Comunicadores del Sur

15.12.2022

Por CORREPI

El juicio

El 28 de noviembre comenzó el juicio por jurados contra la oficial de la Policía de la Ciudad Melina Luján San Roque por el asesinato de Santiago Dylan Santucho. Dos años y ocho meses después de que la oficial, de franco y de civil, disparara contra Santiago, logramos sentarla en el banquillo de acusados y sentenciarla. Esto es, en muchos aspectos, un logro frente a la cantidad de casos en los que ni siquiera podemos llegar hasta esta instancia.
Durante los cuatro días que duró el juicio, CORREPI, parte querellante en representación de la familia de Santiago, presentó pruebas irrefutables que determinaron que, en primer lugar, se trató de un homicidio agravado por el uso del arma reglamentaria (San Roque efectivamente disparó, al menos cuatro veces, y a conciencia, contra Santiago), y que, en segundo lugar, no hubo exceso en la legítima defensa, porque el pibe estaba desarmado y no ponía en riesgo ni a la policía ni a otras personas.

¿Quién disparó?

En la sala de audiencias “A”, un amplio rectángulo ubicado en el entrepiso de los Tribunales de San Martín, se escuchó, durante los tres primeros días de juicio, a los testigos ofrecidos por la fiscalía, la familia y la defensa.
El oficial Pablo González, perito balístico de la Policía Bonaerense, confirmó que la bala extraída del cuerpo de Santiago y la vaina encontrada en el rastrillaje correspondían al arma reglamentaria de la policía de la Ciudad. También explicó, como los peritos de rastros, que no hubo ninguna evidencia de otras armas, ni de fuego ni de otro tipo. Esto significa que las únicas balas disparadas en esa intersección de José C. Paz, fueron las del arma de Melina Luján San Roque.
El Dr. Bustelo, médico que realizó la autopsia, señaló que una de las balas que impactaron en el cuerpo de Santiago pegó al costado del pubis y que el otro proyectil entró por el costado del glúteo. Este dato no es menor, ya que ratifica que, cuando la oficial San Roque disparó, lo hizo a una zona vital del cuerpo y, no menos importante, que las balas impactaron de costado. Todo esto, dejémoslo claro, echa por tierra la versión de que Santiago estaba de frente, armado, con clara intención de ataque y que por eso, la oficial se defendió. Lo que sucedió en mayo de 2020 no fue la legítima defensa de una mujer desvalida, sino el asesinato por la espalda de un pibe de 17 años, a manos de una oficial armada, entrenada y sumamente consciente de lo que hacía.

El subcomisario Ferreyra

El subcomisario de la Policía de la Ciudad, Ferreyra, segundo jefe de la comisaría 12A en la que prestaba servicios San Roque, fue el “testigo estrella” de la defensa. Lo trajeron para “explicar” que, aunque todo policía tiene la obligación de respetar leyes nacionales, de la Ciudad y protocolos de actuación, en especial sobre el uso del arma reglamentaria, “•eso es la teoría que nos enseñanza, después en la calle, sale lo que sale” (SIC).
A pesar de su empeño por demostrar que San Roque era una excelente policía, no pudo responder cuando lxs abogadxs de CORREPI le plantearon que la oficial hizo todo contra la ley. Disparó a matar, cuando no era necesario hacerlo. Se escapó del lugar, no alertó al 911 ni llamó una ambulancia, mintió a los gendarmes que vio en su huída, a los que ocultó que era policía y que había herido a una persona, y, recién dos horas después, una vez que armó su versión con sus superiores, se presentó con ellos en la comisaría.
Lo que quedó claro del testimonio de este oficial jefe de la Policía de la Ciudad, además de la cerrada defensa institucional, es la lógica de intervención bélica de esta fuerza, que en apenas cinco años de existencia mató 138 personas con su facilísimo gatillo.

El hecho

Santiago Dylan Santucho tenía 17 años el día que le dispararon. El 3 de mayo de 2020, volviendo de un cumpleaños, se cruzó con la oficial San Roque de la Policía de la Ciudad, y cuatro días después falleció. Y esto último es una consecuencia, no una casualidad: ella disparó al menos cuatro veces contra su cuerpo, acertó dos, y provocó las heridas fatales.
En un mismo acto, San Roque decidió que Santiago era sospechoso, que debía tener una pena, eligió el tipo de pena y la ejecutó. Ella fue, como en todos los casos de gatillo fácil, juez y verdugo sólo con apretar el gatillo. Y lo sabía, como lo saben todos los que portan un arma reglamentaria en la cintura.

El veredicto y la pena

El 1 de diciembre se escucharon los alegatos finales de la fiscal Liliana Tricarico, de los particulares damnificados -mamá y papá de Santiago-, representados por CORREPI, y de la defensa. Luego, el juez Adrián Fernando Berdichevsky dio las instrucciones al jurado popular, que apenas dos horas y media después produjo su veredicto: Culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso de la legítima defensa, un delito que tiene entre un año y medio y seis años y ocho meses de prisión como pena.
CORREPI y la fiscalía pidieron entonces el máximo posible, de cumplimiento efectivo y detención inmediata. En nuestro caso, fundamentamos el pedido de detención en las experiencias que ya tuvimos de policías que, tras haber llegado -como casi siempre- al juicio en libertad, se profugan cuando llega la condena, como los oficiales Martín Alexis Naredo y Néstor González, asesinos de Jon Camafreita y Checho Casal. El juez no aceptó el pedido, pero ordenó la detención domiciliaria con monitoreo electrónico hasta el día de la imposición de la pena.
El martes 6 de diciembre, el juez comunicó su resolución: Melina Luján San Roque fue condenada a 3 años y 8 meses de prisión, manteniendo la domiciliaria con monitoreo hasta que quede firme la sentencia.
Aunque la pena es irrisoria para el asesinato por la espalda a un menor desarmado a manos de una oficial de la PC, sabemos que haber llegado hasta esta instancia es en sí mismo un logro. Sentar en el banquillo de los acusados al asesino para obligarlo a defenderse, y haber obtenido una condena, es una victoria que, dentro del entramado judicial, cooptado por poderes empresariales y del estado, es casi imposible de conseguir. Por eso, entendemos que no sólo se trata de ganar un juicio, sino de arrancarle a la justicia una condena por homicidio, aún a costa de todos los intentos de la acusada por alegar inocencia. Y no sólo eso. Haberlo hecho en el marco de un juicio por jurados, donde el sentido común siempre juzga al pibe con visera antes que al aparato represivo estatal, nos hace tomar dimensión de lo que podemos lograr gracias a la lucha colectiva.

La lucha sigue

Como dijeron Carlos y Mariana, padre y madre de Santiago, al terminar el juicio, la lucha sigue. No sólo para defender esta sentencia, que aunque insatisfactoria, es una condena al fin, sino porque este caso nuevamente exhibe con total crudeza por qué exigimos la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, y por qué es necesario organizarnos más y mejor para denunciar el gatillo fácil y todas las prácticas represivas estatales.

15.12.2022

Se desarrolló este jueves a las 11:00 una conferencia de prensa en las puertas de la escuela de la cual es maestro, la N°19 de Villa Soldati. Contó con amplio apoyo y solidaridad no sólo de la comunidad educativa sino también de referentes sociales, sindicales y políticos que se hicieron presentes, como la diputada nacional por el PTS-FITU Myriam Bregman.

Este jueves es la primera audiencia por el juicio de desafuero que el Gobierno porteño ejerce contra el maestro y dirigente del sindicato docente Ademys, Jorge Adaro. Previo al comienzo de la misma, familias, docentes, estudiantes y organizaciones políticas, sociales y sindicales, como la UTE, se hicieron presentes en la conferencia de prensa convocada en la escuela “José Martí” en Villa Soldati para expresar su rechazo a la persecución sobre Adaro que está ejerciendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Ministerio de Educación porteño dirigido por Soledad Acuña.
Estuvieron presentes en la conferencia docentes y compañeros y compañeras de la escuela N°19 del DE 19; la directiva del sindicato Ademys; representantes de UTE; referentes de la comisión directiva del Suteba Tigre; AGD UBA; Raúl Llaneza de ATE Indec; Pablo Almeyda de ATE MECON; trabajadores aeronáuticos de GPS Aerolíneas Argentinas; representantes del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); legisladores/as y referentes políticos como Victoria Montenegro, del Frente de Todos; García Tuñón, de Buenos Aires para Todos; Celeste Fierro, Laura Marrone, Mercedes de Mendieta, Giordano, de Izquierda Socialista; Myriam Bregman del PTS; Gabriel Solano y Romina Del Pla, del PO.
Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, dijo durante la conferencia: “Hoy es Jorge, mañana serán otros, si avanza el Gobierno de la Ciudad en este intento”, y agregó: “Quiero agradecer a todas las organizaciones que están hoy acá, le vamos a quebrar el brazo al Gobierno de la Ciudad, como lo hicieron los compañeros del Sutna con la patronal y como los residentes y concurrentes”.
Julieta, compañera de la escuela y docente de la misma hace 15 años, señaló: “Para hablar de Jorge hay que hablar de esta escuela, porque siempre luchamos por todo lo que nos falta. Muchas veces hubo que salir a cortar para que nos pongan calefacción, mientras hay escuelas que porque se casan con el gobierno tienen hasta pantallas digitales y aire acondicionado”. “No les interesa hablar, vienen a arreglar un ventilador cuando hay 30 más que no andan. Cuando mi compañero le dijo que no era bien recibido a Caponi, claro que no era bien recibido, si no pidió ni disculpas, agarro nuestros carteles y los rompió”.
A su vez, Myriam Bregman, del PTS FITU, sostuvo: “Venimos como mamás de la escuela pública, estos funcionarios que persiguen a lxs trababajadorxs no les importan nuestros hijxs. La causa es una truchada absoluta, no cumplen absolutamente con nada, ni con la defensa. Y esto se lo tenemos que reclamar, tenemos que salir todos a la calle, salir a hacer una gran campaña pública, esa va a ser la mejor defensa que puede tener Jorge, la escuela pública, los niños y niñas que tienen la suerte de tener docentes como él”.
Lucho, trabajador aeronáutico de GPS, tercerizada de Aerolíneas, contó la persecución política que están sufriendo por defender a un compañero con problemas de salud, y fue despedido por la empresa: “Cada vez son más los casos donde intentan expulsar a todos los delegados que se organizan y defienden a sus compañeros. Es una cuestión de clase, sabemos de qué lado vamos a estar, vamos a estar con los docentes”. Y finalizó: “Ninguna suspensión, sanción ni desafuero. Nos quieren dejar afuera para hacer el ajuste que quieren llevar adelante”.
Jorge Adaro por su parte agradeció el apoyo y acompañamiento, denunció al Gobierno de Rodríguez Larreta y llamó a fortalecer la pelea: “Agradezco a mis compañeros y compañeras de la 19, no somos todos de un mismo sindicato ni partido político pero compartimos un método de asamblea. Todo lo discutimos porque tenemos una identidad de lucha”. Y continuó: “Hay un problema de vaciamiento de la educación pública, a la escuela pública la vamos a defender con las familias. Han querido y no pudieron romper el vínculo, ese lazo que hace a la escuela pública que es la unidad de los docentes, con los pibes y sus familias. El 60% de los pibes son pobres, contra eso también damos la pelea todos los días”.
Todo comenzó cuando en septiembre de 2021 el Director General de Educación de Gestión Estatal de CABA, Fabián Capponi, se hizo presente en la escuela N°19 de Villa Soldati. Luego de notar los carteles que las y los docentes de la escuela habían colocado contra la política del gobierno durante la pandemia, este funcionario, conocido por haber sido filmado en julio de 2020 -plena pandemia- sin barbijo y bailando con sus pares en las instalaciones del Ministerio de Educación mientras fallecían docentes por COVID, se apersonó con tres personas que no se identificaron para volver a ingresar durante el horario de salida de los niños y niñas. El rechazo de las y los docentes a esta provocación dió lugar al inicio de un sumario contra los docentes Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de la escuela: durante treinta días sufrieron una suspensión laboral sin goce de sueldo a pesar de que ambos tienen fueros sindicales. Ante este hecho, las escuelas se organizaron en solidaridad mediante diversas campañas.

14.12.2022

Este jueves el Jefe de Gobierno suspendió la sesión legislativa para impedir que se traten los proyectos de pedido de interpelación, informes y juicio político contra el ministro de seguridad Marcelo D’Alessandro que reprime los festejos en el Obelisco y se encuentra involucrado en el escándalo del viaje a Lago Escondido junto a jueces, servicios de inteligencia y directivos de Clarín.

Este jueves estaba convocada una nueva sesión ordinaria de la Legislatura porteña, sin embargo, minutos antes de comenzar el partido de la selección resolvieron suspenderla sin dar ninguna explicación. La legisladora del Frente de Izquierda Alejandrina Barry aseguró: “El oficialismo decidió suspender la sesión ordinaria que teníamos este jueves en la Legislatura donde habíamos solicitado el tratamiento de nuestros proyectos de pedido de interpelación a D’Alessandro así como también al mismo Larreta para que den explicaciones por el escandaloso viaje a Lago Escondido y su posterior intento de ocultamiento a pesar de la evidencia que representan los chats que son de público conocimiento”.
Al mismo tiempo, Alejandrina Barry presentó un nuevo proyecto este mismo jueves para que sea tratado con urgencia un pedido de informes para que el ministro de seguridad de explicaciones sobre el inexplicable operativo policial en las mediaciones del Obelisco en momentos de los festejos mundialistas, así lo expresó: “Fue un hecho que podría haber provocado una catástrofe dado que concurrieron miles de personas. D’Alessandro no puede seguir al frente de la Policía”. Sin mediar explicación alguna la Policía de la Ciudad desató una represión sobre las familias presentes y una caza de brujas sobre hinchas que solo se encontraban festejando el triunfo de nuestra selección nacional. Este accionar podría ser mucho más grave este próximo domingo cuando termine la final del mundial, es necesario impedir semejante provocación policial.
El ministro de seguridad, Marcelo D’Alessandro, se encuentra en la mira del escándalo del viaje a Lago Escondido junto a jueces, fiscales, servicios de inteligencia y directores de Clarín, donde en los chats filtrados dan cuenta de un operativo para encubrir esta reunión de “espurios negocios”. Ante este accionar la legisladora afirmó “el Jefe de Gobierno habló para garantizar la impunidad de su ministro de Seguridad. La misma actitud de encubrimiento se vio en otros miembros del gabinete como ocurrió con Acuña y Quirós”. Y agregó: “D’Alessandro no puede seguir al frente de la Policía ni del ministerio de seguridad y justicia de la Ciudad”.
Al mismo tiempo recordó “El caso de estos jueces y fiscales saca a la luz cómo los mismos partidos tradicionales hacen uso de los mismos para sus operaciones. En la Ciudad el macrismo y el peronismo vienen desde hace años pactando quiénes son los jueces y fiscales a espaldas de las mayorías”. Y dio un ejemplo de uno de los jueces que debió enfrentar la comunidad educativa: “Casos como el de López Alfonsín conocido por su fallo a favor de la presencialidad en plena pandemia. Es sabido que esto lo digita Juan Manuel Olmos, hoy asesor presidencial”.
Las discusiones que vienen dándose entre las coaliciones mayoritarias de ambos lados de la grieta es una rosca por quién adquiere peso dentro de la casta y partido judicial, completamente ajeno de los problemas del pueblo.

13.12.2022

Por Diego Moneta

Hace doce años, la madrugada del 3 de diciembre, comenzaba una toma en la manzana 10 del Barrio Los Piletones, en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Unos vecinos querían hacer una cancha en un terreno y otros, desalojados del Barrio Ramón Carrillo, se instalan en el lugar. Una ocupación espontánea, impulsada por la necesidad de miles de familias de zonas aledañas de tener un techo digno para poder vivir. Es el punto de partida de lo que sería el conflicto por el Parque Indoamericano a finales del año 2010.

A los cuatro días se produjo la represión y el desalojo violento, que terminó con tres muertos -Emiliano Canaviri Álvarez, Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro-, varias personas heridas por balas de goma adulteradas, decenas de detenidos y miles de desplazados. La jueza Cristina Nazar dio la orden y el operativo conjunto fue de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. La medida no fue fomentada sólo por medios de comunicación con discursos xenófobos sino también desde la dirigencia política porteña, con el por entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a la cabeza, responsabilizando a la “inmigración descontrolada” que importaba “organizaciones delictivas, narcotráfico y mafias”.
A partir de entonces, y con el paso de los años, se da una serie de situaciones que se convertirían en regla. Primero, la criminalización de la protesta social. Se acusó a distintos referentes territoriales – Marcelo Chancalay, Luciano Nardulli, Diosnel Pérez, Elizabeth Revilla, Noemí Ruejas y Alejandro Salvatierra- de ser instigadores de la ocupación. En contraste, la impunidad de las fuerzas de seguridad. En 2018 la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a jefes policiales y agentes con el argumento de que no era posible identificar responsabilidades individuales. Sólo queda vinculado y procesado en la causa por los homicidios y las lesiones Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana.
Por otro lado, las soluciones tardías o que directamente no llegan por parte de los distintos niveles del Estado. Una de las promesas fue, entre el gobierno nacional y el porteño, generar un plan de viviendas. Pasaron los seis meses del plazo inicial y, disputas políticas de por medio, siguieron pasando los años. Sin soluciones, las ocupaciones se vuelven a repetir, como los seis meses del Barrio Papa Francisco. Y sin sanciones, la salida represiva también fue la misma, así como también ocurrió en el Hospital Borda en 2013.
A doce años, la causa por la represión en el Parque Indoamericano sigue estancada, los responsables impunes y la gente sin una solución habitacional. Los negocios inmobiliarios continúan y los casos se siguen repitiendo a lo largo y ancho del país. Dialogo con Marcos Chinchilla, vecino de la Villa 20.

¿Qué recuerdo o reflexión puede hacerse a doce años de aquel proceso?
Marcos Chinchilla: El saldo fueron tres muertos y muchas personas heridas. Fue un tiempo bastante complejo, mucho calor además recuerdo. La situación habitacional en la Ciudad no mejoró mucho lamentablemente. Fue un tiempo muy duro y difícil. Mucha gente del barrio que estuvo en la toma pero también de barrios aledaños y el enfrentamiento posterior con vecinos de barrios que se estaban edificando y la intervención de la policía. Un tiempo alocado y triste que visibilizó el déficit habitacional que sufre la Ciudad.

Más allá de la persecución política con algunos representantes, ¿hubo quienes se hicieran cargo de la represión, los muertos y la situación de las familias?
MC: Creo que se lavaron las manos. Hubo un cerco de Gendarmería, a cargo de Nación, pero también represión por parte de la Policía Metropolitana que, creo, se estrenó con la situación del Parque. La situación de las familias no cambió. La mayoría que fue a asentarse estaba en situación de alquiler y muchos siguen estando, con alquileres mucho más caros y difíciles de afrontar teniendo en cuenta que la economía no repunta o, si lo hace, no se nota en los compañeros de base y que necesitan trabajo mejor remunerado.

¿Cómo impactó la represión en mayores niveles de organización popular en la lucha por el acceso a la tierra?
MC: Luego del desalojo las promesas de soluciones seguían pendientes. El gobierno nacional había dicho que por cada peso que pusiera el gobierno porteño iba a poner otro, pero nunca llegó. Las personas que dejaron sus datos y fueron censadas siguieron esperando. Tres años y tres meses después hubo otra toma, muy cerca, en el predio de lo que fue el cementerio de autos. Duraría seis meses y sería desalojada violentamente. Con el tiempo, a partir de la lucha y la organización de los vecinos de la Villa 20, conseguimos que se diera el proceso de urbanización en el que está inmerso el barrio ahora.

¿Cómo evalúa, desde entonces, la política de vivienda y hábitat del Gobierno de la Ciudad y de Nación? ¿La creación de un ministerio ha modificado la situación?
MC: Con respecto a la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta hace poco fue Jorge Ferraresi quien lo comandaba. Él también tuvo un problema en Avellaneda porque no pudo solucionar la situación en Villa Inflamable, donde los vecinos todavía están en un lugar que no es apto para la vivir con los camiones y las lagunas contaminadas.
En relación a la Ciudad, en los últimos años habían incrementado el presupuesto para vivienda pero a raíz de las intervenciones que hicieron en algunos barrios como la 31, Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y el mío. No hay un proyecto macro. No sólo las villas tienen déficit habitacional sino también la clase media y la clase media baja, con dificultad para acceder a una vivienda.
Sí pergeñaron los créditos UVA, que empeoraron la situación por el ajuste por inflación de las cuotas y el monto de los créditos. Algunos empezaron pagando un monto similar a un alquiler pero hoy algunos ni siquiera están pudiendo pagar cuotas exorbitantes que dificultan poder mantenerse. Macri dijo que iban a hacer viviendas sociales pero hoy en día parecen suntuosas de lo que tiene que pagar la gente para acceder a la vivienda.

¿Cuál es la situación hoy en los barrios no sólo en relación al déficit habitacional, sino a la falta de urbanización y acceso a servicios públicos?
MC: En los barrios sigue primando la falta de urbanización, por más que se hayan hecho algunas obras como las que señalé en algunos barrios. No es definitiva, la provisión de servicios públicos es lo que más hace falta, más en época de calor con cortes de luz y falta de agua. La Secretaría de Integración Sociourbana, que se implementó en la Villa 31, es un agujero negro de fondos del Estado y de préstamos internacionales que recibió la Ciudad para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. No ha mejorado drásticamente y las edificaciones hechas no van a durar en el tiempo. En cambio, tanto en el Playón de Chacarita como en Rodrigo Bueno y la Villa 20 son de otros materiales.
Espacios verdes teníamos una canchita de fútbol que ya fue segmentada cuatro años atrás. Hay algunas plazas pero verde natural no existe ya en la Villa 20. Es un déficit que hay en todos los barrios. Además, seguimos siendo una de las comunas sin hospital, con la particularidad de que en nuestra comuna 8 casi la mitad de la población recurre a la salud pública. Seguimos luchando por eso. Si bien es cierto que se hicieron otras obras de infraestructura, como estadios de tenis y Metrobús, el hospital todavía brilla por su ausencia. Casi no ha cambiado la situación en más de diecisiete años de la ley, la construcción que inició en 2006 e inaugurado en 2009 pero trece años después seguimos sin contar con un hospital en la comuna. Todavía hay cosas por las que hay que seguir luchando.

12.12.2022

La cifra surge de la publicación de la Dirección de Estadística porteña, allí agregan que en comparación al mismo mes del año pasado la suba es del 89,9 %. Este jueves se conocerán los datos a nivel nacional que se espera ubiquen en un nivel similar. La suba de los precios continúa haciendo bajar los salarios e ingresos populares.

La inflación sigue en valores elevados y los distintos gobiernos no toman medidas efectivas para resolver sus consecuencias sobre los sectores de menores ingresos. Los datos publicados este lunes por la Dirección de Estadística y Censos porteña confirman que esta tendencia se mantiene: durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 5,8 %, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 82,9 % y una variación interanual del 89,9 %.
El 5,8% representa una baja con relación al mes anterior, octubre marcó un pico del 7 %, pero está por encima del 5,6% de septiembre. Además hubo importantes aumentos por encima del promedio como en el caso de las Frutas, 14,1 % o Pan y cereales, 6,2 %. Con relación a un año atrás, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas acumula un incremento del 99,7%, con alzas del 124,1% en Aceites, grasas y manteca y del 119,9% en verduras y hortalizas.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 12,4 %, al impactar los aumentos en los costos de mantenimiento y reparación de la vivienda, las fuertes subas en los precios de los alquileres, junto con los incrementos en la tarifa residencial del servicio de suministro de agua (79,2 %), de electricidad (16,1 %) y de gas natural por red (12,2 %).
Si en diciembre se repitiera el alza de noviembre, 2022 cerraría con una inflación anual en CABA del 93,5%. Las subas anunciadas en prepagas, alquileres, naftas y otros servicios marcan la pauta de que la inercia inflacionaria se mantendrá.
Para cumplir con las metas del FMI, el Gobierno del Frente de Todos prioriza llevar adelante el ajuste fiscal por sobre dar respuesta a las graves consecuencias generadas por la inflación. Más 17 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 4 millones son indigentes; ante este panorama, es urgente un aumento de emergencia tanto de salarios, como jubilaciones e ingresos de los programas sociales para recuperar lo perdido. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $139.738, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.