16.9.2022
Esta es una historia larga que comienza en diciembre de 2015. En ese momento se aprueba el decreto N° 2.670/2015 que reglamenta el funcionamiento y las funciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), creada por los inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1.382 en agosto del 2012, su ampliatorio N° 1.416 al año siguiente. Todas estas normas violan el Artículo 75 inciso 5° de la Constitución Nacional y están viciados de nulidad absoluta e insanable, todas las resoluciones, desafectaciones, y disposiciones de este organismo que dispusieron cesiones, desafectaciones, y ventas de tierras fiscales en general, y ferroviarias en particular 1. Este decreto reglamentario es el que utiliza el presidente Macri para transferir todos los inmuebles ferroviarios a la AABE para su posterior desguace.
Pero queremos empezar por algunos hechos recientes. El 24 de agosto pasado en la sede de la Comuna 13 se convocó a la cuarta reunión del proceso de diseño –supuestamente participativo– del Parque que se piensa desarrollar en el Playón de maniobras de la estación Colegiales del FFCC Mitre. La primera fue virtual, las tres siguientes presenciales. Participamos en ese proceso como organización que integra diferentes colectivos barriales.
Los funcionarios y técnicos de la Dirección de Regeneración Urbana que depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Dirección General de Arquitectura que dependen del Secretario de Desarrollo Urbano Álvaro García Resta, insistían en tratar de concentrar la atención en los avances que ellos fueron haciendo acerca del diseño de la placita de media manzana que se va a construir entre Moldes, Lacroze, la estación y la continuación de Teodoro García.
Trajeron perspectivas y fotomontajes donde mostraban cómo quedarían los edificios ferroviarios catalogados, que proyectaban para cautivar a lxs vecinxs o proponían analizar la disposición de los caminos, o las especies de plantas nativas que se plantarían. Sin embargo, de forma constante durante las dos horas de reunión, y con la Junta Comunal presente, los vecinos volvían una y otra vez sobre la gran estafa que se había cometido al permitir la construcción de edificios, gracias a la connivencia entre el GCABA y los desarrolladores inmobiliarios, y a la enorme desconfianza sobre cada cosa que decían los gubernamentales, incluyendo a los juntistas. ¿Esa desconfianza es injustificada? Veamos.
En 2016 los vecinos de Colegiales presentaron un proyecto de ley para que se construya un parque lineal a lo largo de las 7 has al costado de las vías del Ferrocarril. Esos terrenos desde hacía añares se habían concesionado a privados por un canon ridículo. Nunca se trató ese proyecto, aunque la Constitución dice que es obligación tratarlo. Primera traición.
Poquito tiempo después, el Poder Ejecutivo presenta otro, donde en lugar de preservar toda la superficie como parque, dispone que el 35% se destine a edificios de hasta 9 pisos y para permitirlo cambia la zonificación del lugar. Se firma un acuerdo con la AABE para que ese 35% se subaste. Segunda traición. La ley se aprueba con el Nº 5875/2017
Esa ley planteaba tres cosas: una era que la Sociedad Central de Arquitectos tenía que llamar a un concurso de proyectos (no vinculante) para definir el diseño de las construcciones (35%) y del parque (65% de la superficie).
Otra era que el proyecto definitivo debía respetar el concepto de parque lineal, es decir, tratar de conservar la mayor cantidad de espacio verde continuo a lo largo de las vías. Ese era el criterio que debían respetar los proyectos 2 que se presentaran al concurso. Se presentaron 47 proyectos. La gran mayoría respetaron el criterio de parque lineal ubicando el loteo para los edificios en los dos extremos del terreno total. El ganador, no. Fue el único que instalaba los edificios en el medio del terreno y, aunque el concurso no era vinculante, fue el que el ejecutivo implementó. Claro, de esa manera las plazas se construían a ambos lados, mejorando las vistas de los departamentos y aumentando la cotización. Uno de los desarrolladores lo explica clarito en una conferencia en el marco de un evento para el sector inmobiliario. Incluso nombra al funcionario de “la Muni” que les prometió esas plazas para subir el precio. Tercera traición. Después de denunciarlo los vecinos en una de las reuniones de diseño participativo, el funcionario en cuestión, Tomás Vidal, renunció.
La tercera cuestión que planteaba la ley era que, una vez completado el concurso, debía convocarse al Consejo Consultivo Comunal para tomar en cuenta la perspectiva de los vecinos antes de completar el diseño y el loteo de los terrenos. Nunca se convocó al Consejo Comunal e incluso hay varias actas donde el mismo Consejo reclama esa convocatoria a la Junta, que no tienen respuesta alguna 3. Cuarta traición.
Podríamos aquí introducir otra dimensión del conflicto: el ninguneo sistemático del Consejo Consultivo Comunal. Cada dos meses se produce una convocatoria con fuerte apoyo publicitario desde el ejecutivo de la ciudad a “los vecinos” para tener reuniones de intercambio. A esas reuniones asiste puntualmente la presidenta de la Junta Comunal, Florencia Scavino. Sin embargo, y aunque la ley de Comunas expresa claramente que la Junta deberá difundir la existencia del Consejo Consultivo Comunal y su agenda de reuniones, no lo hace. Y cuando varios integrantes del Consejo deciden asistir a estas reuniones para denunciar cosas como las que incluimos en este artículo, los funcionarios se mofan diciendo “se ve que trajeron al Consejo Consultivo a las reuniones”, como si eso fuera inoportuno o inadecuado. Lo lógico –para eso están las Comunas y los CCC– sería que esas reuniones de vecinos sean convocadas por el Consejo Consultivo, con el mismo apoyo publicitario financiado con el presupuesto comunal, y que sea la Junta Comunal la que transmita las inquietudes al ejecutivo.
En una reunión que mantuvieron representantes del Consejo Consultivo Comunal y de Colegiales Participa y Decide con el Arq. García Resta el 9 de agosto de este año, los vecinos le plantearon todos los incumplimientos mencionados al funcionario. Con una seguridad pasmosa, el Secretario afirmó que si no se había cumplido con la ley 5875 era porque seguramente se había sancionado otra ley a posteriori que modificó aquella ley, dando cátedra acerca de que obviamente una ley puede modificar a otra ley anterior. Los vecinos afirmaron también convencidos que esa otra ley no se había sancionado nunca. Es más, dijeron que por disponer de terrenos y tener efectos medioambientales, de haberse querido sancionar una nueva ley deberían haber convocado a una Audiencia Pública y debería haber tenido doble lectura. Los 10 asesores y técnicos que rodeaban a Resta comenzaron frenéticamente a consultar sus celulares y palms buscando esa ley inexistente. Resta, en un exabrupto de su inconsciente sin censura y con semblante preocupado dijo: “si no hay otra ley posterior, esas construcciones son judicializables”. ¿Cómo se aprobó el loteo que permitió la venta de los terrenos en el medio del predio? ¿Quién fue el responsable de aprobar esa ilegalidad? Mentir con seguridad para engañar a lxs vecinxs es la quinta traición. Resta prometió informar sobre cuál era la ley que reformó la 5875 en pocos días.
En la reunión que abre esta nota, el 24 de agosto, los vecinos pedimos, apenas comenzó, que nos informen sobre si habían encontrado la ley o no. Una de las arquitectas del GCABA, en vez de contestar la pregunta, planteó que la definición de parque lineal no era clara, que implicaba un debate conceptual, y que el pasillo de 6 metros de ancho por 400 de largo –que queda entre el fondo de los edificios que se están construyendo y la vía–, si se parquizaba, quizás permitía pensar que sostenía la idea de parque lineal con los edificios en el medio. Ya dijimos que la mayor parte de los 47 estudios de arquitectura interpretaron claramente el criterio de parque lineal que marca el sentido común. Esto generó tal repudio entre los vecinos que otra funcionaria tiró al corner afirmando que estaba en camino una asesora del área jurídica que nos iba a informar sobre aquella ley ignota. Obviamente la asesora nunca llegó a la reunión, por lo que fue bautizada por un vecino como “el nuevo General Alais”, aquel militar que debía sofocar la rebelión carapintada con su regimiento de tanques correntinos, que llegarían en cualquier momento… pero nunca aparecieron. Todos lo interpretaron como otra mentira más. Al momento no tenemos respuesta sobre el particular.
El 1º de marzo de este año, ya habiéndose iniciado la construcción de los edificios, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuncia, en la apertura de sesiones de la Legislatura, que se va a construir el parque en la estación Colegiales 4. La Junta Comunal no estaba ni enterada, según admitieron, lo que implica un avasallamiento, ya que los espacios verdes son competencias concurrentes entre el gobierno central y los gobiernos comunales. Pero en definitiva las Juntas Comunales con mayoría del PRO representan al gobierno central frente a los vecinos, y no a la inversa como fue el espíritu constituyente. Obviamente el Consejo Consultivo estaba menos enterado aún. Pero además Larreta le pifió a la superficie en su anuncio, al definirla en 22.000 m2. Más adelante, cuando el 28 de junio Felipe Miguel fue a la Legislatura a presentar su informe de gestión, incrementó la cifra. Textualmente dijo “donde antes había un terreno ferroviario sin uso, vamos a crear el parque Colegiales, con el que vamos a sumar 8 hectáreas de verde”5. Como por arte de magia, los 22.000 pasaron a ser 80.000 m2. En julio, el GCABA llama a una licitación para realizar el estudio de impacto ambiental que podían generar las plazas (obviamente positivo) y en el documento de convocatoria figuran 29.333 m2. Según la escritura enviada por el gobierno al Consejo Comunal, el espacio público suma solamente 25.911 m2. 4 cifras para la misma superficie ¿no generan también desconfianza? ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? Quizás Larreta hizo un leve redondeo… pero después de vender los terrenos públicos a la especulación inmobiliaria es imposible soportar a Miguel mintiendo que la superficie será 4 veces mayor a la real…
Ya que estamos, vayamos al tema del impacto ambiental. La consultora que realizó el estudio de impacto ambiental de los espacios verdes a construir, ya emitió un dictamen donde se plantea que esas plazas son obras “de relevante efecto”, según define la ley 123. Esto implica la necesidad de convocar a audiencias públicas, si bien las mismas no son vinculantes. Nos asombra pensar que el espacio verde tiene relevante efecto, pero 5 edificios de 9 pisos construidos uno al lado del otro y todos juntos, que van a sumar un 10% de habitantes al barrio, con cocheras previstas solamente para un 30% de los departamentos, no vaya a generar un “relevante efecto”.
Según declaró el Arq. Daniel Mintzer, uno de los desarrolladores, el 23 de febrero de 2021 al suplemento de Arquitectura del diario Clarín: “No necesitamos ninguna excepción e hicimos exactamente lo que pide el Código. La volumetría permitida surgió de un concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) que nadie objetó y los planes salieron por trámite normal. Tampoco hizo falta una evaluación de impacto ambiental, porque la obra no supera los 20.000 m2”. Claro, son 20.000 m2 tomando los edificios uno a uno, pero eso distorsiona la realidad: en este caso hay que tratar a los 5 edificios como un complejo urbanístico integral y allí la suma da 80.000 m2. Nuevamente un artilugio mentiroso que tergiversa el espíritu de los legisladores que aprobaron la ley 123.
También es mentira que nadie lo objetó. Ahí estaban las organizaciones vecinales y el Consejo Consultivo, que el poder central insiste en desconocer. Le planteamos el tema a Jorge Macri en la reunión con vecinos que organizó junto a la Presidenta de la Junta Comunal, Florencia Scavino, en el teatro Vorterix a principios de julio. Dijo que lo iba a estudiar, je.
Un tema central del impacto ambiental es el de la presión de agua y gas, y de la tensión eléctrica. Ya ahora, cuando las máquinas cementeras todas las mañanas se encienden para mezclar agua con cemento, baja la presión en las cercanías de la obra, de ambos lados de las vías.
El otro tema es el del estacionamiento y el tránsito vehicular. La calle Moldes, donde da el frente de los nuevos edificios, tiene una ciclovía. Por la nueva ley que regula el estacionamiento en la ciudad 6 en las calles donde hay ciclovías desde fines de 2022 no será posible estacionar de ambos lados. Hoy en las 10 cuadras de Moldes entre Virrey del Pino y Lacroze estacionan autos de ambos lados y hay una ciclovía.
A estos se van a agregar los autos del 70% de los departamentos que no tendrán cochera asignada. Y ninguno de ellos podrá estacionar en Moldes. Por otra parte, está el cruce a nivel por Virrey Avilés. Cuando baja la barrera en la actualidad, se forma una fila de autos que pega la vuelta por Conesa llegando a ocupar todo el largo de la cuadra. Con los nuevos 4000 vecinos que se calcula van a llegar, seguramente esa fila va a alargarse a más del doble. Le planteamos esto a García Resta en la reunión que tuvimos en el edificio Canale el 9 de agosto. Su respuesta fue: “las ciudades no colapsan. Pero además, esto va a implicar que la gente tome conciencia y cambie el auto por la bicicleta o el transporte público”. Refiriéndose a los autos, el Secretario recreaba un auto de fe 7.
Luego del anuncio de Rodríguez Larreta en la apertura de sesiones, algunos integrantes del Consejo Consultivo y representantes de diversos colectivos barriales se reunieron con la Junta para imponer la necesidad de llevar adelante un proceso de diseño participativo, rescatando las encuestas y resultados de talleres que los mismos vecinos ya habían iniciado hace tiempo, poniendo trabajo voluntario. Se solicitó habilitar la recorrida del predio para poder dimensionar y vivenciar in situ las sensaciones y posibilidades que ofrecían las características y dimensiones del espacio. La Junta se comunicó con Desarrollo Urbano y se aceptó dar lugar a la iniciativa, pero acotando el número de vecinos a 10, cuando se habían anotado 40. Se prometió que habría nuevos recorridos más adelante, promesa nunca cumplida con la excusa de que había riesgos en el terreno y el seguro no cubría a los vecinos, excusa falaz ya que es de fácil resolución.
El predio que se quiere parquizar podría ampliarse en 7.000 m2. Esto no compensa el delito cometido al permitir que se interrumpa el parque lineal, pero reduciría en algo el impacto ambiental generado. Se trata de 4 lotes en litigio, que se encuentran con un amparo judicial y una medida de no innovar. La historia es conocida: Macri no los había logrado subastar junto a los otros 5, y para permitir que el desguace continúe ya sin él en el gobierno nacional, los transfirió de manera ilegal a la Ciudad en el último tramo de su gobierno –ya habiendo perdido las elecciones– violando al art. 15 bis de la Ley N° 25.917 que impide este tipo de transferencias en los últimos dos trimestres de mandato. Al asumir Alberto Fernández inició un reclamo judicial para su devolución y, luego de dictarse el amparo, Larreta lo apeló. El 26 de marzo de 2022 Horacio Rodríguez Larreta se reunió con vecinos de Colegiales en el Club Montañés, de Newbery y Crámer. Allí también estaba Florencia Scavino, la presidenta de la Junta Comunal. Se le pidió que, más allá de quién tuviera el dominio, impulse una nueva ley que rezonifique esos cuatro lotes. Larreta respondió que estaba dispuesto a terminar con el litigio con Nación levantando la apelación porque no llevaba a nada. Sin embargo, empezando septiembre, la apelación no se retiró y el litigio sigue. Una nueva promesa incumplida. Obviamente nunca impulsó la rezonificación. Mientras tanto, los vecinos presentamos un proyecto de Ley de rezonificación e iniciamos una ronda de visitas a todos los bloques parlamentarios.
En las reuniones con los equipos de Regeneración Urbana y Arquitectura también fueron surgiendo tergiversaciones. La ley 5875 plantea como otro principio rector es la integración barrial, ya que la vía opera como barrera urbana entre ambos lados. A lo largo de las 10 cuadras que van de Avilés a Lacroze solamente hay un cruce peatonal en Zabala, en la mitad del recorrido. Esto implica que desde nuestra sede tendremos que caminar 10 cuadras para acceder al parque por Lacroze y 14 para acceder por Virrey Avilés, cuando los criterios de la OMS y de varios códigos urbanísticos plantean que no debería exceder de 300 m lineales el acceso a un espacio verde público. El equipo de Regeneración Urbana no leyó la ley y no previó ningún acceso desde Cramer en el diseño original. Esos otros accesos obligan a modificar el diseño de los senderos y los ejes de circulación de los transeúntes.
Los vecinos plantearon la necesidad de sentar a la mesa a la empresa ferroviaria SOFSE, que tiene a su cargo el FFCC Mitre, para analizar de qué manera construir nuevos puentes peatonales y abrir el acceso en Cramer y Teodoro García al puente peatonal sobre la estación, para facilitar el acceso a la futura plaza. Ese acceso estaba abierto antes de la reforma de la Estación que encaró la gestión de Randazzo en el Ministerio de Transporte. La respuesta fue que la empresa planteó la complejidad de esa apertura. Un argumento fue que había que diferenciar claramente las zonas del andén, porque era necesario para poder cobrar el acceso, y eso implicaba también más personal de control. Eso es otro engaño. El acceso por la calle Palpa y Cramer carece de personal de control desde hace tres años, pero además es posible diferenciar fácilmente el acceso a la escalera para cruzar, del ingreso de la estación. Se trata de ubicar dos molinetes, uno de cada lado, quitar un tramo de 3 o 4 metros de las rejas y picar un bloque de cemento para ubicar una escalera de 4 peldaños. Una obra menor.
Sobre el uso de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico, se le pidió a García Resta que defina un uso no comercial, sino cultural y comunitario, también cumpliendo con lo que dicta la ley 5875, que prevé disponer en este parque de espacios para servicios sociocomunitarios. A este reclamo se sumó la Junta Comunal, sin embargo no hubo respuesta certera, temiendo los vecinos que se utilice como local gastronómico como ocurrió con los espacios cercanos a la estación Belgrano R. La consigna fue: No queremos un McDonald’s en los edificios patrimoniados. Las respuestas reunión tras reunión se repiten: no es responsabilidad nuestra, no sabemos, vamos a preguntar. En la reunión de vecinos con Felipe Miguel y Jorge Macri del 1º de septiembre Miguel planteó que esto está en discusión y que tienen ofertas para usar ese espacio para alguna empresa de gastronomía. Adujo que era una forma de no generar un gasto más al erario público tenerlo concesionado. Siempre el mismo argumento, aunque luego las concesiones son misérrimas o venden inmuebles para supuestamente hacer obras que luego no se realizan (como ocurrió con la venta del Dorrego para la supuesta construcción de una futura Plaza Biro en nuestro barrio).
Sobre la apertura de calles laterales y del pasillo trasero de 400 metros x 6, se pidió que fueran calles peatonales, donde no circularan autos, pero de manera sinuosa, se respondió que no nos preocupemos, que iban a ser calles de convivencia y que íbamos a trabajar juntos sobre el tratamiento de las mismas. Sin embargo, viendo los planos de los edificios, las salidas del garaje del subsuelo parecieran ubicarse sobre esas calles laterales, con lo cual el movimiento vehicular va a ser permanente, siendo 4000 personas las que van a habitar el complejo. Por otra parte, la definición de calle de convivencia incluye la circulación vehícular a baja velocidad.
La historia de pequeñas y grandes mentiras, estafas, tergiversaciones, engaños, promesas incumplidas, falluteadas, afirmaciones sin fundamento, leyes violadas, autos de fe sobre las consecuencias, abuso de autoridad, avance sobre las atribuciones de otras jurisdicciones, es apabullante y genera una infinita sensación de violencia institucional. Las autoridades y los desarrolladores nos toman por tontos, sentimos que se nos ríen en la cara. Por eso, los funcionarios tendrán que soportar nuestra desconfianza eterna.
El artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que los actos de los funcionarios que usurpen o prolonguen funciones o poderes violando su texto, son insanablemente nulos. Quienes en ellos incurran quedan sujetos a inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y están excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Es deber de las autoridades ejercer las acciones penales y civiles contra ellos y las de recupero por todo cuanto la Ciudad deba pagar como consecuencia de sus actos. Y por último: todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Quizás sea oportuno recordar lo ocurrido en estos días con las torres gemelas en Noida, India:
Hay que ver quién se hará cargo de los costos.
1. Ver nota del Dr. Marcelo Merlino “Crece el cuestionamiento a la actuación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”, del 30 de mayo de 2022 disponible en el sitio Trenes por Siempre: https://bit.ly/3cKJPGo
2. ttp://socearq.org/2018/02/19/concurso-2/
3. https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-13/transparencia-activa-comuna-13
4. https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/el-discurso-completo
5. https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/felipe-miguel-en-la-legislatura-portena-el-discurso-completo-0
6. https://bit.ly/3Q4kioV
7. Un auto de fe era una ceremonia de la Inquisición por la cual un acusado de blasfemia debía desdecirse públicamente y proclamar su fe y su sumisión a la Iglesia Católica. El ejemplo más conocido fue el de Galileo Galilei, que, para no ser quemado en la hoguera, debió negar sus observaciones astronómicas y decir que la Tierra estaba inmóvil y el Sol se movía alrededor de ella y no al revés. En este caso nosotros nos identificamos con Galileo
