos hacer valer nuestros derechos recuperando los sindicatos y participando en el manejo de nuestra obra social.

6.7.2022

Este lunes se llevó adelante una audiencia pública por la educación en la Legislatura porteña. Estudiantes secundarios de más de veinte colegios de la Ciudad acercaron sus denuncias sobre la situación edilicia, las pasantías gratuitas, la alimentación y la falta de ESI, entre otras problemáticas que atraviesan.

Compartimos comunicado difundido desde el Frente de Izquierda, organizadores de la audiencia:
La diputada Myriam Bregman manifestó: “Abrimos este espacio para que se escuche la voz de las y los estudiantes que vienen realizando sentadas, marchas, cartas por sus reclamos y no son escuchados. Recibimos decenas de denuncias a diario sobre las malas condiciones edilicias de las escuelas, pero ahora queda más en claro la situación crítica del servicio de comedores escolares y viandas. Dejamos nuestras redes sociales a disposición para seguir sumando las denuncias”.
Los y las estudiantes centraron su principal denuncia en la escasez y la mala calidad de las viandas.
Algunos de ellos expresaron: “Los chicos y chicas corren para llegar rápido al reparto de viandas, sino se quedan sin comer”; “Yo puedo dejarle mi vianda a otre compañere porque en mi casa luego como, pero no todes les pibis tienen esa suerte”; “En nuestro colegio hubo compañeres que se brotaron porque los sandwiches estaban en mal estado”. También sumaron denuncias por las pasantías gratuitas impuestas por Soledad Acuña que incluyen “prácticas” que se llevan a cabo en Rappi, fábricas de sandwiches, oficinas donde solo sirven café y hasta en la policía de la Ciudad.
La legisladora Alejandrina Barry expresó: “También hemos presentado un proyecto para que se derogue la resolución que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo por su carácter discriminatorio. Les pibes no necesitan prohibiciones, necesitan que se escuchen sus reclamos por una educación de calidad. Larreta y Acuña hablan de calidad educativa, pero han destinado sólo el 0,1% a becas escolares, mientras destinan el 22% para publicidad oficial”.

5.7.2022

Por Diego Moneta

El 8 de julio de 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. El caso demuestra el accionar cómplice de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otras dependencias del Estado. Este sábado 9 se llevará a cabo un festival en Lugano en memoria de los jóvenes.

El 8 de julio se cumplen trece años desde que Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, de 17 y 25 años, fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. Aquel hecho, en 2009, abrió una cadena de acciones estatales que demuestran todas las caras de la violencia institucional. Este sábado 9, desde las 13 hs. en Fonruge y Chilavert en Lugano, se llevará a cabo un festival en memoria de los jóvenes, bajo la consigna “el dolor se transforma en lucha”, y que incluirá diversas actividades.
Kiki había sufrido hostigamiento policial en reiteradas ocasiones, incluido el día anterior. Su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 52ª y, tras estar desaparecidos durante dos meses, recién el 14 de septiembre se les informó que estaban enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita -donde también apareció Luciano Arruga-, a pesar de que el juez Facundo Cubas ya tenía la identificación. A ello hay que sumar la responsabilidad del personal del Hospital Piñero, el Registro Nacional de las Personas y de la morgue judicial que nunca registraron ni dieron aviso.
El caso demuestra que la matanza de pibes de barrios populares en manos de fuerzas de seguridad sigue siendo sistemática en nuestro país y que el entramado también involucra el accionar del poder judicial. Cubas, del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 49, en una investigación a espaldas de la familia y a cargo de la misma fuerza federal, acordó el sobreseimiento de Veyga por entender que era un caso de legítima defensa., siguiendo al pie de la letra la justificación del uniformado.
El camino de injusticia para las familias está plagado de irregularidades, entre las que se encuentran la desaparición de pruebas, el lavado del auto del acusado y la falta de declaraciones de testigos, pero por sobre todo de desidia. A fines de 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la decisión y Cubas fue apartado, por lo que Juan María Ramos Padilla se hizo cargo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y el principio de duda, volvió a confirmar la disposición inicial.
Tras ocho años de mucho esfuerzo, la causa fue reabierta y se llegó a juicio oral y público, aunque las provocaciones siguieron: se buscó impedir concentraciones en la puerta del recinto, no se permitió el ingreso de la prensa a la sala, se valló el edificio, el acusado se negó a declarar y hubo testimonios contradictorios. A pesar de que el perito encargado de la autopsia ratificó que los disparos fueron una ejecución. A pesar de ello, el Tribunal Oral Criminal N° 16, conformado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, dictaminó la absolución de Veyga. Luego de varias apelaciones, y en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario.
Al Poder Judicial “siempre le molestó que echemos luz sobre lo que hicieron con la investigación”, aseguró Matías Busso, abogado de la familia Lezcano. El caso todavía aguarda el tratamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras los familiares pueden cruzarse a Veyga uniformado y armado por la calle, dado que sigue siendo parte de la Policía Federal. “El Estado en general es responsable, pero esto tiene nombres y apellidos”, remarcó Angélica Urquiza, madre de Kiki.
En 2010 nació la Casita de Kiki en Villa 20, Lugano, desde la cual se desarrollan distintas actividades, tales como educación popular, talleres recreativos, salud comunitaria, orientación universitaria y acompañamiento a familias víctimas de violencia institucional. Además, con motivo de cada aniversario, impulsan festivales culturales, como el que se llevará a cabo este sábado 9. Habrá una radio abierta, música urbana y bandas en vivo, peloteros y una jugoteca.
Para colaborar con La casita de Kiki se puede contactar a la familia por Facebook.

4.7.2022

Las denuncias sobre el vaciamiento de la obra social de los empleados del GCBA continúan. Hay alarma entre los afiliados y afiliadas por el cese de prestaciones y la posibilidad de quiebra, impulsada tras bambalinas por Larreta y sus socios sindicales Amadeo Genta y el diputado porteño Alejandro Amor.

La obra social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) se encuentra en un estado preocupante. De ella depende la atención médica de cerca de 280.000 empleados municipales como docentes, trabajadores de la salud y de las áreas administrativas del Gobierno porteño, y también del personal ya jubilado. Además del propio plantel de trabajadores que cumplen funciones en la estructura de la obra social.
Sus números y balances están en rojo y muestran una deuda que supera los $4.000 millones (aunque por lo bajo se estima que asciende a los 7.000 millones de pesos). Empresas prestadoras de la entidad incluso ya están pidiendo la verificación de las deudas que mantiene con ellas, lo que enciende las alarmas ante una (muy) posible convocatoria a un concurso de acreedores.
Durante la pandemia se vio claramente el estado calamitoso de la salud pública y como en la salud privada prima el interés de lucro. En sus distintas órbitas, desde la porteña hasta las instituciones dependientes del gobierno nacional o en la PBA de Kicillof. Un claro ejemplo fue la Clínica San Andrés de Caseros, quienes reclamaron contra el cierre de la clínica que cubre la atención de unos 18.000 afiliados al PAMI.

Burócratas de un lado y otro de la grieta

Las cabezas del sindicato de municipales SUTECBA Amadeo Genta (histórico aliado de las gestiones macristas) y su socio Alejandro Amor (hoy legislador electo por el Frente de Todos porteño) en acuerdo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta conspiran para culminar la entrega de una obra social cada vez más vaciada de servicios, coberturas y prestaciones.
Si bien se dice por lo bajo que la deriva de la ObSBA responde a maniobras ligadas a una camuflada interna sindical entre Genta y Amor por la sucesión del SUTECBA, lo cierto es que todo esto repercute en un nuevo ataque a la salud y derechos de los empleados dependientes del gobierno de Larreta y de la propia obra social. La responsabilidad y complicidad de ambos es indiscutible a esta altura luego de años y años de deterioro de la ObSBA.

Cierre de las residencias turísticas

Actualmente al menos de forma nominal, figuran como presidente Juan Carlos Cela y Agustina Majdalani como vice. Los dos fueron designados en sus cargos por Larreta. En el caso de Majdalani en reemplazo de Walter Correa (ex chofer del alcalde porteño). Son quienes recientemente dieron otro golpe a la entidad cuando decidieron de forma unilateral el cierre de las residencias turísticas de la obra social en Mina Clavero y Salsipuedes (Córdoba) junto con la de Mar del Plata.
Del complejo de Salsipuedes, dependen 57 trabajadores, y además la provisiòn de agua potable para otras 200 familias de un barrio aledaño cuya fuente es el pozo del hotel. Misma situación involucra a otros 70 trabajadores están abocados al llamado Residencia Marítima “Patricio Datarmini” en pleno centro de Mar del Plata. Se especula con que detrás de los cierres (incluso ya comunicados en la página de ObSBA) hay posibles intereses por la realización de futuros negociados inmobiliarios. No por nada Majdalani tambien es presidenta de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad anónima conformada por los gobiernos de CABA y Nación
Las residencias turísticas de la ObSBA en Mar del Plata, Salsipuedes y Mina Clavero.
Estos cierres implican el peligro de la continuidad laboral del personal, en su mayoría precarizado bajo contratos de locación de servicio. Los despidos pueden continuar ya que Cela ordenó realizar un “relevamiento del personal de planta permanente y transitoria afectado a la Gerencia de Actividades Recreativas y Turismo y alas residencia turísticas”. Además del daño provocado a los afiliados, también los propios trabajadores de la ObSBA lo sufren con estos despidos y sueldos bajos.

Víctimas del vaciamiento

El vaciamiento trae como consecuencia la falta de prestadores, de profesionales médicos para el tratamiento y atención y hasta de centros especializados que interrumpieron la atención de afiliados por la falta de pagos de la ObSBA. Demoras eternas en los turnos, cancelaciones abruptas y el cobro de copagos completan el cuadro.
El gobierno porteño la mantiene intervenida desde la última gestión municipal de Macri en 2008. Actualmente el GCBA es quien decide sobre órdenes de pago, compras y contrataciones. También maneja los fondos de gerencia administrativa, las auditorias y balances. Su control es total, incluso se comenta que entre los objetivos larretistas del vaciamiento estaría la incorporación del Sanatorio Dr. Julio Méndez en la órbita del Gobierno porteño.

Plata hay ¿pero dónde va a parar?

Incluso los empleados de la Obsba tienen que soportar situaciones que rozan la burla, como el aumento que denuncian que Cela otorgó a su secretaria llevando su sueldo a una cifra cercana a los $310.000 o que, como se supo hace poco, se destinaron $300.000 para reformas en el despacho de la actual vicepresidenta Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia Majdalani (ex subdirectora de la AFI durante la presidencia macrista.
Los sueldos y cargos son “premios” designados a dedo, para aquellos que son amigos y amigas de la gestión de Larreta y de Juntos Por el Cambio. Nada más alejado de un control o dirección de los propios afiliados sobre la obra social y sus recursos.

La organización de sus trabajadores y afiliados

En un comunicado que circuló el jueves 23 con la firma del Consejo Directivo, el sindicato afirma que «es hora de elegir de qué lado debemos estar», lo cual parece un mensaje a ellos mismos antes que a los afiliados y afiliadas que padecen el vaciamiento sistemático y cada vez más preocupante. También «aclaran» que las residencias se cerraron temporariamente y que volverían a abrir en el verano, aunque la nota con la firma de Cela cesando los contratos y ordenando rever los que continúan vigentes es un hecho innegable.
A pesar de esto, y más allá de la propia interna sindical del SUTECBA con la que el sindicato intenta cubrir y desviar la atención, los trabajadores y usuarios de la ObSBA se están organizando para defender este nuevo ataque a la salud. Es importante la organización entre trabajadores y usuarios afiliados, que involucran a municipales, trabajadores estatales, docentes etc, contra el vaciamiento y para que la salud no sea un negocio.

1.7.2022

Por Silvana Melo

Las prácticas laborales obligatorias que puso en marcha este año el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ingresan en un sector de adolescentes y jóvenes que están a las puertas de un mercado laboral exquisito, preparado para rechazarlos en masa. En horas de clase –el ministerio de Educación de CABA prefiere resignar la formación ya deficiente en matemáticas o lengua- deposita a los alumnos en manos de empresas o ámbitos del estado como la Policía de la Ciudad para foguearlos en lo que vendrá.

Para que empiecen a conocer el mundo: retracción de las horas de clase, trabajo precario y no rentado y utilización para una suerte de explotación laboral legalizada. Que aparece después de los casi dos años de pandemia, de escuela en constante situación de tambaleo –en todo el país incluida la CABA- y de desempleo que afecta brutalmente al mismo sector que se manipula.
Con una escuela –en todo el país incluida la CABA- que no los forma para la hostilidad del mundo, un mercado laboral que exige experiencia y calificación, una oferta de precarización e informalidad, 29.400 alumnos practicarán trabajo gratis este año en empresas que los usarán y luego los sacarán a la vereda. En el tercer trimestre de 2020 la tasa de desempleo de los jóvenes duplicó a la tasa adulta: 11,7% contra 21,2%. Un informe del PNUD del tercer trimestre de 2021 coloca la desocupación en el 8,2%. La juvenil sube al 17,7%. En 2017 un cuarto de los jóvenes de entre 16 y 24 años estaba desempleado: triplicaba la desocupación adulta.
Las prácticas que puso en marcha Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación Soledad Acuña en escuelas públicas y privadas, son parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”, concepto con buena resonancia pero que no incluye la aclaración que tranquilice a los jóvenes: ¿será mejor, la misma o definitivamente restringida a unos pocos? Se habla de “el desarrollo de estrategias que les faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia su futura inserción en el mercado laboral y de los estudios de nivel superior”.
La práctica laboral en el Centro de Monitoreo de la Ciudad, donde la policía vigila a la ciudadanía, no parece ser la mejor idea. Después del asesinato de Lucas González, de 17 años, que jugaba de volante por izquierda en Barracas Central, la Correpi contó 121 crímenes por parte de la policía de la Ciudad en cinco años. Gran parte de ellos muy jóvenes. ¿Qué sentirán los 150 chicos que harán prácticas con la policía, apenas ocho meses después del asesinato de Lucas?
“En el Comercial 5 de Balvanera, el ministerio de Educación impuso que dichas prácticas se llevarán a cabo en Rappi, en los llamados “turbos”, que son una especie de minimercados, sin atención directa al público, donde entregan el pedido a través de una ventanilla”, denunció La izquierda diario. Repartos como Rappi, Glovo, Pedidos Ya o Mercado Libre son el símbolo del trabajo precarizado preparado para la juventud sin calificación, sin estudios superiores, con escasa esperanza de promoción social. La changa legitimada a través de una aplicación, con el riesgo constante que despliega la calle ante quien maneja una moto o una bicicleta con la velocidad que le permita repartir más. Ganarán entre 200 y 450 pesos la hora, según la distancia y el tipo de entrega.
El 40 % de las familias que envían a sus hijos a la escuela pública son pobres. El 60% de esos niños y jóvenes también lo son. Los alumnos de 5º año están conociendo la precarización de la que serán carne en poco tiempo. Algunos ya trabajan en hamburgueserías o repartos para poder seguir estudiando. Las empresas que los contratan aumentaron sus ganancias exponencialmente, al ritmo de la pauperización de las poblaciones durante la pandemia. Marcos Galperin, propietario de Mercado Libre, se mudó al Uruguay después de acumular una ganancia de 89,3 millones de dólares en 2020: aumentó su fortuna un 61% en apenas un año.
Frigoríficos, medios de comunicación poderosos, empresas de tecnología, concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio para escuelas, cadenas de gimnasios, sanwicherías, bancos, reciben a los chicos dos días por semana entre las 8 y las 12 y aprovechan una mano de obra sin costo laboral: no hay salario ni aportes previsionales ni ART ni obra social ni sindicato que defienda.
Es decir que dos días por semana pierden la totalidad de las horas de clase para aprender, rápidamente, precarización.
Una foto brutal de la educación en el país. Donde sólo 16 chicos de la cada cien egresan de la escuela en tiempo y con conocimientos consolidados. Las aulas de CABA no son una excepción: apenas una variante del deterioro.
Para la ministra de Educación son “populismo educativo” el lenguaje inclusivo –al que responsabilizó absurdamente de los malos resultados- y la alimentación en la escuela en medio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque aprender con hambre es una quimera. Por eso, acaso, restringir la escuela –y el esquema de país- a una minoría.
A los que se quedan en el camino, a los “perdidos en el pasillo de una villa o en actividades de narcotráfico” (Soledad Acuña) nunca se los fue a buscar. Condenados como tantos a los suburbios de ese futuro del que hablan, en el que piensan. Y para el que trabajan.