Se necesita más de un salario mínimo para pagar el alquiler de un monoambiente en CABA
27.10.2022
Por Celeste Vázquez
Según estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler de un departamento de un ambiente (al mes de agosto de este año) superó los $ 51.000, mientras que el monto del salario mínimo vital y móvil fue de $ 47.850. Más de 6,5 millones de personas están obligadas a alquilar por no tener vivienda propia.
El costo de mantener una vivienda, que en muchos casos ni siquiera es digna, cada vez es más alto. Mes a mes, miles de familias trabajadores tienen que hacer malabares para poder pagar el alquiler de casas, departamentos, incluso de piezas en espacios donde hay que compartir baños o cocinas.
El contraste entre el incremento acelerado en los precios de los alquileres y la caída del poder adquisitivo de los salarios o ingresos (como los haberes jubilatorios) es cada vez más pronunciado. Hoy, un salario mínimo vital y móvil no alcanza para alquilar un departamento o casa de un ambiente en la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento que hace la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de Argenprop, en el mes de agosto el alquiler de un departamento o casa de un ambiente fue de $ 51.200, en tanto que el salario mínimo también, durante ese mes, fue de $47.850.
Si retrocedemos en el tiempo y hacemos la comparación entre la evolución de los alquileres y del salario entre enero de 2017 y agosto de 2022, podemos ver como fue aumentado el peso del alquiler con el correr de los años. Algunos períodos, como octubre 2020; marzo, abril, mayo y junio del 2021; febrero del 2022 y agosto del 2022, directamente el precio del alquiler superó el valor total del salario mínimo.
Así, mientras que en enero del 2017 con un salario mínimo se podía cubrir el 60% de un alquiler, en agosto del 2022, se necesitan un 106% de ese salario para pagar un alquiler.
Hace unos días, se conoció que el índice de inflación de los alquileres en la región del AMBA interanual (tercer trimestre de 2021 comparado con el tercer trimestre de 2022) fue del 125%, bastante más arriba que la general, que acumula un 83 % interanual.
El número surge de promediar el aumento en las diferentes zonas de la región. Donde se registró el mayor incremento es en zona norte, allí el índice es de 144%. En zona sur, de 120%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires es de 114%.
Venimos mostrando los testimonios de las familias a quienes se les hace muy cuesta arriba pagar el alquiler, que viven hacinadas, en asentamientos y lugares muy precarios, y que hasta el hostigamiento y represión policial tienen que soportar. Como les pasó a quienes habitaban el Barrio 1° de Noviembre en La Matanza, provincia de Buenos Aires el pasado miércoles.
Más de 300 familias tuvieron que ver cómo la Policía Bonaerense ingresó al predio para destruir en instantes las precarias viviendas en las que vivían y en las que ya no podrán seguir viviendo.
Misma suerte corrieron las 400 familias que ocuparon un terreno a pocos metros del cruce de la Ruta 1001 y calle Conde, en el límite entre Pontevedra (Merlo) y González Catán (La Matanza) la semana pasada. “Los alquileres están impagables”, contó Belén el día posterior a la represión. Así explicaba la razón por la que estaba en ese predio.
Se estima que a nivel nacional unas 6,5 millones de personas están obligadas a alquilar para poder tener una casa propia. La realidad de esos millones hoy no pareciera tener ninguna importancia ni para el Gobierno nacional ni para la oposición patronal, como la de Juntos por el Cambio, que acaban de votar sin grietas la media sanción del Presupuesto 2023.
A pesar de los reclamos de miles de familias y agrupaciones de inquilinos, no llegan de parte de esos sectores respuestas favorables a sus demandas. Quienes sí festejan son los empresarios y especuladores del sector inmobiliario. Porque ellos nunca pierden.
Es necesario que demandas como la implementación de un impuesto a la vivienda ociosa (que en CABA representa el 20% de las viviendas) o de planes de construcción de viviendas populares sean puestas en el centro de la agenda nacional para evitar que se sigan deteriorando las condiciones de vida de las mayorías populares y trabajadoras.
