Comunicadores del Sur

5.9.2022

Ante el atentado de derecha contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora porteña por el PTS/FIT-U, Alejandrina Barry fue entrevistada en IP Noticias.

Luego del atentado de derecha contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora porteña por el PTS/FIT-U, Alejandrina Barry, fue invitada por IP Noticias para expresar la posición de la izquierda. Una de sus frases más contundentes fue: “A los discursos de odio se los enfrenta con la movilización popular”.
Al inicio de la entrevista, Barry, dejó muy claro que, desde la izquierda, el PTS, a través de sus principales referentes públicos, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y la legisladora en cuestión, salieron rápidamente a condenar el ataque a la vicepresidenta y a exigir el inmediato esclarecimiento de lo sucedido.
Barry fue categórica en denunciar los discursos que promueven estos hechos graves: “Hace tiempo que venimos denunciando y enfrentando estos discursos de odio contra los desocupados, trabajadores, el movimiento de mujeres y la izquierda. No es de extrañar que los libertarios sean los únicos en no repudiar el hecho y catalogarlo como hecho delictivo, por ejemplo, Milei y Espert, incluso Moritán se ausentó cuando se trató este intento de magnicidio en la Legislatura”.
También dijo que, “detrás de esos discursos, se promovían acciones de este tipo, a la derecha no se la puede banalizar, no se los puede tomar como personajes que después se les da aires para cálculos electorales de si conviene dividir a la oposición, que Milei tiene más votos, etc. Veíamos que el rol que cumplían era correr la agenda política a la derecha. Incluso desde el propio gobierno se ha tomado el discurso en contra de las organizaciones sociales, hasta llamarlos extorsionadores. Esto también legitima una práctica política de represión a la protesta social. Nosotros creemos que hay que combatir eso, enfrentarlo”.
La legisladora expresó que esos discursos obedecen a un objetivo político de la derecha y de la extrema derecha, que es imponer un ajuste mayor al que se vive hoy. “En la Argentina hay una situación social muy crítica, producto del ajuste que está llevando adelante el gobierno, por lo que hay mucho descontento. La derecha pide más ajuste, entonces necesitan estos discursos para generar más odio y legitimar la represión e imponer su plan económico, que tiene que ver con avanzar con la reforma laboral, con liquidar aún más los derechos de los trabajadores y de los sectores populares”.
Y agregó: “He sido parte de la lucha por las libertades democráticas, por condenar a los genocidas, que ha sido gracias a nuestra lucha y la única manera de enfrentar estas políticas, es con la organización, con la movilización de los trabajadores, estudiantes y del pueblo”.
También aclaró: “Nuestro repudio absoluto al intento de magnicidio a la vicepresidenta, no implica que no lo hagamos desde un lugar de independencia política, donde cuestionamos fuertemente a este gobierno por el brutal ajuste que está llevando adelante”. Barry sostiene que quieren imponer una Paz Social, “¿qué Paz Social puede haber cuando hace poco una nena murió por desnutrición y no es un caso aislado, sino la situación de millones de niños en el país, cuando están peleando contra los recortes en discapacidad, por el derecho a la vivienda, para quienes no llegan a fin de mes y están pasando hambre?”.
También explicó que es más fácil discutirle a la derecha, discutirle a Milei que dice que hay que vender bebés, vender órganos, todas barbaridades y atrocidades, que discutir con la izquierda, que dice por qué no hay que pagarle al FMI, por qué la deuda es ilegítima y fraudulenta y que ese dinero destinado a dicha deuda, debería estar disponible para las necesidades sociales, para que las y los niños no pasen hambre, etc.

2.9.2022

Por Lucía Buono

El martes 23 de agosto por la noche se celebró la 24° edición de los Premios Gardel en el Movistar Arena. Acudió todo el mainstream musical del país. Se destacó el Wos (Valentín Oliva), quién se llevó el Gardel de Oro y arrasó en 6 de las 8 categorías en las que fue nominado. También estuvieron presentes Trueno (Mateo Palacios Corazzina) y Ca7riel (Catriel Guerreiro), que se llevaron a casa tres y una estatuilla respectivamente. Las – cada vez más – mujeres presentes fueron Nicki Nicole, Cazzu y Chita, entre otras.

Además de registrar una sensible baja en la edad de los galardonados, la mayoría de las y los artistas premiados en esta edición pertenecen al género urbano (trap, freestyle, rap, hip hop y otras hierbas). Esta movida desplazó al manyado rock nacional de la escena, aunque lo mantiene presente en su composición musical. No es casual que aún proviniendo de las “batallas de gallos” del género freestyle, el Wos haya ganado en la categoría de “mejor álbum de rock alternativo” y “mejor canción de rock”.
Si bien es evidente que el género urbano llegó para quedarse, es conveniente que nos detengamos un momento a analizar las características del fenómeno. Por supuesto que la cultura digital, los productores musicales hogareños y el arraigo de los géneros populares boricuas son una influencia innegable. Pero hay algo más.
Es conocido el género por su tradición de denuncia de la realidad social, la desigualdad, el barrio, la calle, los amigos. La descripción de las situaciones que a diario viven las comunidades de donde surgen los músicos, son las que le dan forma y contenido a los temas. Por eso, tampoco es casual que las letras de Trueno hablen de la Comuna 4 de la que es oriundo, o que el Wos mencione (siempre con métrica impecable) los desastres que comete la policía con los coetáneos. El mismo Ca7riel recuerda la penuria de ganarse el mango antes de pegarla. Y así, los artistas terminan siendo quienes mejor delimitan el sujeto social al que pertenecen y representan.
Miremos a fondo el caso de Trueno. El muy joven artista (20 años) plasma en el videoclip “Dance Crip” (Gardel al “mejor videoclip corto”) el paisaje, los compas, los murales y la comunidad de la Boca. Consigue capturar algo mucho más importante que un mero momento estético. Dibuja la sociedad a la que pertenece, con sus laburantes, sus ancianos y sus niños, hasta con los interlocutores de su colectivo (como un gringo turista que los fotografía como si fueran una rareza local). Logra un hecho envidiable: conoce a la gente a la que le está hablando.
En la Ciudad de Buenos Aires hay múltiples identidades. Hay quienes aspiran pertenecer a la oligarquía, tanto como tilingos que romantizan la pobreza ajena. Pero detrás de las autopercepciones engañosas, también en esta Ciudad hay una clase trabajadora. Está compuesta por oficinistas, empleados de comercios, changarines y cuentapropistas, choferes de transportes y docentes públicos y privados, encargados y encargadas de edificios. La clase laburante de CABA es estrafalaria y pícara, sabe de todo un poco (highlight al idioma inglés) y está acostumbrada a bancarse “la que venga” (pero con la peor de las ondas). Son las y los laburantes que usan la Ciudad, transitan sus calles, se hacinan en sus casas, PHs, departamentos y pasillos. Sufren los embotellamientos, la humedad, los mosquitos y la pésima administración local. Y aunque así descrito parece obvio, es un sujeto que la clase política porteña no ve. Prefieren constituir un individuo que no existe.
En contraste, estos purretes dialogan con un colectivo: el proletariado porteño. Por eso su audiencia se siente reflejada en su obra, los consume y los festeja. Los temas y los videos de esta nueva generación narran sus historias, pero también las de quienes los escuchan, los miran y los bailan. Ya lo hicieron los Illya Kuryaki en los 90’ con su safari de Villurka, evocados en el final de “Dance Crip”. Frente a la desesperanza generalizada, los pibes están logrando una reacción similar a lo que fue el tango de los 40’ y 50’ o el rock nacional de los 90’ y 2000. Por lo pronto, te guste o no te guste, son el nuevo rock and roll.

31.8.2022

Por Araceli Bellotta

El vallado que el intendente Horacio Rodríguez Larreta ordenó levantar en torno de la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una vez más, pone en evidencia que la Capital Federal no debería ser autónoma. El Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín rompió el equilibrio logrado por el Presidente Nicolás Avellaneda con La Ley 1.029 de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada en 1880, que declaró Capital de la República Argentina al Municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales.

La CABA no es provincia porque no existe una ley que la haya provincializado como sí las hubo con otros territorios nacionales transformados en provincias después de 1853.
Cuando en 1853 se sancionó la Constitución Nacional las provincias confederadas decidieron constituirse como República Federal, delegando algunas facultades en el gobierno federal y reservándose otras.
La Constitución fue sancionada por las 13 de las 14 provincias que existían entonces, porque la provincia de Buenos Aires no participó, se separó del resto del país y permaneció separada durante casi una década hasta que con observaciones a esa Constitución volvió a sumarse en 1860.
Después, cada territorio que se fue sumando como provincia necesitó una ley del Congreso. En 1951 por ley 14.037 se provincializó el Chaco y La Pampa. En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones. En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ninguna ley provincializó a la Ciudad de Buenos Aires

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, gracias al Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, en el artículo 129, se dispuso que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Y después dice el mismo artículo: Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación.
La Constitución Nacional nunca nombra a la Ciudad de Buenos Aires como autónoma. Sólo la nombra como Ciudad de Buenos Aires, y dice que tendrá autonomía. ¿En qué consiste esa autonomía? En la autonomía que tiene cualquier municipio del país, es decir, sus habitantes eligen a su intendente, también eligen a sus representantes que conforman el Concejo Deliberante que dispone las ordenanzas con que se rige la convivencia, y tienen Tribunales de Faltas que actúan cuando esas ordenanzas o los decretos del Intendente no se cumplen.
Y por último el artículo 129 de la Constitución de 1994 dice que el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante sus representantes se den un Estatuto Organizativo de sus instituciones. No dice que se dará una Constitución que es lo que se dan las provincias, sino dice Estatuto Organizativo.
Y así fue. En 1996 los habitantes de la ciudad eligieron representantes para la Asamblea que debía redactar el Estatuto Organizativo. Pomposamente esos representantes se autodenominaron constituyentes y redactaron el Estatuto Organizativo al que llamaron Constitución, y nadie entonces corrigió ese error de nombre.
Pero, en 1997, el entonces senador Antonio Cafiero, senador por la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto que se convirtió en la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero que puso límites a esa autonomía. Esa Ley impedía la creación de una Policía propia porque en la Capital Federal la seguridad armada debía seguir a cargo del Ministerio del Interior de la Nación. Puso límites también en la Justicia: la ciudad sólo debía tener tribunales contravencionales. La administración y el Código del Puerto de Buenos Aires a cargo de las autoridades nacionales. Igual que el registro de la Propiedad Inmueble.
Es que el Pacto de Olivos rompió el equilibrio con este tema de la capital que había llevado 70 años resolver, desde 1810 a 1880, y que la Ley de Avellaneda había resuelto después de enfrentamientos armados que se cobraron más de 3 mil muertos.
La Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires aprobada en 1880 como Ley 1.029 declaró Capital de la República Argentina al Municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales.
Dispuso que todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio quedarán bajo la jurisdicción de la Nación sin que los municipales pierdan por eso su carácter. Y dispuso que la provincia de Buenos Aires mantendría la administración y la propiedad de los ferrocarriles y telégrafos. Y estableció que esta ley solo empezaría a regir una vez que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires haya hecho la cesión de la ciudad como Capital Federal.
Y así se hizo, la Legislatura por ley provincial cedió la ciudad para que sea Capital Federal y expresó que si la ciudad dejara de ser Capital debía volver a la provincia. Es decir, volvía a ser un municipio de la provincia de Buenos Aires. Cuando en 1986 se discutió el traslado de la Capital a Viedma, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley (10.454) que dispuso que la ley nacional del traslado deberá contemplar la devolución del territorio de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires o la formación de una nueva provincia en los límites actuales de la Capital Federal. Pero eso no sucedió
En síntesis:
• La ciudad de Buenos Aires es la Capital de todos los argentinos y si dejara de serlo volvería a ser un municipio de la Provincia de Buenos Aires.
• El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un intendente
• La Legislatura de la Ciudad es un Concejo Deliberante.
• Su Supremo Tribunal es un tribunal municipal, y sus juzgados son juzgados de faltas.
• Su Policía es una policía municipal como las policías con que cuentan los municipios de Buenos Aires.
Hay que volver a federalizar en el pensamiento de los argentinos la ciudad de Buenos Aires. Su flujo comercial, financiero y económico debería estar a disposición de las autoridades nacionales y no municipales.
Y nunca el intendente de la Ciudad debió poner vallas en el domicilio de la vicepresidenta de la Nación, de la misma manera que al intendente de Vicente López no se le debiera ocurrir hacer lo mismo con la Quinta de Olivos donde reside el Presidente.

31.8.2022

Por Claudio Mardones

Hoy es comisario mayor. Fue reconocido por dos detenidos. Larreta lo felicitó este lunes, junto a otros efectivos de la fuerza, por el accionar de este sábado. Está acusado de haber sido el nexo con la patota y el cerrajero que ejecutaron uno de los mayores ataques contra la libertad de expresión al ingresar y destruir la redacción de este diario. En la causa fue sobreseído y la decisión fue confirmada por los camaristas Bruglia, Llorens y Bertuzzi.

Poco antes de las seis de la tarde de este sábado, la esquina de Juncal y Uruguay era un caos. Había corridas y gritos en medio de la creciente represión que desató la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los efectivos de infantería avanzaron sobre un grupo de manifestantes. Habían derribado uno de los vallados dispuestos alrededor del edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el medio del despliegue quedó al desnudo el nivel de individualización que hizo la fuerza sobre los manifestantes para detenerlos. Entre sus ejecutores participó el comisario mayor Jorge Azzolina, el mismo policía que en 2016 fue un nexo clave entre el estafador Mariano Martínez Rojas y la patota que atacó la redacción de Tiempo Argentino, en la madrugada del 4 de julio para impedir la salida del diario.
Junto al avance de un carro hidrante que buscó desalojar la calle, los policías se lanzaron a detener gente detrás de la línea de escudos. No estaban desprovistos de información. Todo el dispositivo era filmado por distintos uniformados y cada momento también se pudo reconstruir gracias a videos que se viralizaron y las fotos captadas por celulares. Las imágenes de ese momento confirman el nivel de individualización que tenía la policía sobre distintos funcionarios del gobierno nacional y del bonaerense. Por eso sorprendió la ventilación de audios de los mandos policiales donde se escucha claramente a uno de los jefes del operativo avisar que tanto el gobernador Axel Kicillof como el ministro bonaerense Andrés “El Cuervo” Larroque eran “un manifestante más”. No era un anuncio sino un recordatorio de que no tuvieran freno alguno para detenerlos. Lo mismo sucedió dos horas después cuando el diputado nacional Máximo Kirchner intentó ir a visitar a su madre y fue rodeado por un grupo de policías que le impidieron el paso y le pegaron patadas y bastonazos en medio de insultos y agresiones.
La instrucción de individualización no sólo fue cumplida con dureza. También con precisión. Así fueron detenidos pocos minutos antes de las 18 el diputado provincial Matías Molle, el exdiputado Facundo Tignanelli y el director Comunicación de la AFIP, Fabián Rodríguez, que llegó a la manifestación junto con Kicillof. Posiblemente en ese momento fue individualizado hasta que lo detuvieron. En ese momento los detenidos pudieron advertir que había un policía, con pullover verde y pechera celeste, que les daba órdenes a los que detenían a los manifestantes. Así marcó a los tres que cayeron al asfalto de la calle Uruguay a fuerza de patadas y bastonazos.
Es el mismo policía que este lunes fue recibido por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en el Instituto de Seguridad Pública para redoblar la apuesta, defender el operativo y solidarizarse con los 12 uniformados heridos. Se trata del comisario mayor Jorge Guillermo Azzolina, uno de los jefes del operativo y el mismo efectivo acusado de haber sido un nexo clave entre la policía, el autopercibido empresario Mariano Martínez Rojas, y la patota que atacó la redacción de Tiempo Argentino el 4 de julio de 2016.
Según señaló la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, y al frente de la querella de la Cooperativa Por Más Tiempo, el comisario Azzolina fue la persona que contactó a Martínez Rojas, con Juan Carlos Blander, vinculado a la seguridad de espectáculos masivos, que contrató a la patota protagonista del ataque a la redacción, y al cerrajero, cuyo rol fue determinante para el ingreso al edificio. Luego golpearon y arrastraron hacia afuera a tres trabajadores de la cooperativa. Nada de eso habría sucedido sin la planificación previa y la contratación que Azzolina facilitó para contactar a Martínez Rojas con Blander.
Con ese nivel de premeditación la patota que irrumpió en la madrugada lo hizo con la protección de los policías de la comisaría 31 que reportaban a Azzolina. El comisario estuvo al frente de la 31 hasta enero de 2017, cuando Rodríguez Larreta cambió las jefaturas de las 53 comisarías dentro del proceso de fusión de la Policía Federal con la porteña. Desde esos años, Azzolina fue señalado en la investigación penal que llegó a la Sala I de la Cámara Federal por la apelación de la cooperativa contra el sobreseimiento que benefició a Azzolina en primera instancia. El caso estuvo en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que ratificaron la decisión, basados en la pérdida de los registros de movimientos de los móviles que intervinieron en el operativo. Curiosamente esa documentación fue extraviada y no existe ninguna explicación sobre la ausencia de esas pruebas.
El caso no impidió que Azzolina llegara a Comisario Mayor, el cargo que ahora tiene. Es parte de la jerarquía de la policía y este lunes fue uno de los 20 efectivos heridos que se mostraron con Larreta.
Este sábado, antes de las 18, Azzolina estaba nervioso y no paraba de fumar. Nada le impidió señalar a los funcionarios detenidos y que los trasladaran a una camioneta policial donde los mantuvieron esposados durante una hora sin ninguna orden judicial. El comisario mayor estaba furioso porque no lo atendía la fiscalía. Nunca les leyeron sus derechos ni les explicaron las razones de la detención. Tampoco dio ninguna explicación a los detenidos sobre los golpes, patadas e insultos que recibió cada uno.
Azzolina es uno de los 20 heridos que estuvieron con Rodríguez Larreta porque se golpeó un brazo con una de las vallas. Ni se inmutó cuando le advirtieron que había detenido sin orden judicial a un diputado provincial y a otro que había sido legislador. También le recordaron que tenía entre los esposados a un vocero cuya detención no iba a pasar inadvertida para la prensa.
Recién comenzaron a ponerse nerviosos cuando comenzaron a juntarse funcionarios y diputados bonaerenses, porteños y nacionales, para reclamar la liberación de los presos en la camioneta. Una hora antes los habían visto caer bajo los golpes policiales. Las fotos muestran como a uno lo patean en el suelo y a otro lo ahorcan por la espalda. Era Tignanelli, que había caído por los golpes policiales, mientras un uniformado agarraba a Rodríguez por el cuello para impedir que auxiliara a su compañero. Los dos terminaron en el piso y entre las patadas pudieron ver que Azzolina estaba delante de ellos.
Este lunes Rodríguez Larreta se fotografió con el comisario mayor a su derecha. Dijo que estaba “orgulloso” por el operativo y le dio otro guiño a un jefe policial que no detiene su carrera de ascensos, a pesar del oscuro historial que quedó al desnudo hace seis años.

31.8.2022

Por Matías Hof

El dato, que surge de un informe de Zonaprop, muestra que subieron por encima de la inflación que desde agosto del 2021 suma 76,6 %. En barrios como Mataderos o Colegiales, los incrementos se acercan al 100 %. En promedio el alquiler para un departamento de tres ambientes superó los $ 100.000.

Los precios de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron de forma interanual un 79,9 % en agosto, por encima de la inflación que, en dicho período fue del 76,6 %, de acuerdo a un relevamiento realizado por el portal inmobiliario, Zonaprop. Mientras el Gobierno ajusta el presupuesto del ministerio de Vivienda y los salarios siguen perdiendo poder de compra, tener un lugar digno donde vivir es cada vez más difícil para millones de personas.
Según el estudio, en el octavo mes del año el aumento fue del 7 % y en el 2022 acumulan una suba del 59 %. Los valores informados de alquiler, en promedio, son: para un monoambiente $ 61.064, un departamento de dos ambientes cuesta $ 74.557 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 100.628 por mes.
Estos valores superan por mucho al “salario mínimo, vital y móvil” que en agosto fue de $ 47.850, para el caso de un departamento de tres ambientes es más del doble. La canasta básica (que no incluye gastos por vivienda) estimada por el Indec para un hogar de cuatro personas en julio fue de $ 111.298, o sea que una familia debe gastar casi el equivalente de sus consumos básicos para poder alquilar.
Mataderos (99.6%), Colegiales (96,7%) y Santa Rita (92,7%) son los barrios con mayor incremento interanual de precio, mientras que Puerto Madero (61%) se posiciona como el que menos sube, siempre de acuerdo al estudio del portal inmobiliario. Reflejando cómo el problema golpea de forma distinta en cada sector social.
Los problemas de vivienda no son exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el déficit habitacional alcanza a unos 3.5 millones de hogares y la dificultad para alquilar se extiende por el resto de la provincia y el interior del país. Sin embargo, esto no impidió que Sergio Massa decidiera recortar $ 50.000 millones de los créditos Procrear destinados a primera vivienda.
La profundización de la especulación inmobiliaria es un proceso que viene pegando saltos en la última década. Desde el Centro de Estudios Metropolitanos afirman que en CABA “entre 2013 y principios de este año la reducción de la superficie disponible para alquileres se redujo de 138.000 mts2 a menos de 40.000. Y en ese mismo período, el precio de los alquileres aumentó 1.700%”. Las prioridades se encuentran cada vez más concentradas en pocas manos y los que se ven obligados a alquilar aumentan día a día.
Son preocupantes los contrastes entre las enormes ganancias de unos pocos, y donde constructoras e inmobiliarias sacan gran tajada, y las mayorías trabajadoras que llevan 6 años consecutivos de caída en su poder adquisitivo. Sin afectar los negocios de los grandes empresarios con medidas elementales como un impuesto a la vivienda ociosa y un plan Estatal de construcción de viviendas a la altura de las necesidades de la población, el derecho a la vivienda digna será imposible cumplir.