Comunicadores del Sur

13.12.2022

Por Diego Moneta

Hace doce años, la madrugada del 3 de diciembre, comenzaba una toma en la manzana 10 del Barrio Los Piletones, en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Unos vecinos querían hacer una cancha en un terreno y otros, desalojados del Barrio Ramón Carrillo, se instalan en el lugar. Una ocupación espontánea, impulsada por la necesidad de miles de familias de zonas aledañas de tener un techo digno para poder vivir. Es el punto de partida de lo que sería el conflicto por el Parque Indoamericano a finales del año 2010.

A los cuatro días se produjo la represión y el desalojo violento, que terminó con tres muertos -Emiliano Canaviri Álvarez, Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro-, varias personas heridas por balas de goma adulteradas, decenas de detenidos y miles de desplazados. La jueza Cristina Nazar dio la orden y el operativo conjunto fue de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. La medida no fue fomentada sólo por medios de comunicación con discursos xenófobos sino también desde la dirigencia política porteña, con el por entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a la cabeza, responsabilizando a la “inmigración descontrolada” que importaba “organizaciones delictivas, narcotráfico y mafias”.
A partir de entonces, y con el paso de los años, se da una serie de situaciones que se convertirían en regla. Primero, la criminalización de la protesta social. Se acusó a distintos referentes territoriales – Marcelo Chancalay, Luciano Nardulli, Diosnel Pérez, Elizabeth Revilla, Noemí Ruejas y Alejandro Salvatierra- de ser instigadores de la ocupación. En contraste, la impunidad de las fuerzas de seguridad. En 2018 la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a jefes policiales y agentes con el argumento de que no era posible identificar responsabilidades individuales. Sólo queda vinculado y procesado en la causa por los homicidios y las lesiones Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana.
Por otro lado, las soluciones tardías o que directamente no llegan por parte de los distintos niveles del Estado. Una de las promesas fue, entre el gobierno nacional y el porteño, generar un plan de viviendas. Pasaron los seis meses del plazo inicial y, disputas políticas de por medio, siguieron pasando los años. Sin soluciones, las ocupaciones se vuelven a repetir, como los seis meses del Barrio Papa Francisco. Y sin sanciones, la salida represiva también fue la misma, así como también ocurrió en el Hospital Borda en 2013.
A doce años, la causa por la represión en el Parque Indoamericano sigue estancada, los responsables impunes y la gente sin una solución habitacional. Los negocios inmobiliarios continúan y los casos se siguen repitiendo a lo largo y ancho del país. Dialogo con Marcos Chinchilla, vecino de la Villa 20.

¿Qué recuerdo o reflexión puede hacerse a doce años de aquel proceso?
Marcos Chinchilla: El saldo fueron tres muertos y muchas personas heridas. Fue un tiempo bastante complejo, mucho calor además recuerdo. La situación habitacional en la Ciudad no mejoró mucho lamentablemente. Fue un tiempo muy duro y difícil. Mucha gente del barrio que estuvo en la toma pero también de barrios aledaños y el enfrentamiento posterior con vecinos de barrios que se estaban edificando y la intervención de la policía. Un tiempo alocado y triste que visibilizó el déficit habitacional que sufre la Ciudad.

Más allá de la persecución política con algunos representantes, ¿hubo quienes se hicieran cargo de la represión, los muertos y la situación de las familias?
MC: Creo que se lavaron las manos. Hubo un cerco de Gendarmería, a cargo de Nación, pero también represión por parte de la Policía Metropolitana que, creo, se estrenó con la situación del Parque. La situación de las familias no cambió. La mayoría que fue a asentarse estaba en situación de alquiler y muchos siguen estando, con alquileres mucho más caros y difíciles de afrontar teniendo en cuenta que la economía no repunta o, si lo hace, no se nota en los compañeros de base y que necesitan trabajo mejor remunerado.

¿Cómo impactó la represión en mayores niveles de organización popular en la lucha por el acceso a la tierra?
MC: Luego del desalojo las promesas de soluciones seguían pendientes. El gobierno nacional había dicho que por cada peso que pusiera el gobierno porteño iba a poner otro, pero nunca llegó. Las personas que dejaron sus datos y fueron censadas siguieron esperando. Tres años y tres meses después hubo otra toma, muy cerca, en el predio de lo que fue el cementerio de autos. Duraría seis meses y sería desalojada violentamente. Con el tiempo, a partir de la lucha y la organización de los vecinos de la Villa 20, conseguimos que se diera el proceso de urbanización en el que está inmerso el barrio ahora.

¿Cómo evalúa, desde entonces, la política de vivienda y hábitat del Gobierno de la Ciudad y de Nación? ¿La creación de un ministerio ha modificado la situación?
MC: Con respecto a la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta hace poco fue Jorge Ferraresi quien lo comandaba. Él también tuvo un problema en Avellaneda porque no pudo solucionar la situación en Villa Inflamable, donde los vecinos todavía están en un lugar que no es apto para la vivir con los camiones y las lagunas contaminadas.
En relación a la Ciudad, en los últimos años habían incrementado el presupuesto para vivienda pero a raíz de las intervenciones que hicieron en algunos barrios como la 31, Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y el mío. No hay un proyecto macro. No sólo las villas tienen déficit habitacional sino también la clase media y la clase media baja, con dificultad para acceder a una vivienda.
Sí pergeñaron los créditos UVA, que empeoraron la situación por el ajuste por inflación de las cuotas y el monto de los créditos. Algunos empezaron pagando un monto similar a un alquiler pero hoy algunos ni siquiera están pudiendo pagar cuotas exorbitantes que dificultan poder mantenerse. Macri dijo que iban a hacer viviendas sociales pero hoy en día parecen suntuosas de lo que tiene que pagar la gente para acceder a la vivienda.

¿Cuál es la situación hoy en los barrios no sólo en relación al déficit habitacional, sino a la falta de urbanización y acceso a servicios públicos?
MC: En los barrios sigue primando la falta de urbanización, por más que se hayan hecho algunas obras como las que señalé en algunos barrios. No es definitiva, la provisión de servicios públicos es lo que más hace falta, más en época de calor con cortes de luz y falta de agua. La Secretaría de Integración Sociourbana, que se implementó en la Villa 31, es un agujero negro de fondos del Estado y de préstamos internacionales que recibió la Ciudad para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. No ha mejorado drásticamente y las edificaciones hechas no van a durar en el tiempo. En cambio, tanto en el Playón de Chacarita como en Rodrigo Bueno y la Villa 20 son de otros materiales.
Espacios verdes teníamos una canchita de fútbol que ya fue segmentada cuatro años atrás. Hay algunas plazas pero verde natural no existe ya en la Villa 20. Es un déficit que hay en todos los barrios. Además, seguimos siendo una de las comunas sin hospital, con la particularidad de que en nuestra comuna 8 casi la mitad de la población recurre a la salud pública. Seguimos luchando por eso. Si bien es cierto que se hicieron otras obras de infraestructura, como estadios de tenis y Metrobús, el hospital todavía brilla por su ausencia. Casi no ha cambiado la situación en más de diecisiete años de la ley, la construcción que inició en 2006 e inaugurado en 2009 pero trece años después seguimos sin contar con un hospital en la comuna. Todavía hay cosas por las que hay que seguir luchando.

12.12.2022

La cifra surge de la publicación de la Dirección de Estadística porteña, allí agregan que en comparación al mismo mes del año pasado la suba es del 89,9 %. Este jueves se conocerán los datos a nivel nacional que se espera ubiquen en un nivel similar. La suba de los precios continúa haciendo bajar los salarios e ingresos populares.

La inflación sigue en valores elevados y los distintos gobiernos no toman medidas efectivas para resolver sus consecuencias sobre los sectores de menores ingresos. Los datos publicados este lunes por la Dirección de Estadística y Censos porteña confirman que esta tendencia se mantiene: durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 5,8 %, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 82,9 % y una variación interanual del 89,9 %.
El 5,8% representa una baja con relación al mes anterior, octubre marcó un pico del 7 %, pero está por encima del 5,6% de septiembre. Además hubo importantes aumentos por encima del promedio como en el caso de las Frutas, 14,1 % o Pan y cereales, 6,2 %. Con relación a un año atrás, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas acumula un incremento del 99,7%, con alzas del 124,1% en Aceites, grasas y manteca y del 119,9% en verduras y hortalizas.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 12,4 %, al impactar los aumentos en los costos de mantenimiento y reparación de la vivienda, las fuertes subas en los precios de los alquileres, junto con los incrementos en la tarifa residencial del servicio de suministro de agua (79,2 %), de electricidad (16,1 %) y de gas natural por red (12,2 %).
Si en diciembre se repitiera el alza de noviembre, 2022 cerraría con una inflación anual en CABA del 93,5%. Las subas anunciadas en prepagas, alquileres, naftas y otros servicios marcan la pauta de que la inercia inflacionaria se mantendrá.
Para cumplir con las metas del FMI, el Gobierno del Frente de Todos prioriza llevar adelante el ajuste fiscal por sobre dar respuesta a las graves consecuencias generadas por la inflación. Más 17 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 4 millones son indigentes; ante este panorama, es urgente un aumento de emergencia tanto de salarios, como jubilaciones e ingresos de los programas sociales para recuperar lo perdido. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $139.738, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.

12.12.2022

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó que este lunes, entre las 20 y las 21, realizará apertura de molinetes en las estaciones de Constitución y Retiro de la Línea C para luego interrumpir la línea. Es por la “falta de respuesta” de la empresa concesionaria Emova a su pedido de dos francos semanales.

Así lo señalaron los metrodelegados en un comunicado donde se quejaron de que Emova “aún no ha dado respuestas al pedido de dos francos semanales” en sus jornadas laborales de 6 horas, y dijeron que “tampoco hay contestación sobre la falta de personal en todos los sectores ni sobre la compra de una flota de trenes nuevos libres de asbesto”.
Por este motivo mañana habrá apertura de molinetes de 20 a 21 en estaciones Constitución y Retiro de la Línea C, y desde las 21 hasta la finalización de la jornada la línea C se encontrará interrumpida, informaron.
“Recordamos que el asbesto es un mineral cancerígeno y que, hasta el día de hoy, 77 compañerxs sufren diversas afecciones generadas por la exposición a dicho mineral y lamentablemente 3 compañerxs han fallecido a causa de enfermedades provocadas por el amianto”, escribieron luego.
“Para lxs trabajadorxs, reducir la jornada semanal significa también reducir la exposición a este cancerígeno y ganar en salud”, agregaron.

7.12.2022

Por Flavia Gregorutti

Las mujeres de la Villa 31 siguen resistiendo ante más amenazas de desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien continúa invisibilizando y vulnerando el derecho a la vivienda. Ya concretó desalojos, dejando desamparados a niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Mujeres, ni noticias.

A días de las movilizaciones a nivel internacional en conmemoración del “Día contra la violencia hacia la mujer”, una de las vecinas de la Villa 31 y madre de tres niños, alumnos de la Escuela “Banderita’’, habló para comentarnos la situación que está atravesando.
Daiana Arias es madre de tres niños de quinto y tercer grado de la escuela y un niño que asiste al jardín en el Polo Educativo Mugica. Daiana vivía “Bajo Autopista”, como muchas otras familias que fueron afectadas por decisiones del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Ella fue desalojada durante el censo llevado adelante por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), empujada a vivir de casa en casa entre amigos y familiares, ya que no conseguía alquiler, porque es muy difícil poder encontrar quien alquile a mujeres con hijos.
Cabe aclarar que por la propia operatoria que rige en el barrio Padre Carlos Mugica, a partir de la ley de urbanización, están prohibidos los desalojos forzosos y las relocalizaciones debían realizarse a todos los vecinxs que residían en el sector del “bajo autopista”, que fueron los primeros en ser relocalizados. Por este motivo, Daiana vio la posibilidad de encontrar un hogar en uno de los departamentos vacíos en el sector “Edificios Nuevos” frente al Ministerio de Educación de la Ciudad ante la diletancia en acceder a las viviendas que le hubiera correspondido como un derecho.
Al día de hoy, muchos de esos departamentos se encuentran desocupados y no han sido asignados a las vecinas y los vecinos censados, dejando viviendas ociosas, en uno de los barrios con mayor problemática de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Es un caso testigo pero refleja una situación que es moneda corriente en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos AIres:
El pasado lunes 5 de diciembre, la madre de los estudiantes de primaria de la Escuela Banderita mantuvo una reunión virtual de mediación con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentándose una mediadora del Consejo de la Magistratura porteña, dos abogadas por la parte denunciante del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y una abogada integrante de la Dirección de Asistencia a la Mediación. En dicha reunión, Daiana nos cuenta que le informaron que se llevará a cabo un desalojo inminente, en el marco de una denuncia penal de usurpación iniciada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contra Daiana.
“Durante toda la reunión me amenazaban con la gravedad de permanecer en la vivienda. Que me iban a quedar antecedentes penales, y que eso iba a afectar directamente en mi trabajo. Que nunca iba a poder conseguir un trabajo en blanco y no me iban a contratar. También me decía que no importaba que yo tuviera tres hijos en edad escolar, ni cuántos hijos a cargo tenía, ni que si alguno de ellos tenía alguna discapacidad, que me iban a desalojar de todas formas. Que acá no importa los derechos del niño, que lo que importaba era que yo estaba ocupando una vivienda que no me corresponde. Que podía elegir un desalojo pacífico e irme en 15 días o un mes, podía elegir un desalojo compulsivo y que la policía me iba a sacar todas las cosas a la calle y que ahí las iban a dejar.” Y agregó: “En un momento, la mediadora me dice que el derecho indica que yo no puedo habitar este departamento, y me pregunta ¿Quién te hizo creer que vos tenés derecho a la vivienda digna?, a lo que le respondo que la Constitución Nacional, ya que ahí dice que todos tenemos derecho al acceso a la vivienda digna, que eso es lo que dice el derecho. Fue ahí que me terminó diciendo que busque un defensor contencioso”. No es la primera vez que funcionarios o representantes del gobierno y sus organismos “competentes” recurren a estos argumentos para hostigar y amedrentar a los vecinos en situación de vulnerabilidad social.
Pero Daiana no bajó los brazos y a pesar de la angustia que sentía pidió la palabra y les dijo a los funcionarios que estaban en la reunión: “Ustedes pretenden que yo llegue al acuerdo de quedarme en la calle, pero yo no quiero que me regalen nada, simplemente quiero poder pagar mi vivienda y el hogar de mis hijos. Yo quiero poder pagar esta casa, no quiero que me desalojen, yo quiero pagar. Tengo trabajo y puedo hacerlo. Y yo también vivía en “Bajo Autopista”. También sé que a muchas de las mujeres que desalojaron de estas viviendas, habían sido censadas y las desalojaron igual”. A pesar de la propuesta de Daiana, la mediadora rechazó la propuesta, como así también rechazó la posibilidad de otorgarle unos días para resolver y que se pueda comunicar la propuesta que estaba haciendo y resolver en una nueva mediación. Por lo que la mediación cerró sin acuerdo, y con la angustia de saber que en cualquier momento podían llegar a desalojarla a días de las fiestas.
Daiana recuerda el momento de la mediación y nos dice: “Esta mediación no pretendía llegar a ningún acuerdo conmigo, no aceptaron siquiera la posibilidad de que yo pueda pagar la vivienda, sólo me querían sacar y darme un subsidio para que me vaya a alquilar. Esos subsidios no alcanzan ni para alquilar una habitación, y tampoco te alquilan cuando tenés hijos. El acuerdo para ellos es que yo firme para quedarme con mis hijos en la calle”.
Las mujeres de la Villa 31 viven estas situaciones casi a diario. Como le tocó vivir hace un mes a Elizabeth, madre también de la Escuela Banderita, que luego de amenazas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concretó un desalojo violento.
Te puede interesar: Violento desalojo en las viviendas YPF de la Villa 31
Por el caso de Elizabeth, la legisladora Alejandrina Barry llevó el hecho a la Legislatura porteña y visibilizó, una vez más, la problemática de vivienda en los sectores populares como la Villa 31.
Es por todos estos casos que las mujeres y vecinos de la Villa 31 se vienen organizando en Asamblea Permanente para luchar por una vivienda digna. Las vecinas de Fuerza de Mujeres de la Villa 31 conocen muy bien este tipo de problemáticas. Ellas sufrieron la represión y el desalojo violento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ante la total inactividad del Ministerio de Mujeres, y el pasado 29 de octubre se solidarizaron y acompañaron a la Asamblea Permanente de Guernica en la pelea por la vivienda.
Desde las Asambleas Permanentes y también en la Villa 31 con la Asamblea “Tierra, Libertad y Futuro” las mujeres se organizan por el derecho a la vivienda digna y trabajo con derechos y fortalecen la unidad ante los reclamos, en un territorio que debería declararse en emergencia habitacional en donde sigue vigente el reclamo por una urbanización real y realmente participativa.

7.12.2022

El 7 de diciembre de 2010 un operativo conjunto de la Policía Federal y la entonces Metropolitana desalojó el predio de Villa Soldati ocupado por cientos de familias que buscaban acceder a una vivienda. La respuesta violenta del Estado dejó dos personas muertas y varias heridas. La causa sigue sin avances y demuestra la dificultad estatal para investigar hechos que involucran a fuerzas de seguridad. Por Centro de Estudios Legales y Sociales.

El 3 de diciembre de 2010 centenares de familias con dificultades para acceder a una vivienda ocuparon el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati. Cuatro días después, la jueza Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la entonces Policía Metropolitana reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez. La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales.
Además de las balas de plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, el accionar ilegal del 7 de diciembre de 2010 incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de al menos de 580 municiones antitumulto. Cuando el terreno ya estaba vacío, policías de la Metropolitana persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían. Otros efectivos dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la villa 20. Ninguna de las personas muertas o heridas estaba dentro del Parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado.
En marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary y Bernardo y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión. Al mismo tiempo, la jueza procesó a Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por su responsabilidad en los dos homicidios y las lesiones.
En mayo de ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos de los policías y de los jefes policiales y ordenó que se continúen investigando sus responsabilidades. Además, confirmó el procesamiento de Ricardo Picart. Cuatro años y medio después, la causa sigue estancada. Las medidas de prueba que ordenó la Cámara en 2018 se empezaron a producir lentamente después de tres años de inactividad.
Un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el poder judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron. Además, en este caso particular, los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo o bien, dando órdenes desde la sala de operaciones.
Todo este tiempo sin avances en el expediente, muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes. A doce años de la represión, las víctimas esperan una respuesta y que se avance hacia el juicio oral.
En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años.