Siete años del caso Lucas Cabello: los jueces garantizan que haya un policía condenado en la calle
9.11.2022
Por Diego Monata
Este 9 de noviembre se cumplen siete años del intento de asesinato de Lucas Cabello por parte de Ricardo Luis Gabriel Ayala, por entonces oficial de la Policía Metropolitana. Ayala fue condenado y la pena ratificada por, pero aun así los jueces decidieron que siga en libertad. De esa manera, ponen en riesgo la vida de él y de su familia, ya que el policía viola las prohibiciones de acercamiento y camina por el barrio impunemente. Cabello reclama: “Parece imposible tener justicia en este país, funciona mal y lento”.
El 9 de noviembre de 2015 el joven de 20 años salía de una panadería en La Boca, con su mujer y su hija. Tras una discusión, Ayala le disparó tres veces -una en la cara y dos estando en el piso. A los testigos la Comisaría 24 les negó la posibilidad de denunciar y las autoridades responsables de la Ciudad de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal y Guillermo Montenegro a la cabeza, optaron por encubrir al policía y difundir información falsa, desmentida por los abogados y por la justicia. En paralelo, Lucas quedó internado en grave estado durante varios meses y aún hoy sigue complicado de salud, que se complejiza cada vez más a medida que Ayala pasa sus días en libertad. “Siempre me acuerdo de cuando estaba internado durante las fiesta de Navidad y Año Nuevo”, indica Cabello y agrega que seguramente este año se repita por una operación programada y los días de recuperación.
Tras cuestionamientos al juez de la causa y dos postergaciones, el 5 de diciembre de 2019, por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Luis Salas y Fernando Ramírez, Ayala fue condenado en primera instancia a 16 años de prisión por intento de homicidio agravado. Sin embargo, la Cámara de Casación – conformada por Eugenio Sarrabayrouse, Horacio Días y Daniel Morín- se demoró casi dos años en ratificar el fallo. Todo mientras Ayala se maneja impune y se acerca a muy pocas cuadras de la casa de la familia. “Si yo hubiera gatillado contra un policía ya me estaría pudriendo en la cárcel o muerto, mientras él está libre en su casa, sin siquiera tener una tobillera o un rasguño” remarca.
A fines de junio el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron la detención de Ayala, y sus abogados requirieron que cumpla la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria y elevaron el planteo a la Corte Suprema. Matías Busso, abogado de la querella, había indicado en su momento: “No amerita que se inmiscuya. El juicio fue claro, no hay mucho que discutir en torno al caso. A Lucas le dispararon en tres oportunidades y el arma agresora era del efectivo Ayala”. “No entiendo cómo los mismos jueces que lo sentenciaron lo dejan libre”, puntualiza Cabello.
La condena está firme y Ayala tiene otra causa por falsificación de documentación, por un registro de conducir trucho. Todavía está en libertad por su vinculación con la Policía Metropolitana y con la Policía de la Ciudad, cuando cualquier otra persona ya estaría detenida. Las pruebas son contundentes, por eso se limitaron a plantear como hipótesis alternativa que sufrió una agresión previa, sin sostén alguno. “Hice todo lo legal que estaba a mi alcance, pero no obtuve justicia. ¿Tengo que ir a encadenarme a la puerta de Tribunales?”, destaca Cabello y añade: “Están incitando a que uno haga las cosas mal. No pido que me devuelvan mi vida anterior y volver a caminar, sólo quiero que pague por lo que me hizo”.
El Poder Judicial avala la posibilidad de que Ayala quiera fugarse. Ese es el mensaje que eligen dar a la sociedad. No están haciendo nada para proteger a la víctima y no tienen en cuenta que el factor anímico juega un gran papel en la salud de Lucas. “Es policía, tiene contactos y la institución lo protege. ¿Si Ayala cruza la frontera, se va y no sé sabe nunca más de él qué pasa? ¿A quién le reclamo?”. El mismo planteo fue señalado por sus abogados defensores y por la Fiscalía, pero los jueces no intervienen. Cabello resalta que nadie, ni las autoridades porteñas ni los funcionarios judiciales, se acercaron a ofrecerle nada. “El Estado es responsable y no se hizo ni un poquito cargo”, completa.
Nadie quiere asumir el costo de encarcelar a un efectivo. No hay ningún justificativo para que un policía le dispare tres veces a un ciudadano en democracia y siga en libertad. El Poder Judicial es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. “Yo quiero seguir hasta el final, verlo pagar en la cárcel como tiene que ser”, finaliza Cabello.