Comunicadores del Sur

12.9.2022

Por Martín Suárez

En varias ocasiones los uniformados intentaron ingresar por la fuerza al lugar: “Hay decenas de niños y niñas”, gritaban los vecinos. Luego de una negociación con las organizaciones, prorrogaron el desalojo para el 22 de septiembre.

Como todos los días, Ramón se levantó a las 5 de la mañana para iniciar su jornada laboral. Del otro lado de la puerta escuchaba murmullos de personas hablando, veía luces intermitentes y perros que ladraban sin parar. “No entendía muy bien lo que pasaba y decidí subir nuevamente hasta mi departamento para ver desde la ventana”. Las luces eran patrulleros de la policía de la Ciudad, las voces de agentes de infantería y “los perros imagino que eran de la policía aunque de lejos no los podía ver”, agrega,
Alrededor de 70 familias que viven en un hotel del barrio de Constitución, ubicado en Solís 1841, resistieron durante varias horas un intento de desalojo sin previo aviso. “Nadie nunca nos avisó nada sobre este desalojo. No entendemos que fue lo que pasó”, contó a Tiempo una vecina que vive en ese lugar hace 25 años. La zona amaneció rodeada con decenas de agentes de la Policía de la Ciudad, varios vehículos de detención, carros de asalto, camiones hidrantes y casi 80 agentes de Infantería preparados para sacar por la fuerza a las familias.
La orden de desalojo fue dispuesta por el Juzgado Civil N° 93, sobre la base de una causa iniciada en 2007 ¿los motivos? se desconocen. “Gracias a la resistencia de las familias y al apoyo de los vecinos y vecinas del barrio, y a la presencia de organizaciones, la policía porteña no pudo realizar el desalojo”, cuenta a Tiempo Gigi Krein, integrante de la organización Consejería de Viviendas. El intento de desalojo estuvo lleno de irregularidades. “Nunca jamás notificaron a las familias sobre que se iba a realizar el desalojo, ni hubo un censo para conocer el estado de quienes viven en el lugar, cuántos niños y niñas hay y cómo se encuentra el conjunto de sus habitantes”, agrega Krein. El acceso a Solís al 1800 se vió totalmente interrumpido por varias horas. La policía porteña instaló vallas antes de las 6 de la madrugada y pocos minutos después, intentaron ingresar por la fuerza, luego de mostrar la orden judicial a través de los ventanales que dan a la calle.
“Es necesario aclarar que quién tiene la potestad de poder frenar un desalojo es el Estado, eso quedó demostrado durante la época de confinamiento en pandemia, dado que los desalojos discurren en su mayoría por los juzgados federales”, detalla la referente social. Las organizaciones que trabajan con el acceso a la vivienda en la Ciudad, conocen el tema de fondo: Hay un mercado ilegal de alquileres de viviendas precarias, sobre todo en los barrios populares, pero que abarca las pensiones y hoteles abandonados de todo el distrito. “Estos alquileres son totalmente informales, no tienen ningún tipo de contrato, y esa situación pone al inquilinos e inquilinas en un estado de terrible vulneración, ya que tienen vedados todos sus derechos”, termina Krein.
Las y los habitantes del edificio recibieron el acompañamiento de cientos de vecinas y vecinos del barrio, que se mantuvieron en el lugar increpando a los efectivos policiales que estaban decididos a utilizar la fuerza represiva para comenzar el desalojo: “Hay decenas de niñas y niños en esa casa”, gritaba Lourdes, una vecina que vive sobre la calle Brasil y que se acercó a brindar su apoyo. “Es increíble que Larreta mande a todos estos violentos a querer golpear a las familias que viven acá hace casi 30 años ¿Qué le pasa por la cabeza a este hombre?”, pregunta Lourdes.
La orden de desalojo fue dada por la jueza Paula Andrea Castro, del juzgado Civil N° 93. En varias ocasiones la policía de la Ciudad intentó ingresar por la fuerza a la vivienda, pero con el correr de las horas decenas de vecinos y vecinas de casas linderas se fueron acercando y estaban dispuestos a defender a las familias de ese lugar. Tiempo se puso en contacto con el juzgado que sentenció la orden de desalojo para conocer los motivos de esa medida. El argumento fue el mismo que brindan en otras ocasiones: un supuesto “peligro de derrumbe”.
Más tarde, en una negociación donde intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, acordaron dar plazo hasta el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, el ejecutivo porteño deberá negociar con las 70 familias una reubicación habitacional.

10.9.2022

Por Carlos Mauro

El jueves pasado, una familia entró a las trompadas a la Escuela de Enseñanza Media Nº3, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la amenaza de que “estaban cargados” y que tenían “la escuela tomada”. Alguien dio aviso a la Gendarmería, que ingresó con las armas desenfundadas. La supervisión no quería suspender las clases a pesar del pedido de los docentes y fue bajo el diálogo con los sindicatos que se logró la medida. El lunes se realizará un abrazo al colegio y una marcha por el barrio.

Sucedió en la EEM 3 D.E. 19, ubicada en Agustín de Vedia 2519, cuando la familia de una estudiante amenazó a otra, quien llamó a su familia y cayeron en manada a querer entrar al colegio. El vicedirector del turno, del lado de afuera, intentó contener la situación, pero se vio superado por la magnitud de la violencia que manifestaba la familia de la estudiante que quería entrar. El vicedirector fue empujado y le sacaron y rompieron los anteojos. Entre la salida y entrada de profesores y estudiantes del turno mañana, la familia logró imponerse por la fuerza y entrar al colegio.
Rápidamente, ingresaron al hall del colegio, empujando a docentes y arrojándole objetos. “Estaban diciendo que tenían la escuela tomada, que las hijas venían a esta escuela porque ellas hacían lo que querían y nadie les podía decir nada”, relata una de las docentes que estuvo presente y vivió la situación violenta. El objetivo de esta familia era sacar a la otra de la vicedirección, donde la escuela la estaba resguardando, para resolver violentamente las diferencias que tenían. Miembros de la familia decían estar “cargados”, aunque nunca mostraron ningún arma. Sin embargo, la versión que circuló entre las familias de la escuela es que había adultos con armas de fuego y armas blancas.
Alguien de adentro de la escuela dio aviso a la Gendarmería, que tiene un destacamento a la vuelta del establecimiento. Ingresaron con las armas desenfundadas al colegio. Esto aumentó aún más la tensión y escaló el grado de agresividad de la familia. Luego de una hora, la tensión mermó y los agresores se retiraron acompañados por la fuerza represiva.
La conmoción se adueñó del colegio: una docente con una crisis de nervios tuvo que ser atendida por el personal de salud de la ART, estudiantes fueron “encerrados” en distintas partes del colegio para resguardar su integridad física, docentes y familias que no estaban de turno acudieron al colegio para intentar ayudar en la situación, promover un repudio a lo sucedido y pedir el receso de clases para el día siguiente para exigir garantías de que esto no vuelva a ocurrir.
Según lo comentado por los docentes, la primera respuesta de la supervisión de la región sexta fue, en un gesto completamente oficialista y sin contemplar la gravedad de lo sucedido, que las clases no se suspendían. Sin embargo, la noticia corrió por los pasillos de los ministerios y el director de media decretó la suspensión de las clases en los tres turnos.
Cabe señalar que el martes el Ministerio de Educación de CABA había enviado un correo electrónico a toda la docencia decretando que la jornada de mejora institucional planificada para octubre se suspendía para “recuperar el día de clases perdido” por el feriado nacional decretado luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Lo sucedido ayer no fue una situación aislada, la violencia crece todos los días”, dice Dante, docente del colegio y afirma que “todos los días recibimos videos de pibas cagándose a trompadas en el barrio, incluso acá hemos desactivado varias peleas”.
La estudiante que generó toda esta situación tenía “miles” de actas realizadas por los docentes y se le había intentado hacer consejos de convivencia, pero la madre nunca respondió, la familia nunca acudió y siempre tuvieron esta actitud de no importarle lo que la escuela tenga para decirles. “Lo que pasa es que es imposible esperar algo de los organismos del Estado, acá nadie tiene ganas de hacerse el héroe y resolver todo, pero cuando das intervención al Consejo o pedís asistencia al Ministerio (de Educación) nadie responde. Entonces te acostumbrás a que las respuestas las tenemos que generar nosotros”, agrega el docente.
Hace ya dos años, las organizaciones del Bajo Flores están queriendo promover “senderos seguros” para que los y las estudiantes puedan ir y volver del colegio sin miedo a que algo les pueda pasar y eso nunca se implementó porque el Ministerio de Seguridad de CABA y el Ministerio de Seguridad de Nación no se pusieron de acuerdo en las jurisdicciones ni a quién le tocaba cada parte. En el medio, un estudiante de este mismo colegio fue asesinado, dos pibas desaparecieron y sucedieron muchas peleas y robos.
Este lunes se realizará un abrazo al colegio y una marcha por el barrio bajo el lema de “NUNCA MÁS LA VIOLENCIA COMO CAMINO”, con el objetivo de que toda la comunidad educativa del Bajo Flores brinde el apoyo y la seguridad que la institución necesita para poder cumplir la función educativa que tiene en el barrio hace más de 20 años.

8.9.2022

El índice de precios que releva la Dirección de Estadísticas de CABA sumó otros 6,2 % en agosto y acumula 53 % en el año. Los rubros de mayores incrementos fueron alimentos, prepagas, naftas y alquileres. El miércoles próximo el Indec dará a conocer el IPC de agosto que según consultoras rondará entre 6,5 y 7 % mensual. Salarios e ingresos siguen corriendo por detrás de los precios.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 6,2 % en agosto y marcó una suba de precios de 53 % en los primeros ocho meses del año, informó este jueves la Dirección de Estadísticas porteña. En los últimos doce meses el índice acumula 74,6 %. El miércoles próximo el Indec dará a conocer el IPC de agosto que según consultoras rondará entre 6,5 % y 7 % mensual.
La variación del IPCBA (Indice de Precios al Consumidor de Ciudad de Buenos Aires), se explicó principalmente por las subas en alimentos y bebidas no alcohólicas (7,1 %), Salud (9 %), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2 %), Restaurantes y hoteles (5,5 %), y Transporte (5,1 %). Estos rubros, en conjunto, explicaron el 71,2 % del alza de precios en agosto.
Entre los alimentos y bebidas no alcohólicas, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (7,1 %), Leche, productos lácteos y huevos (7,5 %), Verduras, tubérculos y legumbres (11,4 %) y Carnes y derivados (4,0 %).
Por su parte, el alza de 9 % en el rubro Salud se debió a los ajustes en las cuotas de medicina prepaga y, en menor medida, incrementos en los valores de los medicamentos. En tanto que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un alza de 4,2 %, al impactar principalmente las subas en los precios de los alquileres.
Restaurantes y hoteles, por su lado, aumentó 5,5 % en tanto que Transporte promedió un incremento de 5,1 % debido al aumento del valor del boleto de colectivo urbano, así como subas en los precios de los automóviles.
El miércoles próximo el Indec dará a conocer el nuevo índice de precios de agosto a nivel nacional. En julio había marcado el valor más alto en los últimos 20 años, tras el récord de 7,4 %. Según consultoras y estimaciones privadas relevadas por el Banco Central se espera un aumento promedio de precios de 6,5 % e incluso algunos pronósticos lo estiran a 7 % mensual. Sigue el deterioro de salarios, ingresos y jubilaciones, que corren por detrás de los precios, al calor de la tregua que ofrecen las centrales sindicales afines al gobierno.

8.9.2022

Presentado por el Frente de Izquierda y con 41 votos afirmativos se aprobó un repudio y exigencia al gobierno nacional a que realice los giros necesarios para garantizar las prestaciones. Por su parte la legisladora Alejandrina Barry de FIT no olvido y le paso la factura al oficialismo porteño “De paso, le recordé a Juntos por el Cambio que las enfermeras siguen reclamando el pase a la carrera profesional”, en referencia a los reclamos no atendidos por Larreta.

Este jueves, con 41 votos, la Legislatura porteña aprobó una declaración de “repudio al recorte en las prestaciones en discapacidad” y la exigencia “al Gobierno Nacional a que realice los giros necesarios para garantizar las prestaciones y el pago en fecha a mes vencido a los prestadores”. Dicha declaración fue presentada al recinto por el Frente de Izquierda y acompañada por todos los bloques menos el del Frente de Todos.
Este conflicto lleva semanas, recorre todo el país y tiene epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la plaza de mayo. Los trabajadores prestadores de servicios que llevan meses sin cobrar y las familias de las personas, en su mayoría niños, discapacitadas vienen reclamando al Gobierno Nacional el aporte necesario hacia las obras sociales para poder palear salarios y prestaciones.
Era de esperar que el Frente de Todos votase en contra del proyecto de declaración ya que son parte del gobierno nacional que se encuentra, a través del superministro Massa, ajustando en salud y educación, mientras ante este conflicto en discapacidad se pasan la pelota entre distintos organismos nacionales para no reconocer el ajuste. Así el ministro de economía dice que la responsable es la Superintendencia de Salud, para luego decir que la responsable es la AFIP en no realizar los aportes para reinstalar los servicios y pagar los sueldos adeudados a los prestadores de salud. Mientras trabajadores y familiares de discapacitados siguen reclamando a lo ancho y largo del país.
El proyecto tuvo como voz cantante el legislador del FIT Gabriel Solano, mientras su compañera del Frente de Izquierda Alejandrina Barry dejó claro el sentido del acompañamiento “desde un comienzo nosotros venimos acompañando a los trabajadores y familias en su reclamo” y agregó ante la “sorprendente” votación a favor de la declaración de parte del oficialismo porteño de Juntos por el Cambio “Me llamó la atención que ahora estén tan preocupados por el cobro de los prestadores de salud, cuando las enfermeras de la Ciudad cobran 80 mil pesos, tienen que tener dos o tres trabajo y hoy reclaman el pase a la carrera profesional. Este reclamo debe ser atendido ya mismo. No sirve hablar solo cuando te conviene”. Fue en respuesta a la legisladora Ana María Bou Pérez quien fuera la vocera de Juntos por el Cambio y ex ministra de salud porteña de Mauricio Macri.
Al mismo tiempo debemos recordar que fue el propio oficialismo porteño el que negó la posibilidad de aprobar hace 8 días otra propuesta del Frente de Izquierda, en donde se solidarizaban con el reclamo en discapacidad y repudiaba el amenazante operativo policial encargado por el propio Gobierno porteño ante el acampe en plaza de mayo de familiares y prestadores de salud.
Tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, los guía su interés particular, mientras solo el Frente de Izquierda se encuentra al lado de los trabajadores y familiares de discapacitados, contra cualquier gobierno y sin ningún otro interés de que sea resuelto el conflicto y se reestablezcan los aportes para volver con las tan necesarias prestaciones para personas con discapacidad y se les pague en tiempo y forma a los trabajadores prestadores de dichos servicios.

7.9.2022

Por Juan Borges

Nehuen Rodríguez tenía 18 años cuando el 15 de diciembre de 2014 los agentes de la entonces Policías Metropolitana Daniel Castagnasso y José Soria Barba lo atropellaron con un móvil y terminaron con su vida. A 8 años del crimen, la madre de Nehuen, Roxana Cainzos reflexionó sobre la violencia policial y la Doctrina Chocobar impulsada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros temas.

¿Qué visión tiene sobre la denominada “Doctrina Chocobar” impulsada durante la gestión macrista?
Roxana Cainzos: Muchos de nosotros que estamos en los barrios luchando sabemos bien como comenzó la famosa Doctrina Chocobar. Nació a raíz del asesinato de Juan Pablo Kukoc en nuestro barrio por un policía que encontraba fuera de servicio. Lo vivimos en nuestro barrio.
Lo primero que hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich fue citar al policía asesino en la casa de gobierno para felicitarlo, condecorarlo. De hecho, el juicio llevado a cabo por el asesinato le dio solamente dos años por acribillar a un pibe tirado en el piso, más allá de que haya robado o no.
En este país no existe la pena de muerte, pero para ellos si porque matan a nuestros pibes por la espalda o en el piso sino cuando ya están sin poder moverse también los acribillan con todo su cargador.

¿Cómo analiza la política desplegada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich?
RC: ¿De la señora Bullrich que podíamos esperar? Es una persona nefasta. Ella tiene sus ideas de mano dura y totalmente derechizada. Es discriminadora de nuestro pueblo y de nuestros pibes, a quienes estigmatiza. Es una caricatura política que construye esa figura basada en la mano dura y la intolerancia. Su idea es colocar como culpables a las víctimas siempre.

El caso de su hijo Nehuen Rodríguez es emblemático en ese sentido de prácticas violentas.
RC: El juicio de mi hijo fue en el 2018 y le dieron tres años al culpable, Daniel Castagnasso y después le dieron pena por falso testimonio a Daniel Soria Barba, el cual cayo por robarse varios kilos de marihuana y está detenido.
Daniel Castagnasso está en libertad, la justicia que nosotros tenemos es la condena social, por eso decimos que es justicia social. El Poder Judicial realmente no ampara a las personas de los barrios, de sectores humildes.

Sin embargo, ese dolor lo transformaron en organización y en lucha…
R.C: En el camino me encontré con muchas personas que estaban en la misma que yo, pidiendo justicia para sus hijos. En el camino me encontré con Carolina Villa cuando balearon a su hijo Lucas Cabello a la vuelta de mi casa y desde ahí con ella comenzamos una buena amistad que terminó en un Merendero, como un símbolo de lucha contra la represión y la violencia institucional.
Con Carolina apostamos a colaborar con los vecinos del barrio, en todo lo referido a violencia institucional, tanto como problemas de vivienda, salud, en todo lo que podamos dar una mano estamos acá. Es cuestión de seguir adelante no solo por lo que nos pasa sino tratando de tener una empatía con la gente de nuestro barrio.

¿Cómo se combate esa violencia desde el barrio?
R.C: La manera es seguir luchando unidos contra lo que les pasa a nuestros jóvenes, buscando construir mejores oportunidades de vida, de salud, de estudio, de vivienda y apostando siempre por construir una sociedad más justa e igualitaria, un mundo mejor para todos y todas. Con ese objetivo nos unimos y organizamos cada día.

¿Qué visión tiene sobre a los avances de la derecha en materia de armado de causas judiciales contra figuras populares como Cristina Fernández de Kirchner o Milagro Sala?
RC: Los avances de la Derecha acá en CABA los padecemos desde hace muchos años, sabemos bien de que se trata. Las causas judiciales nuestras siempre fracasan porque esos jueces responden justamente a una visión de la justicia que es estigmatizadora.
La persecución a figuras populares como Cristina o Milagro justamente responde a ese poder concentrado, no me sorprende su proceder y espero que el pueblo entienda que hace falta concientizar mucho a la gente para que esto no siga pasando. No queremos que se naturalice la violencia, es el momento de que veamos todo lo que nos sucedió y quizás no tuvimos el apoyo necesario, pero estamos para apoyar a todas las figuras populares que son nuestros referentes políticos.