22.10.2022
Por Rosa D’Alesio
La abogada Myriam Bregman, junto a su colega Matías Aufieri, querellantes en la causa que investiga la Masacre de la Calle Corro, pidieron elevación a juicio de 6 genocidas procesados por la muerte de Vicki Walsh: Viola, Godoy, Grisolía, Orihuela, Montell y González Ramos.
El 29 de setiembre de 1976, meses después del golpe militar que instauró una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país, un operativo conjunto entre fuerzas armadas y de seguridad, dispararon con artillería pesada la casa donde se encontraban cinco militantes montoneros, entre ellos una de las hijas del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria.
Myriam Bregman y Matías Aufieri son representantes legales de las querellantes Patricia Walsh y Lucía Coronel en la causa que investiga la Masacre de la Calle Corro.
La causa se inició en mayo de 2015, cuando Patricia Walsh se presentó como querellante exigiendo justicia por el asesinato de su hermana María Victoria Walsh, con la representación legal de abogadas y abogados del CeProDH: Myriam Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Lilén Reyes. Meses después se presentó Lucía Coronel, hija de José Coronel -otro de los militantes asesinados en el operativo-, y de María Cristina Bustos desaparecida en la ESMA, donde Lucía estuvo secuestrada siendo bebe.
Esta querella, en diciembre del 2021, logró que detuvieran a diez genocidas que participaron en el operativo llevado adelante en el barrio porteño de Villa Luro. Se trata de Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re.
El 26 de septiembre de este año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de seis genocidas, de los diez imputados. A tres les dictó falta de mérito, y uno fue sobreseído.
Este viernes 21 de octubre, los representantes legales de la querella presentaron el requerimiento de elevar a juicio a seis de los imputados detenidos en esta causa: Carlos Alberto Orihuela, es un militar (RE) del Ejército Argentino; Ricardo Grisolía, militar (RE) del Ejército Argentino; Gustavo Antonio Montell, militar (RE) del Ejército Argentino; Guillermo César Viola, militar (RE) del Ejército Argentino; Héctor Eduardo Godoy, militar (RE) del Ejército Argentino; Danilo Antonio González Ramos, militar (RE) del Ejército Argentino.
Se trata de genocidas que no habían sido procesados ni encausados en ninguno de todos los procesos de lesa humanidad abiertos hasta ese momento.
Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-FIT, sostuvo que para llevar adelante esa masacre, a los genocidas “se les ocurre nada más y nada menos que llevar conscriptos a participar de este terrible operativo represivo en una casa donde había niños y niñas” y agregó que “es un hecho que se reconstruye y que se construye memoria a partir de todos estos ex soldados que prestan su testimonio” que, además, permitieron detener a los militares imputados por la masacre.
Matías Aufieri, en tanto, subrayó la inquebrantable lucha que familiares y víctimas llevan adelante para terminar con tantos años de impunidad. “Cuesta, porque son juicios segmentados, mientras el reclamo de los organismos de derechos humanos y familiares, es realizar juicios por circuito y que se abran los archivos de la dictadura”.
Elevación a juicio
La querella, en el escrito donde requieren la elevación a juicio, siguiendo el marco establecido en el sumario de instrucción, sostienen que “se ha podido determinar en las presentes actuaciones que en el marco del plan de represión mencionado, el 29 de septiembre de 1976, personal del Ejército Argentino específicamente perteneciente al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 “Teniente General Ricchieri”, en conjunto con personal de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, intervino en el operativo ilegal realizado en el domicilio de la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105 del barrio de Villa Luro de la Ciudad de Buenos Aires”.
Asimismo, en el escrito añade que cuatro personas resultaron asesinadas en el domicilio y sus alrededores, “otra persona se habría quitado la vida al verse completamente rodeada por el personal interviniente, si es que no fue directamente ultimada por sus atacantes, y cuatro personas fueron privadas ilegalmente de su libertad y conducidas a diversas dependencias del circuito de represión clandestino hasta que fueron finalmente liberadas tiempo después”.
Las personas que resultaron fallecidas a raíz del operativo desplegado fueron Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, todos integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros.
Las cuatro personas detenidas fueron Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes fueron mantenidos en cautiverio en diversos sitios, y posteriormente liberados.
Patricia Walsh sostuvo en la presentación de su querella -que dio inicio a esta causa por la que se pide elevación a juicio de seis de los imputados- que en nuestro país tuvo lugar un genocidio, un plan sistemático de exterminio que implicó la comisión de múltiples y variados delitos contra un grupo específico de personas, determinado por su identificación política y también por su pertenencia social.
Por lo cual, los crímenes ejecutados durante la última dictadura militar no son la sumatoria de hechos aislados, sino un plan genocida. En ese marco, lo sucedido con María Victoria y con su padre, el escritor Rodolfo Walsh, forma parte de ese plan genocida.
Tanto los hechos anteriores, los simultáneos y los posteriores a la muerte de María Victoria Walsh, el secuestro de su cadáver, y la retención durante días de su hijita Victoria María Costa, involucran -al menos e incuestionablemente- a integrantes del Primer Cuerpo del Ejército, del G.A.D.A 101 (Grupo de Artillería de Defensa Aérea) de Ciudadela, de la Policía Federal, y como ha surgido de la instrucción, también de miembros del Batallón 141 de Córdoba, del Batallón 601, y de Gendarmería Nacional.
Al constituirse en querellante, Patricia Walsh se refirió al relato militar sobre los hechos ocurridos y sostuvo: “no figuraban los nombres de los cuatro detenidos ilegalmente, y ni siquiera se hacía mención de las y los menores secuestrados que habitaban la vivienda al momento del operativo. No mencionaban a Juan Cristóbal Mainer, de 16 años, que sería secuestrado, ni a María de los Milagros Mainer, de 9 años, que sería retirada de la escuela cercana y llevada a la Comisaría, ni a Victoria María Costa, hija de Vicki Walsh, de un año y dos meses de edad, que también fue retirada de la casa de Corro 105, y llevada a la Comisaría de la Policía Federal de la zona”.
Y, agregaba, que ello se debe a que no se trataba de una mera crónica policial publicada por los periódicos, “sino de una operación de propaganda psicológica y política, con objetivos aún pendientes, en torno al “grupo” perseguido”.
Myriam Bregman y Matías Aufieri, en su escrito donde solicitan la elevación a juicio de los seis imputados, vuelven a citar, como en la presentación inicial, la célebre Carta Abierta a la Junta Militar difundida por Rodolfo Walsh en el día previo a su desaparición:
“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”.
