Comunicadores del Sur

21.9.2022

Por Néstor Espósito

La petición fue realizada por el fiscal Franco Picardi, quien habló de “grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión”.

El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que el empresario Mariano Martínez Rojas, condenado en otros expedientes por la denominada “mafia de los contenedores”, irrumpió violentamente en la redacción de Tiempo Argentino con el objetivo de impedir la salida del diario.
Además de Martínez Rojas –quien simuló haber compra el diario al defraudador de trabajadores de prensa Sergio Szpolski- irán a juicio otras 14 personas, acusadas por la irrupción en las instalaciones del diario y de radio América en la madrugada del 4 de julio de 2016.
Una patota irrumpió en el edificio en el que funcionaban ambos medios de comunicación, maltrató a los trabajadores que estaban allí y causó daños al mobiliario, las instalaciones, los servidores y otros elementos informáticos, en un atentado contra la libertad de expresión en su forma más violenta.
“El accionar de las personas imputadas provocó una grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, así como también, vulneró el derecho a la información de la sociedad a través de los mencionados medios de comunicación”, sostuvo Picardi en su dictamen.
La imputación se ciñe a los presuntos delitos de “usurpación, daño, interrupción de las comunicaciones y robo”. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi debe ahora cerrar esta etapa de instrucción y enviar el expediente a la etapa de juicio propiamente dicha.
Martínez Rojas, sindicado como el ideólogo del plan, utilizó para concretarlo los servicios de Juan Carlos Blander, responsable de una empresa de seguridad privada, a quien se le atribuye haber organizado el grupo agresor que ingresó por la fuerza al edificio de la calle Amenábar 23, en el barrio porteño de Villa Crespo.
Martínez Rojas y Blander fueron acusados como coautores y el resto de los imputados, (Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chaves, Esteban Díaz, Rodrigo Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn) fueron considerados por la acusación como “partícipes necesarios”, y merecedores de la misma pena en caso de condena.
Tras ingresar violentamente al edificio, los agresores “recorrieron las instalaciones y, a medida que encontraron a los pocos trabajadores que se hallaban laborando un fin de semana y durante la noche, los obligaron a abandonar el edificio, para lo cual utilizaron amenazas y violencia física».
El fiscal sostuvo que los imputados “provocaron graves daños en diversas instalaciones y en los sistemas informáticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefonía y, además, sustrajeron el disco rígido del servidor central y un switch para la conexión de internet, todo lo cual resultaba imprescindible para el funcionamiento del diario Tiempo Argentino y de la Radio América”.
Martínez Rojas justificó su accionar en que era el “dueño” de ambos medios de comunicación, pero la fiscalía le replicó que «al momento de los hechos la redacción del diario Tiempo Argentino se encontraba administrada por la ‘Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada’. Ello, luego de que la empresa Balkbrug S.A. dejara de abonar tanto los sueldos de los empleados como los cánones locativos del inmueble”.
Ante el lock out patronal –añade el dictamen- “los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Nación para que mediara en la situación, habiendo constituido la cooperativa el 19 de abril de 2016 para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y conservar los bienes”.
Martínez Rojas ya había intentado “tomar por la fuerza el establecimiento donde funcionan los medios en cuestión”, según quedó acreditado en el expediente. Los delitos por los que están imputados los agresores contemplan penas que llegan hasta los ocho años de prisión.

21.9.2022

Marcharon exigiendo aumento de sueldo, el fin de la precarización laboral y contra el ajuste en curso sobre la salud. El paro se sintió en los hospitales y Cesacs porteños y la movilización fue convocada por la Asamblea Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de CABA.

Miles de residentes y concurrentes de los centros de salud y hospitales porteños se movilizaron este 21 de septiembre en una jornada que comenzó con un paro total. Exigen al gobierno de Rodríguez Larreta aumento salarial, el pago de salario para los concurrentes y denunciaron el ajuste nacional en salud.
La jornada comenzó temprano en los hospitales y Cesacs garantizando el paro y fueron llegando con sus delantales blancos al Obelisco donde luego marcharon a la Legislatura porteño y realizaron una asamblea frente al Cabildo.
Este año mientras la inflación ya llegó al 46,1 %, el aumento que percibieron los residentes de salud solo llegó al 31,85%, 15 puntos menos, mientras ellas y ellos deben ir todos los días a poner el hombro a un sistema de salud con cientos de falencias. Esto sin tener en cuenta que viene perdiendo poder adquisitivo, año a año.
Las columnas coloridas con las distintas banderas realizadas a mano de cada uno de los hospitales, Cesacs y sectores de trabajo se mezclaban con los carteles de los reclamos, que van desde un aumento salarial del 100%, para recuperar todo lo perdido, clausula gatillo ante el aumento de la inflación, el pago efectivo de las guardias, como así también el reconocimiento de los concurrentes, el fin de la precarización laboral, el acompañamiento a las enfermeras en su reclamo de reconocimiento profesional y el repudio al ajuste nacional y porteño a la salud pública.
Además, participaron de la marcha personal de Enfermería y legisladores porteños del Frente de Izquierda, como Alejandrina Barry, quien recientemente presentó un proyecto en la Legislatura acompañando los reclamos de los residentes. Al finalizar la marcha los residentes presentaron una nota ante el ministro de salud Fernán Quiroz con el conjunto de los reclamos.
Finalizando frente al Cabildo se tomaron un tiempo para realizar una asamblea y definir los pasos a seguir. El más importante sumarse al paro del personal médico convocado por la AMM y FesProSa para el próximo 27 de septiembre con una nueva movilización y en caso de que no haya respuesta a su reclamo realizarán paro de actividades el 28 y el 29 sumándose al reclamo del personal del hospital Garrahan.

21.9.2022

Mañana familiares, amigos de víctimas y sobrevivientes de Cromañón presentarán un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble popularmente donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la masacre que terminó con la vida de 194 personas. «Cromañón sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante de Cromañón como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido».

Mañana familiares, amigos de víctimas y sobrevivientes de Cromañón presentarán un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble popularmente donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la masacre que terminó con la vida de 194 personas.
El proyecto está destinado a la creación de un Espacio de Memoria y es impulsado principalmente por familiares y sobrevivientes, con el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se presentará en la cámara de diputados con la autoría de Paula Penacca (Frente de Todos) y co-autoría de diputados de la gran mayoría de fuerzas políticas que decidieron acompañar la iniciativa: Frente deIzquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense.
«Cromañon sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante de Cromañón como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justiciade sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido» expresaron mediante un comunicado desde las organizaciones de familiares y víctimas de la masacre.

21.9.2022

El personal de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), realiza un paro este miércoles 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, y convoca para las 12 a un corte y concentración en la esquina de Callao y Corrientes, para luego marchar al Obelisco, donde se hará un acto y conferencia de prensa.
Desde el Consejo Directivo de ALE expresan: “La verdad, la situación es realmente indignante. Tenemos básicos por debajo de la línea de pobreza, no nos incluyen en la Ley N° 6035 de profesionales de la salud, pese a demostrar que tenemos todo para ser reconocidos y como si fuera poco, firman en paritarias Larreta y sus socios sindicales una ´ nueva carrera´ que miente hablando de equiparación salarial, cuando en realidad propone cuotas hasta el 2025 sin llegar ni al 50 % del salario que nos corresponde. ¿Hasta cuándo nos quiere tomar el pelo Larreta? ¿Esta va a ser la política de salud nacional para enfermería que propone como candidato a presidente?”.
“Desde la ALE vamos a parar el 21 de septiembre en el Día de la Sanidad, y votamos proponer a todas las organizaciones de salud de CABA a unificar ese día, una acción común de lucha, por salario, reconocimiento profesional-laboral y condiciones de trabajo. Ya en varios hospitales de CABA, asambleas interdisciplinarias de la Federación de Profesionales (que integramos), se recibió positivamente el planteo de nuestra asociación, por lo tanto, vamos el 21 de septiembre a una jornada de ‘todas las broncas’ de la salud pública expresada en las calles de CABA. Que cada compañero/a venga con su cartel, denunciando su ‘bronca’ por la política de ajuste que nos toca enfrentar”, agregan.
En este sentido, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, indica: “Nosotras, las enfermeras, somos el sector más postergado y castigado del equipo de salud. Pero, la política salarial a la baja, contra la inflación es de conjunto a todo el equipo. Por eso es lógico, que más sindicatos de salud pública vayan confluyendo con el planteo que hicimos desde la ALE: las trabajadoras sociales confirmaron que se suman, el sindicato del Hospital de salud mental, Braulio Moyano votó lo mismo, los musicoterapeutas y varios sectores más: se va conformado un verdadero bloque sindical en defensa del salario, del reconocimiento profesional y de la salud pública de calidad para todo el pueblo”.

19.9.2022

La diputada señaló que el gobierno justificó el aumento incluyendo gastos sobrevaluados y que no corresponden a la propia gestión del subterráneo. El amparo se presentó junto al metrodelegado y miembro del secretariado de la AGTSyP Claudio Dellecarbonara y los legisladores Alejandrina Barry y Patricio Del Corro (MC).

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló que el gobierno justificó el aumento incluyendo gastos sobrevaluados y que no corresponden a la propia gestión del subterráneo. Con este aumento el subte pasará de $ 30 a $ 42 y de no prosperar el amparo se haría efectiva el 23 de setiembre. El amparo quedó sorteado en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 20, a cargo de la Jueza Cecilia Mónica Lourido.
“Para justificar el nuevo tarifazo el gobierno realizó una nueva operación fraudulenta que tiene tres ejes: un método de cálculo irrazonable, la inclusión de gastos que nada tienen que ver con la explotación del SUBTE y un plan de gestión que lejos de buscar que el subte recupere su nivel de usuarios va a ser expulsivo” declaró Myriam Bregman al presentar el amparo junto al metrodelegado y miembro del secretariado de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, y los legisladores porteños Alejandrina Barry y Patricio del Corro (MC). Fue un trabajo colectivo, donde los letrados del CeProDH, Eric Soñis y Lilen Reyes fueron los encargados de tramitarlo y preparar el amparo, con el aporte del Observatorio Económico de Estudiantes de Económicas de la UBA.
Los mismos ya habían frenado con un amparo judicial el tarifazo en el 2018 demostrando que incluían cenas en restaurantes de lujo para los gerentes de Metrovías, del Grupo Roggio encargada de la concesión y manejo del subte, hoy renombrada como Emovía.
Por su parte, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara manifestó: “El gobierno y la empresa no solo vuelven a incluir gastos como cursos de inglés o la movilidad para funcionarios de la empresa concesionaria, sino que incluso quieren que los pasajeros paguen los costos de desasbestización que no realizó el gobierno nacional mientras tuvo a cargo la gestión, como de los de los trenes que compró Macri a Madrid cuando ya eran chatarra y que luego se confirmó tenían material cancerígeno que ya causó la muerte de compañeros y cuyas consecuencias aún no conocemos por completo”.
Este aumento del subte se da como continuidad del aumento del transporte público de pasajeros habilitado por el Gobierno nacional que incluía los pasajes en trenes y colectivos. “La única explicación que dieron el gobierno y la empresa es que el aumento tenía que ir a la par del aumento de colectivos. Pero la tarifa del subte no solo sobrepasará el valor del colectivo, sino que no contempla que el subte aún no recuperó el nivel de pasajeros de la pre-pandemia y ese cálculo aumenta el costo del pasaje cuando lo que se debería tener es una política para que el subte recupere a sus pasajeros y no para expulsarlos”, explicaba la legisladora Alejandrina Barry.