20.10.2022
Por Rosa D’Alesio
La lucha de los tercerizados, el asesinato del joven militante del Partido Obrero, y la mirada de los abogados clasistas en la lucha contra el fraude laboral. Una herencia del menemismo que perdura hasta hoy.
Este 20 de octubre se cumple un nuevo aniversario de aquel crimen político que conmocionó al país en 2010. Una patota de la Unión Ferroviaria, en ese momento dirigida por José Pedraza, en medio de una zona liberada por la policía, asesinó al joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y dejó decenas de heridos. La militante del Polo Obrero, Elsa Rodríguez, recibió un disparo en la cabeza que la dejó postrada en una silla de ruedas.
Fue en medio de la lucha por el pase a planta que daban en ese momento miles de tercerizados ferroviarios.
Matías Aufieri, abogado y miembro del CeProDH, participó activamente en la lucha de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. El 20 de octubre acompañaba la movilización que fue atacada por la patota de Pedraza. Con él hablamos sobre la lucha de los tercerizados y el crimen de Mariano.
-La lucha por el pase a planta permanente bajo convenio ferroviario tuvo distintos momentos, ¿contanos cuál era el rol de los abogados en este proceso?
El rol de los abogados fue desde un primer momento dar asesoramiento legal a los trabajadores para que supieran en qué derechos podían apoyarse para sus reclamos; además de la defensa ante traslados, despidos o sanciones a activistas con los que las patronales buscaban disciplinar y frenar la organización.
Los acompañamos en todas las medidas de acción directa que votaban ya sea en las vías, como cuando realizaban bloqueos de boleterías o se manifestaban en el hall de la Estación de Constitución. Así como en cada negociación que se abría en el Ministerio de Trabajo o ante la Secretaría de Transporte.
Un acompañamiento que duró más de un año hasta que se consumó el último ingreso de tercerizados a planta permanente, no sólo de la línea Roca, sino del Belgrano Sur y el San Martín, a quienes tuvimos el orgullo de representar junto a Gabriela Campos y Agustín Comas.
Después de acompañar los ingresos de las y los compañeros en cada línea ferroviaria, tuvieron lugar las elecciones de delegados que acompañamos ayudando a organizar y validar las listas de la oposición a la conducción Verde. También defendimos penalmente en los tribunales federales de Quilmes y La Plata a decenas de tercerizados criminalizados por sus medidas de lucha durante el conflicto.
Y en 2012, cuando comenzó el juicio oral por el homicidio de Mariano, acompañamos las audiencias de ese juicio, colaborando para posibilitar el testimonio clave de algunos tercerizados que habían encabezado la protesta en la mañana del 20 de octubre y fueron heridos por las balas de la patota.
-¿Participaban otras organizaciones del conflicto, de las asambleas? ¿Cómo se tomaban las resoluciones?
Fueron muchas las organizaciones sindicales, de izquierda, y movimientos sociales, que se acercaron a apoyar la lucha, con distintos métodos y posiciones. Entre ellas, la entonces Agrupación Bordó del Roca (hoy Naranja Nacional) impulsada por el PTS, que nos puso a disposición de la asamblea como abogados.
Esta agrupación impulsó la lucha desde el primer momento, o incluso antes, ayudando a organizarla al advertir el fenómeno extendido de los miles de tercerizados diseminados por todo el ferrocarril. Y continuó apoyando hasta que el último tercerizado de aquel momento ingresó a planta, ya sea cuando nuestras opiniones coincidían con la mayoría de la asamblea y también cuando eran votadas otras posiciones.
Con el transcurso del conflicto comenzaron a expresarse en la asamblea sectores más corporativistas, y otros que apelaban a ganar el conflicto con medidas poco preparadas -llevadas adelante con pocos trabajadores e influenciadas por distintas organizaciones-.
Más allá de esa amplitud de posiciones, fuimos refrendados durante meses como los abogados de la asamblea, ya que nos manejamos siguiendo la misma lógica de la agrupación, y por ello tuvimos la confianza de esos compañeros en cada etapa de la lucha, incluyendo a los compañeros que se acercaron de otras líneas para iniciar allí también la pelea.
Esa quizás sea una definición central que nos guio: dar nuestra opinión legal y política con total franqueza, pero nunca actuar de manera autónoma. La última palabra la tenía la asamblea.
En algunas etapas del conflicto se sumaron a colaborar más abogados a instancias de otras organizaciones, que la asamblea luego excluyó por firmar actas con el Ministerio de Trabajo donde quedaban marginados de la planta permanente la enorme mayoría de los tercerizados sin su conocimiento.
-¿Cómo comenzó y evolucionó el conflicto hasta el crimen de Mariano?
A principios de 2010 comenzaron las primeras reuniones entre trabajadores tercerizados -principalmente de limpieza- del Ferrocarril Roca organizados por la agrupación Bordó. Se organizaban trabajadores en actividad, así como aquellos que eran despedidos por la flexibilidad en la contratación que tenían las empresas. Los trabajadores de vía y obras, por ejemplo, eran contratados por el régimen de la construcción, la ley 22.250 y eran afiliados compulsivamente a la UOCRA. A la primera lesión producto de ese trabajo, con un convenio mucho más flexible e inestable que el ferroviario, los despedían bajo la figura de “finalización de obra”.
En base a esa realidad, además que cobraban la mitad o menos que un trabajador efectivo bajo convenio ferroviario, comenzaron a organizarse. No fue el primer proceso de organización de los tercerizados, lo hubo años anteriores, bajo las concesiones de Metropolitano, del empresario Sergio Tasselli.
La diferencia de este proceso es que abarcaba numerosas empresas, con lo cual la cantidad de trabajadores tercerizados que finalmente pasarían a planta permanente eran superiores a los 1.500, solamente en la línea Roca. Esto se hizo extensivo a otras líneas, administradas ya por el Estado que había “heredado”, tras la caída de las desastrosas concesiones de Sergio Tasselli, las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín. El total de tercerizados que pasaron a planta permanente fue de más de tres mil, en los primeros meses de 2011.
Ante esta organización embrionaria de los compañeros, la primer medida que tomaron entre las empresas y la burocracia sindical, cuyo accionar veríamos en toda su magnitud ante el crímen de Mariano, fue el de trasladar a Andrés Padellaro, que era el activista más notorio de los tercerizados, de la seccional Avellaneda a Constitución para que no pudiera presentarse como delegado de sección. Además de esto, fue despedido otro activista, Walter Quinteros, que trabajaba junto a Andrés.
Entonces se hizo más grande el proceso, se acercaron otros trabajadores despedidos. Comenzaron a organizarse en el local del PTS en la calle Boedo de Lomas de Zamora. Votaron medidas como crear el fondo de lucha, la comisión de mujeres, así como el bloqueo de boleterías y actos en la Estación Constitución, sin obtener ninguna respuesta por parte de UGOFE, que era la operadora del ferrocarril compuesta por el Estado Nacional y las concesionarias privadas de las otras líneas urbanas (Roggio, Cirigliano, y Romero).
La asamblea seguía creciendo, por lo cual se propuso que se traslade a la sede de ATE Sur en Lomas de Zamora. Allí se votó la primer medida de corte de vías para el 21 de julio de 2010 con más de 500 ferroviarios tercerizados arriba de las vías que pusieron durante horas sobre la mesa las reales condiciones del trabajo precario en el ferrocarril y en Argentina. Era tan contundente la denuncia y la medida, que no pudieron desalojarlos con la Policía, pese a las muchas amenazas que hubo durante toda esa jornada.
-¿Cómo respondió el gobierno y la empresa a estos reclamos?
Se abrió una instancia de negociación ante la Secretaría de Transporte, a partir de la cual se prometió un aumento salarial para algunos sectores tercerizados, y la apertura de audiencias para analizar la situación de cada despedido. El reclamo de pase a planta permanente, quedaba para un futuro incierto.
De esa manera los reclamos eran divididos y enfriados al mismo tiempo, pero era una experiencia que evidentemente los trabajadores tenían que atravesar, y los acompañamos en ese largo proceso. Los despedidos fueron llevados a decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo, separados por empresa, que no llegaban a nada, consumiéndose todo el mes de agosto.
En septiembre de 2010, cuando los trabajadores que permanecían despedidos vuelven a realizar un bloqueo en el hall de Constitución, fueron atacados junto a quienes los acompañábamos, por una patota de la Unión Ferroviaria. Esto fue transmitido en vivo por TV, donde aparecía en primera plana Pablo Díaz, que luego fue condenado por comandar la patota que atacó y asesinó a Mariano Ferreyra. Fue muy “didáctico” ese debate entre Díaz y Pablo Villalba (activista de los tercerizados), quien mostraba el carnet de afiliado a la Unión Ferroviaria, en tanto integraba una empresa cooperativa, Unión del Mercosur, creada por la burocracia de la Unión Ferroviaria. Díaz gritaba a viva voz que esos trabajadores eran como albañiles que tras una obra en una casa, pretendían quedarse a vivir allí. Ese era el rol del sindicato. A ese tenso debate sobrevino un ataque junto a la Policía que nos sacó a empujones de la estación Constitución, quedando de manifiesto que el reclamo necesitaba recobrar la unidad con la gran mayoría que continuaba en actividad, incluidos los efectivos de planta.
-Luego de esto vino la acción de los trabajadores del 20 de octubre de 2010, vos estuviste en esta acción, ¿contamos cómo fue esa jornada?
Los trabajadoras despedidos, que acumulaban impotencia, no veían ninguna solución a su situación, esto llevó a la acción del 20 de octubre en Avellaneda, que generó arduos y públicos debates previos. Ese día la patota esperaba apostada en las vías para impedir que cualquier medida siquiera comenzara.
Ante ese panorama, los trabajadores y el grueso de las organizaciones políticas y sociales que se solidarizaban con el reclamo, decidieron marchar en paralelo a las vías en dirección a Constitución, para hacer una nueva denuncia allí en el hall. Desde lo alto, en las vías, la patota seguía la movilización de manera cada vez más hostil hasta que cruzando el Riachuelo hacia Barracas, algunos tercerizados y militantes que acompañaban sacaron unos metros de ventaja a la patota y ganaron el terraplén, llegando durante algunos segundos a las vías.
Desde las vías fuimos agredidos a piedrazos por la patota y con balas de goma por la Policía Bonaerense, que incluso cruzó el puente atrás de nuestra columna ingresando a Capital. Eso implicó el final de la acción y la dispersión de la columna. También nos atacaba la Policía Federal, que más tarde protegería a la patota, incluso dejando de filmar el operativo, para que emprenda impunemente contra los trabajadores y las organizaciones que se habían quedado por la zona almorzando y debatiendo. En ese ataque, fue asesinado Mariano Ferreyra, fue gravemente herida Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, militantes del Polo Obrero, y Ariel Pintos, tercerizado ferroviario que se encontraba despedido.
-¿Qué pasó luego del crimen de Mariano Ferreyra?
El homicidio de Mariano fue condenado en amplias movilizaciones populares. El mismo día más de 60.000 personas se reunieron frente al Congreso Nacional para repudiar el hecho y reclamar justicia. El día después, el 21 de octubre, se movilizaron más de 100.000 personas. En todos los centros de estudiantes, lugares de trabajo, se realizaban campañas para repudiar el accionar de la burocracia, que contaba con el silencio cómplice del gobierno, y exigir justicia. Estas movilizaciones llevaron a juicio a algunos de los responsables del joven militante del Partido Obrero. Fueron condenados los autores materiales, y el secretario general José Pedraza, y su adjunto, el Gallego Fernández, que murieron cumpliendo condena. También fueron condenados varios miembros de la Policía Federal como partícipes necesarios del crimen.
-¿Cómo siguió la lucha de los trabajadores tercerizados por el pase a planta?
En noviembre de ese año, tras el crimen de Mariano y las contundentes movilizaciones en las calles y las vías, el gobierno se comprometió a otorgar el pase a planta de los miles de compañeros. El entonces secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, que poco después fue encarcelado como uno de los responsables por la masacre de Once, firmó en aquel momento delante nuestro el pase a planta permanente en todas las líneas que operaba UGOFE -desde la caída de la concesión de Taselli-Metropolitano en 2007-, pero de ahí a la concreción, se necesitaron más meses de lucha.
Además del rol de la empresa dirigida por el gobierno nacional, que armó la patota y durante meses rechazó y desvió el justo reclamo de los trabajadores, el Poder Ejecutivo jugó un rol notorio con el inefable Aníbal Fernández al mando de las fuerzas de seguridad federales, y con el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada que continuaba conspirando con José Pedraza aún después del crimen, poco antes de su detención, para evitar el ingreso a planta de cuanto trabajador pudieran.
Surgieron a su vez reclamos en muchos sectores de servicios, privatizadas como Edesur, telefónicos y otras, que comenzaron a acercarse a las asambleas del Roca.
Así como la enorme lucha que se desató poco después del homicidio de Mariano: un reclamo de miles de personas sin vivienda que ocuparon el Parque Indoamericano en el sur de la ciudad. Se ponía de manifiesto de manera revulsiva otro de los enormes problemas estructurales que, como la precarización laboral, hace décadas se mantiene vigente y en ascenso con el paso de los gobiernos.
En diciembre de 2010, después de un acto en el hall de Constitución en que homenajeamos la lucha de Mariano con la inauguración de un mural de la gestión obrera de Zanón, emprendimos hacia la toma del Indoamericano junto a trabajadores ferroviarios, del subte, de la alimentación y de numerosos gremios para expresar apoyo a su reclamo por vivienda y seguir mostrando el camino de la unidad de las filas obreras. Esa bandera fue siempre el motor por el que impulsamos y apoyamos esas luchas, la unidad de la clase trabajadora, contra la atomización que el neoliberalismo impuso separando entre efectivos, contratados, tercerizados, e informales.
Ese reclamo del Indoamericano también fue encarado por aquel gobierno peronista, que presidía Cristina Kirchner, con la represión junto a la flamante Policía Metropolitana de Mauricio Macri, dejando un saldo de tres muertos. Tras esas dos luchas paradigmáticas, se creó el Ministerio de Seguridad que hasta el día de hoy es tribuna para campañas derechistas y de mano dura. Una salida claramente reaccionaria.
Como decía antes, las medidas en el ferrocarril se extendieron a 2011, y pese al paso del tiempo, la división en muchos sectores y empresas contratistas, la movilización y la fuerza de la asamblea -que pasó a llamarse “Mariano Ferreyra”-, garantizó una unidad que aseguró el ingreso de hasta el último compañero de ese proceso.
Fue una lucha testigo que, sin dudas, marcó con fuerza la época, exponiendo las contradicciones de los gobiernos reformistas, que no daban solución ni respuesta a los problemas estructurales de la población pobre y trabajadora, y dejó en claro que las grandes conquistas, derechos y cambios en las condiciones de vida, se logran luchando.
