Comunicadores del Sur

31.8.2022

Por Araceli Bellotta

El vallado que el intendente Horacio Rodríguez Larreta ordenó levantar en torno de la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una vez más, pone en evidencia que la Capital Federal no debería ser autónoma. El Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín rompió el equilibrio logrado por el Presidente Nicolás Avellaneda con La Ley 1.029 de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada en 1880, que declaró Capital de la República Argentina al Municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales.

La CABA no es provincia porque no existe una ley que la haya provincializado como sí las hubo con otros territorios nacionales transformados en provincias después de 1853.
Cuando en 1853 se sancionó la Constitución Nacional las provincias confederadas decidieron constituirse como República Federal, delegando algunas facultades en el gobierno federal y reservándose otras.
La Constitución fue sancionada por las 13 de las 14 provincias que existían entonces, porque la provincia de Buenos Aires no participó, se separó del resto del país y permaneció separada durante casi una década hasta que con observaciones a esa Constitución volvió a sumarse en 1860.
Después, cada territorio que se fue sumando como provincia necesitó una ley del Congreso. En 1951 por ley 14.037 se provincializó el Chaco y La Pampa. En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones. En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ninguna ley provincializó a la Ciudad de Buenos Aires

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, gracias al Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, en el artículo 129, se dispuso que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Y después dice el mismo artículo: Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación.
La Constitución Nacional nunca nombra a la Ciudad de Buenos Aires como autónoma. Sólo la nombra como Ciudad de Buenos Aires, y dice que tendrá autonomía. ¿En qué consiste esa autonomía? En la autonomía que tiene cualquier municipio del país, es decir, sus habitantes eligen a su intendente, también eligen a sus representantes que conforman el Concejo Deliberante que dispone las ordenanzas con que se rige la convivencia, y tienen Tribunales de Faltas que actúan cuando esas ordenanzas o los decretos del Intendente no se cumplen.
Y por último el artículo 129 de la Constitución de 1994 dice que el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante sus representantes se den un Estatuto Organizativo de sus instituciones. No dice que se dará una Constitución que es lo que se dan las provincias, sino dice Estatuto Organizativo.
Y así fue. En 1996 los habitantes de la ciudad eligieron representantes para la Asamblea que debía redactar el Estatuto Organizativo. Pomposamente esos representantes se autodenominaron constituyentes y redactaron el Estatuto Organizativo al que llamaron Constitución, y nadie entonces corrigió ese error de nombre.
Pero, en 1997, el entonces senador Antonio Cafiero, senador por la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto que se convirtió en la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero que puso límites a esa autonomía. Esa Ley impedía la creación de una Policía propia porque en la Capital Federal la seguridad armada debía seguir a cargo del Ministerio del Interior de la Nación. Puso límites también en la Justicia: la ciudad sólo debía tener tribunales contravencionales. La administración y el Código del Puerto de Buenos Aires a cargo de las autoridades nacionales. Igual que el registro de la Propiedad Inmueble.
Es que el Pacto de Olivos rompió el equilibrio con este tema de la capital que había llevado 70 años resolver, desde 1810 a 1880, y que la Ley de Avellaneda había resuelto después de enfrentamientos armados que se cobraron más de 3 mil muertos.
La Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires aprobada en 1880 como Ley 1.029 declaró Capital de la República Argentina al Municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales.
Dispuso que todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio quedarán bajo la jurisdicción de la Nación sin que los municipales pierdan por eso su carácter. Y dispuso que la provincia de Buenos Aires mantendría la administración y la propiedad de los ferrocarriles y telégrafos. Y estableció que esta ley solo empezaría a regir una vez que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires haya hecho la cesión de la ciudad como Capital Federal.
Y así se hizo, la Legislatura por ley provincial cedió la ciudad para que sea Capital Federal y expresó que si la ciudad dejara de ser Capital debía volver a la provincia. Es decir, volvía a ser un municipio de la provincia de Buenos Aires. Cuando en 1986 se discutió el traslado de la Capital a Viedma, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley (10.454) que dispuso que la ley nacional del traslado deberá contemplar la devolución del territorio de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires o la formación de una nueva provincia en los límites actuales de la Capital Federal. Pero eso no sucedió
En síntesis:
• La ciudad de Buenos Aires es la Capital de todos los argentinos y si dejara de serlo volvería a ser un municipio de la Provincia de Buenos Aires.
• El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un intendente
• La Legislatura de la Ciudad es un Concejo Deliberante.
• Su Supremo Tribunal es un tribunal municipal, y sus juzgados son juzgados de faltas.
• Su Policía es una policía municipal como las policías con que cuentan los municipios de Buenos Aires.
Hay que volver a federalizar en el pensamiento de los argentinos la ciudad de Buenos Aires. Su flujo comercial, financiero y económico debería estar a disposición de las autoridades nacionales y no municipales.
Y nunca el intendente de la Ciudad debió poner vallas en el domicilio de la vicepresidenta de la Nación, de la misma manera que al intendente de Vicente López no se le debiera ocurrir hacer lo mismo con la Quinta de Olivos donde reside el Presidente.

31.8.2022

Por Claudio Mardones

Hoy es comisario mayor. Fue reconocido por dos detenidos. Larreta lo felicitó este lunes, junto a otros efectivos de la fuerza, por el accionar de este sábado. Está acusado de haber sido el nexo con la patota y el cerrajero que ejecutaron uno de los mayores ataques contra la libertad de expresión al ingresar y destruir la redacción de este diario. En la causa fue sobreseído y la decisión fue confirmada por los camaristas Bruglia, Llorens y Bertuzzi.

Poco antes de las seis de la tarde de este sábado, la esquina de Juncal y Uruguay era un caos. Había corridas y gritos en medio de la creciente represión que desató la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los efectivos de infantería avanzaron sobre un grupo de manifestantes. Habían derribado uno de los vallados dispuestos alrededor del edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el medio del despliegue quedó al desnudo el nivel de individualización que hizo la fuerza sobre los manifestantes para detenerlos. Entre sus ejecutores participó el comisario mayor Jorge Azzolina, el mismo policía que en 2016 fue un nexo clave entre el estafador Mariano Martínez Rojas y la patota que atacó la redacción de Tiempo Argentino, en la madrugada del 4 de julio para impedir la salida del diario.
Junto al avance de un carro hidrante que buscó desalojar la calle, los policías se lanzaron a detener gente detrás de la línea de escudos. No estaban desprovistos de información. Todo el dispositivo era filmado por distintos uniformados y cada momento también se pudo reconstruir gracias a videos que se viralizaron y las fotos captadas por celulares. Las imágenes de ese momento confirman el nivel de individualización que tenía la policía sobre distintos funcionarios del gobierno nacional y del bonaerense. Por eso sorprendió la ventilación de audios de los mandos policiales donde se escucha claramente a uno de los jefes del operativo avisar que tanto el gobernador Axel Kicillof como el ministro bonaerense Andrés “El Cuervo” Larroque eran “un manifestante más”. No era un anuncio sino un recordatorio de que no tuvieran freno alguno para detenerlos. Lo mismo sucedió dos horas después cuando el diputado nacional Máximo Kirchner intentó ir a visitar a su madre y fue rodeado por un grupo de policías que le impidieron el paso y le pegaron patadas y bastonazos en medio de insultos y agresiones.
La instrucción de individualización no sólo fue cumplida con dureza. También con precisión. Así fueron detenidos pocos minutos antes de las 18 el diputado provincial Matías Molle, el exdiputado Facundo Tignanelli y el director Comunicación de la AFIP, Fabián Rodríguez, que llegó a la manifestación junto con Kicillof. Posiblemente en ese momento fue individualizado hasta que lo detuvieron. En ese momento los detenidos pudieron advertir que había un policía, con pullover verde y pechera celeste, que les daba órdenes a los que detenían a los manifestantes. Así marcó a los tres que cayeron al asfalto de la calle Uruguay a fuerza de patadas y bastonazos.
Es el mismo policía que este lunes fue recibido por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en el Instituto de Seguridad Pública para redoblar la apuesta, defender el operativo y solidarizarse con los 12 uniformados heridos. Se trata del comisario mayor Jorge Guillermo Azzolina, uno de los jefes del operativo y el mismo efectivo acusado de haber sido un nexo clave entre la policía, el autopercibido empresario Mariano Martínez Rojas, y la patota que atacó la redacción de Tiempo Argentino el 4 de julio de 2016.
Según señaló la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, y al frente de la querella de la Cooperativa Por Más Tiempo, el comisario Azzolina fue la persona que contactó a Martínez Rojas, con Juan Carlos Blander, vinculado a la seguridad de espectáculos masivos, que contrató a la patota protagonista del ataque a la redacción, y al cerrajero, cuyo rol fue determinante para el ingreso al edificio. Luego golpearon y arrastraron hacia afuera a tres trabajadores de la cooperativa. Nada de eso habría sucedido sin la planificación previa y la contratación que Azzolina facilitó para contactar a Martínez Rojas con Blander.
Con ese nivel de premeditación la patota que irrumpió en la madrugada lo hizo con la protección de los policías de la comisaría 31 que reportaban a Azzolina. El comisario estuvo al frente de la 31 hasta enero de 2017, cuando Rodríguez Larreta cambió las jefaturas de las 53 comisarías dentro del proceso de fusión de la Policía Federal con la porteña. Desde esos años, Azzolina fue señalado en la investigación penal que llegó a la Sala I de la Cámara Federal por la apelación de la cooperativa contra el sobreseimiento que benefició a Azzolina en primera instancia. El caso estuvo en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que ratificaron la decisión, basados en la pérdida de los registros de movimientos de los móviles que intervinieron en el operativo. Curiosamente esa documentación fue extraviada y no existe ninguna explicación sobre la ausencia de esas pruebas.
El caso no impidió que Azzolina llegara a Comisario Mayor, el cargo que ahora tiene. Es parte de la jerarquía de la policía y este lunes fue uno de los 20 efectivos heridos que se mostraron con Larreta.
Este sábado, antes de las 18, Azzolina estaba nervioso y no paraba de fumar. Nada le impidió señalar a los funcionarios detenidos y que los trasladaran a una camioneta policial donde los mantuvieron esposados durante una hora sin ninguna orden judicial. El comisario mayor estaba furioso porque no lo atendía la fiscalía. Nunca les leyeron sus derechos ni les explicaron las razones de la detención. Tampoco dio ninguna explicación a los detenidos sobre los golpes, patadas e insultos que recibió cada uno.
Azzolina es uno de los 20 heridos que estuvieron con Rodríguez Larreta porque se golpeó un brazo con una de las vallas. Ni se inmutó cuando le advirtieron que había detenido sin orden judicial a un diputado provincial y a otro que había sido legislador. También le recordaron que tenía entre los esposados a un vocero cuya detención no iba a pasar inadvertida para la prensa.
Recién comenzaron a ponerse nerviosos cuando comenzaron a juntarse funcionarios y diputados bonaerenses, porteños y nacionales, para reclamar la liberación de los presos en la camioneta. Una hora antes los habían visto caer bajo los golpes policiales. Las fotos muestran como a uno lo patean en el suelo y a otro lo ahorcan por la espalda. Era Tignanelli, que había caído por los golpes policiales, mientras un uniformado agarraba a Rodríguez por el cuello para impedir que auxiliara a su compañero. Los dos terminaron en el piso y entre las patadas pudieron ver que Azzolina estaba delante de ellos.
Este lunes Rodríguez Larreta se fotografió con el comisario mayor a su derecha. Dijo que estaba “orgulloso” por el operativo y le dio otro guiño a un jefe policial que no detiene su carrera de ascensos, a pesar del oscuro historial que quedó al desnudo hace seis años.

31.8.2022

Por Matías Hof

El dato, que surge de un informe de Zonaprop, muestra que subieron por encima de la inflación que desde agosto del 2021 suma 76,6 %. En barrios como Mataderos o Colegiales, los incrementos se acercan al 100 %. En promedio el alquiler para un departamento de tres ambientes superó los $ 100.000.

Los precios de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron de forma interanual un 79,9 % en agosto, por encima de la inflación que, en dicho período fue del 76,6 %, de acuerdo a un relevamiento realizado por el portal inmobiliario, Zonaprop. Mientras el Gobierno ajusta el presupuesto del ministerio de Vivienda y los salarios siguen perdiendo poder de compra, tener un lugar digno donde vivir es cada vez más difícil para millones de personas.
Según el estudio, en el octavo mes del año el aumento fue del 7 % y en el 2022 acumulan una suba del 59 %. Los valores informados de alquiler, en promedio, son: para un monoambiente $ 61.064, un departamento de dos ambientes cuesta $ 74.557 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 100.628 por mes.
Estos valores superan por mucho al “salario mínimo, vital y móvil” que en agosto fue de $ 47.850, para el caso de un departamento de tres ambientes es más del doble. La canasta básica (que no incluye gastos por vivienda) estimada por el Indec para un hogar de cuatro personas en julio fue de $ 111.298, o sea que una familia debe gastar casi el equivalente de sus consumos básicos para poder alquilar.
Mataderos (99.6%), Colegiales (96,7%) y Santa Rita (92,7%) son los barrios con mayor incremento interanual de precio, mientras que Puerto Madero (61%) se posiciona como el que menos sube, siempre de acuerdo al estudio del portal inmobiliario. Reflejando cómo el problema golpea de forma distinta en cada sector social.
Los problemas de vivienda no son exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el déficit habitacional alcanza a unos 3.5 millones de hogares y la dificultad para alquilar se extiende por el resto de la provincia y el interior del país. Sin embargo, esto no impidió que Sergio Massa decidiera recortar $ 50.000 millones de los créditos Procrear destinados a primera vivienda.
La profundización de la especulación inmobiliaria es un proceso que viene pegando saltos en la última década. Desde el Centro de Estudios Metropolitanos afirman que en CABA “entre 2013 y principios de este año la reducción de la superficie disponible para alquileres se redujo de 138.000 mts2 a menos de 40.000. Y en ese mismo período, el precio de los alquileres aumentó 1.700%”. Las prioridades se encuentran cada vez más concentradas en pocas manos y los que se ven obligados a alquilar aumentan día a día.
Son preocupantes los contrastes entre las enormes ganancias de unos pocos, y donde constructoras e inmobiliarias sacan gran tajada, y las mayorías trabajadoras que llevan 6 años consecutivos de caída en su poder adquisitivo. Sin afectar los negocios de los grandes empresarios con medidas elementales como un impuesto a la vivienda ociosa y un plan Estatal de construcción de viviendas a la altura de las necesidades de la población, el derecho a la vivienda digna será imposible cumplir.

30.8.2022

Este miércoles 31 de agosto el personal de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires se movilizará desde distintos hospitales hasta el Poder Judicial de CABA, ubicado en Suipacha 150, donde se realizará una manifestación en el marco de una audiencia convocada por la Justicia para reiterar su reclamo por Reconocimiento y Equiparación Salarial del sector.

Sobre la jornada, Andrea Ramírez , enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), expresó :“El gobierno de Larreta está preparando un proyecto muy limitado, pero que parte de darle la razón a todo nuestro reclamo: la enfermería está discriminada porque millas de licenciadas/os estamos excluidos de la Ley N° 6035, que regula las condiciones salariales, laborales y profesionales de todo el equipo de salud de CABA… ¡menos de la enfermería!, que somos el eslabón más numeroso. Por lo tanto, que tengan que anunciar (nos lo hizo saber el Ministerio de Salud hace 20 días cuando nos convocó formalmente a reunión), un ‘proyecto de equiparación salarial’, es como se dice en derecho: una confesión de parte. Por lo tanto, si a esa iniciativa le sumamos esta audiencia a la que nos convoca la Justicia de la CABA, podemos decir que las fichas se empiezan a mover para los reclamos de enfermería”.
En tanto, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria general de la ALE, manifestó: “Es evidente que logramos desde ALE con paros, marchas de antorchas, festivales, acampes, caravanas, ruidazos y hasta con 50 mil firmas juntadas, poner en agenda la discriminación y postergación de nuestro colectivo. Por eso, ahora se activa el proyecto del gobierno de Larreta, e incluso, la justicia nos convoca a audiencia el 31 por medidas judiciales que presentamos hace 3 años exigiendo la inclusión en Ley 6035 –ya que reunimos como profesionales todos los requisitos legales- y la equiparación salarial inmediata. Luchar sirve, y aunque gobiernos o conducciones sindicales que no movieron un dedo por enfermería se lo quieran atribuir, nuestro colectivo no se equivoca: sabe quién estuvo incansablemente peleando durante toda la pandemia por nuestros derechos”.
El objetivo de la jornada es, en palabras de Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de la ALE, que las enfermeras y los enfermeros sean reconocides como lo que son: profesionales de la salud con todos los derechos que ello implica. “Este tiene que ser el año de la Enfermería”, agregó.

29.8.2022

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) advirtieron sobre “la proliferación de causas judiciales contra dirigentes políticos, sociales y sindicales, que revelan estrategias de desestabilización y disciplinamiento contra referentes del campo popular, alrededor de todo Latinoamérica”. Asimismo, repudiaron la represión policial sobre las manifestaciones por estos motivos en la Ciudad de Buenos Aires.

Compartimos el comunicado del SiPreBA:
En defensa de la democracia y contra la proscripción, la represión policial y la persecución del activismo político y sindical
Desde el SiPreBA advertimos la proliferación de causas judiciales contra dirigentes políticos, sociales y sindicales, que revelan estrategias de desestabilización y disciplinamiento contra referentes del campo popular, alrededor de todo Latinoamérica. Asimismo, repudiamos la represión policial sobre las manifestaciones que por estos motivos se han dado en la Ciudad de Buenos Aires. También alertamos sobre la violación a la ley de nacional de seguridad interior y el atropello a las libertades que implica la filmación de militantes y trabajadores de prensa por parte de fuerzas de seguridad.
Consideramos que la judicialización de la política, en cualquiera de sus expresiones, pone en riesgo a las democracias en la región. En nuestro país, nos preocupa la utilización del tipo penal de “asociación ilícita” y su aplicación para abarcar la generalidad de la actividad política. Recordamos que la misma figura ha sido usada a lo largo de nuestra historia como argumento para la persecución y estigmatización del activismo popular.
En ese sentido, entendemos que la pretendida proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir de la acusación fiscal que pide su inhabilitación de por vida, representa un riesgo que condiciona el ejercicio democrático de la política en nuestro país. Consideramos que el Poder Judicial no tiene la potestad de controvertir en los tribunales las decisiones tomadas por los poderes elegidos con el voto.
Esta situación de crisis política que atraviesa la Argentina profundiza y enrarece el panorama de la crisis económica que nos afecta en nuestros salarios, cada vez más perjudicados por la inflación y los ajustes. Por eso también convocamos a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación y el ejercicio de la tarea periodística ante acciones que buscan formar un consenso social desfavorable para la salud de la democracia.
Sindicato de Prensa de Buenos Aires – 29 de agosto de 2022