Comunicadores del Sur

3.10.2022

Por Camila Martínez

La medida de fuerza para este martes fue votada en asambleas de los sindicatos UTE y Ademys. Incluye la realización de una marcha educativa a las 16, que saldrá desde la escuela Mariano Acosta y terminará en la Jefatura de Gobierno porteño junto a los estudiantes secundarios de las tomas, los terciarios y las familias de la comunidad educativa.

El jueves 29 de septiembre las y los docentes reunidos en las asambleas de los sindicatos UTE y Ademys, votaron a favor de convocar un paro docente de 24 hs. con movilización no sólo contra las sucesivas reformas inconsultas y los recortes tanto en educación como de otras áreas ligadas a la misma (como salud y discapacidad) sino también en solidaridad con la lucha que están llevando adelante las y los estudiantes secundarios quienes, junto a sus familias, están siendo perseguidos y hostigados por la justicia y las fuerzas de seguridad.
Hace dos semanas que las y los estudiantes secundarios se encuentran tomando decenas de escuelas por mayor presupuesto educativo, servicio de viandas de calidad, inversión en infraestructura y contra reformas inconsultas como las pasantías gratuitas y obligatorias en lugares “random” muy alejados de su formación. Con el apoyo de familias y docentes vienen reclamando hace tiempo por las condiciones en las que se enseña y se aprende en las escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires pero la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, no sólo se niega a recibirlos, escuchar y atender sus demandas sino que fue más allá: junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envía a la policía a amenazar a las y los estudiantes en los establecimientos educativos y a amedrentar a sus familias en sus domicilios, junto con denuncias vía cartas documento. El repudio de esta alarmante escalada represiva y la exigencia de atención a los justos reclamos de las y los estudiantes es una de las principales consignas de la movilización que realizará la comunidad educativa en el marco del paro docente del martes 4.
Por otra parte, en el marco del ajuste llevado adelante por el gobierno nacional de Fernandez, Massa y Cristina, las personas con discapacidad, sus familias y docentes vienen alertando sobre los constantes avances que ejerce el jefe de gobierno porteño y la ministra de educación, Soledad Acuña, contra la educación especial. Esto se expresa en el cese del servicio de transporte y comedor, la quita de espacios destinados a la formación de personas con discapacidad (como el Palacio Ceci) y la abrupta disminución de 30 a 22 años de la edad de egreso en las escuelas de formación integral sin salida laboral. “Cuando tuvimos el encuentro con Soledad Acuña, nos ninguneó diciendo que las escuelas no son depósitos para nuestros hijos. El estado quiere invisibilizar a los discapacitados y esta lucha para desligarse de su responsabilidad”, afirma Marisa, mamá de una estudiante con discapacidad presente en la movilización del último paro docente.
Las y los docentes porteños también se encuentran organizados contra otros avances inconsultos y unilaterales sobre sus derechos laborales, como la imposición de capacitaciones totalmente por fuera del horario laboral sin contemplar, entre otras cosas, el cuidado de los hijos e hijas de las docentes, abrumadora mayoría en el gremio como jefas de hogar. Otro ejemplo de esta avanzada es la implementación de la jornada completa en las actuales escuelas de jornada simple, reduciendo no sólo la oferta educativa, sino también la cantidad de personal docente dejando sin cargo a numerosas maestras en ejercicio. El impacto negativo es aún mayor si contemplamos la situación en la que ya se encuentra el sistema educativo porteño: la falta de construcción de escuelas junto al inoperante sistema de inscripción on line año tras año deja sin vacante a miles de niños, niñas y adolescentes, el insalubre servicio de viandas y comedor en manos de las mismas empresas concesionarias que lucran con el hambre de las y los estudiantes, la pésima atención médica que reciben las y los docentes a través del vaciamiento de la obra social ObSBA y la inservible aplicación MIA mediante la cual hay que solicitar y justificar licencias.
La bronca en las escuelas crece. La adhesión a los paros también. La solidaridad entre la comunidad educativa se multiplica. La responsabilidad de las conducciones sindicales (sobre todo del sindicato docente mayoritario, UTE) sobre cómo continuar es más que evidente. Unir toda la fuerza disponible por las diversas demandas junto a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras que también están peleando es el camino.

2.10.2022

Continuidad del plan de lucha:
Por el salario y nuestras condiciones laborales
En defensa de la jornada laboral de lunes a viernes y la capacitación en servicio
Por los derechos educativos de nuestrxs estudiantes y en apoyo a sus legítimos reclamos y luchas
Por nuestro derecho a la salud y contra el vaciamiento de la #OBSBA
Por la titularización de lxs docentes interinos de media y superior y la regularización de los Concursos
Desde el mediodía Acciones Distritales
16:00 Concentramos y marchamos desde el Mariano Acosta (Urquiza 277) junto a estudiantes y comunidad educativa
17:00 Caseros y La Rioja para marchar a Jefatura de Gobierno

1.10.2022

Las organizaciones estudiantiles repudiaron las medidas persecutorias y exigieron que los reciba la ministra de Educación, Soledad Acuña.

«Si no nos escuchan, les estudiantes vamos a seguir en lucha». Las organizaciones estudiantiles que mantienen tomas y protestas en más de veinte escuelas de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a reclamarle una instancia de diálogo al gobierno porteño, en particular a su Ministerio de Educación. Lejos de terminar con el conflicto, representantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), la Unión de Centro de Estudiantes Secundarios (UnCES) y de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE) repudiaron enérgicamente las medidas persecutorias de las autoridades de CABA y exigieron que la ministra Soledad Acuña los reciba. Ante los hechos de violencia y aprietes de los últimos días, remarcaron su derecho a participar en las decisiones educativas. «Esto recién comienza», avisaron.
Frente al Liceo N°5 «Profesor Pascual Guglianone», los dirigentes estudiantiles convocaron a una conferencia de prensa para explicar los motivos de las tomas, que comenzaron hace una semana en el colegio Mariano Acosta, y la situación actual.
Zoe Varela, estudiante de la escuela de teatro «Niní Marshall» e integrante de la CEB, señaló que las tomas son el último recurso, «después de haber elevado nuestros reclamos por diferentes vías con las múltiples cartas elevadas al ministerio con pedido de reunión, los cortes de calle zonales, las diversas movilizaciones». Y volvió a destacar los cuatro ejes sobre los que se erige el reclamo estudiantil: mayor cantidad y calidad en viandas educativas, participación en la planificación de las pasantías, el fin de la persecución a quienes se manifiestan políticamente y mayor presupuesto para mejoras edilicias. «No se puede cursar cuando los techos se te caen, cuando se suspenden diariamente las clases por la falta de agua, o la aparición de ratas en los pasillos», sostuvo.
Otro de los representantes de la CEB dijo: «Lo que suceda con las familias y estudiantes que estamos en las escuelas es responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña», en alusión a las visitas de la Policía de la Ciudad a las escuelas y las casas de los estudiantes. Además, sostuvo que «las puertas de nuestros colegios van a estar siempre abiertas para dialogar y pensar cómo mejorar nuestra educación», pero «si Larreta y Acuña no nos escuchan, les estudiantes vamos a seguir en lucha».
Ayrton Blanco, presidente de la UnCES dijo: “Rodríguez Larreta, que nos mandó a la policía a nuestras casas y les labró contravenciones y multas a nuestras familias, ahora dice que va a ser más estricto y duro; yo me pregunto ¿a qué se refiere, qué planea hacer que sea más duro que mandarnos la policía?”. La vicepresidenta del centro de estudiantes del Liceo N°5 destacó que «esta es la primera vez que se toma este colegio» y repudió el accionar de los efectivos policiales que «no están cuando los necesitamos para cuidar a nuestros compañeros cuando salimos y entramos de los colegios». También hablaron estudiantes del Lengüitas y del Nacional Buenos Aires, que asistieron para manifestar su apoyo.
Valentina Mencia, del Rogelio Yrurtia, destacó la precariedad de las prácticas laborales: «Hay colegios que tienen orientación artística y los quieren hacer laburar 60 horas en Rappi. Nadie está diciendo que no queremos formarnos para el trabajo, pero esto es trabajo totalmente gratuito que no nos deja ni siquiera experiencia laboral«.
Los estudiantes apuntaron que se sumarán este 4 de octubre a la movilización que convocan los docentes de UTE-Ctera, en reclamo de mejoras en las condiciones salariales y laborales. En este sentido, Mencia pidió un mayor apoyo a la comunidad educativa: «El conflicto es el mismo. El de la reforma docente y el de las pasantías gratuitas», remarcó. Entre quienes se acercaron a escuchar la conferencia estaba parte del equipo docente del colegio. Frente a los hechos de los últimos días, profesores de diferentes áreas pegaron un comunicado en la puerta de la escuela. Rechazaron «las amenazas de denuncias penales a las familias», y exigieron al gobierno porteño «que se establezcan rápidamente puentes de diálogo que permitan dar solución a los reclamos».
Camila Carrillo, secretaria general de la Renace, distribuyó fotografías de viandas en mal estado y problemas de infraestructura de diferentes escuelas. «Lo que estuvo pasando en estos días nos demuestra que Acuña charla más con ustedes que con nosotros, quizás si les dejamos estas hojas con la situaciones edilicias y las viandas que comemos, los escuche», dijo a los periodistas.
Al momento de la conferencia, por la tarde del viernes, eran once los colegios tomados, mientras que se desarrollaban actividades de protesta en quince establecimientos más. Por la noche comenzaban asambleas en todas las escuelas para ver cómo seguir. Desde las coordinadoras estudiantiles estimaron que «ante el cansancio de los estudiantes, es posible que algunos centros levanten las tomas por una semana», a la espera de que se abran canales de diálogo. Sin embargo, remarcaron que el domingo habrá una reunión de todas las coordinadoras para definir sus próximas acciones para demandar que el Ministerio de Educación dialogue con la comunidad escolar. «No sirve que a un solo colegio le solucionen el tema de las viandas, es un problema general», insistieron.

1.10.2022

La toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires ya está por cumplir su primera semana y no hay una solución inminente a la vista. Al contrario, frente al pedido de diálogo de los estudiantes, Horacio Rodríguez Larreta se manifestó esta mañana “inflexible” y la ministra Soledad Acuña impermeable al diálogo.
En este contexto, hubo denuncias en varios colegios de supuestas tareas de espionaje sobre las tomas, sospechosas camionetas estacionadas en las puertas de las instituciones; presencia policial recurrente; y hasta supuesto personal de mantenimiento que quiso entrar con diversas excusas y de mala manera a diversos establecimientos.
En las últimas horas, circuló, además, un video de dos policías dentro del Colegio Nacional Buenos Aires, dependiente de la UBA, medida que está prohibida por la ley. Allí un docente denuncia que los uniformados ingresaron con la supuesta tarea de ver si el establecimiento estaba tomado y para “dar órdenes”.

30.9.2022

Por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Con el objetivo de intimidar a la organización estudiantil para que desistan de sus reclamos, la Ciudad desplegó una serie de medidas que incluyen denuncias jurídicamente inviables, el envío de policías en patrulleros a las casas de les alumnes y amenazas de demandas civiles a padres y madres.

Ante un reclamo masivo en colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires por mejores condiciones edilicias y viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas, el gobierno porteño respondió con la criminalización de la protesta de les estudiantes. Primero, con la amenaza de acusar penalmente a madres y a padres, una medida inadmisible e irrealizable jurídicamente. Después, con la denuncia formal del Poder Ejecutivo que activó un proceso de notificaciones policiales a las casas de las familias, por orden de un fiscal auxiliar. Estas estrategias, que buscan debilitar la organización de les niñes y adolescentes, restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta.
Además, les estudiantes de Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron que el martes 27 de septiembre, en las cercanías de las escuelas, hubo policías que les pidieron identificación e información sobre las tomas y datos sobre docentes. Mientras que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a través de un pedido a la Procuración General, exigió que madres y padres de las escuelas donde se realizaron tomas paguen un millón y medio de pesos por cada día de clases “perdidas”.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad corre del debate público la razón de los reclamos de les estudiantes sin posibilidades de diálogo ni búsqueda de una solución. Además, expone el conflicto como una generalización: sostiene que es una decisión de los centros de estudiantes prohibir el desarrollo de clases cuando, en los hechos, les alumnes votaron acciones concretas y acotadas, como quedarse en la escuela durante la noche o realizar asambleas para discutir y visibilizar sus demandas. Así, el Estado en lugar de dar una respuesta, les genera a las familias un dilema: decidir si enfrentar una situación crítica, como un proceso criminal; o desistir del reclamo.

La denuncia judicial como amenaza

Ninguna persona puede ser acusada de una contravención si es menor de 18 años y no existe el trasvasamiento de responsabilidades por generación. Es decir, es algo inviable en términos jurídicos ya que las madres o los padres no pueden hacerse cargo por actos de sus hijes menores. Por eso la amenaza de denuncia penal es eso: una amenaza. La exigencia de la firma para autorizar entradas o permanencia en las escuelas también es parte de los intentos de amedrentamiento y de restricción de derechos sin justificación legal.
Desde el CELS hemos señalado el uso reiterado por parte del Estado de figuras penales o contravencionales para inhibir o reprimir la protesta. En este caso se hace, además, sobre sujetos -niñes y adolescentes- que están especialmente protegidos. No se puede criminalizar protestas en lugares de estudios, las cuales están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño.
En 2019, por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social. Y, en especial para las protestas de las que forman parte niños, niñas y adolescentes definió:
“Las ocupaciones de escuelas constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en contextos en los que los niños, niñas y adolescentes no disponen de otros canales para hacer conocer sus reclamos respecto de las políticas que los afectan”.
La CIDH, además, consideró que la garantía del derecho a la protesta de los niños, niñas y adolescentes implica que el desalojo forzoso de un edificio ocupado en el marco de un reclamo social debe realizarse mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas y cuando no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. El deber especial de protección que tiene el Estado en relación a este grupo impone el diálogo y la negociación como método prioritario y predominante.
Hacer una toma de un colegio es una acción de protesta que está garantizada por el derecho de reunión y el derecho a manifestarse de les niñes. Así como los centros de estudiantes están habilitados legalmente para organizarse y exigir por sus derechos. Les niñes son sujetos privilegiados: cuando son víctimas y también cuando reclaman.